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L'estratègia del boicot contra l'assignatura Educació per a la Ciutadania concebuda pel forense Font de Mora ha estat tombada: res de res. Com ja ha fet amb les 20 sentències sobre el català, la Generalitat recorrerà amb els diners dels valencians la sentència i és capaç, com ho ha estat amb les esmentades sentències, de passar-se-la per la collonera i no aplicar-la. Altrament dit: prevaricador i malversador el conseller, prevaricador i malversador el Consell de la Generalitat Valenciana presidit pel presumptament honorable Francisco Camps.
En un lloc civilitzat Font de Mora dimitiria. A la satrapia de Camps, segur que no.
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24/07/2009
El TSJCV dona la raó a CCOO PV i anul·la l’Ordre d’EpC: ni en Anglès ni objecció de conciència
24/07/2009
Sentència del TSJCV per la qual s´anul·la l´Ordre de la Conselleria d´Educació d´impartició d´EpC en anglès.
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La justicia valenciana tumba el boicot de Camps a Ciudadanía
También anula la posibilidad de aprobarla mediante un trabajo y de presentar objeción de conciencia
JAIME PRATS - Valencia - 24/07/2009
Los tribunales han tumbado las maniobras de la Generalitat valenciana, que preside Francisco Camps, dirigidas a boicotear la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho público este viernes una sentencia en la que estima por unanimidad los recursos presentados por el sindicato CC OO y la abogacía del Estado relativos a cuatro aspectos de la orden de la Consejería de Educación por la que se establecen las normas de organización pedagógica para impartir la asignatura: la obligación de impartir la materia en inglés y de evaluarla en esa lengua, así como la posibilidad de salvar la asignatura con un trabajo y también la de que los padres de los alumnos pudieran apelar a la objeción de conciencia contra los contenidos de la asignatura.
Un juez desestima un recurso contra el traductor de inglés en Ciudadanía
La Generalitat valenciana traslada de centro a un profesor por negarse a dar Ciudadanía en inglés
El PP se niega a retirar la orden que obliga a dar Ciudadanía en inglés
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
DOCUMENTO (PDF - 232,65Kb) - 24-07-2009
La apuesta de Camps por obligar a los centros a impartir Educación para la Ciudadanía en inglés ha generado una de las movilizaciones educativas más masivas de los últimos tiempos y le ha enfrentado a profesores, padres, estudiantes y organizaciones cívicas. El importante rechazo en el movimiento educativo que se tradujo en una gran manifestación en Valencia y en una huelga general de la enseñanza pública que paralizó los centros docentes.
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Ciudadanía no debe impartirse en inglés
El Tribunal Superior considera que es "confusa, contradictoria e incongruente" la necesidad de impartir la asignatura en inglés y anula también la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia
EFE/LEVANTE-EMV
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulos tres artículos de la orden de la Conselleria de Educación que regula la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que habían sido recurridos por el sindicato CCOO y la Abogacía del Estado.
Los artículos se refieren a la obligatoriedad de impartir esta asignatura en inglés, a la posibilidad de aprobarla mediante la realización de un trabajo con enfoque transversal y a la opción de que los alumnos pudieran acogerse a la objeción de conciencia de la materia, según han informado fuentes del TSJCV.
Responsables del sindicato CCOO-PV analizan en rueda de prensa el contenido de esta sentencia, que según han anunciado a EFE fuentes de la Conselleria de Educación será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esos artículos son contrarios a derecho y, sobre el primero de los recurridos señala en su sentencia que presenta una motivación "confusa, contradictoria e incongruente" para argumentar la necesidad de que la asignatura se impartiera en inglés en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
La Sala, que tiene aún pendientes de resolver otros tres recursos presentados por sindicatos, añade sobre ese asunto que la Generalitat ha defendido "la imposición" de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera por parte de la Generalitat cuando solo puede implantar un Programa Plurilingüe en el sistema educativo valenciano.En cuanto a la llamada "opción B" que contempla la Orden en su artículo 2, relativa a la realización de un trabajo con un enfoque transversal de, al menos, una periodicidad trimestral acerca de los contenidos de la materia, el fallo apunta que los alumnos que se acogieran a ella alcanzarán los objetivos de la materia pero solo atendiendo al tema elegido, con lo que resulta imposible aplicar los criterios de evaluación legalmente previstos.
Asimismo, el hecho de que sea la familia o quien ejerce la patria potestad o tutela del menor quien elija el texto que permita acceder a cada uno de los contenidos de la materia para luego elegir de entre los temas de ese texto "infringe de forma palmaria" lo establecido por ley de que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los Órganos de coordinación didáctica de los Centros Públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
La nulidad se apoya también en la doctrina "reiterada" del Tribunal Supremo que desestima la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía ciudadana formulada y señala la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases.
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La Generalitat recurrirá ante el Tribunal Supremo
El STEPV pide la dimisión inmediata de Font de Mora
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El juez tumba el boicot de Camps a Ciudadanía
El TSJCV declara nula la obligatoriedad de impartir la asignatura en inglés y la opción de acogerse a la objección de conciencia.
PÚBLICO. ES / AGENCIAS - Valencia - 24/07/2009 12:42
Francisco Camps se ha topado de nuevo con la Justicia.
La sección segunda de sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la 'triquiñuela' ideada por el presidente de la Generalitat valencia, Francisco Camps, de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, prevista en una Orden de la Conselleria de Educación de esta comunidad. También anula la posibilidad de aprobar la asignatura mediante un trabajo y de presentar objeción de conciencia.
La Conselleria de Educación presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia. El Ministerio de Educación ha expresado, por su parte, su satisfacción por el fallo. A través de un comunicado, señala que la decisión demuestra que los problemas surgidos en torno a la materia forman ya parte del pasado y que ha entrado en un contexto de "normalidad". Por ello, manifiesta su esperanza de que el Gobierno valenciano dedique a partir de ahora "todos sus esfuerzos" a mejorar la educación de sus alumnos.
Los motivos para impartir Ciudadanía en inglés son "confusos, contradictorios e incongruentes"
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la obligatoriedad de impartir esta asignatura en inglés, la posibilidad de aprobarla mediante la realización de un trabajo con enfoque transversal y la opción de que los alumnos pudieran acogerse a la objeción de conciencia de la materia son contrarios a derecho. Sobre el primero de los recurridos, señala en su sentencia que presenta una motivación "confusa, contradictoria e incongruente" para argumentar la necesidad de que la asignatura se impartiera en inglés en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.
La Sala, que tiene aún pendientes de resolver otros tres recursos presentados por sindicatos, añade la Generalitat ha defendido "la imposición" de la impartición de una asignatura curricular en lengua extranjera por parte de la Generalitat cuando solo puede implantar un Programa Plurilingüe en el sistema educativo valenciano.
En cuanto a la llamada "opción B" que contempla la Orden en su artículo 2, relativa a la realización de un trabajo con un enfoque transversal de, al menos, una periodicidad trimestral acerca de los contenidos de la materia, el fallo apunta que los alumnos que se acogieran a ella alcanzarán los objetivos de la materia pero solo atendiendo al tema elegido, con lo que resulta imposible aplicar los criterios de evaluación legalmente previstos.
Deciden los Centros, no los pades
Asimismo, el hecho de que sea la familia (o quien ejerce la patria potestad o tutela del menor) quien elija el texto que permita acceder a cada uno de los contenidos de la materia para luego elegir de entre los temas de ese texto, "infringe de forma palmaria" lo establecido por ley de que en el ejercicio de la autonomía pedagógica corresponde a los Órganos de coordinación didáctica de los Centros Públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
El fallo recuerda la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases
La nulidad se apoya también en la doctrina "reiterada" del Tribunal Supremo que desestima la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica y Filosofía ciudadana formulada y señala la obligación de cursar las asignaturas y de asistir a las correspondientes clases.
Oposición al boicot
La triquiñuela de Camps para boicotear Educación para la Ciudadanía en la Comunidad valenciana se topó con el rechazo de todos los partidos políticos de la oposición. PSOE, Bloc, Iniciativa del País Valencià, Els Verds-Esquerra Ecologista, Esquerra Unida y Esquerra Republicana firmaron un manifiesto que exigía la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y del presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, si no daban marcha atrás en su polémica iniciativa.
La Federación de Enseñanza (FETE) de UGT-PV calculó que la implantación de Ciudadanía en inglés implicaba un coste adicional de entre ocho y 15,5 millones de euros.
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El Govern recurrirá ante el Supremo
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divendres, 24 de juliol del 2009
dissabte, 7 de febrer del 2009
La Satrapia de Paco Camps. 07/02/2009.
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El Síndic de Greuges pidió 345 veces al Consell que resolviera casos de dependencia
18:36
La Sindicatura de Greuges remitió 345 recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social durante 2008 para pedirle la resolución de los expedientes de otras tantas personas dependientes que han solicitado las ayudas que contempla la conocida como Ley de Dependencia
EFE Los expedientes, que se emitieron entre marzo y diciembre, se originaron por las quejas de los afectados debido a los retrasos en la aplicación de esta norma, aunque la Sindicatura también actuó de oficio en una ocasión para denunciar, entre otras cosas, esos mismos retrasos, así como que el personal es "insuficiente y con formación y experiencia dudosa".
Los meses en los que más recomendaciones se trasladaron al Gobierno valenciano fue el de octubre, con 119 resoluciones; seguido de septiembre, con 65; noviembre, con 64, y diciembre, con veintiocho.
Del lado contrario se sitúan marzo, con una queja; abril, con tres; mayo y junio, con trece cada uno; agosto, con diecinueve, y julio, con veinte documentos enviados, mientras que entre enero y febrero la Sindicatura no remitió ningún documento.
Las razones que motivaron todas las quejas fueron los retrasos en la resolución de los expedientes de los solicitantes, quienes están a la espera de valoración, de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, de examen médico o de alguno de los informes preceptivos.
En otros casos, las razones para no tener resuelta la solicitud fueron la falta de documentación o la no inclusión de algunos solicitantes en el ámbito de la aplicación de la ley, mientras que varias personas fallecieron durante el año pasado a la espera de ver resueltos sus expedientes.
