2 FEBRERO, 2016 AT 8:30 AM
Una de las máximas elementales en política y en administración es no reinventar la rueda. Ya en la remota antigüedad se entendió que los hechos de reyes y emperadores debían conservarse en piedra. En la Edad Media empezaron a formarse archivos que en el siglo XIX fueron convirtiéndose en estatales. Hoy no se concibe un Estado que, mejor o peor, no tenga políticas definidas de preservación de lo que suele denominarse el “patrimonio documental”. El Reino de España no es una excepción a la regla y sus archivos son extremadamente ricos.
Acceder a la documentación de, digamos, anterior a 1936 no plantea problemas. Está abierta, disponible y consultable. A partir de la de 1936 empiezan los problemas. No es un tema de conservación, que también, sino de política. Nuestros políticos parecen creer que en los archivos anidan serpientes venenosas, que abundan esqueletos ocultos y que hay ciertas cosas en ellos guardados que es mejor no conocerlas.
Esta situación debería compararse con la del Reino Unido. Lo señalo para no reinventar la rueda y porque según una abundante literatura académica de tal procedencia, escasamente recibida en España, el moderno Estado británico tal y como se configuró a partir de los años treinta del siglo XIX ha tenido una tendencia especial a favorecer los secretos oficiales.
Las modernas tendencias a la desclasificación que se iniciaron en Estados Unidos se recibieron con recelo. Una serie de factores, sin embargo, coadyuvaron a reducir y limitar dicha tendencia. Quizá en un futuro post me atreva a señalar algunos. Nuestros dilectos e “ilustrados” gobernantes harían bien en ver cómo los británicos han abordado la cuestión de cohonestar la necesaria prudencia a la hora de desclasificar información gubernamental y la avidez de un público deseoso de conocer los intríngulis de las políticas del pasado.
Los Archivos Nacionales de Kew, en Surrey, en los alrededores de Richmond son la muestra más evidente de los esfuerzos de desclasificación actuales que se remontan no muy lejos en el tiempo –datan de la época del Gobierno de John Major- pero que en treinta años han dado resultados espectaculares.
Para mí uno de los capítulos más significativos de esta saga, que ya ha empezado a tener sus propios historiadores, es el de la desclasificación de los planes que, poco antes de que terminara la segunda guerra mundial en Europa, Churchill ordenó que se prepararan para estudiar las posibilidades de un ataque armado contra la Unión Soviética.
Es un tema del que siempre se había hablado pero pocas veces reconstruido documentalmente. Lo hizo hace unos años un historiador militar inglés en un libro titulado OPERACIÓN IMPENSABLE. Me pareció tan importante que sugerí a la editorial Crítica si no sería conveniente que se publicara en castellano. Afortunadamente me hicieron caso y ya está disponible desde el año pasado. Que yo sepa no ha suscitado la menor controversia.
Pareciera –como dicen los latinoamericanos- que los contemporaneistas españoles estamos demasiado absortos en los meandros de nuestra propia historia y en nuestras batallas a favor de la apertura de archivos. Actividades, todo hay que decir, imprescindibles.
Y, sin embargo, el Gobierno británico no vio dificultad alguna en desclasificar unos documentos considerados como un secreto de Estado hasta fecha relativamente reciente. Innecesario es decir que la política exterior y de seguridad británica no se ha tambaleado lo más mínimo. Como, sin duda, no se tambaleará la del Estado español por mucho que se ilustren nuevas canalladas y canalladitas del régimen de Franco. LA HISTORIAGRAFÍA NO DETERMINA EL FUTURO.
Los planes de Churchill no condujeron a nada. El que sin terminar aun la segunda guerra mundial la opinión pública británica y norteamericana pudiera apechar con la apertura de la tercera fue siempre una posibilidad remota; el que una Unión Soviética aliada en la derrota del nazismo –y uno de los factores más importantes si no decisivo- pudiera aparecer de pronto como el próximo enemigo a batir no era muy realista; el que un país exhausto y arruinado como el Reino Unido pudiese convertirse en la punta de lanza de una nueva cruzada, esta vez contra el comunismo, era más que dudoso. Los planificadores militares mismos subrayaron las enormes dificultades logísticas, tácticas y estratégicas de la apertura de nuevas hostilidades. Más aun cuando para ello se requería utilizar a la fuerza anticomunista por excelencia, los restos de la derrotadaWehrmacht hitleriana. Por suerte, los británicos decidieron, con sabiduría, que Churchill no era el líder adecuado para la paz y en las elecciones de 1945 decidieron abrir una nueva etapa.
No he leído todavía la hagiografía escrita por Boris Johnson, el hoy alcalde de Londres y, según se dice, uno de los futuros candidatos a la lucha por determinar el candidato conservador a sucesor de David Cameron cuando este se retire. Es posible que el alcalde, o sus negros, hayan encontrado hermosas palabras para explicar las aviesas intenciones de uno de los mayores estadistas de la historia británica. Y si no cita tal episodio, me imagino que no habrá querido arrojar sobre él la sombra correspondiente.
Lo que quiero es señalar que, incluso en un país en el que ha dominado la cultura del secreto durante tanto tiempo, se ha reconocido que el público tiene derecho a la información. La política de desclasificación documental continúa. Es masiva. También, todo hay que reconocerlo, son abundantes las excepciones. A mí, extranjero, siempre me han cautivado las motivadas teóricamente por razones de seguridad nacional y de protección de ciertos aspectos de las relaciones exteriores.
Este año se cumple el plazo de 75 años previsto para la desclasificación de documentos relacionados con 1940, el período en que el Imperio británico combatió solo contra la arrolladora Alemania hitleriana. Aunque fue “su más valiente momento” (“the finest hour”) y se ha estudiado por activa y por pasiva todavía quedan zonas de penumbra. Veremos si la desclasificación de 2016 las reduce o no.
En cualquier caso no cabe duda que el público británico está habituado a que las desclasificaciones se aireen en los medios de comunicación social y a que los historiadores se lancen como tigres a lo que aparece nuevo. Continúa la desclasificación de documentos de la presidencia del Gobierno de los años 1986-1988 y entre ellos la de las actas de las reuniones de los consejos de ministros correspondientes al primer año. Tal vez la baronesa Thatcher se revolvería en su tumba. O quizá no. Las actas no reflejan adecuadamente el tenor de las discusiones, siguiendo una costumbre inmemorial que se remonta a la Edad Media.
Pero es mejor que lo que ocurre en España, ya que en nuestro país ni se han abierto las correspondientes al período franquista. Por algunas calas podemos, sin embargo, suponer que no serán muy instructivas pero siempre el historiador saca lumbre de donde no hay fuego.
En el ínterin, y antes de cesar, ¿por qué no hace algo el todavía ministro Señor Morenés por ponerse al tono del Gobierno conservador británico? Supongo que no es más patriota que sus colegas.
Mientras tanto esperemos que el próximo Gobierno, además de favorecer la reforma de la Constitución, se decida a aplicar de verdad el artículo 105b de la misma y modifique, como corresponde, la Ley de Secretos oficiales heredada del franquismo.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada