http://www.salamanca24horas.com/local/07-09-2015-la-justicia-se-inhibe-en-los-casos-de-exhumacion
DESAPARICIONES FORZOSAS
La Asociación de Memoria y Justicia critica la actuación de la Ley y los jueces en este aspecto. Aseguran que las víctimas y familias de las mismas están indefensas y espera que cambie en un futuro próximo. La ONU también insta a España que cambie su política y pide responsables en las exhumaciones e investigaciones de oficio
En Salamanca no ha habido muchas exhumaciones pero en ninguna de ellas un juez o responsable de la administración ha estado presente. La inhibición de los mismos ha sido una constante siempre que la Asociación de Memoria y Justicia de Salamanca ha denunciado un caso de estos.
Es lo que denuncia la presidenta, Luisa Vicente, que explica que el proceso a seguir en las exhumaciones es denunciar a la Guardia Civil el caso, que sí va a la zona y se pone a disposición de los encargados en realizarla. Sin embargo, una vez hecha, y tras la pertinente denuncia al juez, este se inhibe porque no es de su competencia en lo que supone un vacío legal, según afirma Luisa Vicente. “Nosotros cumplimos el protocolo a rajatabla pero en relación a la justicia no se quiere saber nada”.
Esta inacción de la justicia también se comprueba en otros muchos casos, según se denuncia. El más grave es el de no actuar frente a crímenes que podrían suponer un tema de falta de derechos humanos y de lesa humanidad. Esta adjetivación supone la imprescriptibilidad del delito al menos hasta que sea encontrado el cadáver independientemente de que España no haya firmado la Convención de dicho nombre. Se trata de un delito de consumación permanente por lo que hasta que los restos no sean encontrados, el plazo de prescripción no puede empezar a correr.
Pese a ello, la justicia española no colabora en estos asuntos, ni siquiera en la extradición de 17 excargos franquistas a los que la juez argentina María Servini de Cubría reclama en la llamada querella argentina. También se ha pronunciado la ONU en este tema reprendiendo la actuación española. "La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", ya que en las competencias estatales existe la posibilidad de esta denegación, “el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos".
Más peticiones de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas pide a España que responsables de la administración y procuración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados para actuar de acuerdo a estos. También se recomienda la investigación de oficio y juzgar “todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas” y pide eliminar los obstáculos como la Ley de Amnistía de 1977.
En el sentido anterior, la ONU propone a España la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre la violación de los derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el Franquismo, así como la colaboración con otros países que abran investigaciones sobre este tipo de delitos.
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