Las primeras resoluciones están firmadas por la Síndica en funciones, Emilia Caballero, pero a partir de julio lo hace el adjunto segundo Carlos Morenilla, quien sustituyó durante varios meses a Caballero, debido a la modificación del reglamento que regula la institución, aprobada por el PP, para que la interinidad del cargo fuera rotatoria.
Sin embargo, Caballero volvió a dirigir la institución el 22 de diciembre, en cumplimiento de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto a la modificación de citado reglamento, aprobada en la Comisión de Peticiones de Les Corts.
En sus informes, tanto Caballero como Morenilla recomiendan a la Conselleria que "a la mayor brevedad posible" o "de inmediato", según quien firme el documento, proceda a resolver los expedientes, "reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención correspondan".
En la mayoría de escritos, ambos realizan un repaso de lo establecido por la Ley de Dependencia respecto al tipo de prestaciones que se ofrecen y el procedimiento para su obtención, y también recuerdan las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones.
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ERC critica el contrato de la Generalitat con la firma del líder de España 2000
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ERC acude al Gobierno para la reciprocidad de emisiones de TV3 y Canal 9
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Justicia dice que el refuerzo de Nules fue por la carga de trabajo y no por Fabra
Afirma que no actúa en función de la "subjetividad de los asuntos"
J. G. G., Valencia
La Conselleria de Justicia pidió reforzar el juzgado de Nules (Castelló) con la creación de un cuarto juzgado "dada la carga de trabajo que soportaba [...], igual que muchos partidos judiciales de la Comunitat" y no por el caso que afecta al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Así lo asegura la consellera Paula Sánchez de León en una respuesta a la diputada de Compromís, Mireia Mollà.
Ésta instó a tomar medidas para agilizar la causa de Fabra, tras recordar que, pese a aprobar el Ministerio de Justicia los jueces de refuerzo, la conselleria se negó a enviar el personal de apoyo hasta principios de enero pasado. La consellera contesta que las peticiones de refuerzo al ministerio se realizan "atendiendo únicamente la carga de trabajo" y "nunca con respecto a la subjetividad de los asuntos tramitados". Para ello, añade, se basan en los informes estadísticos del CGPJ.
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El Síndic de Greuges pidió 345 veces al Consell que resolviera casos de dependencia
18:36
La Sindicatura de Greuges remitió 345 recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social durante 2008 para pedirle la resolución de los expedientes de otras tantas personas dependientes que han solicitado las ayudas que contempla la conocida como Ley de Dependencia
EFE Los expedientes, que se emitieron entre marzo y diciembre, se originaron por las quejas de los afectados debido a los retrasos en la aplicación de esta norma, aunque la Sindicatura también actuó de oficio en una ocasión para denunciar, entre otras cosas, esos mismos retrasos, así como que el personal es "insuficiente y con formación y experiencia dudosa".
Los meses en los que más recomendaciones se trasladaron al Gobierno valenciano fue el de octubre, con 119 resoluciones; seguido de septiembre, con 65; noviembre, con 64, y diciembre, con veintiocho.
Del lado contrario se sitúan marzo, con una queja; abril, con tres; mayo y junio, con trece cada uno; agosto, con diecinueve, y julio, con veinte documentos enviados, mientras que entre enero y febrero la Sindicatura no remitió ningún documento.
Las razones que motivaron todas las quejas fueron los retrasos en la resolución de los expedientes de los solicitantes, quienes están a la espera de valoración, de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, de examen médico o de alguno de los informes preceptivos.
En otros casos, las razones para no tener resuelta la solicitud fueron la falta de documentación o la no inclusión de algunos solicitantes en el ámbito de la aplicación de la ley, mientras que varias personas fallecieron durante el año pasado a la espera de ver resueltos sus expedientes.
Las primeras resoluciones están firmadas por la Síndica en funciones, Emilia Caballero, pero a partir de julio lo hace el adjunto segundo Carlos Morenilla, quien sustituyó durante varios meses a Caballero, debido a la modificación del reglamento que regula la institución, aprobada por el PP, para que la interinidad del cargo fuera rotatoria.
Sin embargo, Caballero volvió a dirigir la institución el 22 de diciembre, en cumplimiento de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto a la modificación de citado reglamento, aprobada en la Comisión de Peticiones de Les Corts.
En sus informes, tanto Caballero como Morenilla recomiendan a la Conselleria que "a la mayor brevedad posible" o "de inmediato", según quien firme el documento, proceda a resolver los expedientes, "reconociendo y otorgando las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención correspondan".
En la mayoría de escritos, ambos realizan un repaso de lo establecido por la Ley de Dependencia respecto al tipo de prestaciones que se ofrecen y el procedimiento para su obtención, y también recuerdan las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones.
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ERC critica el contrato de la Generalitat con la firma del líder de España 2000
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ERC acude al Gobierno para la reciprocidad de emisiones de TV3 y Canal 9
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Justicia dice que el refuerzo de Nules fue por la carga de trabajo y no por Fabra
Afirma que no actúa en función de la "subjetividad de los asuntos"
J. G. G., Valencia
La Conselleria de Justicia pidió reforzar el juzgado de Nules (Castelló) con la creación de un cuarto juzgado "dada la carga de trabajo que soportaba [...], igual que muchos partidos judiciales de la Comunitat" y no por el caso que afecta al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Así lo asegura la consellera Paula Sánchez de León en una respuesta a la diputada de Compromís, Mireia Mollà.
Ésta instó a tomar medidas para agilizar la causa de Fabra, tras recordar que, pese a aprobar el Ministerio de Justicia los jueces de refuerzo, la conselleria se negó a enviar el personal de apoyo hasta principios de enero pasado. La consellera contesta que las peticiones de refuerzo al ministerio se realizan "atendiendo únicamente la carga de trabajo" y "nunca con respecto a la subjetividad de los asuntos tramitados". Para ello, añade, se basan en los informes estadísticos del CGPJ.
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divendres, 6 de febrer del 2009
Camps du el PV a la ruïna.
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Ara La Comunidad
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Sanidad pagará por intereses de demora lo que cuesta un hospital de 120 camas
El TSJ condena a la conselleria a abonar 68 millones por facturas atrasadas
R. Laguna/P. G. del Burgo, Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar un total de 67.960.436 millones de euros por intereses y facturas impagadas a proveedores de los hospitales públicos valencianos desde 2001, incluso por alguna de 1998 y 1999. De esa cantidad, 41.206.386 millones corresponden a los impagos de facturas y casi 26.754.050 a los intereses por otros pagos atrasados. Sólo con el dinero que se abonará en intereses, respecto de estas últimas cifras, se podría haber construido un hospitales comarcal nuevos de 120 camas o trece centros de salud. Estas cifras corresponden sólo a las 53 sentencias de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, dictadas en 2007 y 2008, y se suman a las que ya ha tenido que abonar por sentencia firme la Generalitat durante los últimos diez años, ya que no cabe recurso. En total, los tribunales reconocen la deuda de Sanidad a medio centenar de empresas farmacéuticas, laboratorios y proveedores de material a hospitales públicos, más de la mitad por facturas atrasadas. Entre los casos curiosos, figura el pago de 60.092 euros por intereses de pago a una empresa de limpieza, y otro de 9.062 euros por intereses a otra empresa que realizó trabajos de reparación en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
Hemodiálisis ambulatoria
También destacan los intereses de 29 facturas que la conselleria se resistía a pagar por los servicios de hemodiálisis ambulatoria, y que ascienden a 42.487 euros. La cantidad más elevada asciende a 10.785.804 euros por facturas pendientes de pago a un laboratorio. A otras empresas se les debe tres, cuatro y cinco millones de euros.En cuanto a facturas, el total de lo que se debe asciende a un total de 41.206.386 euros, muchas de ellas emitidas a lo largo de 2004. A algunas empresas les constan más de 1.000 facturas pendientes de cobro, incluso hay una con 4.510 facturas pendientes por un total de 335.679 euros. Respecto a los intereses de demora y los intereses legales, derivados de los pagos atrasados de suministros de material médico y clínico, la deuda de Sanidad suma 26.754.050 euros.
El tribunal estima los recursos interpuestos por las empresas en base al artículo 100,4 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición" de las facturas. Y, si se demorase, "deberá abonar el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos". Pese ser conocedora de la ley, la conselleria ha incumplido reiteradamente las obligación de pagar en los últimos diez años, consciente de que debería abonar intereses.
Negociar la deuda de 2006 a 2008La Conselleria de Sanidad, por su parte, manifestó que se había hecho un "esfuerzo importante" para solventar la deuda anterior a 2006, y que en estos momentos se negocia la que se ha acumulado entre 2006 y 2008.
El portavoz oficial de la conselleria que dirige Manuel Cervera eludió pronunciarse respecto al pago de los 68 millones de euros de intereses, a los que tendrán que hacer inexorablemente frente. Los argumentos al respecto fueron una retahíla de balones fuera como, por ejemplo,: "No se puede dejar de dar al ciudadano las nuevas prestaciones, no podemos quedarnos atrás en proyectos que lideramos como el de la receta electrónica". Otra respuesta que no pudo justificar tan descomunal cantidad aludía de nuevo al millón de más de personas atendidas por sanidad.
