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Si Esperanza cae....................
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Rinconete : De Aravaca a Sudáfrica y tiro porque me toca
Cortadillo : Su trayectoria y familia dan y darán que hablar
Federico de vuelta por los tribunales
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SEGUIMIENTOS POLÍTICOS EN MADRID
González no descarta que el espionaje haya partido de Génova
El vicepresidente regional elude aclarar si el PP apoyará una comisión de investigación pero afirma que está "muy interesado" en conocer los hechos
DANIEL BORASTEROS - Madrid - 29/01/2009
El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no descarta que la trama de espionaje que afecta al Gobierno regional y al PP haya partido desde el entorno de la calle Génova. "Soy el primer interesado en aclararlo", ha insistido el número dos de la presidenta Esperanza Aguirre. "He sufrido un espionaje intolerable a mi intimidad personal, es un montaje mafioso, que supone un atentado al Estado de Derecho", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El vicepresidente regional ha subrayado que no puede obligar a ningún funcionario de la Comunidad a participar en una comisión interna de un partido, en referencia a la negativa de dos de los principales investigados en la trama de espionaje a comparecer ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
González ha censurado las declaraciones del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, en las que daba credibilidad a la trama y acusaba al consejero de Presidencia, Franciso Granados de tener "un cuerpo parapolicial". Para el vicepresidente regional, se trata de unas afirmaciones "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas". Gallardón realizó estas declaraciones en el programa 59 segundos de TVE tres días después de que saltara la trama, aunque posteriormente las matizó y hoy ha asegurado que no va a hacer más valoraciones. "Cuando una investigación pasa a ser judicial, creo que no es el tiempo de los políticos, sino de los jueces", ha dicho el alcalde.
Trama parapolicial
El vicepresidente de la Comunidad ha lanzado un dardo más a Gallardón al ser preguntado sobre si en el Ayuntamiento de Madrid hay una trama parapolicial que funcione al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal, tal y como ha publicado El Mundo. González, que niega la existencia de una red en su propio gobierno da sin embargo verisimilitud en el Consistorio: "Cuando menos es extraño que el primer Ayuntamiento de España, con 6.000 policías locales, necesite una estructura adicional al margen de la policial".
Preguntado por si el PP apoyará la iniciativa del PSOE e IU para que se cree una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, González ha señalado que "como afectado" está "muy interesado" en conocer los hechos, pero ha evitado comprometerse al apuntar que esa decisión corresponde a la Asamblea.
González ha pedido a la Justicia que aclare pronto el seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" acusaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
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CLAVES: Quién es quién en el caso de espionaje
De las víctimas a los responsables, estos son los principales actores en la red de vigilancia a políticos del PP en Madrid
ELPAÍS.com - Madrid - 28/01/2009
FE DE ERRORES
La fotografía asociada a Marcos Peña no era por un error la del asesor de seguridad del consejero madrileño de la Presidencia sino la del presidente del Consejo Económico y Social (CES) del mismo nombre
EL PAÍS ha destapado una trama de seguimientos y dossieres a altos cargos del PP madrileño críticos con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por parte de ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior de Madrid. Se trata de un juego sucio dentro del partido que revela el grado de enemistad y desconfianza entre unos y otros y hasta qué punto llega el enfrentamiento entre los distintos sectores y entre los aguirristas y los marianistas.
Francisco Granados
Ignacio González
Manuel Cobo
Alfredo Prada
Álvaro Lapuerta
Mª Carmen Rodríguez
Alberto Ruiz-Gallardón
Mariano Rajoy
Esperanza Aguirre
Sergio Gamón
Enrique Barón
Marcos Peña
Ildefonso de Miguel
El caso tiene distintas ramificaciones. La principal es dilucidar si los seguimientos se habrían pagado con dinero público y en una comunidad que no tiene competencias para ello. Además, tiene graves consecuencias políticas y de imagen para un partido que gobierna en Madrid por mayoría, que todavía trata de salir de la crisis tras su derrota electoral en las elecciones generales y que se enfrenta a dos importantes citas: las elecciones vascas y las gallegas.
Tras unos primeros días de negar lo que estaba publicando este diario y de cierre de filas en torno a Aguirre, Mariano Rajoy abrió una investigación interna y puso al frente a María Dolores de Cospedal, que se está entrevistando con los implicados. En respuesta, desde el PP de Madrid se trata de implicar al PP nacional en el escándalo. La trama crece y se amplifica, ya que Esperanza Aguirre sostiene que en la sede nacional del partido circulaban dossiers sobre el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y sobre el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, y que Rajoy la llamó para contárselo en 2006 y no en 2008.
También tiene su vertiente judicial. Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), investiga los hechos. Además, el titular del Juzgado número 47 de la capital, José Sierra, abrió una causa por supuesto espionaje al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González.
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'Objetivo: salvar a Rajoy', por FERNANDO GAREA
'Madrid y las fallas', por SUSO DE TORO
'Viejas y nuevas historias de espías', por P. UNZUETA
Tema: Espionaje político en la Comunidad de Madrid
Quién es quién en la trama
El entorno de Rajoy asume que los aguirristas buscan la cabeza del líder
El fiscal investiga el aparato de seguridad al mando del ex policía Marcos Peña
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(Amb vídeo)
González: Las acusaciones de Gallardón fueron "absolutamente inapropiadas"
El "número dos" de la Comunidad de Madrid pide que se aclaren pronto las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
29/01/2009 14:53
El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas" las declaraciones que hizo Alberto Ruiz-Gallardón sobre la presunta existencia de una red de espionaje controlada por el Gobierno regional y se ha mostrado seguro de que las rectifiará.
González ha comparecido hoy en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el primero que preside la Jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desde que se desatara la polémica en torno a los espionajes de que, supuestamente, han sido objeto políticos y altos cargos del Gobierno madrileño.
Que la justicia aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto
En su comparecencia, el "número dos" de la Comunidad ha pedido en todo momento a la Justicia que aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".
No hay unidad 'parapolicial'
Ha asegurado que desconoce que en el Ayuntamiento de Madrid exista una unidad "parapolicial" al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal y que "cuando menos" le parece "extraño que el primer Ayuntamiento de España", con 6.000 policías locales adscritos, necesite contar con una "estructura adicional" que opere al margen de la policial.
En todo caso, ha opinado que el Consistorio debe explicar si existe alguna actuación "paralela" de este tipo ya que, ha insistido, le "extraña" que así sea.
El vicepresidente ha calificado de "atentado a la base del estado de Derecho" que hayan "hurgado" en su vida pública, privada e incluso, en la de sus familiares y amigos por el hecho de ser un cargo público y, cuando ha sido preguntado si echa en falta el apoyo de la cúpula nacional de su partido, ha aseverado: "yo lo único que quiero es el apoyo de la Justicia y lo quiero rápido".
Reunión "agradable" con de Cospedal
Ha comentado que mantuvo una reunión "corta y agradable" con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando ésta la llamó a declarar en la investigación interna abierta en el partido, de la que no ha querido hacer más comentarios pues considera que la cuestión corresponde a la dirección nacional.
Lo que sí ha dicho es que le parece "bien y razonable" que Cospedal esté llamando a algunos militantes del PP y a empleados de la Administración regional a declarar, pero ha añadido que no puede recomendarles u obligarles que lo hagan porque "no tengo autoridad directa sobre ellos" y porque se trata de una investigación del partido y no de la Comunidad.
González ha asegurado que colaborará para aclarar "en todos los extremos precisos" las imputaciones que se le han hecho en los últimos diez días y que lo mismo harán todos aquellos que hayan sido investigados para ayudar a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el ejercicio de sus cargos.
Entre ellos está el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que mañana comparecerá en la Asamblea de Madrid para aclarar su presunta implicación en la trama de espionaje madrileña y su gestión al frente del área donde, según el vicepresiente, "ha actuado con total transparencia".
Por ello, González ha informado de que con "seguridad" la Consejería de Presidencia Justicia e Interior no va a ser reorganizada en estos momentos ni por este asunto.
También ha negado cualquier trato de favor por su parte en las contrataciones de la Comunidad y ha dicho que todas están sujetas a la legalidad, son revisadas "escrupulosamente" por las mesas de contratación y que "ningún miembro del Gobierno acepta ninguna presión o injerencia" en estas cuestiones.
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Los contratos sospechosos de González
Las cinco adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que encendieron las alarmas en el Partido Popular
MANUEL RICO - Madrid - 29/01/2009 07:30
El patrimonio y las adjudicaciones realizadas por Ignacio González, el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, preocupan al menos desde 2006 en la cúpula del PP. Así lo han confesado tanto en la dirección del partido como la propia presidenta madrileña, aunque esta última sostiene que en su día se comprobó que "todo era falso y calumnioso". Pero, ¿cuáles son esas adjudicaciones?
Los datos que constan en los dos dossiers elaborados sobre las actividades de González, junto a otras informaciones que manejó el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, permiten concluir que hay al menos cinco concesiones públicas que levantaron sospechas entre los propios compañeros del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las Ventas
En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas.
La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de Madrid
La Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
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Martín Marín, el tercer pasajero
Pedro Antonio Martín Marín viajó a Suráfrica con González y Sánchez
IGNACIO ESCOLAR - Madrid - 29/01/2009 08:00
"No comento mis viajes privados con mis amigos, no tengo nada que comentar". Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Comunicación de José María Aznar entre otros muchos cargos, acompañó a Ignacio González y al empresario Enrique Sánchez en el polémico vuelo a Suráfrica de marzo de 2008, tal y como avanzó este diario en su edición del domingo. Martín Marín, preguntado telefónicamente por Público, no ha querido explicar quién y de qué modo pagó estos billetes en clase business: "Ya no soy un personaje público, no tengo por qué responder". "Lo único que quiero es que se sepa cuanto antes quién ha confeccionado esos dossieres y quién los ha pagado", dijo ayer Martín Marín, que no estudia presentar una demanda en relación a esos informes, donde su nombre aparece como uno de los hombres de confianza de Ignacio González. "De momento, no me han acusado de nada". Tampoco ha querido valorar la información que publicó ayer el diario El Mundo, que afirma que un anónimo llegado a Esperanza Aguirre lo relacionaba con Segurisa, la empresa de su amigo y compañero de viaje a Suráfrica, Enrique Sánchez. "Sin comentarios".
"No cobro ni un duro de la Comunidad de Madrid", afirma. Sin embargo, Martín Marín mantiene vínculos políticos, y no sólo de amistad, con el Gobierno de Madrid. Es vicepresidente del Consejo Taurino, un organo consultivo de la Comunidad de Madrid que participa de la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. Es consejero de Avalmadrid, una entidad financiera participada, entre otras, por la Comunidad y Caja Madrid. Y también preside Madrid Deportes y Espectáculos S A, la empresa que gestiona el Palacio de los Deportes de Madrid. En esta sociedad participan, entre otros, el Grupo Recoletos hoy propiedad de Unidad Editorial, la empresa editora de El Mundo , Caja Madrid o el Grupo Trapsa propiedad del actual presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Según fuentes del PP de Madrid, Pedro Antonio Martín Marín despacha "a diario" con Ignacio González,y una de sus hijas, Pilar Martin, trabaja en la Fundación Canal de Isabel II. Su yerno, Borja Sarasola, es viceconsejero de Ignacio González.
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Aguirre replica a Fraga que en su época sí se espiaba
La lideresa del PP recuerda el 'Caso Naseiro', trama de seguimiento a un concejal conservador que se juzgó en 1990, poco después de la llegada al poder de Aznar.
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Enric Sopena
Cabos sueltos
Negocios a la sombra del poder esperancista
Lo peor que le podría pasar a Esperanza Aguirre, en estos momentos, es perder el apoyo de El Mundo.
Atención al mensaje -¿o aviso para navegantes?- que ayer le lanzó Pedro J. Ramírez a su amiga Aguirre. Tras subrayar con intensidad - aludiendo al affaire del espionaje- que “se trata de hechos bochornosos y gravísimos”, recordó al PP “que sólo podrá recuperar la credibilidad con transparencia y depuración de responsabilidades”.
Cuidado, lideresa
Mucho cuidado, lideresa, con este párrafo del editorial de El Mundo: “La salida no puede ser, en ningún caso, la que [el martes 27] amagó la presidenta Aguirre, al difuminar los hechos confundiendo las fechas en que éstos se produjeron. Las presiones y los enfrentamientos entre dirigentes del PP (…) se intensificaron en los meses decisivos que van desde la derrota electoral (…) al Congreso de (…) Valencia”. Lastre por la borda ¿Está Ramírez arrojando a toda velocidad lastre por la borda de su navío? ¿Se ha dado cuenta, tras los primeros días de negaciones y chanzas, que es un riesgo para su propio periódico cerrar ahora filas con Aguirre?
Mil batallas
El periodista citado se ha curtido en mil batallas y no pocas conspiraciones, es un profesional de la supervivencia y, desde luego, es el más listo –también probablemente el más cínico- en el universo de la derecha española: la mediática, la política y la sociológica. Un serio alegato El referido editorial es un serio alegato dirigido a Mariano Rajoy para que actúe “con absoluta firmeza y determinación”, de acuerdo con su comunicado de hace unos días en el cual se apuntaba nada menos que hacia “responsabilidades en el ámbito de la justicia, y también de carácter político”.
Advertencia relevante
Viene a ser una advertencia relevante, porque todo lo que ha aflorado de la investigación interna que impulsa la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal –siguiendo instrucciones de su jefe máximo- resulta ridículo, empezando por su conversación telefónica de unos quince minutos con Aguirre de la que salió absuelta, y sin pero alguno, la presidenta del Gobierno madrileño. No sólo a Rajoy Pero en esta ocasión, Ramírez no critica sólo a Rajoy. Incluye en el capítulo de los reproches a la lideresa, como hemos señalado, y se adentra en la teoría de que no es tanto una cuestión de espionaje como sí de “negocios”.
Paraísos pestilentes
Esta observación debiera ser, sin embargo, matizada o corregida. El espionaje es el instrumento imprescindible –aparte de la lucha por el poder y por la sucesión de Rajoy, que son elementos, conviene no olvidarlo, sustantivos- para llegar a los paraísos pestilentes donde circulan los pelotazos; los grandes negocios conseguidos por influencias, chantaje u otros mecanismos delictivos.
A los pies de los caballos
Muy mal han de estar las cosas en el PP genovés para que Ramírez haya cambiado de rumbo. O, al menos, así lo parece. Y muy mal también han de estar en el PP madrileño. Y, más concretamente aún, en el Gobierno Aguirre, que es un Gobierno a los pies de los caballos, que genera desconfianza, que huele a corrupción generalizada y que ha perdido la brújula y, además, el oremus.
Funeral político
Eso sí, el funeral político de Aguirre lo oficiará el cardenal Rouco Varela y ejercerá de monago don Federico. El PP, en todo caso, se ha metido en un buen lío. O en un maldito embrollo. En un laberinto sin apenas salidas. Estos patriotas nos decían que defendían España. Era falso: defendían sus negocios a la sombra del poder esperancista.
Enric Sopena es director de El Plural
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El colchón mediático de la lideresa elige ahora a Rato como favorito
¿Han abandonado Pedro J. y Losantos a su Esperanza?
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dijous, 29 de gener del 2009
EpC és totalment legal, senyors de l'extrema dreta colpista.
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Una altra vegada un alt tribunal ha tret la raó al PP i associacions afins. La sentència del TS deixa clar que l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania és totalment legal i constitucional i que ningú pot intentar-ne l'exempció o l'objecció.
El PP i les seves organitzacions amigues, amb l'estratègia d'irresponsabilitat que els caracteritza, volien donar un cop de puny al Govern en la cara d'EpC i l'únic que han aconseguit és fotre un alumnat que, pressionat per llurs pares, hi ha objectat. Doncs bé, ara els tocarà recuperar l'assignatura d'enguany (2n i 4t) i la suspesa de l'any passat (1r o 3r d'ESO). Si no, qu els quedi clar a pares irresponsables/fatxes, al PP, a Beni Blanco i als pobres alumnes que no tindran el títol de l'ESO.
I si això passa a qui han d'anar a reclamar és a Rajoy, Camps, Aguirre, Rouco i els seus sequaços (http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0123618). Si abans no s'han matat entre ells.
Tot i així sembla que els sequaços no es rendeixen i recorreran on calgui. Es veu que tenen ganes i diners.
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EpC
Educación para la ciudadanía no es objetable, incluso para las conciencia genovesas
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Gabilondo afirma que "asignaturas como esta se imparten en Europa sin problema alguno"
“EpC se imparte en países donde también hay padres que reclaman el derecho a la educación de sus hijos y obispos”
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El Tribunal Supremo avala Ciudadanía
La ministra reclama a la Generalitat que "cumpla la ley"
El Consell no se da por aludido
Los partidarios de objetar advierten que llegarán hasta el Tribunal Europeo
Las trabas de la Generalitat
Centros católicos valencianos piden una "mano tendida" a los objetores y advierten de que "el asunto no está cerrado"
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La insumisión no se rinde
J. A. AUNIÓN -
Las autonomías del PP acatan el fallo de Ciudadanía, pero los objetores insisten
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'No es el libro', por S. P. DE PABLOS
El PP anima a ir al Constitucional
Encuesta
Editorial: 'Sin objeción'
'Derrota de los obispos', por J. G. BEDOYA
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Los objetores harán caso omiso a la sentencia del Supremo sobre Ciudadanía
Diversas asociaciones contrarias a Educación para la Ciudadanía anuncian que los niños seguirán sin acudir a clase y reclaman al Gobierno diálogo para consensuar los contenidos de la materia.
El Supremo rescata Ciudadanía pero podría incluir matizaciones
Sí: Cabrera: "Fin de la batalla"
PSOE: "Es una gran derrota del PP"
No: Aguirre acata y respeta la decisión
El Vaticano, preocupado
¿Por qué lo llaman ética cuando quieren decir sexo?, por A. Avendaño
Un tribunal andaluz inflamó la rebelión contra la materia
RAÚL BOCANEGRA
El hijo del presidente de honor del Foro de la Familia emitió el primer fallo que avaló la objeción promovida por los padres de un niño de Huelva.
"Algunos caminan con la cabeza hacia atrás"
Juan José Abad, autor de manuales de EpC, escribirá un libro sobre las "guarradas" que se han dicho sobre la asignatura.
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Los colectivos más reaccionarios preparan ya la batalla en contra de esta sentencia
Varapalo a los objetores de Educación para la Ciudadanía: el Tribunal Supremo salva la asignatura
El abogado de los objetores quiere ahora “consensuar” los contenidos de EpC
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El Suprem trunca la campanya del PP i els bisbes contra Ciutadania
L'alt tribunal rebutja que es pugui invocar l'objecció de consciència davant de la matèria obligatòria
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Una altra vegada un alt tribunal ha tret la raó al PP i associacions afins. La sentència del TS deixa clar que l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania és totalment legal i constitucional i que ningú pot intentar-ne l'exempció o l'objecció.
El PP i les seves organitzacions amigues, amb l'estratègia d'irresponsabilitat que els caracteritza, volien donar un cop de puny al Govern en la cara d'EpC i l'únic que han aconseguit és fotre un alumnat que, pressionat per llurs pares, hi ha objectat. Doncs bé, ara els tocarà recuperar l'assignatura d'enguany (2n i 4t) i la suspesa de l'any passat (1r o 3r d'ESO). Si no, qu els quedi clar a pares irresponsables/fatxes, al PP, a Beni Blanco i als pobres alumnes que no tindran el títol de l'ESO.
I si això passa a qui han d'anar a reclamar és a Rajoy, Camps, Aguirre, Rouco i els seus sequaços (http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0123618). Si abans no s'han matat entre ells.
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ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 28/01/2009
Consulta el blog de Juan Cruz. Hoy, "El lado de Nixon"
Entrevistada esta mañana por Federico Jiménez Losantos en la cadena Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado que en mayo de 2008, tras las elecciones generales, "hubo una conversación" entre el vicepresidente regional, Ignacio González, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que aquel "se quejaba de que se diera pábulo a algunos dossieres que se hacían contra él". Así, la presidenta une su destino al de Rajoy, haciéndole conocedor de la trama que, sin embargo, tanto esfuerzo hacen en negar. Aguirre ha reiterado, como ya hiciera ayer, que dos años antes, ella ya habló con Rajoy sobre los documentos que circulaban en la sede nacional y que hacían mención a González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados. La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que su charla con el presidente del partido fue en 2006 y que el pasado año sólo asistió a la sede nacional de la calle Génova (Madrid) cuando fue informada junto al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de que no iría en las listas electorales, y en otra ocasión a finales de año.
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Esperanza Aguirre
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
Mariano Rajoy Brey
Alberto Ruiz-Gallardón
Ignacio González
"La verdad -ha añadido- es que todas las redacciones (de los medios) tienen miles de dossieres contra Ignacio González porque políticamente quieren atacarme a mí", ha dicho, volviéndose a presentar como víctima de una conjura. Preguntada esta vez por si su vicepresidente fue en esa reunión a quejarse a Mariano Rajoy porque entendía que era el PP el que estaba creando o difundiendo esos dosieres, Aguirre ha contestado: "Eso tendrá que preguntárselo a Ignacio González, yo creo que sí". En todo caso, Aguirre ha querido dejar claro que tanto Rajoy como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han dicho que la creen cuando dice que no tiene "ninguna relación con este asunto".
