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Considera que muchas de las medidas propuestas ya han sido adoptadas y para otras el Gobierno no tiene competencias
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados no respaldará la propuesta que pactan el resto de grupos parlamentarios, a iniciativa de UPyD, para impulsar la investigación de casos de niños robados. Considera que muchas de las propuestas incluidas en el texto ya han sido adoptadas mientras que para otras el Gobierno no tiene competencias, por lo que su presentación obedece a un interés oportunista.
Así lo ha señalado este miércoles en el la Cámara Baja la diputada del PP María Teresa Angulo Romero durante su turno de intervención en el Pleno de este órgano, el que se han fijado posiciones sobre una moción presentada por Rosa Díez consecuencia de la interpelación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, realizada el pasado 29 de mayo. La moción se votará este jueves.
Para Díez, aún no se han articulado medidas eficaces que faciliten la instrucción de los procedimientos, por lo que a mayoría de los casos terminan archivados.
Para este grupo parlamentario, es importante poner en práctica medidas que garanticen la colaboración de los hospitales públicos, privados y de la iglesia respecto a los expedientes médicos y archivos históricos de los afectados, puesto que el extravío de expedientes y contradicciones documentales son sospechosamente comunes.
Advierte asimismo que otro obstáculo que dificulta sobremanera las actuaciones de investigación es el elevado coste económico que supone para las familias la exhumación de los restos, y posteriores pruebas y cotejos de AND, así como el asesoramiento y asistencia por parte de profesionales.
PROPUESTAS DE LA MOCIÓN
Ante ello, proponen que se emita un requerimiento oficial por parte del Gobierno para instar a todas las instituciones a colaborar y que se facilite el cumplimiento de las órdenes judiciales respecto a la entrega de datos sobre los nacimientos e identidades biológicas de los interesados.
Insta igualmente UPyD y el resto de grupos, y así se incluye en la transaccional, a que se faciliten a los afectados el acceso directo a sus historias clínicas, sin necesidad de orden judicial y se les reconozca institucionalmente como "víctimas". Pide igualmente que se impulse la creación en todas las Comunidades Autónomas de una oficina de atención a la víctima del robo de bebés y una secciones en la Fiscalía especializadas en estos casos.
El pasado 29 de mayo, Ruiz-Gallardón ya anunció que incluirá a los afectados por el 'robo de bebés' en el nuevo Estatuto de la Víctima y que promoverá en Europa que se facilite el tratamiento y acceso a los datos sanitarios cuando la finalidad sea determinar la filiación natural.
Para la portavoz popular, Teresa Angulo Romero, "es difícil encontrar un asunto en que tan sólo en un año se ha hecho tanto", pues ya existe un grupo de trabajo en el que participan varios ministerios y todos os fiscales tienen orden de agotar todas las denuncias, aunque no se puede evitar que se produzca el archivo de alguno de los casos.
"La base de datos única que ustedes piden ya se ha creado, también la oficina de atención a las víctimas a la que se puede acceder desde toda España aunque tenga sede en Madrid", ha añadido la diputada popular. "No hay motivo para la desconfianza de la labor del Gobierno en este asunto -ha añadido-. Hay que huir de la demagogia y el debate oportunista de algunos".
Discrepa de esta postura la diputada del PSOE Gracia Fernández Moya, que a apuntado que a las mujeres a las que "robaron su mayor tesoro" eran en su mayoría jóvenes y solteras. Ha reconocido la labor del Gobierno si bien considera que no es suficiente y que la postura del PP "devalúa este asunto" y se pregunta si no se estará trabajando en algunos sectores para "eludir responsabilidades".
Entre las enmiendas presentadas destaca la de ERC, introducida en el debate por su portavoz, Joan Tardá. Propone recoger el "origen ideológico" franquista de los delitos de robo de los bebés considerándolos como crímenes del Franquismo y la continuidad de los delitos y la organización delictiva durante los primeros años de la democracia.
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