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19 ENERO, 2016 AT 8:30 AM
El ministro de Defensa tiene importantes responsabilidades en cualquier país. En lo que se refiere al actual español es muy probable que no le hayan dejado dormir en los cuatro años en que ha desempeñado el cargo. Ahora ha anunciado que no figurará en el próximo Gobierno (supongo que pensando que el próximo será también del PP). En todo caso, es en él muy comprensible. El esfuerzo titánico de poner el aparato y la base industrial de la defensa de España en condiciones de hacer frente a los retos de los próximos decenios del siglo ha debido dejarlo exhausto. No en vano el panorama tecnológico de la guerra está cambiando a un ritmo vertiginoso. Lo que servía ayer, no servirá para mañana. Además, en su alocución en la reciente Pascua Milita, que ya sonó a despedida, lanzó algunas ideas que no han suscitado demasiados comentarios. En ella aludió, como es lógico, repetidamente a la Patria. Como en otras ocasiones lo han hecho sus demás compañeros de Gabinete.
Pero, ¿qué Patria? ¿Una Patria manejada por un Gobierno que, en base a su mayoría parlamentaria, ha hecho literalmente lo que le ha venido en gana, con las comprensibles limitaciones emanadas de Bruselas a efectos económicos? ¿Una Patria en la que su celoso cancerbero se ha visto asaltado por una multiplicidad incomprensible para el común de los mortales de casos de corrupción, con el extesorero a la cabeza? Y, en lo que a un historiador respecta, ¿una Patria en la cual el señor ministro ha considerado de muy buen tono hacer todo lo posible para que la ciudadanía deseche la mal costumbre de no querer olvidarse del pasado?
Hace ahora cuatro años que D. Pedro Morenés se encontró al llegar a su nuevo despacho con un modesto expediente. Una comisión compuesta de funcionarios de Defensa, militares, archiveros e historiadores había venido estudiando miles de legajos para proponer una desclasificación documental en bloque. Ya que ninguno de los Gobiernos de la democracia ha tenido las agallas suficientes para enviar a las Cortes un proyecto de Ley de Secretos Oficiales radicalmente distinta a la aprobada por su sumisa incarnación franquista en 1968, me cuento entre quienes saludaron alborozados la brillante idea de Carmen Chacón, antecesora del Sr. Morenés, y a la que no tengo el gusto de conocer, de abordar una desclasificación masiva de los fondos de Defensa. En plano totalmente ortodoxo. Desde finales de los años setenta poco a poco, y con Gobiernos de distinto color, la apertura de los archivos del franquismo ha ido haciéndose sin prisas pero sin pausas. Dejando, eso sí, numerosas lagunas.
El procedimiento adoptado por Carmen Chacón fue muy claro y sencillito: se elevaría el proyecto de desclasificación a la comisión de subsecretarios, donde se discutiría o no, y luego al Consejo de Ministros. En este excelso foro no habría suscitado debate si los “subses” hubiesen dado luz verde. El nuevo ministro, sin embargo, no movió un solo dedito. El esfuerzo debió de parecerle colosal. Tan colosal que cuatro años más tarde el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Desidia? ¿Desinterés? Probablemente. También algo más: miedo.
Por aquella época un amigo me hizo llegar una sinopsis del paralizado proyecto de desclasificación. Aludí a él en mi prólogo a las memorias de Francisco Serrat, exprotoministro de Asuntos Exteriores de Franco entre octubre de 1936 y abril de 1937. En ellas Serrat traza una imagen del dictador que no coincide con la que divulgó la hagiografía franquista y a la que siguen acudiendo algunos historiadores de esos que se autoglorifican como no de combate. Como si la búsqueda de la verdad documentable fuese un mero capricho de deleznables colegas izquierdistas, antifranquistas y, por consiguiente, poco creíbles.
Creo que, para sacar los colores al Sr. Morenés antes de que su gestión pase a la Historia (el futuro dirá cómo), es conveniente glosar mínimamente el proyecto de desclasificación. Afectaba a documentación procedente del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y estaba limitado por la fecha mágica de 1968.
Su contenido permite desarrollar una teoría que pone el énfasis en dos elementos: miedo al pasado y desprecio, cuando no altanería, respecto al esfuerzo desarrollado bajo la predecesora. Que no se diga, y que por favor no lo digan historiadores a lo Payne o Suárez Fernández, que el pasado español bajo Franco fue tan rutilante y tan glorioso que no necesita esclarecimientos adicionales porque, más o menos, ya se conoce todo.
Ahora bien, ¿qué han dicho arrogantes historiadores neofranquistas, que los hay, o simplemente conservadores, que incluso abundan más, de los temas expuestos en la sinopsis? ¿Acaso se atreverán a poner negro sobre blanco que no son temas sugestivos? ¿Qué no merecen consideración? ¿Qué no añadirán nada nuevo al conocimiento?
El lector juzgará pero para eso es preciso saber, en primer lugar, de qué temas se trata en la todavía inaccesible documentación. Para ello hay que dividirla entre la que procede del actual Estado Mayor de la Defensa y la referida a las distintas Armas.
En lo que se refiere al primero tenemos: 1. Doctrinas de empleo de las unidades en operaciones y desarrollo de los conceptos tácticos o procedimientos de empleo; 2. Reorganización de las FAS o de unidades específicos de los Ejércitos así como de sus órganos directivos; 3. Documentación de las Juntas Interministeriales y Consejos Superiores en la que se exponen problemas y soluciones que interesan a diversos Ministerios; 4. Proyectos y programas para la construcción de armamento, materiales y equipamiento de las FAS y modernizaciones; 5. Planes de contingencia para hacer frente a posibles amenazas para la defensa nacional, etc. Todo ello anterior a 1968. Ya ha llovido desde entonces y, como podrá apreciarse, son temas de importancia o significación nada desdeñables.
Si se desciende al nivel de Armas tendremos para el Ejército de Tierra dos grupos de documentación. El primero cubre la guerra civil y el segundo el período adicional limitado por el corte del año 1968. Sobre la guerra, dado que ahora se cumple el LXXX aniversario de su estallido, habría sido muy reconfortante que ya se hubiera efectuado la desclasificación sobre temas tales como
6. Capitanía de Aragón y Gobierno militar de Logroño: Juntas de Defensa, movimientos de fuerzas, claves y cifrados, bandos, justicia militarm descruocuibes geográficas y topográficas; detención de extranjeros, censura; 7: Cuarteles Generales, Capitanías y Grandes Unidades: organización y despliegue de unidades, orden de batalla, estados de fuerza, movimientos de tropas, partes de operaciones, organización y planes de defensa, cartografía; 8. Gobierno militar de Logroño: orden público, censura, movimiento insurreccional, movientos de tropas; 9. Gobierno militar de Sevilla: 2ª División Orgánica, operaciones y orden público, justicia, tribunales de honor, sentencias, prisioneros desterrados, órdenes de operaciones, organización, disolución de cuerpos; 10. Capitanía de la V Región Militar y Gobiernos Militares de Zaragoza y Lérida: organización y planes de defensa, incidentes, orden público, operaciones; 11. Lo mismo con referencia a las Capitanías Generales de la VI y VIII Regiones Militares, Gobiernos militares de Lugo, Navarra y Guipúzcoa; 12. Comandancia General de Baleares: organización y planes de defensa, rebelión militar, espionaje; 13. Capitanía General de Canarias: incidentes, orden público, claves y criptografía; 14. Comandancia General de Ceuta y Cuartel General de las Fuerzas Militares de Marruecos: fortificaciones, convenios y tratados con Francia y Marruecos, desembarcos alemanes, gastos de armamento, memorias de la defensa de Melilla, política en el Protectorado de España en Marruecos, movimiento y reorganización de fuerzas, información Zona Española, Francesa y de las cabilas; información políticos militar, protegidos y agentes franceses, contabilidad del Servicio Secreto del Ejército, operaciones de la guerra civil.
El segundo grupo de documentación que llega hasta 1968 comprende adicionalmente: 15. Subsecretaría del Ejército: justicia, campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos, sabotajes; 16. Comandancia de Obras y Fortificaciones de la IV, V y VI Regiones militares: línea de fortificación del Pirineo, documentación téncia de las Comandancias de Ingenieros, actas de las Juntas de Defensa y Armamento, elección y construcción de asentamientos, croquis, fotografía (en todos estos casos aunque la documentación fuese posterior a 1968 podría desclasificarse por completo); 17. 2ª Sección del Estado Mayor Central: boletines de información interior y exterior sobre la actividad de las Capitanía, Ejército Pirineos, Marruecos; 18. Capitanías Generales y Gobiernos Militares: justicia, campos de concentración, batallones de soldados, trabajadores, arrestos, den ¿uncias, deserciones, sospechosos, sabotajes; 19. Comandancia General de Baleares: organización defensiva y planes de defensa, incidentes, orden público, operaciones.
El mero enunciado de la anterior documentación, todavía no disponible para el público, hará salivar a más de un lector. Y también a los historiadores cuyo oficio es desentrañar el pasado aprovechando cualesquiera nuevas evidencias. Por ejemplo: ¿Qué guardarán los papeles respecto a la sublevación en Sevilla de un criminal consumado como fue el general Queipo de Llano? ¿O qué nueva luz arrojarán sobre la represión en Navarra, Galicia, La Rioja, León y gran parte de Castilla la Vieja, es decir, en zonas en donde no hubo, o apenas si hubo, operaciones militares? Es obvio que ello permitiría contrastar las tesis profranquistas sobre el carácter de su amable justicia, orientada a castigar a los malvados “rojos” culpables de todo tipo de culpas, entre ellas las de haberse “sublevado” contra el Glorioso Ejército Nacional, salvador de España.
También es posible establecer la hipótesis de el conocimiento de tal documentación permitiría apreciar en su auténtico valor el de numerosas obras de inmortales autores (Arrarás, Aznar, Salas Larrazábal, etc.), glorificadas por la historiografía franquista y de las que han “chupado” sin pudor alguno historiadores como de la Cierva, Payne, Suárez y tantos otros. El riesgo, evidente, es que tal vez sufrirían correctivos importantes. ¿Y en qué lugar dejarán esas masas de papel los tan exaltados fondos de la FNFF? Por no hablar de la todavía muy oscura posguerra, en la que los autores de aquellas cuerdas entran de puntillas. ¿Por qué será?
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