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Los vecinos exigen que la F1 no destroce la marina y mayor celeridad en la reposición
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Ara La Comunidad
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Sanidad pagará por intereses de demora lo que cuesta un hospital de 120 camas
El TSJ condena a la conselleria a abonar 68 millones por facturas atrasadas
R. Laguna/P. G. del Burgo, Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar un total de 67.960.436 millones de euros por intereses y facturas impagadas a proveedores de los hospitales públicos valencianos desde 2001, incluso por alguna de 1998 y 1999. De esa cantidad, 41.206.386 millones corresponden a los impagos de facturas y casi 26.754.050 a los intereses por otros pagos atrasados. Sólo con el dinero que se abonará en intereses, respecto de estas últimas cifras, se podría haber construido un hospitales comarcal nuevos de 120 camas o trece centros de salud. Estas cifras corresponden sólo a las 53 sentencias de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, dictadas en 2007 y 2008, y se suman a las que ya ha tenido que abonar por sentencia firme la Generalitat durante los últimos diez años, ya que no cabe recurso. En total, los tribunales reconocen la deuda de Sanidad a medio centenar de empresas farmacéuticas, laboratorios y proveedores de material a hospitales públicos, más de la mitad por facturas atrasadas. Entre los casos curiosos, figura el pago de 60.092 euros por intereses de pago a una empresa de limpieza, y otro de 9.062 euros por intereses a otra empresa que realizó trabajos de reparación en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
Hemodiálisis ambulatoria
También destacan los intereses de 29 facturas que la conselleria se resistía a pagar por los servicios de hemodiálisis ambulatoria, y que ascienden a 42.487 euros. La cantidad más elevada asciende a 10.785.804 euros por facturas pendientes de pago a un laboratorio. A otras empresas se les debe tres, cuatro y cinco millones de euros.En cuanto a facturas, el total de lo que se debe asciende a un total de 41.206.386 euros, muchas de ellas emitidas a lo largo de 2004. A algunas empresas les constan más de 1.000 facturas pendientes de cobro, incluso hay una con 4.510 facturas pendientes por un total de 335.679 euros. Respecto a los intereses de demora y los intereses legales, derivados de los pagos atrasados de suministros de material médico y clínico, la deuda de Sanidad suma 26.754.050 euros.
El tribunal estima los recursos interpuestos por las empresas en base al artículo 100,4 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición" de las facturas. Y, si se demorase, "deberá abonar el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos". Pese ser conocedora de la ley, la conselleria ha incumplido reiteradamente las obligación de pagar en los últimos diez años, consciente de que debería abonar intereses.
Negociar la deuda de 2006 a 2008La Conselleria de Sanidad, por su parte, manifestó que se había hecho un "esfuerzo importante" para solventar la deuda anterior a 2006, y que en estos momentos se negocia la que se ha acumulado entre 2006 y 2008.
El portavoz oficial de la conselleria que dirige Manuel Cervera eludió pronunciarse respecto al pago de los 68 millones de euros de intereses, a los que tendrán que hacer inexorablemente frente. Los argumentos al respecto fueron una retahíla de balones fuera como, por ejemplo,: "No se puede dejar de dar al ciudadano las nuevas prestaciones, no podemos quedarnos atrás en proyectos que lideramos como el de la receta electrónica". Otra respuesta que no pudo justificar tan descomunal cantidad aludía de nuevo al millón de más de personas atendidas por sanidad.
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Los vecinos exigen que la F1 no destroce la marina y mayor celeridad en la reposición
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dimecres, 28 de gener del 2009
La empresa beneficiada millonariamente por Camps acoge a amigos de Aznar, Villalonga y Agag.
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Ànim i a investigar, que al País Valencià -a més de la fallida total i el deute brutal- hi ha tot de merda per aflorar.
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C9
Català
Comunitat Valenciana
Corrupció
Dependència
Ecologia
Economia
Educació
EpC
F1
Fabra
Finançament
Metro
PPCV
PPilotades
PSOE
PSPV
Sanitat
Terra Mítica
Transvasament
TV3
Urbanisme depredador.
Zaplana
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Uno de sus consejeros fue sancionado por “infracción grave”
La empresa beneficiada millonariamente por Camps acoge a amigos de Aznar, Villalonga y Agag
ANDRÉS VILLENA OLIVER
La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.
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Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto, inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.
“Infracción grave”
El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también al consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por “infracción grave”, al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.
Y los Albertos…
No se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín, que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario. Villalonga Pero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.
El mordisco
Según este diario, “el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad”. Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.
Más vínculos
Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.
Todo queda en casa
Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.
avillena@elplural.com
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Educació
EpC
F1
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Metro
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Sanitat
Terra Mítica
Transvasament
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Zaplana
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Uno de sus consejeros fue sancionado por “infracción grave”
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La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.
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La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto, inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.
“Infracción grave”
El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también al consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por “infracción grave”, al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.
Y los Albertos…
No se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín, que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario. Villalonga Pero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.
El mordisco
Según este diario, “el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad”. Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.
Más vínculos
Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.
Todo queda en casa
Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.
avillena@elplural.com
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Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
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dilluns, 26 de gener del 2009
Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
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Orange Market recibió 175.000 euros por servicios prestados al PP valenciano en las elecciones de 2007
Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
MARCOS PARADINAS
El Gobierno de Camps ya ha decidido qué empresa se encargará de diseñar, montar y desmontar su pabellón de Turismo en la feria madrileña de Fitur. Será la empresa Orange Market, una empresa amiga del Partido Popular valenciano para el que ha trabajado en la gestión de muchos de sus congresos y actos públicos. Las relaciones entre Orange Market y el Partido Popular llegan hasta dentro del organigrama empresarial, donde aparece como consejero Ramón Blanco Balín, amigo personal de José María Aznar y vicepresidente ejecutivo de Repsol durante su etapa de Gobierno.
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El PP valenciano no se quedará corto en su próximo congreso
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Los datos hablan por sí solos de la estrecha relación entre Orange Market y el Partido Popular valenciano, que gobierna en la Generalitat. En las pasadas elecciones locales, en 2007, las que confirmaron a Camps al frente del Govern, el PPCV facturó a Orange Market alrededor de 175.000 euros por los servicios prestados. La concesión de Turismo de esta vez se acerca al millón de euros.
Vieja conocida
El pasado 15 de enero, la Conselleria de Turismo resolvió el concurso para el suministro de diseño, montaje y desmontaje de los stands que la Comunitat Valenciana presentará en la feria Fitur de Madrid, la Feria Internacional de Turismo de valencia (TCV), Expovacaciones en Bilbao, SITC en Barcelona y la feria INTUR en Valladolid. Según informa Levante, la empresa que recibió la concesión fue Orante Market, una vieja conocida del PP valenciano.
Experta en Fitur
En total, el importe que recibirá Orange Market será de 789.500, que junto al IVA del 16% llega a superar los 900.000 euros. Este es el quinto año consecutivo en que esta empresa se hace con el contrato. Un éxito que se repite desde 2005 y que se acrecienta teniendo en cuenta que la empresa era por entonces una recién llegado, que constituyó Álvaro Pérez en otoño de 2003 cuando llegó de Madrid.
Adjudicación precipitada
Cabe destacar, eso sí, que la adjudicación este año se ha realizado de una manera un tanto precipitada. Apenas 13 días antes de la celebración de Fitur se ha ejecutado la resolución. El pasado día 22 se publicó en el BOE, donde se asegura que la adjudicación tiene fecha de 30 de diciembre. Pérez alega, en todo caso que los responsables de Turismo le comunicaron "por teléfono" una adjudicación provisional en diciembre a la espera de cumplir el plazo de alegaciones, por eso su empresa llevaba trabajando en el pabellón de Fitur desde hace varias semanas.
Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.
Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño, con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.
Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.
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El Consell, a la cola en gasto e inversión
Las conselleries y organismos públicos gastan 2.719 euros por cada valenciano, casi dos veces y media menos que cada navarro y un 34% menos que cada castellano-manchego
Juanjo García Gómez, Valencia
Cinco años después de su entrada en vigor en 2002, el modelo de financiación autonómica Aznar-Zaplana que el PP presentó como un sistema para toda la vida -de ahí la imposibilidad efectiva de actualizar el censo de población, pese a la estrategia de los populares de responsabilizar al Ejecutivo de Zapatero- no sólo no había solucionado el problema de insuficiencia de recursos de la Comunitat, que se arrastraba desde las transferencias, sino que arrojó a la Generalitat a la cola de España en los rankings de gasto e inversión por habitante. Según los datos del Ministerio de Administraciones Públicas referidos a 2007 e incluidos en el informe Perfil económico financiero de las Comunidades Autónomas, que se refieren al gasto de la Administración y los organismos autónomos -sin contar las empresas públicas-, el Consell, con 2.719,67 euros por habitante, fue ese ejercicio el gobierno autonómico con menor presupuesto per cápita de España. Además, fue el penúltimo en inversión per cápita, con 348,07 euros, superando sólo a Cataluña, 342,67. Eso sí, en cuanto al gasto de personal (la nómina de funcionarios y cargos), la Generalitat, con 946,08 euros, escala al puesto 13º de la clasificación estatal.
El dato es demoledor en los inicios de una crisis con tan sombrías perspectivas. ¿En qué condiciones afronta la caja autonómica el terremoto financiero, mientras el Consell anuncia planes que se deben nutrir con el maná del nuevo modelo de financiación aún en el aire? Un modelo que conllevará la actualización anual del censo de población y que elevará la cesta de impuestos, dos medidas que benefician a la Comunitat pero que se convertirán en un dilema para el presidente Francisco Camps, ya que líder del PP, Mariano Rajoy, se ha posicionado en contra.
Los populares han hecho de la reivindicación de mayor financiación un ariete de oposición al Ejecutivo de Zapatero. Sin embargo, la Generalitat no sólo no alzó la voz durante la etapa Aznar para criticar esta situación, sino que abanderó el nuevo modelo para solapar así las cesiones a Cataluña, entonces gobernada por CiU. El nuevo sistema era beneficioso para comunidades, como valenciana, más dinámicas, pero asumir un censo inamovible resultó una desastrosa jugada de póquer para las autonomías con economías potentes y, por ello, más receptoras de población.
