dissabte, 9 de juny del 2018

La Diputación y la Junta acuerdan un plan a 4 años para exhumar restos de represaliados en zonas prioritarias como el barranco de Víznar


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Impulsan la mayor búsqueda de víctimas de la Guerra Civil


Barranco de Víznar.
Barranco de Víznar. G. H.
La Junta de Gobierno de la Diputación de Granada aprobó ayer la firma de un protocolo de actuación con la Consejería de la Presidencia y Administración Local para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista y la recuperación de la Memoria Democrática. El acuerdo, que se firmará en breve entre el presidente de la institución provincial y el consejero Manuel Jiménez Barrios, tendrá una vigencia de cuatro años y prevé actuaciones en zonas prioritarias de la provincia de Granada.
En este sentido, el acuerdo marco establece como "tarea prioritaria" acometer la recuperación de restos en las fosas que se localizan en el Barranco de Víznar, los cementerios de Pinos Genil, El Padul, Castell de Ferro y Jayena, una finca particular de Chite-Lecrín y otra fosa en Tocón de Íllora. Es decir, que abarcará diferentes puntos de toda la geografía de la provincia granadina.
El objetivo principal de dicho acuerdo es aunar esfuerzos entre las administraciones y establecer las bases que habrán de regir las actuaciones que se realicen y que deben concretarse en acciones de localización, excavación, exhumación, levantamiento, custodia de restos óseos y extracción de muestras biológicas para la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra.
Asimismo, el protocolo también prevé el levantamiento de monumentos conmemorativos que honren y recuerden la historia de estas víctimas, y la difusión e información de los acontecimientos que se desarrollaron durante este periodo en esta provincia andaluza.
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha localizado y ubicado hasta ahora casi un centenar de fosas y lugares de enterramientos en la provincia de Granada, la gran mayoría sin intervención, localizadas tanto en fincas privadas como en cementerios municipales, en lo que se encontrarían alrededor de 7.000 personas "desaparecidas".