Medio centenar de mujeres fueron asesinadas por los golpistas tras la toma del pueblo sevillano de Cazalla, centro neurálgico de la Sierra Norte de Sevilla. La dura represión franquista llevó a la cárcel a otras 102, mientras que el resto hasta las 198 represaliadas documentadas en el libro Crónica local de la infamia desaparecieron, fueron depuradas o se exiliaron. Esto ocurrió a raíz de la toma del pueblo a sangre y fuego por la columna rebelde del comandante Gabriel Tassara Buiza el 12 de agosto de 1936. Antonio Jiménez Cubero es un maestro no ejerciente de profesión jornalero que lleva más de 20 años haciendo acopio de testimonios de las víctimas y de sus descendientes cuyo resultado ha sido la publicación de dos libros en los que detalla con precisión la represión en su pueblo serrano: Con nombres y apellidos (Aconcagua, 2011) y Crónica local de la infamia (autoedición, 2014).
Entre la publicación de ambas investigaciones locales se ha podido incrementar el censo de represaliados en total desde 1.203 hasta 1.843, una cifra que se acerca al 20% de la población, que según el censo vigente en 1936 superaba los 11.200 habitantes. La cifra total de muertos a consecuencia de la represión rebelde ascendió a 357, según el recuento publicado por el investigador sevillano José María García Márquez, autor del voluminoso libro de referencia Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla. 1936-1963 (Aconcagua, 2012).
¿Qué pasó en Cazalla de la Sierra para que la represión fuera tan terrible, tan masiva y tan cruel? La envergadura de 'la matanza y del expolio franquistas siempre se ha justificado por reacción a una masacre previamente cometida por el Comité de Defensa que resistió cerca de un mes, pero no hubo tal asesinato en masa', señala el prologuista Bartolomé Clavero, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla. 'Lo único que hubo fue que el día 5 de agosto, tras rechazar un ataque frustrado de la columna golpista Carranza, los milicianos se dirigieron a la cárcel y mataron a 63 presos derechistas', reconoce el autor del libro. Esa matanza condicionaría la represión contra los republicanos que multiplicó casi por seis las víctimas conservadoras.
Y no hubo más asesinatos porque —como se reconoce en un documento militar encontrado por el investigador extremeño Francisco Espinosa— 'fusilar en masa a gentes sin más capital que sus brazos, todos asociados a organismos del Frente Popular, habría acarreado desastrosas consecuencias económicas y de producción'.
Una vez contextualizado el marco represivo general, descendamos a las represalias que se tomaron contra las mujeres cazalleras, en las que se extiende el segundo libro de Jiménez Cubero, un hombre que durante años ha alternado la recogida de la aceituna y de la documentación en los archivos militares, incluyendo los papeles de Falange en este pueblo que a alguien se le olvidó hacer desaparecer, como ha sucedido en el resto de España.
Como señala la experta granadina en represión contra la mujer, Pura Sánchez, en su obra Individuas de dudosa moral (Crítica, 2009), los represores prefirieron 'infligirles castigos ejemplares' antes que aniquilarlas, aunque este fue uno de los pueblos con mayor proporción de asesinadas: 49 en total. Motivos recurrentes fueron 'no sólo por ser rojas —un hecho político—, sino por haberse atrevido a ocupar un espacio público y social que no les pertenecía —la política— y por haberse desnaturalizado como mujeres abandonando los preceptos morales cristianos que, según ellos, eran inherentes a su condición'.
En efecto, estas motivaciones pesaron mucho sobre las cazalleras republicanas que, en gran medida, fueron perseguidas y castigadas por ser 'familia de', pero también por haberse atrevido a crear el Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico, afecto al Sindicato de Oficios Varios de la CNT, en febrero de 1936 tras la victoria del Frente Popular. Esa sindicación culminó un proceso de movilizaciones que este gremio integrado por las llamadas criadas o sirvientas, además de lavanderas, aguadoras o silleras había plasmado en sucesivas huelgas en los años 1932, 1934 y 1936 en pos de unas condiciones de trabajo dignas.
Como ejemplo baste citar algunas de las reivindicaciones que justificaron la sonada huelga de junio del 36 ante la reiterada negativas de los patronos a negociar unas bases contractuales mínimas: jornada de siete horas desde las 09.00 de la mañana, prohibición de que las mozas sirvientas se quedaran a dormir en la casa de los patronos, abono del sueldo íntegro en caso de accidente laboral y el domingo como día de descanso. En cuanto al sueldo, se pedían 40 pesetas mensuales para las cocineras, 35 para las sirvientas del cuerpo de casa, 30 para las niñeras, y 0,75 pesetas por hora para lavanderas y limpiadoras.
El Ayuntamiento medió para propiciar la negociación, pero sólo logro que acudieran dos de los 134 patronos a los que convocó, lo que provocó una huelga de tres semanas con piquetes ante los domicilios incluidos. 'Nada volvería a ser lo mismo en las relaciones interclasistas de la sociedad local', precisa Antonio Jiménez añadiendo que 'poco antes del golpe militar sucedió un hecho que marcaría la represión posterior: el cierre gubernativo del local de la CNT en Cazalla y la requisa de las fichas de las 99 afiliadas el Sindicato del Servicio Doméstico'. Ese listado sirvió para castigar a más del 90% de aquellas mujeres perfectamente identificadas con sus nombres y apellidos.
'Para los fascistas locales había llegado la hora de la venganza y la vergüenza, y para el resto, fue el tiempo de la muerte, el dolor y el silencio' escribe Jiménez Cubero, que asegura que hubo barrios enteros del pueblo duramente represaliados, justamente las zonas más humildes donde vivían las sirvientas. De las 49 mujeres asesinadas por los golpistas en Cazalla, 11 son catalogadas por el investigador jornalero Jiménez Cubero como sirvientas de profesión, mientras que varias decenas más sufrieron cárcel o tuvieron que huir.
Pero, concluida la guerra, algunas regresaron a Cazalla confiadas en la falsa promesa de Franco de que nada debían temer quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre. Eso le ocurrió a Carmen Benítez, apodada La Manchá y a sus dos hijas Dolores y Antonia, que habían estado afiliadas al sindicato. Un consejo de guerra las condenó en 1941 a 12 años de cárcel a cada una, 'por un batiburrillo de cargos que iba desde el auxilio a la rebelión, a su carácter revolucionario, pasando por la violencia y demás perversidades'.
El investigador y autor del libro Crónica local de la infamia, Antonio Jiménez cubero, intenta en vano desde hace tiempo que al menos una placa en la fuente del Chorrillo recuerde a estas mujeres que pagaron tan caro el atrevimiento de luchar por sus derechos.
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