El Consell no se plantó entonces. A cambio, optó por lanzarse por la pendiente del endeudamiento para sufragar sus proyectos ante la escasez de fondos. No es casualidad que la deuda de la Comunitat se haya multiplicado por 4,5 desde que gobiernan los populares (de los 2.750 millones que dejó Lerma a los 12.198 millones a septiembre pasado). El endeudamiento de la Comunitat dobla la media española en relación a su capacidad de riqueza, ya que supone el 11,5% de su PIB frente al 5,8% estatal. La siguiente autonomía con semejante lastre es Baleares, con el 8,8%. La valenciana también es la primera en deuda por habitante, 2.425,24 euros, por delante de Cataluña, 2.398,94 euros, y muy por encima de Madrid, 1.585,71 euros. El ministerio no incluye las empresasLos datos del ministerio asignan a la Comunitat un presupuesto consolidado de 13.285,66 millones de euros. Esta cifra es inferior al consolidado que dio a conocer la Generalitat ya que el ministerio sólo consolida los gastos de la administración general (el dinero que gestionan directamente las conselleries) y los organismos autónomos, sin incluir las empresas públicas. Esto es así porque el informe analiza la presupuestación de las administraciones públicas. Muchas de las empresas pueden recurrir a endeudamiento que no computa a efectos del Banco de España. Esto les da margen de maniobra pero distorsiona las cifras a la hora de analizar los respectivos esfuerzos de las administraciones. El criterio aplicado ha sido el mismo para todas las comunidades. La cifra de inversión (capítulos VI y VII) consolidada que se atribuye a la Comunitat es 1.700,33 millones. El dato difundido por el Consell incorporando las SA públicas ascendía a 2.691,74 millones. Los fondos totales de la Comunitat son, con todo, la mitad que los de Cataluña (27.111 millones), que cuenta con casi el doble de habitantes.
El gasto per cápita en la Comunitat, los citados 2.719 euros, está muy lejos de la media autonómica, 3.493,55 euros, y es casi dos veces y media menos que el de los navarros (6.439,16 euros) y, por ejemplo, un 34% menos que los castellano-manchegos (4.127,93). En cuanto a la inversión, los 348 euros son casi la mitad que la media estatal, 656 euros, y más de cuatro veces menos que los navarros. Las autonomías de régimen común dedicaron 1.062,25 euros por habitante a pagar la nómina de sus funcionarios, mientras que la Comunitat destinó 946 euros.
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Aznar "no reconoció" la mitad del millón de valencianos
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EU acusa al PP de falta de ética por los "continuos casos de enchufismo"
Levante-EMV, Valencia La coordinadora de Esquerra Unida País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, acusó ayer al Partido Popular de gobernar "de manera absolutamente alejada de los criterios democráticos occidentales", y afirmó que los "continuos casos de enchufismo y de utilización de las instituciones" que, a su juicio, envuelven a ese partido demuestra que "carece de principios éticos".
Marcos precisó que contratos "vinculados" al PP, "como el caso del hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia", y del hermano de una diputada, contratado, según Marcos, por el parque móvil de la Diputación de Valencia, demuestran la "dinámica del PP de hacer de las instituciones su campo particular de favores y contrataciones personalistas".
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Stepv exige a Educación medidas urgentes para garantizar las clases en valenciano
El sindicato pide la catalogación lingüística de los puesto de trabajo
Europa Press, Valencia
El sindicato Stepv exigió ayer a la Conselleria de Educación medidas "urgentes" para garantizar el derecho del alumnado a recibir las clases en valenciano, entre las que se encuentra la catalogación lingüística de los puestos de trabajo de secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas artísticas, para que el alumnado pueda recibir todas las materias en valenciano.
Stepv hizo esta reivindicación en un comunicado después de que el Síndic de Greuges instara a la conselleria a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de los programas de educación bilingüe en todos los centros financiados con fondos públicos.
El sindicato indicó que esta demanda se une a la que hace un mes realizó el Consejo de Europa, en el que denuncia "la falta de voluntad de la administración valenciana de impulsar el valenciano en los ámbitos en que es competente, especialmente en la educación" e insta a Educación a "tomar las medidas necesarias para extender la enseñanza del valenciano en todo el sistema educativo".
La entidad sindical ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación a través de los informes que realiza anualmente sobre la situación del valenciano en la enseñanza.
Una de las propuestas de Stepv es la catalogación lingüística de los puestos de trabajo de secundaria, tal como se pactó en el acuerdo de plantillas de secundaria de 1999 con efectos a partir de septiembre de 2009. Además, el sindicato demanda la negociación, antes de la finalización de este curso 2008-2009, de unos planes de capacitación lingüística del profesorado de todas las etapas educativas.
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Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.
Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño, con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.
Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.
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El Consell, a la cola en gasto e inversión
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Cinco años después de su entrada en vigor en 2002, el modelo de financiación autonómica Aznar-Zaplana que el PP presentó como un sistema para toda la vida -de ahí la imposibilidad efectiva de actualizar el censo de población, pese a la estrategia de los populares de responsabilizar al Ejecutivo de Zapatero- no sólo no había solucionado el problema de insuficiencia de recursos de la Comunitat, que se arrastraba desde las transferencias, sino que arrojó a la Generalitat a la cola de España en los rankings de gasto e inversión por habitante. Según los datos del Ministerio de Administraciones Públicas referidos a 2007 e incluidos en el informe Perfil económico financiero de las Comunidades Autónomas, que se refieren al gasto de la Administración y los organismos autónomos -sin contar las empresas públicas-, el Consell, con 2.719,67 euros por habitante, fue ese ejercicio el gobierno autonómico con menor presupuesto per cápita de España. Además, fue el penúltimo en inversión per cápita, con 348,07 euros, superando sólo a Cataluña, 342,67. Eso sí, en cuanto al gasto de personal (la nómina de funcionarios y cargos), la Generalitat, con 946,08 euros, escala al puesto 13º de la clasificación estatal.
El dato es demoledor en los inicios de una crisis con tan sombrías perspectivas. ¿En qué condiciones afronta la caja autonómica el terremoto financiero, mientras el Consell anuncia planes que se deben nutrir con el maná del nuevo modelo de financiación aún en el aire? Un modelo que conllevará la actualización anual del censo de población y que elevará la cesta de impuestos, dos medidas que benefician a la Comunitat pero que se convertirán en un dilema para el presidente Francisco Camps, ya que líder del PP, Mariano Rajoy, se ha posicionado en contra.
Los populares han hecho de la reivindicación de mayor financiación un ariete de oposición al Ejecutivo de Zapatero. Sin embargo, la Generalitat no sólo no alzó la voz durante la etapa Aznar para criticar esta situación, sino que abanderó el nuevo modelo para solapar así las cesiones a Cataluña, entonces gobernada por CiU. El nuevo sistema era beneficioso para comunidades, como valenciana, más dinámicas, pero asumir un censo inamovible resultó una desastrosa jugada de póquer para las autonomías con economías potentes y, por ello, más receptoras de población.
El Consell no se plantó entonces. A cambio, optó por lanzarse por la pendiente del endeudamiento para sufragar sus proyectos ante la escasez de fondos. No es casualidad que la deuda de la Comunitat se haya multiplicado por 4,5 desde que gobiernan los populares (de los 2.750 millones que dejó Lerma a los 12.198 millones a septiembre pasado). El endeudamiento de la Comunitat dobla la media española en relación a su capacidad de riqueza, ya que supone el 11,5% de su PIB frente al 5,8% estatal. La siguiente autonomía con semejante lastre es Baleares, con el 8,8%. La valenciana también es la primera en deuda por habitante, 2.425,24 euros, por delante de Cataluña, 2.398,94 euros, y muy por encima de Madrid, 1.585,71 euros. El ministerio no incluye las empresasLos datos del ministerio asignan a la Comunitat un presupuesto consolidado de 13.285,66 millones de euros. Esta cifra es inferior al consolidado que dio a conocer la Generalitat ya que el ministerio sólo consolida los gastos de la administración general (el dinero que gestionan directamente las conselleries) y los organismos autónomos, sin incluir las empresas públicas. Esto es así porque el informe analiza la presupuestación de las administraciones públicas. Muchas de las empresas pueden recurrir a endeudamiento que no computa a efectos del Banco de España. Esto les da margen de maniobra pero distorsiona las cifras a la hora de analizar los respectivos esfuerzos de las administraciones. El criterio aplicado ha sido el mismo para todas las comunidades. La cifra de inversión (capítulos VI y VII) consolidada que se atribuye a la Comunitat es 1.700,33 millones. El dato difundido por el Consell incorporando las SA públicas ascendía a 2.691,74 millones. Los fondos totales de la Comunitat son, con todo, la mitad que los de Cataluña (27.111 millones), que cuenta con casi el doble de habitantes.
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Marcos precisó que contratos "vinculados" al PP, "como el caso del hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia", y del hermano de una diputada, contratado, según Marcos, por el parque móvil de la Diputación de Valencia, demuestran la "dinámica del PP de hacer de las instituciones su campo particular de favores y contrataciones personalistas".
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Europa Press, Valencia
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Stepv hizo esta reivindicación en un comunicado después de que el Síndic de Greuges instara a la conselleria a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de los programas de educación bilingüe en todos los centros financiados con fondos públicos.
El sindicato indicó que esta demanda se une a la que hace un mes realizó el Consejo de Europa, en el que denuncia "la falta de voluntad de la administración valenciana de impulsar el valenciano en los ámbitos en que es competente, especialmente en la educación" e insta a Educación a "tomar las medidas necesarias para extender la enseñanza del valenciano en todo el sistema educativo".
La entidad sindical ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación a través de los informes que realiza anualmente sobre la situación del valenciano en la enseñanza.
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divendres, 26 de desembre del 2008
Dèficit i despeses supèrflues a major glòria de la Fallera Major a la Generalitat Valenciana.
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La balanza exterior valenciana arroja un déficit de 3.248 millones
Los valencianos exportaron productos a China por valor de 207 millones de euros, mientras las importaciones chinas en la Comunitat supusieron 2.140 millones
EFE
La balanza comercial exterior de la Comunidad Valenciana arrojó un déficit de 3.248 millones de euros entre los meses de enero y septiembre de 2008, una cifra muy similar a la alcanzada en este mismo periodo del pasado año, según datos del Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX).
De hecho, el citado balance sólo supone una mejora del 1,5 por ciento con respecto a 2007, año en el que el déficit alcanzó los 3.295 millones de euros a lo largo de los tres primeros trimestres.
