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El Nazismo Español solapó robo de niños
En el 2008 el Juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón sorprendió a España y al mundo entero al desistirse del juicio sumario que seguía contra el dictador Francisco Franco y sus aliados por crímenes de guerra y violación a los Derechos Humanos; Al declinar puso al descubierto una perversa política ejercida por el gobierno militar en contubernio con la iglesia católica para el robo de identidad a los niños que fueron arrebatados de “familias vulnerables” durante y después de la guerra civil española y que a la fecha constituyen crímenes de Lesa Humanidad, por lo que instó a jueces locales de la península ibérica a investigar a fondo para regresar la identidad robada medio siglo atrás a quienes hoy aún están con vida.
Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2015-09-10
Los “niños perdidos del franquismo” o “niños robados por el franquismo”, son frases usadas para referirse a los miles de casos de menores que durante la Guerra Civil Española y la posguerra, fueron arrebatados a sus madres biológicas que estaban en la cárcel, campos de concentración, exiliadas o fueron asesinadas por el ejército golpista debido a su oposición al régimen fascista Nazi.
Los delitos de los que fueron objeto son: secuestro, tráfico de niños y adopción ilegal.
El Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón, quien se hiciera famoso por los juicios contra delitos de guerra y contra la humanidad que dirigió desde España en los años 90´s en varios países del mundo, reafirmo en una petición de juicio sumario solicitado a 60 jueces locales, que se debe seguir investigando los secuestros con desaparición de personas y la sustracción a sus padres de menores a los que se dotó de identidades falsas, porque son delitos permanentes que sucedieron antes, durante y en la postguerra civil española y se siguen continuando.
No obstante, al resultar extinguida por fallecimiento la responsabilidad de los autores del plan sistemático de exterminio, asegura, el caso ya no debe continuarse en la Audiencia Nacional, sino en juzgados de lugares en donde se cometieron secuestros y exterminio, justo donde han aparecido fosas clandestinas con restos humanos que, muchos, pueden ser los padres biológicos a quienes les arrebataron a sus hijos ilegalmente durante la dictadura.
Robo de identidad por “familias adictas al régimen”
Para el polémico Juez Garzón, de los documentos que figuran en la causa penal que presentó el 2008, se desprende que "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad.
“A esos niños les habrían cambiado los apellidos para permitir la patria potestad a favor de familias adictas al régimen”, dice el Juez en su causa penal.
Bajo el subtítulo “Los Niños perdidos del Franquismo” El magistrado, en el auto de 152 fojas, destaca que desde el seno del gobierno golpistas se ejerció n “una actividad criminal planeada y sistemática de desaparición forzada y eliminación de personas por razones ideológicas, lo que constituyó un crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Núremberg, que sistematizó el derecho preexistente y se aplicó en los juicios contra los Nazis”.
"Esta situación, agrega el auto, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal.
Para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos, porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos.
“Desaparición legalizada de niños”: crimen de la dictadura
De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha.
Se trata de delitos que no están prescritos ni amnistiados, y las víctimas (los hijos y sus progenitores) podrían estar vivas, por lo que "sus efectos seguirían perpetuándose sobre éstas, ante la inacción de las instituciones del Estado".
Garzón precisa que éstos son los hechos y desde las instituciones, específicamente el Ministerio Fiscal y los jueces competentes, se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare el daño causado a las víctimas, o se ofrezca la posibilidad de que aquellos que están vivos (60 años en adelante) puedan obtener la recuperación de su identidad robada.
Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, asegura Garzón, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito.
Madres republicanas; “Madres vulnerables” para el dictador Franco
Esta demanda del Juez Baltazar Garzón representa un episodio poco conocido de la historia reciente de España. «El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo.
Los niños debían expiar activamente “los pecados de sus padres” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.»
Así se perfila el plan sistemático e ideológico para la formación del nuevo Estado, aplicado a quienes se consideraban contaminados o no aptos para asumir el cuidado y educación de los hijos, por sus ideas políticas, inspirado en la filosofía de pureza ideológica que a través de la doctrina pseudo científica mencionada en el “Razonamiento Jurídico Tercero”, había sido implantada con el auspicio y por orden del Jefe del Estado, Francisco Franco, con la colaboración de la Iglesia Católica española, a partir de agosto de 1938.
