Arsenio fue autodidacta, sindicalista de la CNT, asesoraba a trabajadores y trabajadoras. Leía y escribía en diarios. Por ello y por ser anarquista le detuvieron el 21 de julio de 1936. El guardia civil que le detuvo le pidió disculpas, había sido su escolta en numerosos mítines por la provincia de Soria.
En la madrugada del 14 de agosto, un grupo formado por falangistas, guardias civiles y sacerdotes, participaron con distintos papeles en el fusilamiento y desaparición de Arsenio Martínez García y otras nueve personas en la carretera de Barcones. Hubo testigos presenciales. Fue la primera palada de tierra sobre estos cuerpos. Pero ni el exilio de la familia consiguió que la madre de Jaime Romera olvidara que su hermano Arsenio seguía enterrado en algún lugar a las afueras del pueblo soriano.
Jaime Romera sostiene la foto de su tío Arsenio, desaparecido en 1936. © Stéphane Grueso
La segunda palada de tierra sobre la tumba de Arsenio se echó en 1977 cuando se aprobó la Ley de Amnistía. Una ley que liberó a los detenidos y detenidas de la dictadura, pero que consolidó el silencio otros 40 años más. Empezaba la transición española. Desde entonces y hasta hoy esta ley sólo ha servido parabloquear cualquier intento de reclamar justicia por parte de las víctimas y familiares de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Quince años de amonestaciones de diferentes organismos de Naciones Unidas, no han servido para acabar con un ley incompatible con las obligaciones de España de investigar, y garantizar el derecho a saber, tanto individual como colectivo.
La tercera palada sobre las víctimas del franquismo llegó de la mano de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007). Una ley que sólo prevé el derecho a la memoria en el ámbito privado y se limita a declarar la ilegitimidad, que no nulidad, de los tribunales y sentencias de carácter político durante la Guerra Civil y el franquismo, pero no consagra el derecho a la investigación exhaustiva de este tipo de crímenes. Tanto la Fiscalía como los jueces han utilizado esta ley para justificar que no es labor de la justicia investigar estos hechos.
La cuarta llegó cuando en noviembre de 2008, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibía a favor de los juzgados territoriales para que investigaran los más de 114.000 casospresentados en 2006 por, entre otras violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidos en España entre 1936 y 1951. Los juzgados fueron archivando estos casos hasta que, con el tiempo la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de febrero de 2012, conocida como “caso Garzón”, consolidaba esa tendencia con argumentos contrarios al derecho internacional como la prescripción del delito, el presunto fallecimiento de los autores, la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica. Algunos de los últimos casos se cerraron en 2017 en juzgados de Soria, Paterna y Palencia.
La tercera palada sobre las víctimas del franquismo llegó de la mano de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007). Una ley que sólo prevé el derecho a la memoria en el ámbito privado y se limita a declarar la ilegitimidad, que no nulidad, de los tribunales y sentencias de carácter político durante la Guerra Civil y el franquismo, pero no consagra el derecho a la investigación exhaustiva de este tipo de crímenes. Tanto la Fiscalía como los jueces han utilizado esta ley para justificar que no es labor de la justicia investigar estos hechos.
La cuarta llegó cuando en noviembre de 2008, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibía a favor de los juzgados territoriales para que investigaran los más de 114.000 casospresentados en 2006 por, entre otras violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidos en España entre 1936 y 1951. Los juzgados fueron archivando estos casos hasta que, con el tiempo la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de febrero de 2012, conocida como “caso Garzón”, consolidaba esa tendencia con argumentos contrarios al derecho internacional como la prescripción del delito, el presunto fallecimiento de los autores, la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica. Algunos de los últimos casos se cerraron en 2017 en juzgados de Soria, Paterna y Palencia.
Buscar justicia fuera
Las víctimas decidieron, en base al principio de jurisdicción universal, recurrir a la justicia argentina. En abril de 2010, se presentaba la “querella argentina” que ha ido recogiendo casos de desaparición forzada, tortura y bebés robados. Aquí las paladas de tierra no han dejado de caer: se impidió a la jueza que lleva el caso, María Servini de Cubría, viajar a España para tomar declaraciones de víctimas y testigos, se rechazó en dos ocasiones la extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles, entre ellos, presuntos torturadores, ejecutores o médicos implicados en el robo de bebés como el ginecólogo Abelardo García Balaguer, implicado en el robo del hermano de Flor Díaz Carrasco en 1967.
Flor Díaz sostiene una foto de su hermano, un caso de bebé robado. © Stéphane Grueso
Como todas las mujeres en aquella época, la madre de Flor Díaz Carrasco entró sola en el quirófano. La durmieron antes de dar a luz, cuando despertó le dijeron que el niño había nacido muerto. Ella le había oído llorar. En 2010, cuando murió su madre, intentaron recuperar los restos de su hermano. Ningún bebé estuvo enterrado bajo la lápida con el nombre de su hermano. Fue un caso más de “bebé robado”. Ahí empezó la búsqueda de la verdad y de la justicia. Flor fue escuchada por primera ver por la jueza argentina, y sólo eso para ella fue muy importante.
En la investigación abierta por el juez Garzón, se hablaba de unos 30.000 bebés robados sólo entre 1937 y 1950, una práctica sistemática porque las instituciones no consideraban “idóneas a sus familias porque no encajaban con el nuevo régimen”. Fiscalía abrió 2.074 diligencias judiciales por este tipo de casos. Sólo una está pendiente de juicio. Las demás se archivaron por prescripción del delito en lo que consideran casos aislados, pese a que Naciones Unidas recomendó a España que se investigara este asunto como una trama nacional en la que participaron médicos, religiosas, funcionarios, abogados, presidentes de diputaciones. México se convierte en el segundo país que investiga los crímenes del franquismo que no se abordan en España.