Aguirre ha manifestado, no obstante, que "los informes de [Álvaro] Lapuerta", el que fuera tesorero del PP en la época de José María Aznar, no eran "comprometedores". La presidenta madrileña ha explicado que en 2006, tanto González como Granados fueron a hablar con Lapuerta sobre los dossiers en su contra y se resolvió el asunto. Aguirre ha puntualizado también que entonces no se acudió a la fiscalía de Madrid, como sí se ha hecho ahora para denunciar la trama de espionaje contra su mano derecha, porque "no había indicios de nada incorrecto". Un juez ha visto ahora, y tras poner en sus manos González la trama destapada por EL PAÍS, indicios de delito por el posible uso de información reservada.
"El escándalo favorece al PSOE"
Por otro lado, Aguirre ha subrayado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea de Madrid, si el Ayuntamiento tiene una unidad parapolicial, como ha publicado El Mundo. La postura de la presidenta frente al escándalo del espionaje destapado por EL PAÍS pasa así de descalificar a este periódico -¿"Y usted por qué cree a EL PAÍS?", se preguntó el día en que este diario publicó la primera de sus informaciones-, a negar los hechos tajantemente y amenazar con los tribunales a todo el que sostenga esta tesis y ahora, finalmente, dar credibilidad a las noticias que apuntan a su principal adversario político. "Quien sí ha creado una unidad parapolicial al margen de la Policía Municipal es el Ayuntamiento de Madrid y ya le ha preguntado la oposición y tendrá que contestar", ha sentenciado la presidenta madrileña. Preguntada si la Comunidad de Madrid se va a encargar de investigar qué es esa unidad y, si es ilegal, disolverla o pedir su disolución, Aguirre ha contestado: "Me está dando usted una idea, yo creo que será la Asamblea de Madrid, como Parlamento autonómico, la que haga las preguntas que corresponda. Habrá que aclararlo, yo creo que el alcalde tendrá que aclarar esa cuestión".
A preguntas de los oyentes, Aguirre ha vuelto a rechazar "frontalmente" que exista una trama de espionaje en la región y ha afirmado con contundencia que el escándalo "favorece" al PSOE y al Gobierno: "Ya lo dijo Zapatero: 'Vamos a ganar en Madrid como sea". "Al PP le debiblita" la crisis con dos citas electorales a la vista en Galicia y País Vasco. Por su parte, María Dolores de Cospedal ha asegurado que es un disparate afirmar que la dirección del partido vaya a por Aguirre y ha subrayado que el mayor daño político se le está haciendo al PP. En Telemadrid, De Cospedal ha respondido así al ser preguntada por si, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmara ayer que se sentía "una víctima" de las informaciones, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la número dos del PP. De Cospedal, discípula política de Aguirre y a la que Rajoy ha ordenado una investigación interna sobre el supuesto espionaje, ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalcado que debe defender "el buen nombre" de su partido. "Tenemos la obligación de defender la trayectoria intachable del PP. Haré todo lo que esté en mi mano para que sea así", ha señalado.
"Yo no sé absolutamente nada de este asunto y en mi tiempo no pasaban esas cosas", ha dicho el senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga, en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha asistido a la investidura como Doctor Honoris Causa del ex vicepresidente económico del Gobierno y ex gerente del FMI Rodrigo Rato. A este acto también han asistido Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Soraya Sáenz de Santamaría, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas. Por su parte, Ignacio González ha pedido a la Justicia que investigue urgentemente "quién tiene tanto
interés en hacer dossieres" sobre su vida con el objetivo de hacerle "daño en lo personal y en lo político" y de "perjudicar al Gobierno regional y a su presidenta, Esperanza Aguirre", aunque la investigación judicial ya está en marcha.
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Interior de Madrid posee tres equipos de vigilancia paralelos
La estructura es fruto de las sospechas mutuas entre Granados y González
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 27/01/2009
El departamento de Seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid tiene tres cabezas. Un director general, Enrique Barón (ex jefe superior de Policía de Madrid); un director del área de Seguridad, Sergio Gamón (ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre y ex director general de Seguridad), y un asesor de Seguridad, Marcos Peña (ex jefe de Seguridad de Iberdrola y fabricante de dossiers, uno de ellos para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con información falsa, según una sentencia judicial de enero pasado).
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Francisco Granados
No hay dependencia jerárquica entre los ex policías que dirigen cada equipo
Pese a este organigrama, no hay ninguna dependencia jerárquica entre Barón, Gamón y Peña.
Los dos últimos no responden ante el que debería ser su jefe natural, Enrique Barón. Esta insólita estructura en un departamento cuestionado por prácticas de espionaje a políticos (existen partes de seguimiento entre marzo y mayo de 2008 al vicealcalde, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en los cuales los agentes señalan su dependencia de la Dirección General de Seguridad) obedece a la desconfianza instalada entre los distintos consejeros del Gobierno regional.
El más antiguo de los tres jefes de la seguridad autonómica es Sergio Gamón, fichado el 12 de mayo de 2006 como director general. Gamón era un viejo conocido de Esperanza Aguirre, con quien había trabajado en su etapa de ministra y presidenta del Senado. Cuando llegó a la Consejería de Interior, su titular, Alfredo Prada, tenía su propio hombre de confianza, Juan Carlos Fernández, que descendió un escalón en la consejería y se puso a las órdenes de Gamón.
Con el paso del tiempo, la desconfianza se instaló entre ambos, hasta el punto de que un día después de que Aguirre destituyera de su puesto de consejero a Alfredo Prada (26 de junio de 2008), Gamón acudió con sus hombres al despacho de Fernández y, según ha denunciado éste a la Fiscalía, le requisaron documentos y se llevaron su ordenador personal.
Durante todo el mandato de Gamón (mayo de 2006 a julio de 2008), según indican los colaboradores de Prada (consejero de Interior hasta junio del año 2007) y de Granados (consejero de Interior desde entonces hasta hoy), el director general no despachaba ni daba cuenta de sus actividades ante ellos, sino ante el vicepresidente regional, Ignacio González o ante el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, hombre de González.
Cuando Granados llegó a la consejería intentó montar su propio equipo, aunque no pudo echar a Gamón. Primero fichó a tres guardias civiles de Valdemoro como asesores de seguridad (septiembre de 2007) y nueve meses después contrató al ex policía Marcos Peña como jefe de estos tres.
Granados destituyó el 17 de julio de 2008 a Gamón cuando se hizo público el episodio del robo de documentos y de un ordenador en un despacho de la Consejería de Justicia. Había perdido la confianza en el principal jefe de Seguridad, pero no pudo deshacerse de él. Ese mismo día, cambió la estructura de su consejería para crear una dirección de Área de Seguridad.Una semana después nombró a Enrique Barón como sustituto de Gamón y, el mismo día de ese nombramiento creó otro cargo para poner a Gamón al frente de la dirección del área de Seguridad recién creada. Barón asegura que ni Gamón ni Peña dependen de él.
De los tres jefes, sólo uno de ellos, Sergio Gamón, estaba en la Consejería de Interior durante los meses en que, según ha quedado acreditado por distintos documentos, se hicieron seguimientos a políticos y, al menos, a un directivo de la Comunidad de Madrid al que se le acabaron requisando documentos y un ordenador personal cuando estaba ausente de su despacho.
La veracidad de los partes de seguimientos a políticos ha quedado acreditada por los datos secretos y exactos que contienen respecto a la actividad pública y privada a cualquier hora del día de las al menos dos víctimas del espionaje: Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia. También ha quedado probada por las anotaciones manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento de matrículas de vehículos sin relación con la causa del espionaje político, que pasaban por determinados lugares y eran identificados por los espías. En los partes, los ex policías también hacían referencia al departamento de Interior de la Comunidad mediante distintas fórmulas refiriéndose a sus jefes inmediatos: Sergio Gamón, director General, y Miguel Castaño, su mano derecha y subdirector del departamento.
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El dossier que Rajoy no investigó
El dossier principal sobre el número dos de Aguirre tiene 69 páginas y detalla patrimonio, adjudicaciones y relaciones de Ignacio González.
MANUEL RICO - MADRID - 28/01/2009 08:00
Esperanza Aguirre sostiene que en Madrid no hay espías. Pero lo cierto es que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha tenido sobre su mesa un mínimo de dos informes sobre patrimonio, relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas por el número dos de Aguirre, el vicepresidente de la Comunidad Ignacio González.
De acuerdo con la versión oficial del PP, Rajoy ni siquiera leyó los dossiers y se los trasladó a la presidenta madrileña, quien no adoptó ninguna medida al entender que todo era legal.
Rajoy recibió varios informes, pero decidió no investigarlos
Público ha tenido acceso a dos de los informes. El principal es un dossier de 69 páginas, que recoge una detallada información sobre González. Expertos en temas de seguridad consultados por este diario indicaron que "para su elaboración se pudo tardar meses", ya que la investigación abarca desde el núcleo familiar hasta las principales relaciones profesionales y de amistad establecidas por el vicepresidente.
Aunque la copia del dossier que obra en poder de este diario no está fechada, un análisis de la múltiples referencias temporales que se realizan en el documento permite concluir que fue redactado a finales de 2006 o principios de 2007.
"Grupo de amigos"
La conclusión básica del informe es que el vicepresidente madrileño lidera "un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II".
En el documento manejado por la cúpula del PP se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una "caja de caudales" y que en ocasiones "paga en negro". Igual que otras afirmaciones contenidas en el dossier están respaldadas documentalmente, no hay ninguna prueba que demuestre esos supuestos abonos irregulares.
8.000 euros en metálico
Las formas de pago de Ignacio González se convirtieron en noticia la semana pasada, cuando el propio vicepresidente madrileño aseguró que había pagado "en metálico" los 8.000 euros que costó un viaje a Suráfrica porque le "venía bien".
En el documento se cifra en 1,8 millones el patrimonio de González y su mujer
El viaje a Johannesburgo es, precisamente, la clave del segundo dossier. Se trata de un documento más modesto, que no llega a diez páginas, donde se relatan las relaciones de González con el empresario Enrique Sánchez González. Parte de este informe fue desvelado por El País, el pasado 20 de enero, y provocó una denuncia de la Comunidad de Madrid que ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, al entender que hay indicios de delito.
Los autores de este documento sostienen que el viaje a Suráfrica de González y su esposa fue abonado en realidad por el empresario, como supuesto pago por contratos públicos. El vicepresidente aseguró que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez. Público demostró la semana pasada que esa afirmación no era cierta, ya que el Canal de Isabel II que preside González otorgó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez.
