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Baltazar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, afirmó este lunes que su país"debe ser el único Estado en Europa y de los pocos democráticos que no ha hecho absolutamente nada por los desaparecidos" del periodo de la dictadura franquista. "Por esa razón, la sociedad civil, las víctimas y las ONG de derechos humanos insistimos en la necesidad de que el Gobierno español tome la iniciativa de, al menos, impulsar una comisión de la verdad", declaró.
Garzón se encuentra en Ginebra como presidente de FIBGAR, la fundación internacional que lleva su nombre y que trabaja en favor de la jurisdicción universal de la justicia. Como tal asistirá este martes y miércoles a la presentación de España ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Se trata del órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas por parte de los Estados que la han ratificado, que hasta ahora son cuarenta, entre ellos España. En esta misma sesión del comité será evaluado el informe de Argentina.
En una rueda de prensa, Garzón indicó que según cifras establecidas en 2009 -a instancias del juzgado que dirigía-, el número de desaparecidos (no combatientes) en España osciló entre los 136.000 ya 152.000 en el periodo de 1936-1951. Por parte del Estado español, "no existe, después de 75 años, ningún documento, ningún estudio, ningún impulso oficial" para conocer la cifra exacta de víctimas, criticó. "Esto es lo que nos ha traído aquí, la impunidad evidente consagrada por el Tribunal Supremo, que prohibió la investigación de esos crímenes", aseveró.
Lamentó que ante la imposibilidad de efectuar tales investigaciones, tampoco se hayan dado alternativas, como una comisión de la verdad o de memoria histórica "que atienda los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y a la reparación de las víctimas".
Sobre la posición de España, basada en que la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas no se aplica a los casos registrados antes de su entrada en vigor para España (23 de diciembre de 2010), Garzón la juzgó "absolutamente pragmática y para salir del paso". "No se creen lo que dicen porque en el mismo informe en el que contestan al Comité se reconoce que los delitos de detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima, y los secuestros son delitos permanentes, lo que contradice la doctrina fijada por el Tribunal Supremo", opinó. Agregó que la argumentación central de España ante el comité "es más un recurso para evitar cualquier inspección que un argumento válidamente defendible".
El exjuez, quien se encuentra inhabilitado, señaló que este lunes mantuvo una reunión, junto con representantes de otras cinco ONG, con los miembros del comité, quienes son reputados juristas independientes. Asimismo, tiene previsto reunirse con la delegación de Argentina -encabezada por el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Juan Martín Fresnada-, país al que también corresponde comparecer ante el comité.
Otro órgano de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que investiga los casos individuales de desapariciones, visitó España el pasado septiembre y recomendó derogar la ley de amnistía, juzgar los crímenes del franquismo y que España elabore un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Garzón indicó que es previsible que el comité emita recomendaciones similares y que esto tendría un efecto importante. "El impacto de que dos órganos de la ONU dijeran que el Estado español incumple, que no se hace nada, sería altamente favorable a las víctimas y motivaría a poner en marcha una comisión de la verdad", concluyó.
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