Por lo que respecta al presente ejercicio, las exportaciones de la Comunidad Valenciana hasta septiembre sumaron un total de 14.845 millones de euros, frente a los 18.093 millones de euros de las importaciones.
Los datos del pasado ejercicio -entre enero y septiembre-, reflejan que las ventas al exterior de productos valencianos supusieron 14.283 millones de euros, por los 17.578 millones de euros de las importaciones.
La comparativa indica que las exportaciones han aumentado por lo que a este periodo se refiere cerca de 600 millones de euros, mientras que las importaciones han crecido alrededor de 500 millones de euros, según las citadas fuentes.
Por países, la balanza comercial valenciana ofrece con respecto a China su mayor desigualdad, con un déficit de 1.933 millones de euros.
Aunque los valencianos exportaron productos al gigante asiático por valor de 207 millones de euros, las importaciones chinas en la Comunidad Valenciana supusieron 2.140 millones de euros.
Junto a China, el balance comercial valenciano también es negativo con respecto a Alemania, país al que se exportó productos por valor e 1.284 millones de euros pero que vendió materias y servicios cifrados en 2.073 millones de euros (-800 millones de euros-, así como con Italia y EE.UU., donde la balanza aporta unas cifras negativas de 300 millones de euros en ambos casos.
Sin embargo, las cifras comerciales son positivas en relación a Francia, el principal comprador de productos valencianos, pues las exportaciones se aproximaron a los 2.100 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en los 1.414 millones de euros.
Además de Francia, la balanza comercial valenciana arroja un superávit con respecto al Reino Unido (mil millones de euros) y Portugal (alrededor de 300 millones de euros), entre otros países.
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Las exportaciones de cítricos a Rusia se reducen casi un 50% durante esta campaña
El IVEX apoya la expansión internacional de las empresas con 3,7 millones .
Las ventas del comercio minorista bajan un 9,6% en noviembre, con caída histórica del empleo
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Empresas contratistas donaron miles de euros a la fundación que impulsa la guerra del agua
La fundación pública recibió más de 40.000 euros de firmas como Facsa, SAV, Secopsa o Inelcom. La Generalitat y entidades públicas aportaron el grueso de la financiación
Víctor Romero, Valencia
La Fundación Agua y Progreso no sólo sobrevive de los fondos que recibe de la Generalitat valenciana. Durante el ejercicio de 2007, la entidad defensora de la recuperación del trasvase del Ebro e instrumento del Consell para mantener viva la llama de la batalla del agua, recibió además miles de euros de empresas privadas que mantienen contratos públicos con la Administración pública y con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Documentos internos de la entidad que dirige el militante popular Alberto Comos, incluidos en los anexos del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes del año pasado revelan que la fundación recibió más de 40.000 euros de sociedades privadas como Facsa, Inelcom, Sociedad de Agricultores de la Vega, Secopsa y una entidad que recibe la denominación genérica de Mondragón.Según estos documentos, que llevan la firma del director de la fundación y del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, Agua y Progreso ingresó en 2007 un total de 1.144.600 euros para financiar sus actividades. De estos, el grueso procede de la Generalitat que aportó 1.050.600 euros. El Ayuntamiento de Alicante entregó 3.000 euros y la Diputación de Alicante, otros 3.000. La Diputación de Valencia también puso su granito de arena, con 17.000 euros. No fueron las únicas entidades públicas que colaboraron en cubrir los gastos de funcionamiento de la fundación Agua y Progresos. Vaersa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la gestión de residuos, desembolsó 12.000 euros.
También la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, que preside el alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, aportó 12.000 euros. Esta última cantidad sirvió a Agua y Progreso mitigar sus pérdidas en 2007, según los informes de la Intervención General de la Generalitat. La fundación cerró el año pasado con un desfase entre ingresos y gastos de 5.598 euros.
No obstante, en la relación de donantes llaman a la atención las donaciones recibidas por empresas privadas. Contabilizadas en el capítulo de ingresos en virtud de "convenios de colaboración" aparecen donaciones de Facsa por valor de 20.000 euros. Este empresa, cuya denominación completa es Fomento Agrícola Castellonense, tiene fuertes intereses en la gestión, distribución y depuración de aguas en al provincia de Castelló. Secopsa, otra contratista, en este caso de obra pública y servicios básicamente, realizó una donación de 12.000 euros a la fundación Agua y Progreso enmarcada en otro de estos "convenios de colaboración". Algo inferior fue la aportación de la Sociedad de Agricultores de la Vega, especializada en la gestión de residuos y también con intereses en el sector de la depuración. SAV puso 3.000 euros.
La documentación de la fundación recoge también donaciones de otras dos firmas, Inelcom y Mondragón, con 6.000 euros cada una. El registro mercantil tiene inscritas varias sociedades englobadas en el Grupo Inelcom, con sede en Xàtiva y dedicado fundamentalmente al servicio de teleasistencias. Las bases mercantiles recogen numerosas sociedades cuya razón social incluye la denominación de Mondragón. Los documentos de Agua y Progreso no hacen mayor especificaciones sobre su donante.
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El Consell defiende el carácter inversor y de generación de empleo de Sptcv
V. R., Valencia
El Consell hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), empresa pública de la Generalitat, ha reducido este año su endeudamiento en 53 millones de euros y "mantiene su política de impulsar distintos proyectos sociales, culturales, industriales y de diversa índole en toda la región".
El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2007 revela que la mercantil cerró el año en situación de disolución como consecuencia de la acumulación de pérdidas. Ello obligó a la Generalitat a realizar una aportación de capital de 59 millones de euros y a reducir al valor de las acciones en 54,4 millones. El Consell defendió ayer que las empresas públicas "priman la rentabilidad social ante la económica" y que su creación "obedece a generadores de riqueza indirecta que inciden de manera directa en el PIB" de la Comunitat. "El fundamento de las empresas públicas como canalizadoras de la inversión en la comunidad supone el compromiso de políticas sociales con el fin de proveer de servicios públicas, incentivar la productividad y generar empleo y riqueza", insiste la nota.
La Generalitat sostiene además que en los últimos ejercicios ha trabajado en reducir los gastos y optimizar la gestión de Proyectos Temáticos. "Todos los esfuerzos que ha ido realizando Sptcv durante todos estos años se ha efectuado siguiendo de modo estricto una política de ahorro y contención de gastos". Los gastos de explotación, "principal indicio de ineficacia económica", se han reducido desde el ejercicio 2004 al 2007 en un 30%, al pasar de 11 millones a 7,7 millones de euros, según las mismas fuentes.
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La balanza exterior valenciana arroja un déficit de 3.248 millones
Los valencianos exportaron productos a China por valor de 207 millones de euros, mientras las importaciones chinas en la Comunitat supusieron 2.140 millones
EFE
La balanza comercial exterior de la Comunidad Valenciana arrojó un déficit de 3.248 millones de euros entre los meses de enero y septiembre de 2008, una cifra muy similar a la alcanzada en este mismo periodo del pasado año, según datos del Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX).
De hecho, el citado balance sólo supone una mejora del 1,5 por ciento con respecto a 2007, año en el que el déficit alcanzó los 3.295 millones de euros a lo largo de los tres primeros trimestres.
Por lo que respecta al presente ejercicio, las exportaciones de la Comunidad Valenciana hasta septiembre sumaron un total de 14.845 millones de euros, frente a los 18.093 millones de euros de las importaciones.
Los datos del pasado ejercicio -entre enero y septiembre-, reflejan que las ventas al exterior de productos valencianos supusieron 14.283 millones de euros, por los 17.578 millones de euros de las importaciones.
La comparativa indica que las exportaciones han aumentado por lo que a este periodo se refiere cerca de 600 millones de euros, mientras que las importaciones han crecido alrededor de 500 millones de euros, según las citadas fuentes.
Por países, la balanza comercial valenciana ofrece con respecto a China su mayor desigualdad, con un déficit de 1.933 millones de euros.
Aunque los valencianos exportaron productos al gigante asiático por valor de 207 millones de euros, las importaciones chinas en la Comunidad Valenciana supusieron 2.140 millones de euros.
Junto a China, el balance comercial valenciano también es negativo con respecto a Alemania, país al que se exportó productos por valor e 1.284 millones de euros pero que vendió materias y servicios cifrados en 2.073 millones de euros (-800 millones de euros-, así como con Italia y EE.UU., donde la balanza aporta unas cifras negativas de 300 millones de euros en ambos casos.
Sin embargo, las cifras comerciales son positivas en relación a Francia, el principal comprador de productos valencianos, pues las exportaciones se aproximaron a los 2.100 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en los 1.414 millones de euros.
Además de Francia, la balanza comercial valenciana arroja un superávit con respecto al Reino Unido (mil millones de euros) y Portugal (alrededor de 300 millones de euros), entre otros países.
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Las exportaciones de cítricos a Rusia se reducen casi un 50% durante esta campaña
El IVEX apoya la expansión internacional de las empresas con 3,7 millones .
Las ventas del comercio minorista bajan un 9,6% en noviembre, con caída histórica del empleo
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Empresas contratistas donaron miles de euros a la fundación que impulsa la guerra del agua
La fundación pública recibió más de 40.000 euros de firmas como Facsa, SAV, Secopsa o Inelcom. La Generalitat y entidades públicas aportaron el grueso de la financiación
Víctor Romero, Valencia
La Fundación Agua y Progreso no sólo sobrevive de los fondos que recibe de la Generalitat valenciana. Durante el ejercicio de 2007, la entidad defensora de la recuperación del trasvase del Ebro e instrumento del Consell para mantener viva la llama de la batalla del agua, recibió además miles de euros de empresas privadas que mantienen contratos públicos con la Administración pública y con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Documentos internos de la entidad que dirige el militante popular Alberto Comos, incluidos en los anexos del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes del año pasado revelan que la fundación recibió más de 40.000 euros de sociedades privadas como Facsa, Inelcom, Sociedad de Agricultores de la Vega, Secopsa y una entidad que recibe la denominación genérica de Mondragón.Según estos documentos, que llevan la firma del director de la fundación y del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, Agua y Progreso ingresó en 2007 un total de 1.144.600 euros para financiar sus actividades. De estos, el grueso procede de la Generalitat que aportó 1.050.600 euros. El Ayuntamiento de Alicante entregó 3.000 euros y la Diputación de Alicante, otros 3.000. La Diputación de Valencia también puso su granito de arena, con 17.000 euros. No fueron las únicas entidades públicas que colaboraron en cubrir los gastos de funcionamiento de la fundación Agua y Progresos. Vaersa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la gestión de residuos, desembolsó 12.000 euros.
