La falta de medios, principal problema

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LOCAL

 

DESAPARICIONES FORZOSAS

• Javier Vicente
 
•  07 Septiembre 2015
 
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Luisa Vicente, presidenta de la Asociación Memoria y Justicia en Salamanca

El arduo trabajo de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca se ve truncado cuando se hace necesario el dinero para seguir las investigaciones. Este lo reciben de diferentes personas y colectivos interesados en ayudar a la causa. Las instituciones apenas aportan a pesar de que, para la Asociación, este trabajo debería ser cuestión de Estado, algo que han reclamado numerosas organizaciones como Amnistía Internacional o, incluso, las Naciones Unidas

Como siempre, el dinero. Ese es el principal problema que se encuentra la Asociación Memoria y Justicia para conseguir localizar a todos los desaparecidos forzados de los que aún se desconoce su paradero. Podrían estar en cualquiera de las más de dos mil fosas que, según la Fundación Internacional Baltasar Garzón, hay repartidas por España donde los restos de 150.000 personas están esparcidos. Estas cifras convierten al país en el segundo con un mayor número de desaparecidos, solo por detrás de Camboya, siempre según FIBGAR.

Para la presidenta de la Asociación Memoria y Justicia en Salamanca, Luisa Vicente, el problema de la falta de medios no debía ser tal ya que debía ser el propio Estado el que se hiciera cargo de la situación como ha ocurrido en otros países. Además, las Naciones Unidas han instado al Gobierno español en varias ocasiones a cambiar su política al respecto recomendándoles hasta 42 cosas en un informe que se realizó en 2014 que recordaba que España está obligada por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que se ratificó en 2010, a “asumir su responsabilidad" y elaborar "una política de Estado comprensiva, coherente y permanente” que permita a los familiares de estos desaparecidos forzados saber qué paso con sus seres queridos y recuperar sus restos. 

El Estado, sin embargo, denuncia la Asociación, apenas se mueve frente a este supuesto y son ellos, entre otros, los que intentan hacer cumplir la ley pese a no recibir subvención ni ayudas. De hecho, el dinero que reciben es gracias “a la generosidad de la gente” como ha ocurrido en el último caso. La compañía ‘La lengua del teatro’ destinó una de sus últimas sesiones íntegras para una exhumación que tendrá lugar en Vecinos próximamente. Lo que tiene claro Luisa Vicente es que no se le pedirá a las familias dinero. “Bastante tienen con perder el ser querido”, afirma. 

Recuerda además una subvención que le concedió el anterior Gobierno nacional para otra exhumación en Pedrotoro que al final se tuvo que suspender y que, por tanto, se le fue retirada la subvención. “Podría haberse utilizado para otras exhumaciones e investigaciones”, se queja, “creemos que una sepultura digna es un derecho que deben tener todos los seres humanos”.

La ONU pide un Plan Nacional de Búsqueda

La Organización de las Naciones Unidas recomienda al Gobierno español la creación de una base de datos donde aparezcan todas las desapariciones, así como de una entidad dependiente del Estado con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes. Por otro lado, se recomienda al Gobierno nacional que se proporcione un mayor apoyo institucional y financiero a las asociaciones de familiares de víctimas.

La retirada de los símbolos franquistas es otro de los puntos que el informe de la ONU recogía. En concreto, la petición iba destinada a que el Gobierno “vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. También la retirada de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para convertir el lugar en un museo de la memoria.  

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