Pese a las dificultades, la justicia argentina abrió alguna puerta. En algunas ocasiones, España accedió a las diligencias solicitadas por la jueza argentina, como la exhumación de la fosa de Guadalajara donde se encontraron los restos de Timoteo Mendieta. Ascensión, a sus 92 años, pudo enterrar a su padre, para ella, “Timoteo ya podía descansar en paz”.
Jaime Romera no tuvo tanta suerte. Desde 2013, no hay dinero por parte del Estado y las exhumaciones se privatizan al delegar en familiares y asociaciones la localización e identificación a las víctimas de desaparición forzada. Su familia fue quien pagó el primer intento por encontrar a su tío Arsenio. "Mi madre siempre soñó con encontrar los restos de su hermano y poder darle una sepultura en condiciones donde llevar flores de vez en cuando y tener un recuerdo de aquel que fue una gran persona".
En la investigación abierta por el juez Garzón, se hablaba de unos 30.000 bebés robados sólo entre 1937 y 1950, una práctica sistemática porque las instituciones no consideraban “idóneas a sus familias porque no encajaban con el nuevo régimen”. Fiscalía abrió 2.074 diligencias judiciales por este tipo de casos. Sólo una está pendiente de juicio. Las demás se archivaron por prescripción del delito en lo que consideran casos aislados, pese a que Naciones Unidas recomendó a España que se investigara este asunto como una trama nacional en la que participaron médicos, religiosas, funcionarios, abogados, presidentes de diputaciones. México se convierte en el segundo país que investiga los crímenes del franquismo que no se abordan en España.
Pese a las dificultades, la justicia argentina abrió alguna puerta. En algunas ocasiones, España accedió a las diligencias solicitadas por la jueza argentina, como la exhumación de la fosa de Guadalajara donde se encontraron los restos de Timoteo Mendieta. Ascensión, a sus 92 años, pudo enterrar a su padre, para ella, “Timoteo ya podía descansar en paz”.
Jaime Romera no tuvo tanta suerte. Desde 2013, no hay dinero por parte del Estado y las exhumaciones se privatizan al delegar en familiares y asociaciones la localización e identificación a las víctimas de desaparición forzada. Su familia fue quien pagó el primer intento por encontrar a su tío Arsenio. "Mi madre siempre soñó con encontrar los restos de su hermano y poder darle una sepultura en condiciones donde llevar flores de vez en cuando y tener un recuerdo de aquel que fue una gran persona".
Para que no vuelva a pasar
Jaime, como el resto de las víctimas del franquismo, insiste en que no quieren venganza, “lo hacemos sólo con el afán de que se sepa lo que pasó, de que algo así no vuelva a pasar nunca más”. En otros países se intenta, en España, no. Desde 1975 hasta 2010, hubo 45 Comisiones de la Verdad en todo el mundo. En España se archivan los casos que intentan abrirse, se siguen creando instrumentos para impedir que la justicia argentina avance (orden interna de la Fiscalía General del Estado de 2016), o el Parlamentovuelve a ratificar en 2017 la Ley de Amnistía, desoyendo una vez más las recomendaciones de mecanismos internacionales. Nuevas paladas de tierra.
Con la justicia argentina bloqueada, Felisa Echegoyen, víctima de tortura en 1974, asegura “yo voy a seguir peleando. Merecemos tener justicia, como cualquier otro ciudadano o ciudadana”. Junto a otras víctimas presentan una querella en España, en un nuevo intento para que la justicia española siente en el banquillo ex inspector de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño. En febrero de este mismo año, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió que no se admitiera a trámite la querella por no haber delito de lesa humanidad en sus actuaciones y porque los delitos de tortura y detención ilegal habían prescrito. Y la querella también ha sido archivada.
Pero por más tierra que caiga sobre las víctimas, Jaime mantiene “no voy a renunciar nunca a cumplir los deseos de mi madre y a encontrar un día los restos de mi tío y poderlo enterrar de una forma digna al lado de ella. Eso lo tengo claro. Y si no soy yo, serán mis hijas”.
Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido pueden cancelar la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada o la tortura. Amnistía Internacional le recuerda a España que tiene la obligación de aclarar lo que pasó, de garantizar justicia para todas las víctimas, porque estos crímenes no pueden quedar como si no hubiera pasado. Sólo así, el Estado español podrá garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Porque esto no puede volver a pasar.
Con la justicia argentina bloqueada, Felisa Echegoyen, víctima de tortura en 1974, asegura “yo voy a seguir peleando. Merecemos tener justicia, como cualquier otro ciudadano o ciudadana”. Junto a otras víctimas presentan una querella en España, en un nuevo intento para que la justicia española siente en el banquillo ex inspector de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño. En febrero de este mismo año, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió que no se admitiera a trámite la querella por no haber delito de lesa humanidad en sus actuaciones y porque los delitos de tortura y detención ilegal habían prescrito. Y la querella también ha sido archivada.
Pero por más tierra que caiga sobre las víctimas, Jaime mantiene “no voy a renunciar nunca a cumplir los deseos de mi madre y a encontrar un día los restos de mi tío y poderlo enterrar de una forma digna al lado de ella. Eso lo tengo claro. Y si no soy yo, serán mis hijas”.
Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido pueden cancelar la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada o la tortura. Amnistía Internacional le recuerda a España que tiene la obligación de aclarar lo que pasó, de garantizar justicia para todas las víctimas, porque estos crímenes no pueden quedar como si no hubiera pasado. Sólo así, el Estado español podrá garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Porque esto no puede volver a pasar.
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