La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, reconoce la responsabilidad del franquismo en el sufrimiento de los afectados por la polio y manda adoptar medidas sociosanitarias para atender los efectos que padecen. Sin embargo, un año después todavía no se ha desarrollado ninguna de esas medidas. Y solamente en el presente 2023 han muerto 2.600 enfermos por el síndrome postpolio sin ver resueltas sus necesidades, según la Plataforma Niños de la Polio.
La nueva ley supuso una importante victoria tras años de lucha incesante de las agrupaciones para la visibilización de esta enfermedad. Por vez primera, se logró reconocer a los cerca de 40.000 afectados por el negacionismo del franquismo como víctimas de la dictadura.
En la ley se refleja la responsabilidad del Gobierno para promover investigaciones y estudios que esclarezcan lo ocurrido, así como las medidas de carácter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio, efectos tardíos de la polio y postpolio, que posibiliten la mejora de su calidad de vida.
Cuando la poliomitesis asoló a España en los años 50, fueron varias figuras de la época las que llegaron a afirmar que en nuestro país no suponía un problema serio. Con el sistema sanitario desmantelado por el dictador y la pobreza asfixiando a los hogares, el virus corrió a lo largo y ancho del país como la pólvora. Una crisis sanitaria que se trató de ocultar por todos los medios, incluso cuando las cifra de contagios ya era epidémica.
Se trata de una patología que se cobró miles de vidas. Al principio, los niños padecían un simple resfriado, pero luego poco a poco iban perdiendo movilidad en las piernas o en los brazos, dependiendo del grado en el que afectaba el virus. A medida que pasaban los días, comenzaban a atrofiarse sus músculos progresivamente, incluidos los relacionados con la estructura respiratoria.
Muchos de los pacientes se pasaron buena parte de su niñez ingresados en hospitales y asistidos por lo que se conoció como el «pulmón de hierro». De momento, los afectados han logrado que salga a la luz la verdad, ahora anhelan justicia y reparación.
Tratamientos por más de 100 euros semanales
Las secuelas que aparecen en los supervivientes del virus años después de pasar la enfermedad son muy variados y ni siquiera tienen por qué surgir a raíz de un hecho concreto como una caída o un accidente, sino que bien pueden brotar de repente. Dolor en las articulaciones, en los músculos, pérdida del equilibrio, caídas, cansancio y fatiga extenuante, son algunos de los achaques más comunes de lo que se conoce como síndrome postpolio.
Algunos enfermos no pueden ni andar, tienen que recurrir a apoyarse en bastones, muletas o, directamente, moverse en silla de ruedas y motorizadas. Por eso, tal y como explica a Público Rosa Hernand, presidenta de la Plataforma Niños de la Polio, les son imprescindibles las sesiones de fisioterapia: “Si a nosotros nadie nos mueve los músculos y, con ellos, el sistema circulatorio y el sistema linfático, nos morimos en dos días”.
Con todo, la sanidad pública solo cubre 20 sesiones de fisio al año. “No tenemos rehabilitación de mantenimiento, a pesar de que es nuestro tratamiento básico. Cuando preguntamos en el Ministerio de Sanidad nos remiten a las comunidades autónomas, y viceversa. Quieren que poco a poco nos vayamos extinguiendo”, critica Hernand. Como consecuencia, los enfermos deben asumir todos los gastos de su tratamiento físico, que superan los 100 euros semanales.
Hernand explica que suele pagar bonos de 10 sesiones por unos 300 euros. Sin embargo, Mercedes, otra afectada, lamenta que solo se puede limitar a lo que le cubre el sistema sanitario, al no tener los recursos suficientes. “No tengo fuerzas para levantar los pies por mí misma, pero es lo que hay”, expresa.
Esta organización se intenta mantener en contacto constante con el Ministerio de Sanidad, a fin de hacer seguimiento sobre la evolución de la ley de memoria y presionar para que se incluya su tratamiento al 100% en el sistema sanitario público. Sus miembros, sin embargo, lamentan la “inacción» ministerial”.
“Nos reunimos con Sanidad en enero y luego tuvimos otro encuentro previo a las elecciones del 23J, donde nos facilitaron la hoja de ruta que se supone que iban a seguir para desarrollar la disposición legal que corresponde. Un documento lleno de futuribles que no se han cumplido”, señala Hernand. Su decepción con los responsables políticos es tal, exaspera la activista, que como último recurso, junto a otros enfermos, decidieron encadenarse a las puertas del edificio ministerial al pasado 24 de octubre.
La respuesta de Sanidad no fue sino llamar hasta a cuatro furgonetas de Policía Nacional para evacuarlos, detalla Hernand. Por lo que, en este instante, todo a lo que se pueden acoger es a la Unidad del Dolor, donde les recetan pastillas “que les dejan atontados” a modo de paliativo pero no les proporcionan ningún tipo de terapia preventiva.
Sus otras reivindicaciones principales tienen que ver con el reconocimiento de la incapacidad que les provoca el postpolio, así como su inclusión en el sistema de dependencia (centrándose en su cuidado, más allá de la ayuda en las tareas cotidianas del hogar).
La Plataforma pone de relieve “la cantidad de enfermos que no han podido trabajar a lo largo de su vida adulta” y se ven condenados a vivir en situación de pobreza, «con ayudas de apenas 200 o 400 euros mensuales. En este sentido, consideran fundamental “garantizar la supervivencia material de unas personas que casi no pueden ni atarse los cordones ellos solos” debido al impacto del virus.
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