Adjudicaciones bajo lupa
En el dossier de 69 páginas, se repasan una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares, realizadas por organismos controlados por el vicepresidente. En concreto, se habla de la concesión de un campo de golf en el centro de Madrid (en el barrio de Chamberí), del reparto de televisiones digitales en la comunidad autónoma, de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y de la gestión del Palacio de Deportes.
En el documento también se destaca la amistad personal y las relaciones entre González y el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín. Diversas informaciones aparecidas esta semana indican que Pedro Antonio Martín Marín fue otro de los pasajeros en la excursión a Suráfrica.
Los principales protagonistas del escándalo
Esperanza Aguirre
Presidenta de la Comunidad. Sus dos principales colaboradores –Ignacio González y Francisco Granados– están implicados en el caso. Ella los ha respaldado y se presenta como víctima de una conspiración para acabar con su carrera política. Su entorno afirma que detrás de esa maniobra están sus principales adversarios internos: Rajoy y Ruiz-Gallardón.
Ignacio González
Vicepresidente autonómico y persona de la máxima confianza de Aguirre. Alguien ordenó investigar su patrimonio, sus relaciones y las adjudicaciones de los organismos bajo sus órdenes. También fue espiado en dos viajes a Colombia y Suráfrica. Rajoy fue informado sobre la existencia de los ‘dossiers’, pero no hizo nada. Tras publicarse que había sido espiado, la Comunidad presentó una denuncia ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha abierto diligencias.
Francisco Granados
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. ‘El País’ lo acusó de montar un servicio secreto de espionaje con ex guardias civiles y ex policías. Él lo ha negado con vehemencia. Aguirre dice que la dirección del PP también manejó un ‘dossier’ sobre Granados.
Álvaro Lapuerta
Ex tesorero del PP y persona que ha mantenido durante años una estrecha relación con Rajoy. Recibió los informes comprometedores sobre González y Granados e informó sobre ello al presidente del partido.
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Uno de sus consejeros fue sancionado por “infracción grave”
La empresa beneficiada millonariamente por Camps acoge a amigos de Aznar, Villalonga y Agag
ANDRÉS VILLENA OLIVER
La concesión millonaria de la Generalitat de Camps a la empresa Orange Market, que, por cerca de un millón de euros, se va a encargar de montar y diseñar el pabellón valenciano en la próxima Feria Internacional del Turismo (FITUR), tiene detrás más razones y conexiones que las reveladas en un principio por El Plural, que describió el lunes cómo en el organigrama de la entidad concesionaria destaca la cercanía de uno de sus consejeros, Ramón Blanco Balín, con el ex presidente José María Aznar.
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La amistad que Blanco Balín mantenía con Aznar –ambos, por cierto, inspectores fiscales en excedencia- influyó probablemente en el nombramiento del primero como vicepresidente corporativo y después consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina. Balín participó activamente en los acuerdos que llevaron a la adquisición de la argentina YPF por la compañía entonces con más facturación de la economía española. Era un momento en el que las galopantes privatizaciones pilotadas por el PP en el Gobierno colocaron a muchas personas afines al presidente conservador al frente de las grandes ex empresas públicas. En este sentido, Blanco Balín también fue consejero de la empresa Gas Natural, otro puesto de designación política.
“Infracción grave”
El largo recorrido de Balín por la empresa privada nos lleva también al consejo de administración de Ercros, en el momento en que la entidad estaba presidida por el financiero Javier de la Rosa. Balín figuró, a su vez, como apoderado de las entidades Real Estate Equity Portfolio e Inversiones Kintamany. Sin embargo, su paso como consejero de NH Hoteles se saldó con una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005. Blanco Balín fue multado con 6.000 euros por “infracción grave”, al no haber comunicado a tiempo la adquisición de acciones de la propia empresa, de cuyo consejo de administración formaba parte.
Y los Albertos…
No se quedan los Albertos fuera del círculo de influencia de Balín, que constituyó con estos una fundación, OI Jogi, en 2007, en la que figura como secretario. Villalonga Pero Orange Market da mucho más de sí. Fundada en 2003, casualmente, por el ex diputado popular en el Parlamento gallego Pablo Crespo, cuenta como presidente con Álvaro Pérez Alonso, antiguo asesor de imagen y colaborador del ex presidente de otra gran empresa como Telefónica, Juan Villalonga –por cierto, gran amigo de Aznar-. El diario Levante informó en su momento de la aparición conjunta de Pérez y Villalonga en la breve luna de miel que el ejecutivo valenciano mantuvo con el Valencia C.F.
El mordisco
Según este diario, “el asesor Álvaro Pérez permaneció en un lateral superior del escenario, a donde Villalonga dirigió su mirada constantemente buscando la aprobación a su gestualidad”. Como ya informó en su momento El Plural, la brevísima relación de Villalonga con el club ché se saldó con una nada despreciable indemnización de diez millones de euros para el bolsillo del compañero de pupitre de José María Aznar.
Más vínculos
Pero queda mucho más por contar: Álvaro Pérez, amigo personal de Alejandro Agag el conseguidor, estuvo vinculado a la firma Special Events, uno de los principales proveedores de PP a nivel nacional. Sin embargo, tras perder las elecciones generales en 2004 y tomar Mariano Rajoy el control del partido, Pérez perdió influencia en Génova y decidió instalarse en la Comunitat Valenciana, donde, como se ha podido comprobar, está haciendo camino.
Todo queda en casa
Orange Market constituye, por tanto, un nido de antiguos colaboradores y puestos de confianza del Partido Popular. Sus trabajos para la Generalitat de Camps no se quedan en el FITUR de este año, pues se trata de la quinta edición de la feria que cuenta con esta entidad como concesionaria de la Comunidad valenciana. Las mayorías absolutas y la opacidad del régimen regional de Francisco Camps parecen permitir que, por ahora, todo quede en casa. De la oposición progresista y de ciertos medios independientes depende el desenlace final.
avillena@elplural.com
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Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
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dimarts, 27 de gener del 2009
Espionatge al PP de Madrid: L'Aguirregate i Los hombres de Paco. 26/01/2009.
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Pobra Espe, la persegueixen. És una conspiració contra tan honesta dama!
Esperancita está triste, ¿qué tendrá Esperancita?
De qui va ser víctima la Comunidad de Madrid el 12 de juny del 2003, tan tamaya data?
Atenció, s'acosta la Nit de Sant Valentí. Els Capone i els Luciano no perdonen i el cap d'un cavall pot aparèixer en qualsevol llit o en qualsevol garatge, i aquest cop no de Xicago.
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Si Esperanza cae....................
Especial Francisco Granados Spy : ¿ Un súper agente por cuenta propia o ajena ? las 24 h
La condesa gacela y Pedro J : Dos ambiciosos con un mismo destino
Los amigos de La Cosa son amigos del piadoso de Camps
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Aguirre: "Soy una víctima. Políticamente van a por mí"
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Funcionarios denuncian acoso por negarse a espiar
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 26/01/2009
Los representantes de los trabajadores en la Comunidad de Madrid han denunciado que desde la Consejería de Interior se han encargado seguimientos a políticos que "rayan la ilegalidad" y que los trabajadores que se han negado a realizarlos han sufrido "acoso y hostigamiento".
Cospedal se prepara para llamar a los jefes de los espías
PSOE e IU registran la solicitud de comisión de investigación
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
"Algo huele a podrido en el seno de este Gobierno del PP"
VIDEO - VNEWS - 26-01-2009
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, califica de "intolerable" el silencio de la presidenta Esperanza Aguirre en torno a la trama de corrupción y espionaje albergado supuestamente en el Gobierno regional. - VNEWS
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado una explosiva carta -con fecha de 22 de enero y firmada por el secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, Francisco Javier Sanz-, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. "Como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
El representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente, a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La misiva de UGT añade: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El sindicato, que representa junto a otras centrales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, exige al director general de la Función Pública que "se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".
La carta toma como base las informaciones de este diario: "Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)".
Hasta ahí el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado este diario no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por el consejero de Interior, Francisco Granados, u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid al constatar que por "por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior".
El colectivo tradicional de seguridad se declara ajeno a las labores que realizan los asesores de Granados. Por el contrario, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
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Un ex alto cargo de Prada rechaza tener un 'dossier'
'Seguimientos, 'dossiers' y chantajes', por M. Á. AGUILAR
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Esperanza Aguirre se siente una víctima: "Van a por mí"
La presidenta de la Comunidad de Madrid y 'lideresa' del PP asegura que es "la principal interesada" en que la trama de espionaje se aclare.
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El juez ve indicios de delito en el 'Aguirregate'
M.J. GÜEMES / Y. GONZÁLEZ - Madrid - 26/01/2009 16:09
La Justicia investigará la trama de espionaje que ha provocado una importante brecha en la cúpula del PP. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ordenó ayer abrir diligencias previas sobre los hechos denunciados por el Gobierno de Esperanza Aguirre ante "la posible existencia de una infracción penal". En concreto, estima que pudo haber revelación de secretos.
El corazón de la denuncia interpuesta por la Comunidad son los "distintos seguimientos parapoliciales" que habría sufrido el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, número dos de Aguirre, "durante una serie de viajes públicos y privados". El Gobierno regional alegó –y el juez así lo cita en su auto– que en las persecuciones se utilizaron cámaras ocultas y que en los informes se añadieron fotografías y documentos privados de González.
Ignacio González fue espiado en un desplazamiento a Johannesburgo (Suráfrica) y en otro a Cartagena de Indias (Colombia), en marzo y agosto de 2008. De acuerdo con un dossier divulgado por El País, el empresario Enrique Sánchez González pagó el viaje a Suráfrica al vicepresidente madrileño y a su mujer, en agradecimiento por las adjudicaciones públicas recibidas.
González aseguró que los 8.000 euros del viaje los había pagado él "en metálico" y negó cualquier adjudicación a las empresas de Enrique Sánchez. Este último dato es falso. Público desveló que el Canal de Isabel II –que preside González– adjudicó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, sociedad de la que es propietario Enrique Sánchez.
Antes de incoar diligencias previas, el juez da cinco días al secretario general del Gobierno de Aguirre, Salvador Bolívar, para que especifique si interpuso la denuncia "únicamente en razón de su cargo en nombre de la Comunidad de Madrid o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada". Quiere saber si también interviene en nombre de González, ya que siendo éste el principal perjudicado, entiende que debería ser él quien la presentara.
Desde el Gobierno regional explican que lo que precisamente no desea González es que este procedimiento "solape" la denuncia que presentó también ante la Fiscalía a título personal. Al enterarse de que el juez abría diligencias, el vicepresidente se mostró satisfecho por la "buena noticia".
