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Faustina López fue desnudada y paseada por todo el pueblo, antes de ser fusilada. A Carmen Delgado le robaron a su bebé Francisco en la maternidad de O’Donnell. Rosa García sufrió las torturas de ‘Billy el niño’ al grito de “Zorra”, “Guarra”, “Puta”. Con una nueva Ley de Memoria Democrática aprobada y con la propuesta de Ley de Bebés Robados desatascada, tres mujeres víctimas del franquismo observan el futuro con una mezcla de esperanza y escepticismo para la reparación de estos crímenes, que son también crímenes de género.
El 18 de septiembre de 1936 Faustina López González era detenida en su casa de Pedro Bernardo (Ávila). Las tropas franquistas la desnudaron, la raparon la cabeza y, junto a otras mujeres del pueblo, fue paseada ante todo el vecindario a lomos de un burro. Volaban piedras y frutas contra ellas. Detrás de la comitiva corría su hija, María Martín, de apenas seis años junto a su hermana de 12. Querían ver a su madre, acercarse, abrazarla. Pero no pudo ser. La gente las insultaba, las empujaba. “Tenéis que matar también a la simiente”, se escuchaba. “Luego la fusilaron porque era mujer, libre, esposa de un republicano. Ella tenía más genio que el que se le presuponía por ser una mujer y todo eso era delito”, explica Marian Martín, su nieta, quien sigue tras la pista de sus restos, sepultados en una cuneta. Martín apunta tajante que las mujeres víctimas del franquismo sufrieron torturas específicas por el hecho de serlo. “A los hombres no se les desnudaba y se les paseaba por todo el pueblo, por ejemplo”.
El 25 de enero de 1965 Carmen Delgado Jurado daba a luz en la maternidad de O’Donnell de Madrid a dos mellizos: Soledad y Francisco Luque. Era su parto número nueve en el seno de una familia humilde de inmigrantes que habían llegado desde Andalucía. El médico le informó de que Francisco había nacido con poco peso y debían llevarle a la incubadora, donde pasó sus veinte primeros días custodiado por monjas. “A los cinco días nos dieron de alta a mi madre y a mí. A mi hermano le dejaron en la incubadora”, relata Soledad Luque. Nunca más le volvieron a ver. Un día el marido de Carmen se personó en la clínica para ver al pequeño, que según le contaban ya había cogido peso y saldría en breve. La sorpresa fue que, de repente, le dijeron que había fallecido. No podía ver su cadáver, estaba en el depósito. Al día siguiente se personaron para recogerlo. Pero no había cadáver, lo habían incinerado. Tanto Soledad como el resto de sus hermanos sospechan que ha sido un bebé robado. Un crimen del franquismo ejecutado de manera específica sobre las mujeres. “Mi madre nunca cerró ese duelo”, asegura Soledad.
Era 1974, un año de alto nivel de conflictividad social, con el contagioso espíritu de la vecina revolución de los claveles, cuando Rosa García Alcón abandonaba el piso de un compañero escondido en una casa vigilada de Madrid. Militaba en la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), organización que pertenecía al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Se dedicaba a la agitprop: agitación y propaganda. García ponía carteles y repartía panfletos para luchar contra la dictadura. “Cuando me vieron salir de esa casa me detuvieron y me llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde estaba la Brigada Político Social. Me recibió ‘Billy el niño’ —el policía más temido de aquel lugar— a golpes. Como yo era muy pequeña, al mínimo golpe me caía al suelo y él me levantaba de los pelos”. “Zorra”, “Guarra”, “Puta”, escupía desde su boca. Luego la pasaron a otro despacho donde un policía “enorme” se dedicó a darle con un palo en la planta de los pies durante horas mientras la interrogaba. García confirma que había una inquina especial en el trato que recibían las mujeres. “Por las noches me paseaban en un furgón para buscar supuestos pisos francos, que no existían. Me decían que me iban a llevar a la Casa de Campo. Que me iban a violar. Que mis padres jamás encontrarían mi cuerpo. Ese tipo de cosas que sabíamos que hacían, que ya habían hecho”, relata García.
Es marzo de 2023, hay una nueva Ley de Memoria Democrática aprobada hace cinco meses y la propuesta de Ley de Bebés Robados acaba de ser desatascada, atrapada durante los últimos años en un eterno trámite de enmiendas. Marian Martín, Rosa García y Soledad Luque atienden a El Salto a las puertas del Congreso. Las tres forman parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que ha emitido más de 600 denuncias y querellas. Han pasado 48 años desde la muerte del dictador y sus historias no han sido juzgadas ni reparadas. Observan el futuro con una mezcla de esperanza y escepticismo para la reparación de estos crímenes, que, afirman, son también crímenes de género. Estas son sus historias y las de sus ancestras.
