Sábado, 28 de mayo de 2011. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero da otro paso más en materia memorialista con la creación de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. Pero el movimiento llega tarde, muy tarde. Tanto, que para cuando este grupo de catedráticos y juristas entrega a Presidencia sus recomendaciones para democratizar Cuelgamuros ya se ha producido un vuelco electoral que sitúa al PP en la Moncloa y convierte el informe en papel mojado. Hoy, doce años después, no son pocos los que vuelven a recordar aquel fracaso tras el anuncio de comicios generales el próximo 23 de julio. Al fin y al cabo, el adelanto electoral amenaza con dejar a medias el tan esperado proceso de desfranquización del complejo monumental.
La memoria histórica ha estado en la agenda política nacional desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Y en estos cinco años se han dado numerosos pasos importantes. Sobre todo, en lo relativo al mausoleo franquista. El primero de ellos fue la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de Cuelgamuros. Luego, la salida del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, de la Basílica. Y entre medias, la entrada en vigor de una nueva Ley de Memoria Democrática que tiene como uno de sus ejes fundamentales la resignificación como lugar de memoria de un complejo monumental ubicado en plena sierra de Guadarrama que fue levantado para perpetuar "la memoria de los que cayeron" en la "gloriosa Cruzada".
Ese proceso de desfranquización aún no está concluido. Y la convocatoria anticipada de elecciones amenaza con dejarlo a medias si el Ejecutivo no aprieta el acelerador. El Gobierno aún tiene pendiente de aprobar un nuevo marco jurídico para Cuelgamuros que determine "la organización, funcionamiento y régimen patrimonial" del mausoleo, que hasta la actualidad se ha asentado bajo una armadura normativa levantada en plena dictadura. De esto depende, precisamente, la salida del complejo monumental de unos monjes benedictinos que encabezaron la rebelión contra la exhumación del dictador y a los que el Ejecutivo retiró la asignación económica anual por la falta de transparencia de sus cuentas. Unos religiosos que llevan instalados en el mausoleo desde 1959.
La Ley de Memoria no fija un plazo para la elaboración de este nuevo marco jurídico. Solo apunta que deberá establecerse a través de un real decreto, cuya aprobación está en manos del Consejo de Ministros. Ahora bien, los decretos legislativos, según marca la Constitución, deben ser convalidados por el Congreso de los Diputados. Pero, ¿es esto posible si se ha decretado su disolución? Fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre responden afirmativamente: "Se pueden convalidar reales decretos leyes en la diputación permanente".
La convocatoria anticipada de elecciones ha caído también como una bomba sobre las decenas de familias que tratan de recuperar desde hace años los restos de sus seres queridos de las criptas de la Basílica. "Estamos en shock. El adelanto deja poco margen para que se pueda hacer algo en el Valle y nos pone en una situación delicada. No sabemos qué hará el siguiente Gobierno, sea del color que sea", señala al otro lado del teléfono Silvia Navarro, que preside la Agrupación de Familiares Pro Exhumación y que trata de rescatar de Cuelgamuros a su tío abuelo José Antonio Marco Viedma, un industrial secuestrado y asesinado extrajudicialmente en el verano de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud.
Más de un centenar de familias tienen reconocido el derecho a la exhumación de sus seres queridos del considerado mayor cementerio de la Guerra Civil –bajo la inmensa cruz de piedra reposan los restos de más de 33.000 personas, muchos exhumados y llevados a Cuelgamuros en plena dictadura sin el permiso de los suyos–. Pero los complejos trabajos para intentar recuperar a estas víctimas se han ido alargando. Entre otros motivos, por la ofensiva judicial ultra, que consiguió mantener paralizado el proceso durante un año. Una vez despejado el frente en los tribunales, el Ejecutivo ha retomado los trabajos. "Seguiremos luchando para que nos devuelvan a los Nuestros. Pero estamos agotados, de tanto pelear sin lograr nuestro objetivo", dicen las familias.
De las fundaciones al Alcázar
Pero completar la resignificación del Valle de Cuelgamuros no es la única tarea pendiente a dos meses para las elecciones generales. La nueva Ley de Memoria Democrática también abrió la puerta, entre otras cosas, a la extinción de aquellas fundaciones que ensalcen "el golpe de Estado y la dictadura" o enaltezcan a sus "dirigentes", con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". En el foco, entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco, Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, Fundación Yagüe o Fundación Serrano Súñer, con décadas de historia a sus espaldas.
"Es una posibilidad ilegalizarla", señalaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre la primera de ellas a finales de enero. Según la norma memorialista, corresponde al Protectorado de Fundaciones "instar judicialmente la extinción" de una fundación por este motivo. Sin embargo, medio año después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria no hay novedad sobre ilegalización alguna. Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Cultura, del que depende este órgano, para saber si está previsto activar este mecanismo de extinción de este tipo de entidades antes de la cita con las urnas. Desde la cartera que dirige Miquel Iceta no dan ningún detalle al respecto y se limitan a decir que el Protectorado trabaja de forma discreta y técnica.
También queda en el aire con el adelanto electoral el futuro del Alcázar de Toledo. Con la salida de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos y de los restos de Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, este edificio, antaño símbolo para los golpistas y hoy sede del Museo del Ejército, ha quedado como único lugar público en el que reposan destacados gerifaltes del franquismo. En su interior alberga los restos del general José Moscardó, quien liderara el alzamiento contra la República en Toledo y, tras su fracaso, la toma del Alcázar, por la que se le condecoró con la Cruz Laureada de San Fernando. Y también de Jaime Milans del Bosch, uno de los principales partícipes del intento de golpe de Estado de 1981.
La nueva Ley de Memoria establece que los restos mortales de "dirigentes del golpe militar de 1936" no pueden "ser ni permanecer inhumados" en un "lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura". El problema aquí es que los restos se encuentran en una cripta que solo puede ser visitada por los familiares con "autorización previa". "Es un espacio no incluido en el discurso museológico del Museo del Ejército, por lo tanto su consideración es privada al no ser visitable por el público en general", decía el Ejecutivo socialista en noviembre de 2018.
El Ministerio de Defensa, no obstante, creó el pasado mes de noviembre un comité para estudiar la aplicación de la norma memorialista en el marco de sus competencias. Y, dentro de esas labores, la posible exhumación de los restos de Moscardó y Milans del Bosch. Entonces, desde el departamento que lidera Margarita Robles ya avisaron de que el proceso sería largo. Este diario se ha puesto en contacto con Defensa para saber si tiene previsto concluir esta cuestión antes de la cita con las urnas. A cierre de esta edición, sin embargo, no ha habido respuesta.
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