dilluns, 19 de febrer del 2024

El Gobierno de Moreno eleva a 50.000 las cifras oficiales de asesinados por Franco en 900 fosas comunes de Andalucía

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Trabajo arqueológico en la fosa de Puerto Real (Cádiz). / JUAN MIGUEL BAQUERO

Juan Miguel Baquero

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El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha elevado las cifras oficiales de asesinados por el franquismo en Andalucía a 49.737 víctimas y 900 fosas comunes. Los nuevos datos del Mapa de fosas regional suman 1.388 desaparecidos y casi 200 tumbas ilegales más que el anterior recuento público realizado en el año 2018, aún bajo la presidencia en la Junta andaluza de la socialista Susana Díaz.

El informe andaluz sobre las víctimas del fascismo, con un coste de 0,5 millones de euros, aparece en un momento político en el que las comunidades gobernadas por PP y Vox pilotan una regresión en materia de memoria histórica. Aragón se ha convertido esta semana en la primera región en derogar su propia Ley de Memoria, vigente desde 2018, a propuesta de ambos partidos conservadores y apoyo del PAR.

Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno autonómicos. Se están dando pasos atrás en Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y un buen puñado de ayuntamientos gobernados por PP y Vox. El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, se ha referido recientemente al golpe franquista de 1936 como “la última cruzada de liberación”.

Andalucía, gobernada con mayoría absoluta por el PP, reconoce la matanza de Franco y la amplía “hasta el día de hoy”, según la respuesta del Ejecutivo regional a elDiario.es Andalucía. Queda la puerta abierta a futuras revisiones de la cartografía. De hecho, la última actualización había alcanzado las 702 fosas y 48.349 civiles ejecutados por el fascismo y ahora introduce “62 nuevos registros en la plataforma” de acceso público y la revisión del conteo “de víctimas en un total de 211 localizaciones”.

Con estos números, el Gobierno de Moreno confirma que un tercio de la represión golpista en toda España sucedió en suelo andaluz. Y que las zonas donde no hubo guerra civil –como Sevilla, Huelva, Cádiz y parte de Córdoba– acumulan más personas desaparecidas que el terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Donde no hubo conflicto bélico, hubo represión, tortura y asesinato.

La Junta de Andalucía, a preguntas de este periódico, ha rehusado valorar su propio informe de fosas comunes porque la consejería de Turismo, Cultura y Deporte -competente en materia de memoria histórica- o el Comisionado para la Memoria Democrática no han elaborado “documento alguno que contenga una valoración” al respecto, dicen.

Castigo a la Andalucía sin guerra

Sevilla es la provincia más castigada por los golpistas con 12.599 víctimas y 171 fosas comunes. Las nuevas cifras oficiales sitúan a Huelva en segundo lugar con 10.378 asesinados en 137 enterramientos clandestinos y siguen Málaga (8.317 cadáveres y 114 fosas), Granada (6.530 y 137), Córdoba (5.730 y 134) y Jaén (3.146 y 37). Como caso paradigmático aparece Cádiz, segunda en número de fosas (151) aunque séptima en muertos oficiales (2616). Almería –bajo control republicano hasta el final de la guerra– cierra el círculo del terror con cifras menores (421 víctimas y 19 fosas).

Una posibilidad es que estos números crezcan en futuras actualizaciones del Mapa de Fosas de la región que busca más desaparecidos por el franquismo. Una realidad latente, según expertos consultados por este medio, y en ocasiones desenterrada como en el caso de Pico Reja en el cementerio de Sevilla, donde las previsiones iniciales de 850 posibles represaliados fueron superadas hasta pasar al recuento final de 1.786 víctimas.

Ya el reajuste del año 2018 supuso un incremento notable respecto al anterior trabajo realizado en 2010 con 88 nuevas fosas comunes (subió un 14,33%) y más de un centenar en Sevilla (136), Huelva (124), Cádiz (118), Granada (108), seguidas de Málaga (99), Córdoba (79), Jaén (27) y Almería (11). Sobre los asesinados, por provincias, citaba 11.563 en la granadina, 10.382 la onubense, 10.063 la sevillana, 7.241 la malagueña, 5.139 la cordobesa, 2.039 la jiennense, 1.555 la gaditana y 367 la almeriense.

De la dificultad de establecer una cifra definitiva da cuenta también el proyecto Cartografía de la desaparición forzada en Andalucía, que registra la represión golpista con miles de ejecutados y centenares de enterramientos clandestinos contados en planos generales, provinciales y temáticos. Una visión poliédrica que retrata la región más azotada por la violencia fascista bajo mando del general fascista Gonzalo Queipo de LLano.

Desaparecidos por los golpistas

Los nuevos datos salen del trabajo encargado –con fecha 18 de agosto de 2021– por la entonces consejería de Cultura y Patrimonio Histórico dirigida por Patricia del Pozo con un coste de 509.300 euros. El estudio sube la cifra de civiles asesinados por el franquismo en Andalucía a 50.000 víctimas en 900 fosas comunes, según el resultado que asume la actual consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que encabeza Arturo Bernal y en la que recaen las competencias en materia de Memoria Democrática.

El contrato ‘Servicio de indagación e investigación, localización-delimitación, exhumación y estudio antropológico de restos hallados en fosas ubicadas en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía’ para la actualización del Mapa de Fosas andaluz fue adjudicado mediante procedimiento abierto a la entidad UTE Themis Arqueología y Antropología –que arranca su actividad ese año–, según la información aportada por el Gobierno andaluz a este periódico.

La investigación confirma que el sur de España acoge la mayor cifra de desaparecidos por los golpistas. O cómo Andalucía supera las 100 fosas comunes abiertas desde 2003 con miles de víctimas rescatadas de la tierra. Un escenario que late en tiempos donde el “arsenal mitológico” de la propaganda fascista pervive en el “franquismo sociológico” de un país de la desmemoria en el que, a su vez, décadas de retraso en memoria histórica condenan a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos.