Familiares y voluntarios asumirán las tareas de exhumación.
Se adjunta nota de prensa
Se adjuntan fotografías de la localización de la fosa previa a la denuncia. (Fotografía Julián G. de la Mata)
El pasado 29 de mayo la Audiencia Provincial de Soria dictó un Auto desestimando el recurso de apelación contra el Auto del Juzgado de Almazán que cerraba las posibilidades de obtener verdad, justicia y reparación para las seis personas asesinadas en Cobertelada en 1936.
La decisión judicial es un varapalo para las familias y para la Asociación ya que, el Juzgado había llegado a emitir sendos oficios al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos y, al Instituto Nacional de Toxicologíay Ciencias Forenses de Madrid, solicitando un experto en antropología forense para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales descubiertos. El INTCCFF llegó a contestar ofreciéndose a “realizar el estudio antropológico y, si se considera necesario, el estudio genético de dichos restos”. Así mismo se había ordenado a la Guardia Civil la vigilancia y conservación de la fosa hasta que se produjera la diligencia de “levantamiento y exhumación”.
Una vez más, la justicia vuelve a dar la espalda a las víctimas con el plus de aflictividad de que se produce en un proceso que buscaba la exhumación de los restos mortales de sus familiares desaparecidos.
Tras esos primeros inicios ordenando diligencias, el cambio radical de rumbo en la causa vino de la mano del informe de la Fiscal Jefe de Soria solicitando el sobreseimiento y archivo de las diligencias no obstante el ofrecimiento del Instituto de Toxicología de Madrid. En un primer momento la Fiscalía había interesado que la exhumación se produjera conforme a lo previsto en la Ley de Memoria Histórica y en el acuerdo del Consejo de Ministros respecto al procedimiento a seguir en las exhumaciones. Así pues, la solicitud de sobreseimiento de la Fiscal Jefe vino a dar al traste con el primer informe del fiscal adscrito al caso y desencadenó un cambio de criterio en el Juzgado que decidió dar marcha atrás en la línea seguida por el juzgado de Almazán anteriormente.
Al hilo de ello quizás no esté de más recordar que la Fiscalía se rige por criterios de jerarquía y que el Fiscal General del Estado, su máxima autoridad, es nombrado por el Gobierno, recayendo actualmente este honor en un conocido en los ámbitos de la memoria histórica: José Manuel Maza Martín quien, siendo magistrado de la sala segunda del tribunal Supremo emitió el voto particular contra la absolución del Juez Baltasar Garzón en el caso de los crímenes del franquismo
La Audiencia Provincial
Los argumentos para desestimar el recurso esgrimidos por la Audiencia Provincial ya son conocidos por Recuerdo y Dignidad y el resto de organizaciones de derechos humanos que buscan justicia para las víctimas del franquismo. No hay sorpresas. Entre ellos se citan la sentencia del Tribunal Supremo del juicio contra el juez Baltasar Garzón por abrir la causa sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo, y el auto también del Tribunal Supremo sobre cuestión de competencia en este tipo de delitos, repitiendo punto por punto los argumentos en ambas resoluciones:
Que se tratan de asesinatos prescritos, que no pueden juzgarse retroactivamente los crímenes contra la humanidad, que los responsables serían centenarios, que se les aplicaría la Ley de Amnistía, que existe una Ley de Memoria Histórica…
Gran parte de esos argumentos ya se rebatían en la propia denuncia inicial aludiendo al carácter imprescriptible, inamnistiable e inindultable de los crímenes contra la humanidad. Crímenes, que en el caso de las víctimas del franquismo, se siguen cometiendo a día de hoy al no dar el Estado cuenta del paradero de las víctimas y continuar desaparecidos para sus familias. Además se apela, desde la hipótesis, a la edad de los posibles culpables, sin hacer investigación alguna y se consideran asesinatos (prescritos) la desaparición de decenas de miles de personas en las mismas condiciones.
Apelar además a la Ley de Memoria Histórica como cauce de ineficaz, sin dotación presupuestaria y que viene siendo incumplida. Y además, la ley no puede satisfacer las exigencias de justicia; quizás por ello, en su Disposición Adicional segunda habla de la compatibilidad de dicha Ley con “el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España.”
Las familias, Recuerdo y Dignidad y Aranzadi sacarán a los maestros de la fosa
Independientemente del debate legal, lo que es evidente es que las víctimas del fascismo español se encuentran ante un desamparo total por parte de todos los poderes e instituciones del Estado, siendo España el único país donde los familiares de los civiles desaparecidos, ayudados por asociaciones de voluntarios, tienen que averiguar el paradero de sus seres queridos, localizar sus restos mortales y exhumarlos para poder darles un entierro digno.
De nuevo la atención a las familias se da desde las asociaciones de Memoria Histórica.
En este caso Recuerdo y Dignidad, después de atender a las familias, recoger sus testimonios, investigar en archivos y pueblos, localizar el paradero de sus familiares desaparecidos, solicitar todos los permisos para la exhumación y llevar a cabo las denuncias oportunas será quien organice y busque la financiación para poder exhumar los restos mortales descubiertos, identificarlos y darles un entierro digno donde deseen sus familiares.
Con ese fin, se organizará una campaña de captación de fondos y se contará con la ayuda de la Fundación Aranzadi.
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