También la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, que preside el alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, aportó 12.000 euros. Esta última cantidad sirvió a Agua y Progreso mitigar sus pérdidas en 2007, según los informes de la Intervención General de la Generalitat. La fundación cerró el año pasado con un desfase entre ingresos y gastos de 5.598 euros.
No obstante, en la relación de donantes llaman a la atención las donaciones recibidas por empresas privadas. Contabilizadas en el capítulo de ingresos en virtud de "convenios de colaboración" aparecen donaciones de Facsa por valor de 20.000 euros. Este empresa, cuya denominación completa es Fomento Agrícola Castellonense, tiene fuertes intereses en la gestión, distribución y depuración de aguas en al provincia de Castelló. Secopsa, otra contratista, en este caso de obra pública y servicios básicamente, realizó una donación de 12.000 euros a la fundación Agua y Progreso enmarcada en otro de estos "convenios de colaboración". Algo inferior fue la aportación de la Sociedad de Agricultores de la Vega, especializada en la gestión de residuos y también con intereses en el sector de la depuración. SAV puso 3.000 euros.
La documentación de la fundación recoge también donaciones de otras dos firmas, Inelcom y Mondragón, con 6.000 euros cada una. El registro mercantil tiene inscritas varias sociedades englobadas en el Grupo Inelcom, con sede en Xàtiva y dedicado fundamentalmente al servicio de teleasistencias. Las bases mercantiles recogen numerosas sociedades cuya razón social incluye la denominación de Mondragón. Los documentos de Agua y Progreso no hacen mayor especificaciones sobre su donante.
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El Consell defiende el carácter inversor y de generación de empleo de Sptcv
V. R., Valencia
El Consell hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), empresa pública de la Generalitat, ha reducido este año su endeudamiento en 53 millones de euros y "mantiene su política de impulsar distintos proyectos sociales, culturales, industriales y de diversa índole en toda la región".
El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2007 revela que la mercantil cerró el año en situación de disolución como consecuencia de la acumulación de pérdidas. Ello obligó a la Generalitat a realizar una aportación de capital de 59 millones de euros y a reducir al valor de las acciones en 54,4 millones. El Consell defendió ayer que las empresas públicas "priman la rentabilidad social ante la económica" y que su creación "obedece a generadores de riqueza indirecta que inciden de manera directa en el PIB" de la Comunitat. "El fundamento de las empresas públicas como canalizadoras de la inversión en la comunidad supone el compromiso de políticas sociales con el fin de proveer de servicios públicas, incentivar la productividad y generar empleo y riqueza", insiste la nota.
La Generalitat sostiene además que en los últimos ejercicios ha trabajado en reducir los gastos y optimizar la gestión de Proyectos Temáticos. "Todos los esfuerzos que ha ido realizando Sptcv durante todos estos años se ha efectuado siguiendo de modo estricto una política de ahorro y contención de gastos". Los gastos de explotación, "principal indicio de ineficacia económica", se han reducido desde el ejercicio 2004 al 2007 en un 30%, al pasar de 11 millones a 7,7 millones de euros, según las mismas fuentes.
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diumenge, 21 de desembre del 2008
El prodigiós deute de la Generalitat Valenciana.
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La deuda de la Generalitat y sus empresas supera por primera vez los 14.000 millones
El endeudamiento equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla
Juanjo García Gómez, Valencia
La deuda de la Generalitat y sus empresas comerciales ha superado por primera vez la barrera de los 14.000 millones de euros y se sitúa en 14.075 millones, según los datos correspondientes al tercer trimestre del año que ayer difundió el Banco de España. En sólo tres meses, el endeudamiento ha crecido en 284 millones, 1.324 millones con respecto a septiembre de 2007, lo que supone un incremento anual del 10,4%. El lastre de los préstamos equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla o 156 hospitales como el futuro La Fe. Haría falta el presupuesto de la Generalitat de todo un año para enjugar los créditos, ya que las cuentas autonómicas para 2009 que el jueves aprobaron las Corts ascienden a 14.286 millones.
Del total de préstamos, 12.198 millones corresponden a la deuda estricta del Consell, de los organismos y empresas que computan como Administración pública y de las universidades, mientras que los restantes 1.877 millones son de las firmas públicas consideradas comerciales (al contar con un porcentaje de sus ingresos que son propios, con lo que no todo su gasto va con cargo a impuestos). Es el caso de la empresa pública de la Ciudad de las Artes (Cacsa). La deuda del Consell ha aumentado en el último año un 10,1%, mientras la de las empresas, un 12,3%. El peso del endeudamiento del Ejecutivo sobre la riqueza de la Comunitat (PIB regional) se ha incrementado una décima, al pasar del 11,4% al 11,5%. El porcentaje supone casi el doble que la media del conjunto de las autonomías, que es el 5,8% (ha bajado una décima respecto al trimestre anterior). El lastre ha crecido medio punto en un año, ya que en septiembre de 2007 era del 11%. De este modo, la Comunitat se mantiene como líder en deuda respecto al PIB, mientras que en valores absolutos es la segunda por detrás de Cataluña, con 17.666 millones (22.838 incluyendo las empresas). Andalucía tiene la mitad que la Comunitat (6.867 millones, 7.043 con las firmas), mientras que Madrid suma 9.945 millones, 11.054 con las sociedades. El año en que no iba a subirEn lo que va de año, el dinero que el Consell adeuda a los bancos a largo plazo ha aumentado en 648 millones (761 con las empresas). Inicialmente, este ejercicio el Consell no tenía autorización para incrementar el endeudamiento pero la situación de crisis y la caída del incremento del PIB ha permitido aplicar excepciones, de forma que las autonomías podrán endeudarse un 0,75% de su PIB, más un 0,25% adicional si presentan un plan de inversiones, en 2008 y en 2009. Esto supone unos mil millones cada ejercicio. El problema de la Comunitat es que parte con unos números tan elevados que habrá que ver el margen real de maniobra que tiene para afrontar la dificultad económica.
Aumento similar al resto el último añoEl Consell salió ayer al paso para resaltar los datos positivos del Banco de España. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, aseguró que la deuda de la Comunitat «crece en valores contenidos y en niveles similares a los del conjunto nacional», al subrayar que el aumento de la deuda del Consell en el último año, un 10,09%, es en términos porcentuales el mismo incremento registrado a nivel nacional, el 10,04%.
En contraposición, el director general manifestó que, durante este mismo periodo, se han registrado incrementos del endeudamiento «realmente elevados» en otras comunidades, como Baleares (36,6%), Castilla La Mancha (36,0%), La Rioja (26,3%), Cataluña (26,0%) o Cantabria (21,9%). En el trimestre, la subida de la deuda del Consell ha sido del 1,98%, por debajo de Cantabria (18,9%), Murcia (9,2%) o Castilla La Mancha (3,0%).
Sobre la deuda de las empresas del Consell, Pérez Boada manifestó que los datos desmontan, a su juicio, la acusación de que el Gobierno valenciano «centrifuga» endeudamiento a través de sus firmas (éste no computaría a efectos de la ley de Estabilidad y las autorizaciones de Hacienda para emitir más), ya que «la evolución de la deuda de nuestras empresas es, en términos porcentuales, una de las más bajas de España, estando por debajo de la media nacional».
En concreto, destacó que los préstamos de las empresas públicas valencianas han crecido un 12,3% en el último año, frente al 16,3% de incremento a nivel nacional. En Madrid, la deuda ha bajado desde enero 158 millones pero la de sus empresas ha subido en ese periodo 180 millones.
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La Comunitat acumula una deuda de 12.198 millones de euros
La Comunitat retrocederá un 0,8% en 2009 y crecerá solo un 0,1% en 2010
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La deuda de la Generalitat y sus empresas supera por primera vez los 14.000 millones
El endeudamiento equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla
Juanjo García Gómez, Valencia
La deuda de la Generalitat y sus empresas comerciales ha superado por primera vez la barrera de los 14.000 millones de euros y se sitúa en 14.075 millones, según los datos correspondientes al tercer trimestre del año que ayer difundió el Banco de España. En sólo tres meses, el endeudamiento ha crecido en 284 millones, 1.324 millones con respecto a septiembre de 2007, lo que supone un incremento anual del 10,4%. El lastre de los préstamos equivale a la construcción de 47 estadios como el nuevo Mestalla o 156 hospitales como el futuro La Fe. Haría falta el presupuesto de la Generalitat de todo un año para enjugar los créditos, ya que las cuentas autonómicas para 2009 que el jueves aprobaron las Corts ascienden a 14.286 millones.
Del total de préstamos, 12.198 millones corresponden a la deuda estricta del Consell, de los organismos y empresas que computan como Administración pública y de las universidades, mientras que los restantes 1.877 millones son de las firmas públicas consideradas comerciales (al contar con un porcentaje de sus ingresos que son propios, con lo que no todo su gasto va con cargo a impuestos). Es el caso de la empresa pública de la Ciudad de las Artes (Cacsa). La deuda del Consell ha aumentado en el último año un 10,1%, mientras la de las empresas, un 12,3%. El peso del endeudamiento del Ejecutivo sobre la riqueza de la Comunitat (PIB regional) se ha incrementado una décima, al pasar del 11,4% al 11,5%. El porcentaje supone casi el doble que la media del conjunto de las autonomías, que es el 5,8% (ha bajado una décima respecto al trimestre anterior). El lastre ha crecido medio punto en un año, ya que en septiembre de 2007 era del 11%. De este modo, la Comunitat se mantiene como líder en deuda respecto al PIB, mientras que en valores absolutos es la segunda por detrás de Cataluña, con 17.666 millones (22.838 incluyendo las empresas). Andalucía tiene la mitad que la Comunitat (6.867 millones, 7.043 con las firmas), mientras que Madrid suma 9.945 millones, 11.054 con las sociedades. El año en que no iba a subirEn lo que va de año, el dinero que el Consell adeuda a los bancos a largo plazo ha aumentado en 648 millones (761 con las empresas). Inicialmente, este ejercicio el Consell no tenía autorización para incrementar el endeudamiento pero la situación de crisis y la caída del incremento del PIB ha permitido aplicar excepciones, de forma que las autonomías podrán endeudarse un 0,75% de su PIB, más un 0,25% adicional si presentan un plan de inversiones, en 2008 y en 2009. Esto supone unos mil millones cada ejercicio. El problema de la Comunitat es que parte con unos números tan elevados que habrá que ver el margen real de maniobra que tiene para afrontar la dificultad económica.