Faustina, María y Marian
Faustina López era fusilada el 21 de septiembre de 1936 tras ser rapada, desnudada y paseada por todo el pueblo. Su marido se salvó porque estaba fuera. “Mi abuelo quería recuperar los restos, pero le dijeron que los conseguiría “cuando las ranas criaran pelo”, o sea, nunca”, explica Marian Martín. Tuvieron que abandonar el pueblo bajo amenazas. En 1975, y tras la muerte de Franco, la hija de Faustina, María Martín toma las riendas de la búsqueda de los restos de su madre. Con bolígrafo y papel empieza a escribir cartas a todas las autoridades. A Suárez. Al rey Juan Carlos I. A Bono… “Mi madre ha escrito a todos los políticos que han ido ocupando un cargo en Castilla y León y en el gobierno central. Carta que escribía, carta que fotocopiaba, certificaba y enviaba. Y guardó también las contestaciones. “Lo lamentamos pero nosotros no podemos hacer nada”, decían. Ninguno se acercó a mi madre, solo el juez Garzón”, relata Marian Martín.
María Martín es una de las protagonistas del documental El Silencio de Otros. En una de las escenas, aparece sentada sobre la cuneta donde hipotéticamente descansan los restos de su madre. Con el bastón señala el lugar exacto. Murió al poco tiempo de esta escena, mientras se rodaba el documental. No consiguió ver los frutos de su lucha. “Mi madre dejó dibujado un mapa de dónde está la fosa donde fue enterrada su madre. Lo tenía medido al centímetro”, expresa Marian Martín quien era ajena a todo esto. Cuando falleció María encontró toda la documentación metida en una bolsa de ganchillo bajo el rótulo “Cosas de mi madre”. Decidió coger el testigo.
Hoy por encima de la fosa pasa una carretera comarcal, la CL-501, que une todo el valle del Tiétar. Marian Martín no tiene esperanza de que se vaya a abrir y asegura que se conformarían con un monolito en su memoria. “Nos conformamos con una plaquita conmemorativa que recuerde lo que allí pasó porque no lo tenemos que olvidar, porque las cosas que se olvidan, se repiten”, pide. “Yo estoy convencida de que ahí ya no hay nada. Se hizo una obra muy grande, aparecieron restos humanos y desaparecieron. Nadie sabe dónde han ido a parar. Hay gente que dice que fueron conducidos a Ávila. Y hacer desaparecer restos humanos es delito”, se queja. “Todo el mundo calla hasta que este delito prescriba”, se queja.
Con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática el gobierno espera exhumar los restos de cerca de 25.000 víctimas, en un plazo de seis años. Este no será el caso de la madre de María. “Se están dando subvenciones para abrir más fosas. El año pasado se abrió una en un pueblo cercano, Cuevas del Valle. Encontraron tres cuerpos y mañana vamos a la entrega de esos tres cuerpos a sus familias”, cuenta Marian. También en ese pueblo, adelanta esta nieta de represaliada, y durante la próxima Semana Santa, se va a abrir otra fosa.
A la pregunta de si la historia de su abuela ha sido reparada, Marian Martín responde con un: “¿Reparación? Yo no sé qué es esa palabra. No, ni tampoco se ha hecho justicia. Aunque mi madre era la paz, la conciliación en persona”. María Martín se murió y no dijo jamás quiénes eran los familiares de las personas que fueron a por su madre a su casa. Y los conocía. Decía que los hijos no tenían la culpa de lo que hubieran hecho sus padres. “A mí no me lo dijo jamás. Solo quería recoger los restos de su madre, llevarlos a un sitio digno y que esta herida empezara a cerrarse”, afirma su hija. Y eso es lo que nunca sucedió, aunque el tiempo ha hecho asomar una leve restauración.
“Mi madre ni siquiera podía poner un ramo de flores sobre la fosa de su madre. A los dos días aparecía pisoteado”, explica Marian Martín. “Tras el estreno del documental hemos ido poniendo cada año el ramo de flores en el lugar donde descansaron los restos de mi abuela y ya no le quitan. Ya somos nosotros quienes vamos, rompemos las bridas y ponemos el nuevo. Algo ha llegado a la gente”, expone.
Carmen y Soledad
Carmen Delgado Jurado no volvió a ver a su hijo Francisco, posible víctima de la trama de robo de bebés que se destapó mucho tiempo después, en el año 2010. Soledad Luque cuenta que creció con la presencia de la ausencia de Francisco. Que durante sus juegos le sentía siempre muy presente, como un hueco en su costado. “Con quince años mi madre muere y se cortó ese lazo con Francisco. Me he dado cuenta de que era a través de mi madre que yo tenía esa relación con mi hermano. Al cabo de las décadas, cuando yo tenía 47 años y surge el boom de los bebés robados, mi hermana me llama y me dice “¿Tú has pensado alguna vez que Francisco podría estar vivo?”. Para mí fue ponerme en el filo del abismo, yo había crecido pensando que Francisco estaba muerto”, explica Luque.