Ejecutivo cuestionado
González lo considera un paso "adelante" para que se conozca quien está detrás de esta historia, y que ello sirva para poner fin a la actual situación, en la que el Ejecutivo de Aguirre "está siendo permanentemente cuestionado política y éticamente".
"Espero que se esclarezca toda la verdad y que recaiga sobre los promotores de estos seguimientos todo el peso de la ley", indicó González. Por su parte, el otro vicepresidente madrileño y máximo responsable de la Dirección de Seguridad de la Comunidad, Francisco Granados, comparecerá el próximo viernes en la Asamblea de Madrid para informar sobre los seguimientos a políticos del PP que se atribuyen a personal de su departamento. Al final lo hará a petición propia, pero no en el Pleno como había pedido la oposición, sino en Comisión. IU lo calificó como "una tomadura de pelo".
A la espera de que llegue ese momento Granados se despachaba el lunes en una entrevista en El Economista, relacionando las denuncias con Caja Madrid. También anunció que no tenía pensado abandonar el Gobierno regional y que lamentaba que hubiera compañeros, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que no contribuyesen "a superar esta situación".
"Carácter mafioso"
Precisamente, Cobo se reunió el lunes con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, instructora de la investigación interna abierta en el partido. Cobo no quiso comentar la conversación que habían mantenido. Como víctima del supuesto espionaje, dijo que lo consideraba "de carácter mafioso" e insistió en que quiere que se "llegue hasta el final".
Sus colaboradores aseguran que está tranquilo, que la reunión con Cospedal se desarrolló "sin problemas" y que no iba "a entrar" a "provocaciones" de la Comunidad.
En el Ayuntamiento estaban indignados porque la Unión de Policía Municipal había acusado a Gallardón de crear una "unidad parapolicial", cuando a ellos "jamás" se les había pasado algo semejante por la cabeza. "Nosotros nunca hemos espiado", decían desde el Consistorio. Lo mismo que dijo el lunes Aguirre, en el País Vasco, sobre su Gobierno.
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La trama pone a prueba a Mariano Rajoy
El PSOE exige desmontar el servicio de seguridad
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Aguirre reconoce que en 2006 supo que había informes de Granados y González
Afirma que fue el propio Rajoy quien le llamó para comunicárselo. Después, asegura "se demostró que todo era falso"
CADENASER.com /AGENCIAS 27-01-2009
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que conocía la existencia de dossieres relacionados con el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y con el consejero de Presidencia, e Interior, Francisco Granados, desde el año 2006. Sin embargo, Esperanza Aguirre ha matizado que en aquel momento se demostró que todo era "falso y calumnioso".
AUDIOS: Esperanza Aguirre se niega a hacer declaraciones sobre la trama de espionaje
Güemes: "El País publica basurilla para ver si le ayudan a superar la crisis de Prisa"
El equipo de espías requisó un 'dossier' comprometedor de Granados
El Gobierno de Aguirre gastará más de 124 millones en seguridad
El juez ve indicios de delito y abre diligencias sobre la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid
"En el año 2006, a mí me llamó el presidente del partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero tenía unos dossieres de los señores González y Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera parecer que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso", ha asegurado Aguirre en la Asamblea de Madrid antes de participar en un homenaje a las víctimas del Holocausto.
La jefa del Ejecutivo madrileño también ha dicho que por aquel entonces algún miembro del PP dijo que no había que darle "demasiada importancia" al contenido de los dossieres.
"Se sabrá quiénes son los responsables"
En este sentido, Aguirre se ha referido a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid de iniciar diligencias previas para investigar el supuesto espionaje al vicepresidente y ha subrayado que si la Justicia ha decidido abrir el caso es porque "ha visto indicios de delito" tras la denuncia planteada por el Gobierno regional.
"Estoy convencida de que esto se aclarará y saldrá a la luz quiénes son los responsables de este asunto y quiénes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto", ha dicho Aguirre. Sin embargo, no ha querido aventurar nombres y ha dicho que si supiera algo "habría ido al juez". "Lo importante es que yo en esto me siento una víctima, políticamente van a por mí, no les quepa ninguna duda y, por lo tanto, yo soy la primera interesada en que todo se aclare".
Al ser preguntada por si el PP aceptaría que se constituyera una comisión de investigación en el Parlamento regional para depurar responsabilidades, Aguirre ha dicho que no tiene por qué descartarlo, aunque pidió que se estudie si es compatible una investigación parlamentaria con una jurídica.
"En todo caso, mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros de la Comunidad de Madrid y los indicios de delito que se han puesto de manifiesto en estos días, singularmente en el espionaje al vicepresidente regional".
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"Soy una víctima de todo esto"
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Enric Sopena
Cabos sueltos
¡Menuda investigación la de El Mundo!
El Mundo se ha comparado siempre con The Washington Post. Pedro J. Ramírez habría sido inmensamente feliz si él hubiera podido desvelar –junto a Bob Woodward y Carl Bernstein- el caso Watergate, que provocó la caída del presidente norteamericano Richard Nixon en 1974.
Pero, como apuntaban el domingo 25 de enero, Ignacio Escolar en su blog, y en Público, y Javier Valenzuela, también en su blog, y en El Plural, Ramírez frente al affaire de los espías en la Comunidad de Madrid se ha puesto del lado de Nixon y no del Washington Post. Es decir, Ramírez ha apostado por la presidenta Esperanza Aguirre –que se encuentra en el ojo del huracán- y no por la investigación periodística. Es más, se ha erigido en febril guardián de la lideresa.
No está solo
No está solo Ramírez en este trance. La mayoría de los periodistas de la derecha –y también algunos exquisitos o pesimistas de la izquierda- critican con dureza a El País y muy singularmente al colega Francisco Mercado, que es quien viene publicando la tenebrosa historia de los parapolicías de Aguirre. Los acusan de no aportar pruebas y de propagar rumores o falsedades. ¿Por qué no lo hizo? A mí no me extraña en absoluto la actitud de Ramírez. Es verdad que aireó el caso GAL y puso en graves aprietos a Felipe González. Pero no movió ni una ficha para investigar los antecedentes de los GAL, que existieron y actuaban –en la guerra sucia contra ETA- de forma similar. ¿Por qué no lo hizo? Otros grupos similares Porque el Batallón Vasco Español y otros grupos similares salpicaban a los Gobiernos de UCD y, por supuesto, a los del general Franco. Importantes prohombres del PP hubieran probablemente salido más que tocados de haberse investigado no únicamente a los GAL.
Memoria selectiva
Su elección de los GAL y solamente los GAL fue selectiva. Como inequívocamente selectiva fue la memoria de Ramírez. Siendo director de Diario 16 ovacionó, aplaudió y justificó las operaciones violentas contra los terroristas, lo que está perfectamente documentado en las hemerotecas. Luego le sobrevino una profunda y no curada amnesia y se puso al frente de la ofensiva mediática para acabar con González. El objetivo era éste: liquidar al Gobierno socialista. Y, sin duda, este otro: llevar en volandas hasta la Moncloa a José María Aznar, su compañero de padel, y gran jefe de la derechona.
El Ministerio Fiscal
Es tramposo exigir a El País pruebas contundentes, definitivas, cuando ello compete al ministerio fiscal. Lo que es exigible en el periodismo es la veracidad de los hechos. Cuando empezaron los dos bravos periodistas del Washington Post su tarea, sus informaciones eran veraces, y eso gracias a fuentes que no revelaban su nombre. La fuente más importante, conocida como Garganta Profunda, nunca se apartó del anonimato, hasta poco antes de morir, a los 95 años. Se llamaba Mark Felt y ocupaba la dirección adjunta del FBI. Colegas mundiales Nixon y sus colaboradores negaron la mayor e hicieron cuanto estuvo en sus manos para silenciar a los periodistas y para desacreditar al Washington Post. Otros medios más conservadores y menos rigurosos apoyaron a Nixon. El trabajo de Mercado no es ningún invento. Denigrarlo, como hacen ciertos colegas mundiales que procuraron dar gato por liebre en la autoría del 11-M, sin ninguna prueba solvente, no merece más que el desdén y el desprecio.
La teoría de la conspiración
Pero en torno al 11-M se jugaba asimismo el futuro político de Aznar y el del PP, según ha podido observarse durante los últimos cinco años. La teoría de la conspiración sobre el 11-M no fue una investigación periodística; fue una maniobra estratégica para impedir el derrumbe de la derecha política. El caso Afinsa Ahora tratan de evitar, como sea, el derrumbe de Aguirre, cuya concepción del PP es neocon y, para ser más exactos, de la escuela aznarista, que viene a ser lo mismo. Resulta comprensible su enfado. De momento, las revelaciones del colega Mercado han hecho aflorar una historia pánica del ex policía Peña (el jefe actual del espionaje madrileño), quien fabricó una intoxicación sobre el caso Afinsa para echar mierda al Gobierno Zapatero. Naturalmente, esa gran exclusiva ocupó un día la portada de El Mundo. La Justicia sentenció más tarde que era una información falsa. ¡Menudo periodismo de investigación el de Ramírez!
Enric Sopena es director de El Plural
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Aguirre compra la versión de El Mundo, implicando a Rajoy
Pobrecita doña Espe: "Lo importante es que yo soy una víctima; políticamente van a por mí"
El Chato de Cameros los justificó ante Rajoy porque, como "policía honorario", accedía a mucha información
V.V.
El diario El Mundo continúa hoy dando su propia versión de la supuesta trama de espionaje en el seno del PP de Madrid que comenzó a destaparse a través de El País. El periódico de Pedro J. Ramírez apunta hoy contra Génova y señala que fue el histórico Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, quien tuvo en su poder dossiers con información comprometida sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y sobre el consejero de Presidencia, Francisco Granados. El propio Mariano Rajoy tuvo conocimiento de dichos informes aunque el rotativo matiza que “no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio”.
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La supuesta trama de espionaje que, según desveló El País, se ha venido desarrollando en el entorno de la Comunidad de Madrid sigue engordando con nuevos episodios. El diario El Mundo, que en los últimos días se ha esforzado por vincular los hechos con la lucha por el poder en Caja Madrid y por encontrar nuevos equipos parapoliciales dependientes del Ayuntamiento de la capital, pone ahora la vista en la dirección nacional del PP. Informes sobre González y GranadosSegún el rotativo, después de las elecciones generales el entonces tesorero de los populares, Álvaro Lapuerta, manejó informes que afectaban al número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González (también espiado según las informaciones de El País), y a su consejero de Presidencia, Francisco Granados.
