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El equipo de Crónica Popular, de cuyo Consejo Editorial forma parte la profesora Mirta Núñez-Díaz Balart, quiere manifestarle públicamente su pleno apoyo ante los ataques furibundos de que está siendo objeto por la derecha defensora del golpe de estado de julio de 1936.
Cualquier actuación que se traduzca en políticas públicas en materia de memoria histórica democrática es inmediatamente acosada por los herederos del franquismo, y sus responsables linchados mediáticamente desde las tribunas controladas por esta derecha, que a estas alturas de la historia sigue ignorando la abrumadora cantidad de pruebas documentales y orales que indican que los que se rebelaron contra el gobierno legítimo de la Segunda República prepararon un plan de exterminio de todo el que se los opusiera. Esto constituye en sí un crimen contra la humanidad, por mucho que intenten presentarlo como una guerra civil en la que los dos “bandos” (término creado para confundir) tuvieron iguales responsabilidades, situando así al mismo nivel a quienes defendieron la democracia y a quienes prepararon un golpe fascista.
El término fascista no es gratuito: en 1946 la Organización de Naciones Unidas decía así en su resolución 39(I) de 12 de diciembre: “En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini”. En ella, las Naciones Unidas recomendaban excluir al gobierno de Franco de cualquier institución internacional, así como que los países retiraran inmediatamente a sus embajadores en Madrid. Nada parecido hay sobre el gobierno republicano, y esto no acaban de digerirlo los difusores del discurso franquista de los dos “bandos” y del “todos fuimos culpables”.
En la mayoría de los países europeos se recuerda, homenajea y ensalza a los defensores de la democracia frente al fascismo en los años treinta, y ello desde las instituciones estatales. España se constituye en una rara avis y el homenaje y el recuerdo de los defensores del gobierno republicano corre a cargo de asociaciones y entidades locales. Sin embargo, los estados democráticos tienen el llamado deber de memoria para con las víctimas de las violaciones graves y masivas de derechos humanos cometidos desde el poder, un deber que a España le cuesta asumir, llegando la cuestión al extremo de que las víctimas de gravísimas violaciones de derechos (desapariciones, robo de bebés, torturas, violaciones…) cometidas por el bando (aquí sí procede el término) franquista tienen que acudir a la justicia universal para ser escuchadas.
Cualquier intento de políticas públicas de memoria democrática es atacado rabiosamente por los voceros de la derecha más carpetovetónica. Lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid no es diferente a otras actuaciones que se están llevando a cabo por otros ayuntamientos y comunidades autónomas que van crecientemente sumándose a la creciente ola de reconocimiento de las víctimas de la barbarie franquista. Dentro de estas actuaciones, la profesora Mirta Núñez, por su acreditada competencia, prestigio y rigor intelectual en materia de memoria histórica democrática, ha sido requerida por el Ayuntamiento de Madrid y tiene todo el reconocimiento tanto por parte del equipo municipal como por parte de sus colegas de profesión.
Por todo ello, rechazamos enérgicamente el proceso inquisitorial que pretenden llevar a cabo con la profesora Núñez algunos medios y personajes políticos que defienden el olvido y la indefensión de millones de víctimas del franquismo (desaparecidos, exiliados, torturados, niños robados).
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