Aumento similar al resto el último añoEl Consell salió ayer al paso para resaltar los datos positivos del Banco de España. El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, aseguró que la deuda de la Comunitat «crece en valores contenidos y en niveles similares a los del conjunto nacional», al subrayar que el aumento de la deuda del Consell en el último año, un 10,09%, es en términos porcentuales el mismo incremento registrado a nivel nacional, el 10,04%.
En contraposición, el director general manifestó que, durante este mismo periodo, se han registrado incrementos del endeudamiento «realmente elevados» en otras comunidades, como Baleares (36,6%), Castilla La Mancha (36,0%), La Rioja (26,3%), Cataluña (26,0%) o Cantabria (21,9%). En el trimestre, la subida de la deuda del Consell ha sido del 1,98%, por debajo de Cantabria (18,9%), Murcia (9,2%) o Castilla La Mancha (3,0%).
Sobre la deuda de las empresas del Consell, Pérez Boada manifestó que los datos desmontan, a su juicio, la acusación de que el Gobierno valenciano «centrifuga» endeudamiento a través de sus firmas (éste no computaría a efectos de la ley de Estabilidad y las autorizaciones de Hacienda para emitir más), ya que «la evolución de la deuda de nuestras empresas es, en términos porcentuales, una de las más bajas de España, estando por debajo de la media nacional».
En concreto, destacó que los préstamos de las empresas públicas valencianas han crecido un 12,3% en el último año, frente al 16,3% de incremento a nivel nacional. En Madrid, la deuda ha bajado desde enero 158 millones pero la de sus empresas ha subido en ese periodo 180 millones.
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La Comunitat acumula una deuda de 12.198 millones de euros
La Comunitat retrocederá un 0,8% en 2009 y crecerá solo un 0,1% en 2010
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dilluns, 15 de desembre del 2008
Camps proposa una moratòria en la gamberrada d'EpC que ell havia promogut.
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Espero que el Consell no hagi aixecat la camisa a la Plataforma. D'en Camps i d'en Font no em crec ni l'hora que em diguin.
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Camps rectifica y permite impartir Ciudadanía en castellano o valenciano
El acuerdo propuesto a la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic, convocante de la manifestación, contempla una moratoria para la orden de Ciudadanía que dejaría en manos del profesor elegir en qué lengua se imparte la materia.
EFE
La Conselleria de Educación ha propuesto a la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic negociar una moratoria a la orden autonómica que obliga a impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, en caso de llegarse a un acuerdo, se aplicaría a partir del próximo mes de enero.
Esta propuesta materializa, así, el anuncio realizado el pasado 18 de noviembre por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de que iniciaría negociaciones con el sector educativo para estudiar la posibilidad de implantar una moratoria de esa orden.
La portavoz de la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic, Gemma Piqué, ha avanzado hoy en rueda de prensa algunos detalles de esa propuesta de negociación, que les ha llegado este pasado fin de semana a través de un correo electrónico firmado por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, en nombre del president de la Generalitat, Francisco Camps.
Según ha explicado, en esa circular se propone que sea el titular de la asignatura quien decida en qué lengua pueden impartirse los contenidos de Educación para la Ciudadanía (castellano, valenciano o inglés), y si necesita a otro profesor de apoyo.
Asimismo, se adjunta un calendario de negociaciones para cada uno de los trece puntos a tratar entre la Conselleria y los diferentes sectores implicados en la educación pública valenciana.
Piqué ha matizado que, pese a que este "primer paso" dado por la Generalitat para intentar llegar a un acuerdo que mejore la calidad del sistema educativo público les hace estar "contentos" y esperanzados ante un cambio de talante por parte de la Administración autonómica, la Plataforma sigue "en pie de guerra".
Mantiene así todas las movilizaciones previstas, incluida la huelga general convocada el próximo miércoles en todos los centros de la Comunitat.
En caso de llegarse a un acuerdo -que aplicaría esa moratoria para el curso 2008-2009-, esta convocatoria podría aplazarse a enero o febrero pero no suspenderse, pues a juicio de esta entidad los problemas que sufre la educación pública valenciana son lo suficientemente graves como para que las críticas de sus actores implicados (profesores, estudiantes, sindicatos y padres de alumnos) se trasladen en diferentes protestas ciudadanas contra el Consell.
La Plataforma analizará durante las próximas horas el contenido de esta circular y remitirá posteriormente su propuesta de acuerdo a la Conselleria, quien a su vez deberá contestarles en un sentido u otro, por lo que esta negociación "durará las horas que hagan falta", según Piqué, quien ha insistido en lamentar que éste haya sido "un trimestre perdido" para profesores y alumnos.
Asimismo, ha reiterado su esperanza en que los tribunales de Justicia dictaminen también que la Generalitat no puede obligar a impartir EpC en inglés cuando el propio plan de estudios de la Conselleria no contempla el suficiente nivel de esta lengua para el segundo curso de Secundaria.
"Al final del día veremos" si se ha llegado a un acuerdo sobre esa posible moratoria, ha añadido la portavoz de la Plataforma, quien también ha expresado su deseo de que la Conselleria no alargue su calendario de negociaciones más allá del próximo mes de febrero.
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Los servicios mínimos establecen un profesor por ciclo en infantil y primaria para este miércoles
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La Plataforma aplaza la huelga tras la "rectificación" del Consell
Educación estudiará la "evolución de los acontecimientos" para ver si amplía la moratoria y dice que ha habido "crisis de crecimiento"
EUROPA PRESS
La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic decidió hoy desconvocar y aplazar la huelga en el sector de la enseñanza prevista para el próximo 17 de diciembre al considerar que la Generalitat valenciana ha "rectificado" su posición de "obligar" a los centros a impartir la asignatura de Educación para al Ciudadanía (EpC) en inglés.
El colectivo consideró que la nueva circular redactada por la Conselleria de Educación que permite al profesor titular de la asignatura aplicar una moratoria este curso a la impartición de la materia en lengua extranjera y darla en castellano o valenciano es un "triunfo de la comunidad educativa". De igual modo, celebró que el Consell haya accedido a fijar un calendario de negociación de los 13 puntos de su manifiesto reivindicativo para abordar los temas antes del 15 de febrero.
La decisión de la Plataforma llega a raíz de la entrega esta mañana por parte de la Conselleria de Educación de dos documentos --un calendario de compromisos de negociación y una propuesta de circular sobre la impartición de la asignatura EpC-- que han negociado durante todo el día miembros del colectivo y la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, "en nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps". De forma paralela, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha mantenido sendas reuniones con padres, alumnos y sindicatos para abordar la implantación de un modelo educativo plurilingüe.
La plataforma valoró que la circular propuesta "significa aceptar el fracaso del modelo propuesto por el Gobierno valenciano y cesar en las advertencias, amenazas e interferencias sobre la tarea del profesorado".
En este sentido, el portavoz de STEPV-Iv, Vicent Mauri, recalcó que la comunidad educativa "ha conseguido lo que quería, que era que la asignatura no se diera en inglés para boicotear su impartición", al tiempo que se ha logrado un compromiso de la Administración para negociar diversas mejorasen el sistema público antes del 15 de febrero. No obstante, advirtió de que "si el resultado de las futuras negociaciones no fuera positivo tendríamos que echar marcha atrás".
Por su parte, el secretario general de FETE UGT PV, Guillermo Martí, manifestó que "todas las concentraciones, caceroladas, encierros y manifestaciones han tenido su fruto y tenemos un calendario de negociación en el que veremos hasta dónde está dispuesta a llegar la Administración para desatascar los problemas enquistados dentro del sistema, desde los barracones hasta los 505 centros que están por construir".
En esta línea, el secretario general de FE CCOO PV, Miguel Ángel Vera, subrayó que el "cambio de actitud" de la Conselleria es "repuesta a la gran manifestación celebrada el pasado 29 de noviembre" y avisó de que los sindicatos y el resto de entidades que integran la Plataforma "haremos un seguimiento para ver qué pasa a partir del 15 de febrero".
"DESCOMPRIMIR" LA SITUACIÓN
Por su parte, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, explicó que la moratoria afecta a los centros que imparten la asignatura con doble profesorado --el titular de la materia, de Geografía e Historia o Filosofía y el de inglés-- y a aquellos que tienen problemas con el fin de "descomprimir" la situación. En este punto, recordó que hay centros públicos donde la materia se imparte sin problemas o con un solo docente con competencias en inglés y que la red concertada ha afirmado impartirla en ese idioma sin problemas.
El titular de Educación, que aclaró que la moratoria es "temporal" y que en su momento "ya veremos la evolución de los acontecimientos" para comprobar si es posible prolongarla más allá de este curso, consideró que se ha vivido una "crisis de crecimiento y de mejora" y se mostró convencido de que se ha producido "un revulsivo cuya consecuencia inmediata va a ser un esfuerzo de todo el sistema educativo valenciano por mejorar el conocimiento del inglés". "prefiero pensar que estas cosas suceden siempre para bien", aseveró.