Informes comprometidos como policía honorario
El propio Lapuerta, histórico dirigente de Alianza Popular y el PP conocido en su tierra como el Chato de Cameros, había confirmado a El País que en mayo de 2008, dos meses después de los comicios, denunció ante Rajoy que estaba siendo sometido a vigilancia por personas procedentes de la Comunidad de Madrid. Según El Mundo, esos seguimientos se produjeron después de que el propio Lapuerta mantuviera sendos encuentros con Granados y González para advertirles que conocía datos comprometedores sobre sus patrimonios y sus vidas personales. El ex tesorero del PP argumentó la existencia de estos informes apuntando que había trabajado en Interior en el pasado y que es policía honorario, lo que le hace tener acceso a mucha información.
Rajoy no utilizó al información
Según la información, firmada por Casimiro García-Abadillo, vicedirector del periódico, Rajoy tuvo conocimiento de estos informes, pero les restó importancia y no abrió ningún tipo de investigación interna sobre las supuestas irregularidades de los políticos madrileños. Además, señala el periódico, el líder del PP “no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio”.
"Lucha entre clanes"
No obstante, desde el editorial se insiste en que el hecho de que los informes aparecieran tras los comicios “no es baladí, puesto que en ese momento Rajoy había perdido las elecciones y un sector interpretó que Esperanza Aguirre intentaba el asalto al PP”. “El asunto del espionaje podría ser una derivada de una lucha entre clanes del partido”, advierte Pedro J., que engloba el asunto bajo el epígrafe de “crisis político-financiera en el PP”, manteniendo las vinculaciones del caso con la lucha de poder en el seno de Caja Madrid.
Pedro J. apunta a Génova y sitúa al histórico Lapuerta detrás de los dossiers contra Granados y González
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FRANCISCO MERCADO - Madrid - 26/01/2009
Los representantes de los trabajadores en la Comunidad de Madrid han denunciado que desde la Consejería de Interior se han encargado seguimientos a políticos que "rayan la ilegalidad" y que los trabajadores que se han negado a realizarlos han sufrido "acoso y hostigamiento".
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Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
"Algo huele a podrido en el seno de este Gobierno del PP"
VIDEO - VNEWS - 26-01-2009
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, califica de "intolerable" el silencio de la presidenta Esperanza Aguirre en torno a la trama de corrupción y espionaje albergado supuestamente en el Gobierno regional. - VNEWS
El sindicato UGT, que asegura contar entre sus afiliados con 18 de los 40 miembros que conforman el núcleo duro de la seguridad de la Consejería de Interior, ha enviado una explosiva carta -con fecha de 22 de enero y firmada por el secretario del sector de la Administración autonómica de Madrid, Francisco Javier Sanz-, al director general de la Función Pública del Gobierno regional, Miguel López González. "Como usted sabe, este colectivo conformado por unas 40 personas y que son empleados públicos (personal laboral fijo y funcionarios de carrera) de la Comunidad de Madrid, ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años, por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación a sus funciones y podrían rayar en ilegalidad".
El representante de UGT se refiere en su carta, sin mencionarlo expresamente, a tareas de seguimiento a políticos como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada efectuado por ex policías a sueldo de la Comunidad de Madrid que en sus notas del espionaje mencionaban expresamente a sus dos jefes Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y Miguel Castaño, subdirector.
La misiva de UGT añade: "Como en nuestra opinión es absolutamente incierto que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente (...), solicitamos de esa dirección general que se abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, a los efectos de determinar si los integrantes del servicio de seguridad de la Comunidad han participado de la 'supuesta trama' que se plantea, ya sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores, y se confirme y restituya la honradez y el buen hacer de la mayoría de los integrantes de este colectivo".
El sindicato, que representa junto a otras centrales a los trabajadores de la Comunidad de Madrid, exige al director general de la Función Pública que "se actúe hasta las últimas consecuencias contra aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios, extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".
La carta toma como base las informaciones de este diario: "Durante los últimos días hemos estado asistiendo a diversas informaciones en los medios que imputan actividades supuestamente ilegales cometidas por personal de seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos actos hasta el día de hoy han sido, insisto según los medios de comunicación, imputados al personal de confianza (asesores de seguridad, o lo que es lo mismo funcionarios de empleo)".
Hasta ahí el colectivo de trabajadores mantenía silencio, pero cuando Granados insinuó que poseía la misma estructura de seguridad que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, los agentes perdieron la calma. Porque ellos sabían que las actividades sospechosas o secretas que ha destapado este diario no tienen como foco el personal clásico al servicio de la Consejería de Interior, sino a "los paracaidistas" que han puesto pie en ella en calidad de "asesores" fichados por el consejero de Interior, Francisco Granados, u otros altos cargos del Gobierno, como el ex director general Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
De ahí la ira del colectivo de trabajadores de la Seguridad de la Comunidad de Madrid al constatar que por "por algún medio de comunicación se ha trasladado que podrían estar o haber participado en la supuesta trama técnicos especialistas en seguridad propios de la Comunidad de Madrid y, en concreto, encuadrados en la Consejería de Interior".
El colectivo tradicional de seguridad se declara ajeno a las labores que realizan los asesores de Granados. Por el contrario, según la nota de UGT, "se siente perjudicado por la deriva en la gestión de la seguridad generada por los sucesivos integrantes del grupo de cargos de confianza y asesores que ha traído el Gobierno regional, especialmente desde septiembre de 2007, con la irrupción del equipo de Sergio Gamón y Miguel Castaño, ex director y ex subdirector, respectivamente, hasta la llegada de Enrique Barón, actual director general".
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Un ex alto cargo de Prada rechaza tener un 'dossier'
'Seguimientos, 'dossiers' y chantajes', por M. Á. AGUILAR
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El juez ve indicios de delito en el 'Aguirregate'
M.J. GÜEMES / Y. GONZÁLEZ - Madrid - 26/01/2009 16:09
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Ignacio González fue espiado en un desplazamiento a Johannesburgo (Suráfrica) y en otro a Cartagena de Indias (Colombia), en marzo y agosto de 2008. De acuerdo con un dossier divulgado por El País, el empresario Enrique Sánchez González pagó el viaje a Suráfrica al vicepresidente madrileño y a su mujer, en agradecimiento por las adjudicaciones públicas recibidas.
González aseguró que los 8.000 euros del viaje los había pagado él "en metálico" y negó cualquier adjudicación a las empresas de Enrique Sánchez. Este último dato es falso. Público desveló que el Canal de Isabel II –que preside González– adjudicó un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, sociedad de la que es propietario Enrique Sánchez.
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Ejecutivo cuestionado
González lo considera un paso "adelante" para que se conozca quien está detrás de esta historia, y que ello sirva para poner fin a la actual situación, en la que el Ejecutivo de Aguirre "está siendo permanentemente cuestionado política y éticamente".
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A la espera de que llegue ese momento Granados se despachaba el lunes en una entrevista en El Economista, relacionando las denuncias con Caja Madrid. También anunció que no tenía pensado abandonar el Gobierno regional y que lamentaba que hubiera compañeros, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que no contribuyesen "a superar esta situación".
"Carácter mafioso"
Precisamente, Cobo se reunió el lunes con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, instructora de la investigación interna abierta en el partido. Cobo no quiso comentar la conversación que habían mantenido. Como víctima del supuesto espionaje, dijo que lo consideraba "de carácter mafioso" e insistió en que quiere que se "llegue hasta el final".
Sus colaboradores aseguran que está tranquilo, que la reunión con Cospedal se desarrolló "sin problemas" y que no iba "a entrar" a "provocaciones" de la Comunidad.
En el Ayuntamiento estaban indignados porque la Unión de Policía Municipal había acusado a Gallardón de crear una "unidad parapolicial", cuando a ellos "jamás" se les había pasado algo semejante por la cabeza. "Nosotros nunca hemos espiado", decían desde el Consistorio. Lo mismo que dijo el lunes Aguirre, en el País Vasco, sobre su Gobierno.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que conocía la existencia de dossieres relacionados con el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y con el consejero de Presidencia, e Interior, Francisco Granados, desde el año 2006. Sin embargo, Esperanza Aguirre ha matizado que en aquel momento se demostró que todo era "falso y calumnioso".
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"En el año 2006, a mí me llamó el presidente del partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero tenía unos dossieres de los señores González y Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera parecer que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso", ha asegurado Aguirre en la Asamblea de Madrid antes de participar en un homenaje a las víctimas del Holocausto.
La jefa del Ejecutivo madrileño también ha dicho que por aquel entonces algún miembro del PP dijo que no había que darle "demasiada importancia" al contenido de los dossieres.
"Se sabrá quiénes son los responsables"
En este sentido, Aguirre se ha referido a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid de iniciar diligencias previas para investigar el supuesto espionaje al vicepresidente y ha subrayado que si la Justicia ha decidido abrir el caso es porque "ha visto indicios de delito" tras la denuncia planteada por el Gobierno regional.
"Estoy convencida de que esto se aclarará y saldrá a la luz quiénes son los responsables de este asunto y quiénes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto", ha dicho Aguirre. Sin embargo, no ha querido aventurar nombres y ha dicho que si supiera algo "habría ido al juez". "Lo importante es que yo en esto me siento una víctima, políticamente van a por mí, no les quepa ninguna duda y, por lo tanto, yo soy la primera interesada en que todo se aclare".
Al ser preguntada por si el PP aceptaría que se constituyera una comisión de investigación en el Parlamento regional para depurar responsabilidades, Aguirre ha dicho que no tiene por qué descartarlo, aunque pidió que se estudie si es compatible una investigación parlamentaria con una jurídica.
"En todo caso, mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros de la Comunidad de Madrid y los indicios de delito que se han puesto de manifiesto en estos días, singularmente en el espionaje al vicepresidente regional".
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"Soy una víctima de todo esto"
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Enric Sopena
Cabos sueltos
¡Menuda investigación la de El Mundo!
El Mundo se ha comparado siempre con The Washington Post. Pedro J. Ramírez habría sido inmensamente feliz si él hubiera podido desvelar –junto a Bob Woodward y Carl Bernstein- el caso Watergate, que provocó la caída del presidente norteamericano Richard Nixon en 1974.
Pero, como apuntaban el domingo 25 de enero, Ignacio Escolar en su blog, y en Público, y Javier Valenzuela, también en su blog, y en El Plural, Ramírez frente al affaire de los espías en la Comunidad de Madrid se ha puesto del lado de Nixon y no del Washington Post. Es decir, Ramírez ha apostado por la presidenta Esperanza Aguirre –que se encuentra en el ojo del huracán- y no por la investigación periodística. Es más, se ha erigido en febril guardián de la lideresa.