Entre los prisioneros de la guerra civil había miles de mujeres militantes de partidos políticos de izquierda o, simplemente, esposas, madres o hermanas de Republicanos. Las cárceles también se llenaban de niños que nacieron o que ingresaron en la prisión con sus madres y que pasaron los primeros años de su vida privados de libertad por ser hijos de Republicanos.
El carácter tradicional y religioso del régimen de Franco daba a la familia y a la infancia papeles muy importantes como pilares de la sociedad española.
Para las reclusas, las instituciones católicas colaboracionistas al régimen elaboraban una selección de niños que podían ser amamantados por su madre unos minutos diarios en su celda hasta que cumplieran tres años. A partir de esa edad eran “destinados a un mejor hogar, donde recibirían todas las atenciones de una familia ejemplar”.
Era los casos más urgentes según las normas de preferencia que el mismo precepto establece, comenzando por los niños sin padre o parientes, surgidos de la miseria material, con riesgo de algún contagio o “casos urgentes de miseria moral, producida por vida irregular de la madre, conducta inmoral o ideas perniciosas de las familias que aviven en los niños”, según dicta el artículo 18-C del Reglamento de las Delegaciones Locales del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el trabajo, entidad católica responsable de las “desapariciones legalizadas” de infantes durante la dictadura franquista.
Exige Garzón reparación del daño moral y legal
En el año 2008, el juez Baltasar Garzón consideró los delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas y la sustracción ilegal de menores a sus padres biológicos, como crímenes contra la Humanidad que no habían prescrito, ya que muchas víctimas, hijos y algunos padres, podían aún estar vivos.
Por este motivo, el magistrado instó a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y se repare el daño a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada.
El juez incluyó en su escrito cifras que elevan a más de 30.000 el número de niños tutelados por la dictadura franquista entre 1944 y 1954 y que fueron albergados en orfanatos e instituciones oficiales administradas por la Iglesia católica. En el informe no se indica que cantidad de esos niños pudieron acabar siendo adoptados ilícitamente por otras familias.
“La jurisdicción penal debe pronunciarse y tiene la obligación legal de establecer “la verdad judicial” a la que las víctimas directas y la sociedad en su conjunto, como víctima también, tienen derecho”, aboga el Juez Garzón.
Y explica: Lo que caracteriza al delito permanente es que la lesión al bien jurídico ha de ser continuada y sin interrupciones, pero los verbos típicos no impiden que el sujeto realice otras actividades simultáneamente, sin que ello suponga la existencia de tantos delitos como actos positivos se ponen para prolongar la situación ilícita
“Lo que ha de ser ininterrumpida es la afección del bien jurídico, producida por una única conducta, la que es adecuada a la descripción típica que hace nacer el delito, y que la prolonga más allá de la consumación inicial hasta la terminación, se integre por uno o por varios actos”.
El informe también menciona las principales formas que podrían haber sido empleadas para la sustracción de menores, incluyendo a los que pudieron ser traídos desde el extranjero entre los años 1939 y 1949, a través de un entramado de acciones y organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange.
Según el juez, a los niños les cambiaron los apellidos para entregarlos a familias afines al régimen franquista, de ahí que afirma que “los niños perdidos son parte de las víctimas del franquismo”.
La inhabilitación del juez Baltasar Garzón en febrero de 2012 acusado de prevaricación en un dictamen en el que se consideró que sus actuaciones habían sido arbitrarias y por encima de la ley ha puesto en duda la continuación de diligencias penales contra la dictadura.
La causa sobre “los niños perdidos del franquismo”, aparentemente fue archivada por la Audiencia Nacional; sin embargo, Garzón antes de ser inhabilitado logró que el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunciara la creación de un servicio de atención para los afectados por el caso de niños robados en los que se incluye la elaboración de un censo de posibles casos.
También se logró que Consejo de Europa ofreciera el primer reconocimiento internacional a los hijos de las presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados o suplantados ilegalmente.
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