Preguntado por si al Conselleria ha caído en "precipitación" a la hora de implantar el inglés en EpC, el conseller sostuvo que la potenciación de ese idioma está "directamente ligado al empleo, que en momentos como los que corren es muy importante" y a la Universidad, "por propia decisión del Gobierno de Madrid".
Asimismo, aseguró "haber percibido en todos los agentes educativos la sensación profunda de que ésta es una meta que nos tenemos que plantear como sociedad: ir hacia un modelo en que de una manera efectiva al finalizar la enseñanza obligatoria los alumnos, por las vías que procedan, entiendan y hablen perfectamente los dos idiomas cooficiales y el inglés, sin descartar otras lenguas". "Eso está en una línea de modernidad indudable y creo que en esto estamos todos de acuerdo", dijo.Sobre la desconvocatoria de la huelga, Font de Mora afirmó que "todo lo que sea caminar por caminos de normalidad me parece una decisión aceptable" y añadió que "todas las partes han dado una muestra de que son sensibles a la mejora del sistema educativo".
En su opinión, se puede enfocar este tema "desde un punto de vista positivo" ya que "hay un antes y un después tras estas cuestiones, y el después es una mayor atención al desarrollo de la lengua extranjera en la Comunitat", aseveró Font de Mora, quien recordó que tras el inglés, siguiendo el modelo europeo, se tendrá que incluir en el sistema una segunda lengua extranjera.
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Font de Mora se compromete ante los padres a invertir 7 millones para el plurilingüismo
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Educación renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga
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Camps rectifica y permite impartir Ciudadanía en castellano o valenciano
El acuerdo propuesto a la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic, convocante de la manifestación, contempla una moratoria para la orden de Ciudadanía que dejaría en manos del profesor elegir en qué lengua se imparte la materia.
EFE
La Conselleria de Educación ha propuesto a la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic negociar una moratoria a la orden autonómica que obliga a impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, en caso de llegarse a un acuerdo, se aplicaría a partir del próximo mes de enero.
Esta propuesta materializa, así, el anuncio realizado el pasado 18 de noviembre por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de que iniciaría negociaciones con el sector educativo para estudiar la posibilidad de implantar una moratoria de esa orden.
La portavoz de la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic, Gemma Piqué, ha avanzado hoy en rueda de prensa algunos detalles de esa propuesta de negociación, que les ha llegado este pasado fin de semana a través de un correo electrónico firmado por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, en nombre del president de la Generalitat, Francisco Camps.
Según ha explicado, en esa circular se propone que sea el titular de la asignatura quien decida en qué lengua pueden impartirse los contenidos de Educación para la Ciudadanía (castellano, valenciano o inglés), y si necesita a otro profesor de apoyo.
Asimismo, se adjunta un calendario de negociaciones para cada uno de los trece puntos a tratar entre la Conselleria y los diferentes sectores implicados en la educación pública valenciana.
Piqué ha matizado que, pese a que este "primer paso" dado por la Generalitat para intentar llegar a un acuerdo que mejore la calidad del sistema educativo público les hace estar "contentos" y esperanzados ante un cambio de talante por parte de la Administración autonómica, la Plataforma sigue "en pie de guerra".
Mantiene así todas las movilizaciones previstas, incluida la huelga general convocada el próximo miércoles en todos los centros de la Comunitat.
En caso de llegarse a un acuerdo -que aplicaría esa moratoria para el curso 2008-2009-, esta convocatoria podría aplazarse a enero o febrero pero no suspenderse, pues a juicio de esta entidad los problemas que sufre la educación pública valenciana son lo suficientemente graves como para que las críticas de sus actores implicados (profesores, estudiantes, sindicatos y padres de alumnos) se trasladen en diferentes protestas ciudadanas contra el Consell.
La Plataforma analizará durante las próximas horas el contenido de esta circular y remitirá posteriormente su propuesta de acuerdo a la Conselleria, quien a su vez deberá contestarles en un sentido u otro, por lo que esta negociación "durará las horas que hagan falta", según Piqué, quien ha insistido en lamentar que éste haya sido "un trimestre perdido" para profesores y alumnos.
Asimismo, ha reiterado su esperanza en que los tribunales de Justicia dictaminen también que la Generalitat no puede obligar a impartir EpC en inglés cuando el propio plan de estudios de la Conselleria no contempla el suficiente nivel de esta lengua para el segundo curso de Secundaria.
"Al final del día veremos" si se ha llegado a un acuerdo sobre esa posible moratoria, ha añadido la portavoz de la Plataforma, quien también ha expresado su deseo de que la Conselleria no alargue su calendario de negociaciones más allá del próximo mes de febrero.
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Los servicios mínimos establecen un profesor por ciclo en infantil y primaria para este miércoles
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La Plataforma aplaza la huelga tras la "rectificación" del Consell
Educación estudiará la "evolución de los acontecimientos" para ver si amplía la moratoria y dice que ha habido "crisis de crecimiento"
EUROPA PRESS
La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic decidió hoy desconvocar y aplazar la huelga en el sector de la enseñanza prevista para el próximo 17 de diciembre al considerar que la Generalitat valenciana ha "rectificado" su posición de "obligar" a los centros a impartir la asignatura de Educación para al Ciudadanía (EpC) en inglés.
El colectivo consideró que la nueva circular redactada por la Conselleria de Educación que permite al profesor titular de la asignatura aplicar una moratoria este curso a la impartición de la materia en lengua extranjera y darla en castellano o valenciano es un "triunfo de la comunidad educativa". De igual modo, celebró que el Consell haya accedido a fijar un calendario de negociación de los 13 puntos de su manifiesto reivindicativo para abordar los temas antes del 15 de febrero.
La decisión de la Plataforma llega a raíz de la entrega esta mañana por parte de la Conselleria de Educación de dos documentos --un calendario de compromisos de negociación y una propuesta de circular sobre la impartición de la asignatura EpC-- que han negociado durante todo el día miembros del colectivo y la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, "en nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps". De forma paralela, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha mantenido sendas reuniones con padres, alumnos y sindicatos para abordar la implantación de un modelo educativo plurilingüe.
La plataforma valoró que la circular propuesta "significa aceptar el fracaso del modelo propuesto por el Gobierno valenciano y cesar en las advertencias, amenazas e interferencias sobre la tarea del profesorado".
En este sentido, el portavoz de STEPV-Iv, Vicent Mauri, recalcó que la comunidad educativa "ha conseguido lo que quería, que era que la asignatura no se diera en inglés para boicotear su impartición", al tiempo que se ha logrado un compromiso de la Administración para negociar diversas mejorasen el sistema público antes del 15 de febrero. No obstante, advirtió de que "si el resultado de las futuras negociaciones no fuera positivo tendríamos que echar marcha atrás".
Por su parte, el secretario general de FETE UGT PV, Guillermo Martí, manifestó que "todas las concentraciones, caceroladas, encierros y manifestaciones han tenido su fruto y tenemos un calendario de negociación en el que veremos hasta dónde está dispuesta a llegar la Administración para desatascar los problemas enquistados dentro del sistema, desde los barracones hasta los 505 centros que están por construir".
En esta línea, el secretario general de FE CCOO PV, Miguel Ángel Vera, subrayó que el "cambio de actitud" de la Conselleria es "repuesta a la gran manifestación celebrada el pasado 29 de noviembre" y avisó de que los sindicatos y el resto de entidades que integran la Plataforma "haremos un seguimiento para ver qué pasa a partir del 15 de febrero".
"DESCOMPRIMIR" LA SITUACIÓN
Por su parte, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, explicó que la moratoria afecta a los centros que imparten la asignatura con doble profesorado --el titular de la materia, de Geografía e Historia o Filosofía y el de inglés-- y a aquellos que tienen problemas con el fin de "descomprimir" la situación. En este punto, recordó que hay centros públicos donde la materia se imparte sin problemas o con un solo docente con competencias en inglés y que la red concertada ha afirmado impartirla en ese idioma sin problemas.
El titular de Educación, que aclaró que la moratoria es "temporal" y que en su momento "ya veremos la evolución de los acontecimientos" para comprobar si es posible prolongarla más allá de este curso, consideró que se ha vivido una "crisis de crecimiento y de mejora" y se mostró convencido de que se ha producido "un revulsivo cuya consecuencia inmediata va a ser un esfuerzo de todo el sistema educativo valenciano por mejorar el conocimiento del inglés". "prefiero pensar que estas cosas suceden siempre para bien", aseveró.
Preguntado por si al Conselleria ha caído en "precipitación" a la hora de implantar el inglés en EpC, el conseller sostuvo que la potenciación de ese idioma está "directamente ligado al empleo, que en momentos como los que corren es muy importante" y a la Universidad, "por propia decisión del Gobierno de Madrid".
Asimismo, aseguró "haber percibido en todos los agentes educativos la sensación profunda de que ésta es una meta que nos tenemos que plantear como sociedad: ir hacia un modelo en que de una manera efectiva al finalizar la enseñanza obligatoria los alumnos, por las vías que procedan, entiendan y hablen perfectamente los dos idiomas cooficiales y el inglés, sin descartar otras lenguas". "Eso está en una línea de modernidad indudable y creo que en esto estamos todos de acuerdo", dijo.Sobre la desconvocatoria de la huelga, Font de Mora afirmó que "todo lo que sea caminar por caminos de normalidad me parece una decisión aceptable" y añadió que "todas las partes han dado una muestra de que son sensibles a la mejora del sistema educativo".
En su opinión, se puede enfocar este tema "desde un punto de vista positivo" ya que "hay un antes y un después tras estas cuestiones, y el después es una mayor atención al desarrollo de la lengua extranjera en la Comunitat", aseveró Font de Mora, quien recordó que tras el inglés, siguiendo el modelo europeo, se tendrá que incluir en el sistema una segunda lengua extranjera.
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Font de Mora se compromete ante los padres a invertir 7 millones para el plurilingüismo
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Educación renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga
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dissabte, 6 de desembre del 2008
Camps desvia diners de Dependència a residències mentre continua amb les polítiques de grans esdeveniments i propaganda i mentida a C9.
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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude
El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios
J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
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Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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