No está solo
No está solo Ramírez en este trance. La mayoría de los periodistas de la derecha –y también algunos exquisitos o pesimistas de la izquierda- critican con dureza a El País y muy singularmente al colega Francisco Mercado, que es quien viene publicando la tenebrosa historia de los parapolicías de Aguirre. Los acusan de no aportar pruebas y de propagar rumores o falsedades. ¿Por qué no lo hizo? A mí no me extraña en absoluto la actitud de Ramírez. Es verdad que aireó el caso GAL y puso en graves aprietos a Felipe González. Pero no movió ni una ficha para investigar los antecedentes de los GAL, que existieron y actuaban –en la guerra sucia contra ETA- de forma similar. ¿Por qué no lo hizo? Otros grupos similares Porque el Batallón Vasco Español y otros grupos similares salpicaban a los Gobiernos de UCD y, por supuesto, a los del general Franco. Importantes prohombres del PP hubieran probablemente salido más que tocados de haberse investigado no únicamente a los GAL.
Memoria selectiva
Su elección de los GAL y solamente los GAL fue selectiva. Como inequívocamente selectiva fue la memoria de Ramírez. Siendo director de Diario 16 ovacionó, aplaudió y justificó las operaciones violentas contra los terroristas, lo que está perfectamente documentado en las hemerotecas. Luego le sobrevino una profunda y no curada amnesia y se puso al frente de la ofensiva mediática para acabar con González. El objetivo era éste: liquidar al Gobierno socialista. Y, sin duda, este otro: llevar en volandas hasta la Moncloa a José María Aznar, su compañero de padel, y gran jefe de la derechona.
El Ministerio Fiscal
Es tramposo exigir a El País pruebas contundentes, definitivas, cuando ello compete al ministerio fiscal. Lo que es exigible en el periodismo es la veracidad de los hechos. Cuando empezaron los dos bravos periodistas del Washington Post su tarea, sus informaciones eran veraces, y eso gracias a fuentes que no revelaban su nombre. La fuente más importante, conocida como Garganta Profunda, nunca se apartó del anonimato, hasta poco antes de morir, a los 95 años. Se llamaba Mark Felt y ocupaba la dirección adjunta del FBI. Colegas mundiales Nixon y sus colaboradores negaron la mayor e hicieron cuanto estuvo en sus manos para silenciar a los periodistas y para desacreditar al Washington Post. Otros medios más conservadores y menos rigurosos apoyaron a Nixon. El trabajo de Mercado no es ningún invento. Denigrarlo, como hacen ciertos colegas mundiales que procuraron dar gato por liebre en la autoría del 11-M, sin ninguna prueba solvente, no merece más que el desdén y el desprecio.
La teoría de la conspiración
Pero en torno al 11-M se jugaba asimismo el futuro político de Aznar y el del PP, según ha podido observarse durante los últimos cinco años. La teoría de la conspiración sobre el 11-M no fue una investigación periodística; fue una maniobra estratégica para impedir el derrumbe de la derecha política. El caso Afinsa Ahora tratan de evitar, como sea, el derrumbe de Aguirre, cuya concepción del PP es neocon y, para ser más exactos, de la escuela aznarista, que viene a ser lo mismo. Resulta comprensible su enfado. De momento, las revelaciones del colega Mercado han hecho aflorar una historia pánica del ex policía Peña (el jefe actual del espionaje madrileño), quien fabricó una intoxicación sobre el caso Afinsa para echar mierda al Gobierno Zapatero. Naturalmente, esa gran exclusiva ocupó un día la portada de El Mundo. La Justicia sentenció más tarde que era una información falsa. ¡Menudo periodismo de investigación el de Ramírez!
Enric Sopena es director de El Plural
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Aguirre compra la versión de El Mundo, implicando a Rajoy
Pobrecita doña Espe: "Lo importante es que yo soy una víctima; políticamente van a por mí"
El Chato de Cameros los justificó ante Rajoy porque, como "policía honorario", accedía a mucha información
V.V.
El diario El Mundo continúa hoy dando su propia versión de la supuesta trama de espionaje en el seno del PP de Madrid que comenzó a destaparse a través de El País. El periódico de Pedro J. Ramírez apunta hoy contra Génova y señala que fue el histórico Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, quien tuvo en su poder dossiers con información comprometida sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y sobre el consejero de Presidencia, Francisco Granados. El propio Mariano Rajoy tuvo conocimiento de dichos informes aunque el rotativo matiza que “no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio”.
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La supuesta trama de espionaje que, según desveló El País, se ha venido desarrollando en el entorno de la Comunidad de Madrid sigue engordando con nuevos episodios. El diario El Mundo, que en los últimos días se ha esforzado por vincular los hechos con la lucha por el poder en Caja Madrid y por encontrar nuevos equipos parapoliciales dependientes del Ayuntamiento de la capital, pone ahora la vista en la dirección nacional del PP. Informes sobre González y GranadosSegún el rotativo, después de las elecciones generales el entonces tesorero de los populares, Álvaro Lapuerta, manejó informes que afectaban al número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González (también espiado según las informaciones de El País), y a su consejero de Presidencia, Francisco Granados.
Informes comprometidos como policía honorario
El propio Lapuerta, histórico dirigente de Alianza Popular y el PP conocido en su tierra como el Chato de Cameros, había confirmado a El País que en mayo de 2008, dos meses después de los comicios, denunció ante Rajoy que estaba siendo sometido a vigilancia por personas procedentes de la Comunidad de Madrid. Según El Mundo, esos seguimientos se produjeron después de que el propio Lapuerta mantuviera sendos encuentros con Granados y González para advertirles que conocía datos comprometedores sobre sus patrimonios y sus vidas personales. El ex tesorero del PP argumentó la existencia de estos informes apuntando que había trabajado en Interior en el pasado y que es policía honorario, lo que le hace tener acceso a mucha información.
Rajoy no utilizó al información
Según la información, firmada por Casimiro García-Abadillo, vicedirector del periódico, Rajoy tuvo conocimiento de estos informes, pero les restó importancia y no abrió ningún tipo de investigación interna sobre las supuestas irregularidades de los políticos madrileños. Además, señala el periódico, el líder del PP “no utilizó en ningún momento esa información en su beneficio”.
"Lucha entre clanes"
No obstante, desde el editorial se insiste en que el hecho de que los informes aparecieran tras los comicios “no es baladí, puesto que en ese momento Rajoy había perdido las elecciones y un sector interpretó que Esperanza Aguirre intentaba el asalto al PP”. “El asunto del espionaje podría ser una derivada de una lucha entre clanes del partido”, advierte Pedro J., que engloba el asunto bajo el epígrafe de “crisis político-financiera en el PP”, manteniendo las vinculaciones del caso con la lucha de poder en el seno de Caja Madrid.
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dilluns, 26 de gener del 2009
Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
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Orange Market recibió 175.000 euros por servicios prestados al PP valenciano en las elecciones de 2007
Camps pagará casi un millón de euros a una empresa donde un amigo de Aznar figura como consejero
MARCOS PARADINAS
El Gobierno de Camps ya ha decidido qué empresa se encargará de diseñar, montar y desmontar su pabellón de Turismo en la feria madrileña de Fitur. Será la empresa Orange Market, una empresa amiga del Partido Popular valenciano para el que ha trabajado en la gestión de muchos de sus congresos y actos públicos. Las relaciones entre Orange Market y el Partido Popular llegan hasta dentro del organigrama empresarial, donde aparece como consejero Ramón Blanco Balín, amigo personal de José María Aznar y vicepresidente ejecutivo de Repsol durante su etapa de Gobierno.
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El PP valenciano no se quedará corto en su próximo congreso
La empresa de la mujer del yuppy/pijo Costa, posible candidato alternativo a Rajoy, organizará...
Los datos hablan por sí solos de la estrecha relación entre Orange Market y el Partido Popular valenciano, que gobierna en la Generalitat. En las pasadas elecciones locales, en 2007, las que confirmaron a Camps al frente del Govern, el PPCV facturó a Orange Market alrededor de 175.000 euros por los servicios prestados. La concesión de Turismo de esta vez se acerca al millón de euros.
Vieja conocida
El pasado 15 de enero, la Conselleria de Turismo resolvió el concurso para el suministro de diseño, montaje y desmontaje de los stands que la Comunitat Valenciana presentará en la feria Fitur de Madrid, la Feria Internacional de Turismo de valencia (TCV), Expovacaciones en Bilbao, SITC en Barcelona y la feria INTUR en Valladolid. Según informa Levante, la empresa que recibió la concesión fue Orante Market, una vieja conocida del PP valenciano.
Experta en Fitur
En total, el importe que recibirá Orange Market será de 789.500, que junto al IVA del 16% llega a superar los 900.000 euros. Este es el quinto año consecutivo en que esta empresa se hace con el contrato. Un éxito que se repite desde 2005 y que se acrecienta teniendo en cuenta que la empresa era por entonces una recién llegado, que constituyó Álvaro Pérez en otoño de 2003 cuando llegó de Madrid.
Adjudicación precipitada
Cabe destacar, eso sí, que la adjudicación este año se ha realizado de una manera un tanto precipitada. Apenas 13 días antes de la celebración de Fitur se ha ejecutado la resolución. El pasado día 22 se publicó en el BOE, donde se asegura que la adjudicación tiene fecha de 30 de diciembre. Pérez alega, en todo caso que los responsables de Turismo le comunicaron "por teléfono" una adjudicación provisional en diciembre a la espera de cumplir el plazo de alegaciones, por eso su empresa llevaba trabajando en el pabellón de Fitur desde hace varias semanas.
Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.
Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño, con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.
Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.
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El Consell, a la cola en gasto e inversión
Las conselleries y organismos públicos gastan 2.719 euros por cada valenciano, casi dos veces y media menos que cada navarro y un 34% menos que cada castellano-manchego
Juanjo García Gómez, Valencia
Cinco años después de su entrada en vigor en 2002, el modelo de financiación autonómica Aznar-Zaplana que el PP presentó como un sistema para toda la vida -de ahí la imposibilidad efectiva de actualizar el censo de población, pese a la estrategia de los populares de responsabilizar al Ejecutivo de Zapatero- no sólo no había solucionado el problema de insuficiencia de recursos de la Comunitat, que se arrastraba desde las transferencias, sino que arrojó a la Generalitat a la cola de España en los rankings de gasto e inversión por habitante. Según los datos del Ministerio de Administraciones Públicas referidos a 2007 e incluidos en el informe Perfil económico financiero de las Comunidades Autónomas, que se refieren al gasto de la Administración y los organismos autónomos -sin contar las empresas públicas-, el Consell, con 2.719,67 euros por habitante, fue ese ejercicio el gobierno autonómico con menor presupuesto per cápita de España. Además, fue el penúltimo en inversión per cápita, con 348,07 euros, superando sólo a Cataluña, 342,67. Eso sí, en cuanto al gasto de personal (la nómina de funcionarios y cargos), la Generalitat, con 946,08 euros, escala al puesto 13º de la clasificación estatal.
