La Transición española, el período histórico que sucedió a la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), suele ser mencionado por la clase política de ese país como una época de reconciliación en una sociedad fracturada. Sin embargo, las víctimas del franquismo consideran que tuvo como objetivo suprimir la memoria.

Durante las cuatro décadas de dictadura franquista, 115.000 civiles fueron asesinados. Medio millón de personas fueron encarceladas y una cifra similar debió partir al exilio. Las personas contrarias al régimen fueron objeto de robos de propiedades, abusos y demás vejámenes. Esta realidad está muy presente en la memoria de las víctimas y sus descendientes, pero son ignorados por gran parte de la sociedad española.
El 15 de junio de 1977, los españoles acudieron a las urnas por primera vez desde la Guerra Civil (1936-1939) que enfrentó al Gobierno republicano y los sublevados, encabezados por Francisco Franco. Las elecciones de ese año fueron uno de los episodios más notorios de la Transición, el período histórico entre la muerte del dictador en 1975 y la aprobación de la actual Constitución en 1978.
A 40 años de los comicios, Sputnik dialogó con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España (ARMHE), para conocer el punto de vista de las víctimas del régimen y de sus familiares sobre ese hecho. El activista explicó que desde los movimientos sociales se vive «por un lado con la alegría» de recuperar las libertades perdidas, aunque al mismo tiempo «cierta amargura» porque la Transición es mostrada por «los más poderosos de sus protagonistas» como un proceso «idílico» de reconciliación entre los españoles.
«Hay muchos problemas todavía, que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos de la dictadura no resueltas. Nosotros todavía estamos peleando para darles respuesta y contrarrestar la versión oficial que dice que esto quedó laudado en los años 70 y que no hay nada que arreglar», comentó Silva.
Desde la misma celebración de los comicios, la Transición dejó por afuera a algunos sectores de la sociedad española. Rodolfo Martín Villa, «un destacado dirigente vinculado al falangismo, el partido fascista español», fue el encargado de decidir cuáles partidos iban a ser legalizados y podrían presentarse a las elecciones. Todos aquellos que reclamaban el restablecimiento de la República y no aceptaban la amnistía continuaron en la clandestinidad.
El funcionario estuvo además implicado en episodios de represión, como el asesinato en 1976 de cinco trabajadores que realizaban una huelga en Vitoria, la capital del País Vasco. Bajo sus órdenes, la Policía entró a una concentración de manifestantes y abrió fuego, provocando 100 heridos de bala además de los decesos.
«Paradójicamente es la persona que ha elegido el Congreso de los Diputados español para que la semana pasada encabezase un acto de los muchos que se están haciendo en el aniversario de aquellas elecciones», puntualizó Silva, cuyo abuelo murió asesinado por el franquismo y permaneció desaparecido, hasta que se encontraron sus restos hace 15 años.
El debate de lo acontecido en esos años trasciende a los partidos políticos que participaron en las elecciones, que acordaron «un pacto de silencio» y aceptaron «escribir un borrón y cuenta nueva». A criterio del entrevistado, durante los 40 años de dictadura hubo un ‘apartheid’ que marginó a los perdedores de la guerra y sus familias. Esto se vio traducido en el acceso a la educación.
«Los que han ido en los años 50, 60 y 70 a la Universidad son los hijos de vencedores de la guerra, quienes tenían los recursos económicos o el apoyo político para acceder al estudio y son los que han gestionado la vida política de este país desde que murió Franco. No están solo en la derecha. Los que accedieron a este privilegio están en todas partes [del espectro político]», dijo Silva.
A modo de ejemplo, citó un estudio realizado por alumnos de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, que consistió en realizar el árbol genealógico de todos los ministros de los Gobiernos de España desde la muerte de Franco en adelante. A partir de entonces, han estado al mando del país tres partidos: la extinta Unión de Centro Democrático (1977-1982), el Partido Socialista Obrero Español (1982-1996 y 2004-2011) y el Partido Popular (1996-2004 y 2011 hasta el momento).
«Casi el 90% de los miembros de todos esos Gobiernos eran hijos de vencedores de la guerra y casi ninguno de ellos (…) ha hecho nada, ninguna decisión política que pueda atentar contra sus privilegios de clase», comentó el activista por los derechos humanos.
No solo en España tuvo efecto la dictadura franquista. En América Latina, los intelectuales exiliados de la República aportaron a la cultura, el pensamiento y la vida política de los países donde encontraron refugio. Pero también algunos se nutrieron de los ideales del totalitarismo español de la época.
«[El historiador y escritor uruguayo] Eduardo Galeano me contó una vez cómo escuchaba de pequeño las canciones de la guerra de España en el barrio que vivía. Eso formaba parte de su memoria política y sentimental. España ha sembrado eso, pero también algunos aprendices de Franco. Quizás el máximo exponente de ellos era [el dictador chileno] Augusto Pinochet que claramente tenía una profunda admiración por él», comentó.
A más de 70 años del comienzo de la dictadura, desde el otro lado del Atlántico se abrió para muchos españoles una ventana de esperanza en su busca por la verdad, la memoria y la justicia. En 2008, el juez español Baltasar Garzón fue impedido de investigar los crímenes del franquismo en su país. En ese momento, los familiares recurrieron al principio de justicia universal y radicaron una demanda en Argentina.
La jueza argentina María Servini de Cubría llevó adelante una causa iniciada en 2010, en principio por la desaparición de Severino Rivas, el alcalde de un pueblo de Galicia desaparecido durante la Guerra, pero luego se fueron sumando casos, como el del último ejecutado por garrote vil en España, el militante anarquista Salvador Puig Antich, asesinado en 1974.
Los pedidos de Servini de Cubría permitieron llevar adelante exhumaciones en fosas comunes, a las que distintos agentes judiciales españoles ponían obstáculos, de acuerdo con Silva. Un personaje notorio dentro de esta causa es Ascensión Mendieta, una mujer de 92 años que con 87 viajó de España a Buenos Aires. La anciana acudió a pedir ayuda a la magistrada argentina para cumplir su deseo de ser enterrada algún día junto a su padre, Timoteo Mendieta, asesinado por el franquismo.
Hace pocos días, en una fosa se encontraron los restos del hombre, que permaneció desaparecido durante 78 años. Encontraron en su mismo lugar de entierro otros 24 cuerpos, además de tres tumbas individuales. Hasta el momento, 27 familias esperan realizarse análisis con la esperanza de que entre esos huesos estén los de sus familiares.
«Sigue siendo triste que sea la Justicia argentina la que ha ordenado esa exhumación. La ausencia de las instituciones españolas es una forma de castigo a las víctimas de la dictadura. El Gobierno de España presume de ser un paladín de la lucha por los derechos humanos. Un Estado que ha abierto causas de justicia universal en Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Ruanda y el Sáhara es incapaz de tratar de construir justicia en su país. Yo creo que lo que aquí se dio en la Transición fue dejar que trabajara el miedo y que todas las Ascensiones Mendietas dejaran de hablar», comentó el presidente de la ARMHE.
Para Silva, «el diseño político que se había hecho [en la Transición] de dejar pasar el tiempo y que acabara con esa generación no va a poder ser». Esto queda de manifiesto cada vez que se abre una nueva fosa común. Desde el año 2000, 300 han sido destapadas. El activista expresó que cada una de ellas «es un espejo donde la sociedad española está viendo lo que fue la dictadura».
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