Empezaron a buscar sin decir nada a sus hermanos varones. Eran las dos únicas chicas, adoptando un rol maternal de protección hacia sus familiares. Fueron consiguiendo diferentes documentos que contenían datos contradictorios, como diferentes fechas de la muerte de Francisco. “Se hacía alusión hasta a un enterramiento en el cementerio de la Almudena, cuando a nosotros nos dijeron que había sido incinerado. Mantuvimos una reunión familiar y la sorpresa vino cuando todos mis hermanos dijeron “menos mal que alguien ha dado el paso”. Todos lo tenían en la cabeza”, cuenta Luque.
Acto seguido pusieron una denuncia. Denuncia que fue archivada en 2011. “Señora, ¿usted no se da cuenta de que si hubieran robado a su hermano, hubieran estado implicadas varias personas?”, me decía el fiscal. Pues eso es precisamente lo que estábamos denunciando. Había varias personas implicadas y no eran delincuentes comunes”, relata Luque.
Durante ese año conocieron a muchas personas en su misma situación. Decidieron constituir la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’, que hoy preside, para realizar una labor colectiva, social y política en todos los frentes. “Nuestro caso quedó en un tercer plano”, asegura. Su asociación ha formado parte en la elaboración de la Propuesta de Ley sobre bebés robados que lleva parada en el Congreso desde 2017.
El pasado 28 de febrero PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para desatascar el trámite de enmiendas después de 146 ampliaciones del periodo. Ese día Soledad no paró de llorar de la emoción. “Estamos muy contentas porque conseguir el cierre del trámite de enmiendas ha sido una labor en los dos últimos años que nos ha dejado exhaustas”, explica. El 7 de febrero entregaban 81.000 firmas en el Congreso para tal fin.
Pero las esperanzas vienen acompañadas de desazón. El PSOE ha presentado unas enmiendas, diferentes a las de Unidas Podemos, que cambian el espíritu de la ley, denuncian las víctimas. “Las enmiendas presentadas por el PSOE son un insulto a las víctimas porque nada tienen que ver con lo que nosotros pedimos en la Ley de Bebés Robados”, resume Luque. “Básicamente nos dicen que no somos víctimas, somos afectadas. Una contradicción porque así se nos reconoce en la Ley de Memoria Democrática. No lo consideran un delito que esté relacionado con el franquismo, por tanto no puede ser un delito de lesa humanidad. Eso significaría que es prescriptible, estaríamos exactamente igual que ahora”, resume.
Tampoco se exige a la Iglesia que abra sus archivos. El PSOE habla de “convenios de colaboración” basados en la buena voluntad de esta para participar. “Además se cargan un capítulo entero de la ley, el acceso a la tutela judicial efectiva. No quieren que accedamos a la justicia. La excusa que ponen es que para eso está el Código Penal pero llevamos años acudiendo a él y no nos vale porque los considera delitos prescritos y se archivan las denuncias. La tradición histórica del PSOE es no investigar y no juzgar ningún crimen del franquismo, una verdadera vergüenza”, sentencia Luque. Pero tiene claro que con estas enmiendas socialistas “no se acaba el camino”. “Confiamos en el buen criterio del resto de los grupos políticos que nos apoyan”, añade.
Soledad habla de la necesidad de una construcción de una memoria democrática feminista. Para ello es necesario incidir en la reparación de este crimen, que fue “un crimen de género”. “La mujer no era sujeto de derecho y estaba supeditada a la voluntad del varón. La mujer no podía ni disponer de su propio cuerpo. Lo único que era es una vasija contenedora de vida. Ni siquiera estaba posibilitada a decidir que ella era la que tenía que criar a sus hijos. Mujeres republicanas en las cárceles, mujeres en los sectores más vulnerables vieron como el Estado o sus tentáculos en el poder les arrancaban a sus criaturas con absoluta impunidad” recrea Luque.
Vallejo-Nájera decía que el gen rojo se transmitía de mujeres a hijos e hijas. Esa teoría sirvió para crear el Patronato de Protección a la mujer, con centros de internamiento para las mujeres que no se ajustaban al canon. “En todos esos centros, junto a las cárceles y a las clínicas, desaparecieron muchos niños. Porque si la mujer no era adecuada y no se adaptaba a los preceptos del nacional catolicismo no podía criar a sus hijos. Hubo un traslado de niños de una clase social hacia otra. El robo de bebés siempre fue desde el poderoso contra aquellos que nunca tuvimos el poder”, resume la presidenta de ‘Todos los niños robados son también mis niños’.