El dato es demoledor en los inicios de una crisis con tan sombrías perspectivas. ¿En qué condiciones afronta la caja autonómica el terremoto financiero, mientras el Consell anuncia planes que se deben nutrir con el maná del nuevo modelo de financiación aún en el aire? Un modelo que conllevará la actualización anual del censo de población y que elevará la cesta de impuestos, dos medidas que benefician a la Comunitat pero que se convertirán en un dilema para el presidente Francisco Camps, ya que líder del PP, Mariano Rajoy, se ha posicionado en contra.
Los populares han hecho de la reivindicación de mayor financiación un ariete de oposición al Ejecutivo de Zapatero. Sin embargo, la Generalitat no sólo no alzó la voz durante la etapa Aznar para criticar esta situación, sino que abanderó el nuevo modelo para solapar así las cesiones a Cataluña, entonces gobernada por CiU. El nuevo sistema era beneficioso para comunidades, como valenciana, más dinámicas, pero asumir un censo inamovible resultó una desastrosa jugada de póquer para las autonomías con economías potentes y, por ello, más receptoras de población.
El Consell no se plantó entonces. A cambio, optó por lanzarse por la pendiente del endeudamiento para sufragar sus proyectos ante la escasez de fondos. No es casualidad que la deuda de la Comunitat se haya multiplicado por 4,5 desde que gobiernan los populares (de los 2.750 millones que dejó Lerma a los 12.198 millones a septiembre pasado). El endeudamiento de la Comunitat dobla la media española en relación a su capacidad de riqueza, ya que supone el 11,5% de su PIB frente al 5,8% estatal. La siguiente autonomía con semejante lastre es Baleares, con el 8,8%. La valenciana también es la primera en deuda por habitante, 2.425,24 euros, por delante de Cataluña, 2.398,94 euros, y muy por encima de Madrid, 1.585,71 euros. El ministerio no incluye las empresasLos datos del ministerio asignan a la Comunitat un presupuesto consolidado de 13.285,66 millones de euros. Esta cifra es inferior al consolidado que dio a conocer la Generalitat ya que el ministerio sólo consolida los gastos de la administración general (el dinero que gestionan directamente las conselleries) y los organismos autónomos, sin incluir las empresas públicas. Esto es así porque el informe analiza la presupuestación de las administraciones públicas. Muchas de las empresas pueden recurrir a endeudamiento que no computa a efectos del Banco de España. Esto les da margen de maniobra pero distorsiona las cifras a la hora de analizar los respectivos esfuerzos de las administraciones. El criterio aplicado ha sido el mismo para todas las comunidades. La cifra de inversión (capítulos VI y VII) consolidada que se atribuye a la Comunitat es 1.700,33 millones. El dato difundido por el Consell incorporando las SA públicas ascendía a 2.691,74 millones. Los fondos totales de la Comunitat son, con todo, la mitad que los de Cataluña (27.111 millones), que cuenta con casi el doble de habitantes.
El gasto per cápita en la Comunitat, los citados 2.719 euros, está muy lejos de la media autonómica, 3.493,55 euros, y es casi dos veces y media menos que el de los navarros (6.439,16 euros) y, por ejemplo, un 34% menos que los castellano-manchegos (4.127,93). En cuanto a la inversión, los 348 euros son casi la mitad que la media estatal, 656 euros, y más de cuatro veces menos que los navarros. Las autonomías de régimen común dedicaron 1.062,25 euros por habitante a pagar la nómina de sus funcionarios, mientras que la Comunitat destinó 946 euros.
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Aznar "no reconoció" la mitad del millón de valencianos
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EU acusa al PP de falta de ética por los "continuos casos de enchufismo"
Levante-EMV, Valencia La coordinadora de Esquerra Unida País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, acusó ayer al Partido Popular de gobernar "de manera absolutamente alejada de los criterios democráticos occidentales", y afirmó que los "continuos casos de enchufismo y de utilización de las instituciones" que, a su juicio, envuelven a ese partido demuestra que "carece de principios éticos".
Marcos precisó que contratos "vinculados" al PP, "como el caso del hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia", y del hermano de una diputada, contratado, según Marcos, por el parque móvil de la Diputación de Valencia, demuestran la "dinámica del PP de hacer de las instituciones su campo particular de favores y contrataciones personalistas".
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Stepv exige a Educación medidas urgentes para garantizar las clases en valenciano
El sindicato pide la catalogación lingüística de los puesto de trabajo
Europa Press, Valencia
El sindicato Stepv exigió ayer a la Conselleria de Educación medidas "urgentes" para garantizar el derecho del alumnado a recibir las clases en valenciano, entre las que se encuentra la catalogación lingüística de los puestos de trabajo de secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas artísticas, para que el alumnado pueda recibir todas las materias en valenciano.
Stepv hizo esta reivindicación en un comunicado después de que el Síndic de Greuges instara a la conselleria a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de los programas de educación bilingüe en todos los centros financiados con fondos públicos.
El sindicato indicó que esta demanda se une a la que hace un mes realizó el Consejo de Europa, en el que denuncia "la falta de voluntad de la administración valenciana de impulsar el valenciano en los ámbitos en que es competente, especialmente en la educación" e insta a Educación a "tomar las medidas necesarias para extender la enseñanza del valenciano en todo el sistema educativo".
La entidad sindical ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación a través de los informes que realiza anualmente sobre la situación del valenciano en la enseñanza.
Una de las propuestas de Stepv es la catalogación lingüística de los puestos de trabajo de secundaria, tal como se pactó en el acuerdo de plantillas de secundaria de 1999 con efectos a partir de septiembre de 2009. Además, el sindicato demanda la negociación, antes de la finalización de este curso 2008-2009, de unos planes de capacitación lingüística del profesorado de todas las etapas educativas.
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Vieja conocida
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Colaboración en las elecciones
La labor de Orange Market se centra en la gestión de actos públicos, como congresos, mítines, ferias… Y el PP valenciano necesito de muchos de estos servicios en las pasadas elecciones locales de 2007. Tanto es así, que llegó a facturar alrededor de 175.000 euros a esta empresa, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en su último informe de fiscalización de gastos electorales.
Organizadora del Congreso
Orange Market también trabaja prestando servicios de marketing a Feria Valencia, donde realiza labores en calidad de colaborador externo. Es en Feria de Valencia donde el PP valenciano ha decidido celebrar muchos de sus actos. Un ejemplo es el Congreso regional celebrado el pasado mes de otoño, con un despliegue de medios que incluía un macro complejo en forma de “coliseo” erigido en torno de los ponentes y 70 metros cuadrados de pantallas. La empresa encargada del montaje del escenario, y de otras labores, fue Orange Market.
Íntimo de Aznar
La extensión de esta buena relación entre PP y Orange se extiende al organigrama de la empresa. Es ahí donde se encuentra el nombre Ramón Blanco Balín, amigo íntimo del ex presidente José María Aznar, con el cargo de consejero. Balín tiene experiencia en los negocios. Fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Repsol durante el Gobierno del PP, en la época de Alfonso Cortina. También fue consejero en aquella época de Gas Natural.
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El dato es demoledor en los inicios de una crisis con tan sombrías perspectivas. ¿En qué condiciones afronta la caja autonómica el terremoto financiero, mientras el Consell anuncia planes que se deben nutrir con el maná del nuevo modelo de financiación aún en el aire? Un modelo que conllevará la actualización anual del censo de población y que elevará la cesta de impuestos, dos medidas que benefician a la Comunitat pero que se convertirán en un dilema para el presidente Francisco Camps, ya que líder del PP, Mariano Rajoy, se ha posicionado en contra.
Los populares han hecho de la reivindicación de mayor financiación un ariete de oposición al Ejecutivo de Zapatero. Sin embargo, la Generalitat no sólo no alzó la voz durante la etapa Aznar para criticar esta situación, sino que abanderó el nuevo modelo para solapar así las cesiones a Cataluña, entonces gobernada por CiU. El nuevo sistema era beneficioso para comunidades, como valenciana, más dinámicas, pero asumir un censo inamovible resultó una desastrosa jugada de póquer para las autonomías con economías potentes y, por ello, más receptoras de población.
El Consell no se plantó entonces. A cambio, optó por lanzarse por la pendiente del endeudamiento para sufragar sus proyectos ante la escasez de fondos. No es casualidad que la deuda de la Comunitat se haya multiplicado por 4,5 desde que gobiernan los populares (de los 2.750 millones que dejó Lerma a los 12.198 millones a septiembre pasado). El endeudamiento de la Comunitat dobla la media española en relación a su capacidad de riqueza, ya que supone el 11,5% de su PIB frente al 5,8% estatal. La siguiente autonomía con semejante lastre es Baleares, con el 8,8%. La valenciana también es la primera en deuda por habitante, 2.425,24 euros, por delante de Cataluña, 2.398,94 euros, y muy por encima de Madrid, 1.585,71 euros. El ministerio no incluye las empresasLos datos del ministerio asignan a la Comunitat un presupuesto consolidado de 13.285,66 millones de euros. Esta cifra es inferior al consolidado que dio a conocer la Generalitat ya que el ministerio sólo consolida los gastos de la administración general (el dinero que gestionan directamente las conselleries) y los organismos autónomos, sin incluir las empresas públicas. Esto es así porque el informe analiza la presupuestación de las administraciones públicas. Muchas de las empresas pueden recurrir a endeudamiento que no computa a efectos del Banco de España. Esto les da margen de maniobra pero distorsiona las cifras a la hora de analizar los respectivos esfuerzos de las administraciones. El criterio aplicado ha sido el mismo para todas las comunidades. La cifra de inversión (capítulos VI y VII) consolidada que se atribuye a la Comunitat es 1.700,33 millones. El dato difundido por el Consell incorporando las SA públicas ascendía a 2.691,74 millones. Los fondos totales de la Comunitat son, con todo, la mitad que los de Cataluña (27.111 millones), que cuenta con casi el doble de habitantes.
El gasto per cápita en la Comunitat, los citados 2.719 euros, está muy lejos de la media autonómica, 3.493,55 euros, y es casi dos veces y media menos que el de los navarros (6.439,16 euros) y, por ejemplo, un 34% menos que los castellano-manchegos (4.127,93). En cuanto a la inversión, los 348 euros son casi la mitad que la media estatal, 656 euros, y más de cuatro veces menos que los navarros. Las autonomías de régimen común dedicaron 1.062,25 euros por habitante a pagar la nómina de sus funcionarios, mientras que la Comunitat destinó 946 euros.
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Marcos precisó que contratos "vinculados" al PP, "como el caso del hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia", y del hermano de una diputada, contratado, según Marcos, por el parque móvil de la Diputación de Valencia, demuestran la "dinámica del PP de hacer de las instituciones su campo particular de favores y contrataciones personalistas".
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Stepv exige a Educación medidas urgentes para garantizar las clases en valenciano
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