Soledad acaba la entrevista asegurando que su lucha es por la memoria de su madre, pero no solo. “Esto es por ella y esto es por ellas, por todas ellas. Porque las mujeres víctimas fueron miles y miles”, zanja. Las cifras indican que las denuncias emitidas entre 2011 y 2019 provocaron la apertura de 2.136 diligencias de investigación en Fiscalía. Todas están archivadas.
Rosa
Rosa García Alcón estuvo siete días en la Brigada Político Social. La acusaban de haber participado en un atentado. Cuenta que las palizas sobre las mujeres se focalizaban en la zona del pecho y en el vientre. “A muchas mujeres nos venía la regla, por los golpes en el vientre. Y había que pedirles a los policías las compresas, era muy humillante”.
García, que hoy es presidenta de la asociación La Comuna, puso una querella contra ‘Billy el niño’ en el 2018, junto con otros 17 compañeros y compañeras que sufrieron torturas a manos de este oficial, que murió por coronavirus el pasado 7 de mayo de 2020. Un grupo de represaliados y represaliadas, reunidos en la CEAQUA, que decidió pasar a la acción en los juzgados estatales. Bajo el argumento de que las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben y no pueden ser objeto de amnistía, comienzan a presentar querellas criminales. Y una a una se fueron enfrentando al archivo de los Juzgados de Primera Instancia.
“Mi querella no fue admitida, ni en primera ni en segunda instancia. Luego pusimos un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del acceso a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, y este tribunal no aceptó este recurso. Nos contestaron una frase: no aceptamos el recurso, la tutela judicial ha sido efectiva” resume García, cuyo caso, junto al de otros y otras, ha sido llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “A ver qué nos responde”, espeta.
Durante el tardofranquismo y dentro de las comisarías y las cárceles, la crueldad contra las presas políticas alcanzó cotas muy altas para reprimir una lucha que iba en aumento y en la que ellas participaban en muchos frentes. “A las mujeres nos menospreciaban, este es un sistema patriarcal, y a nosotras nos querían en realidad como cebo para apresar a los hombres. Y si encontraban a alguna mujer que tuviera responsabilidad política en las organizaciones la brutalidad era todavía mayor”, expresa García.
“Yo iba con un vestidito de verano que acabó hecho trizas —rememora García— Hubo a mujeres a las que desnudaban y ponían un mono asqueroso, sucísimo”. Tras los calabozos esta represaliada fue conducida hasta la cárcel de Yeserías. “Nada más bajar del furgón lo primero que dijeron los guardias civiles es: “Mira, qué pinta traen las rojas”, recuerda.
Dentro de Yeserías vivió los fusilamientos del 27 de septiembre, los últimos del franquismo. Junto a ella estaban las dos últimas mujeres condenadas a muerte que fueron María Jesús Dasca y Concha Tristán, que vieron conmutada su pena por 30 años. También estaba junto a dos mujeres que eran las parejas de dos de los fusilados: Silvia Carretero y Maruxa, compañeras de José Luis Sánchez-Bravo y Xosé Humberto Baena. “Ese día fue muy doloroso”, rememora mientras asoman las lágrimas y tiene que respirar para seguir hablando.
Pero la pesadilla acabó. Tras tres meses en Yeserías murió Franco y Rosa García quedó en libertad tras pagar una fianza de 30.000 pesetas. Los sueldos eran de 8.000, sus padres tuvieron que juntar dinero entre conocidos para que su hija pudiera vivir en libertad. Una libertad que no ha recibido una reparación efectiva.
“Mi historia no ha sido reparada ni se ha hecho justicia, no se ha investigado. Nosotras denunciamos torturas que son delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Que investiguen quiénes fueron los policías que nos agredieron. Hay policías vivos porque hay algunos que eran de mi edad. Que se les juzgue”, pide.
Admite que en la nueva Ley de Memoria Democrática hay avances con respecto a la de 2007 “porque esta era muy rácana”. “El problema es que a nivel de justicia es muy parca. Hay dos artículos: el 28 y el 29. Se habla de un fiscal de sala y se habla de que investigará. Y que en su caso derivará a la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria no puede hacerse cargo de un delito de este tipo, de lesa humanidad, porque es una jurisdicción civil”, relata García.
El pasado 21 de febrero, represaliadas y represaliados presentaron una nueva batería de querellas bajo el amparo de esta nueva legislación. “Nosotros estamos poniendo más querellas para ver hasta dónde llega esa ley y forzar que se cumpla en España esto que dice en todos sus apartados sobre la verdad, la justicia y la reparación”, explica Rosa. Ella no podrá volver a presentar su querella y queda a la espera de que la justicia internacional se pronuncie. Quizás siente precedente o no, no se sabe. Lo que tiene claro es que, pase lo que pase, tendrán que seguir luchando.
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