La nueva Justicia Universal plantea anular amnistías en los Estados en que se cometan crímenes de lesa humanidad

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Garzón clausura el Congreso de Buenos Aires con el propósito de perseguir a delincuentes económicos y medioambientales

A. M. | 11/09/2015

Mesa redonda en el II Congreso de Jurisdicción Universal celebrado en Buenos Aires – A. M.

El II Congreso de Jurisdicción Universal aprobó ayer en Buenos Aires los nuevos Principios que ahora se debatirán en foros jurídicos y abren la puerta al enjuiciamiento de nuevos delitos como los medioambientales o económicos como crímenes de lesa humanidad (ver documento). Los expertos han acordado el reconocimiento de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que han cometido el crimen juzgado independientemente de la responsabilidad de los estados. Ésto abriría la puerta al enjuiciamiento de empresas y grandes corporaciones por su participación directa o indirecta en delitos que lesionen los derechos humanos o destruyan ecosistemas de manera irreversible.

El documento propone “el decomiso de todos los bienes, efectos y valores pertenecientes al responsable penal que guarden relación directa o indirecta con los hechos cometidos, con la extensión que se fije en la sentencia, con la finalidad de lograr la reparación integral del daño causado” y explica que “las autoridades competentes no reconocerán el secreto bancario o corporativo ni cualquier otra medida que favorezca a la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de los crímenes”.

Ni indulto, ni amnistíaLa inclusión de este tipo de delitos en el listado de Lesa Humanidad supone  anular cuestiones clave como la posibilidad de indulto, amnistía o la propia caducidad temporal de los delitos cometidos. Así, el artículo seis de estos nuevos principios de Jurisdicción Universal asegura que “las disposiciones de los Estados donde se cometieron los hechos respecto de prescripción, amnistía, indultos y demás medidas destinadas a excluir responsabilidad no serán aplicables” a estos crímenes.

Un pasoPor unanimidad y con el consenso total de todos los expertos internacionales reunidos en  el II Congreso de Jurisdicción Universal celebrado en Argentina los días 9 y 10, aprobaron los nuevos principios de Jurisdicción Universal en un documento que, bajo el nombre de ‘Principios de Madrid-Buenos Aires’ pretenden “dar un paso decidido hacia adelante en la consagración de un concepto que no puede retroceder ni un ápice”, según señaló su máximo impulsor el juez Baltasar Garzón.

A estudio en foros profesionalesLos nuevos Principios de Jurisdicción Universal se aprobaron por unanimidad. En un emotivo cierre de congreso, con todos los ponentes y organizadores sobre el escenario de un abarrotado Teatro Cervantes, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, organizadora del foro, hizo público el documento final que vio la luz tras dos años de intenso trabajo.

“Ni un paso atrás”Los principios serán objeto de estudio y discusión en foros profesionales, doctrinales y académicos y nacen con la voluntad de sentar las bases de la Jurisdicción Universal en las próximas décadas. El objetivo es “dar un paso decidido hacia adelante en la consagración de un concepto que no puede retroceder ni un ápice”, según señaló el juez Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón conversando con una de las asistentes al II Congreso de Jurisdicción Universal en Buenos Aires – A. M.

Economía y medio ambienteUna de las claves de este documento es la extensión del listado de crímenes susceptibles de ser juzgados internacionalmente y sujetos a imprescriptibilidad. Según el artículo dos del texto, “la Jurisdicción Universal será aplicable a los crímenes de Derecho Internacional, tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, piratería, esclavitud, desaparición forzada, tortura, tráfico de seres humanos, ejecuciones extrajudiciales y crimen de agresión. Estos crímenes pueden ser cometidos de múltiples formas, incluyendo las actividades económicas y que puedan afectar al medio ambiente”.

Perseguir a los delincuentes

El artículo tercero incide en la necesidad de perseguir a los grandes delincuentes económicos y medioambientales destacando que este concepto, “vital para luchar contra la impunidad”, según señaló Baltasar Garzón, “también será aplicable a los crímenes económicos y contra el medio ambiente que por su extensión y escala afectan gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas”.

Fraudes alimentarios, especulación…Conductas delictivas que incluyen, según el texto, los fraudes alimentarios; la especulación de precios sobre productos de primera necesidad de los que dependan la supervivencia o la salud de una generalidad de personas; la explotación laboral de menores y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional; la desviación ilícita de fondos internacionales aprobados para paliar catástrofes humanitarias; el tráfico ilícito de armas hacia lugares o zonas de conflicto o con prohibición expresa de exportación por Naciones Unidas.

Destrucción de ecosistemasTambién, la fuga de corporaciones o extracción masivas de fondos; el aprovechamiento ilícito de bienes de las víctimas de los delitos identificados en estos principios; traslados forzosos de comunidades con fines de explotar los recursos naturales de sus tierras ancestrales.  Además, la obstrucción ilegal del disfrute de recursos transfronterizos como la contaminación severa de ríos internacionales; la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural o la destrucción irreversible de ecosistemas, entre otros.

Juzgar a las grandes empresasLos expertos han acordado el reconocimiento de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas que han cometido el crimen juzgado independientemente de la responsabilidad de los Estados, lo que abriría la puerta al enjuiciamiento de empresas y grandes corporaciones por su participación directa o indirecta en delitos que lesionen los derechos humanos o destruyan ecosistemas de manera irreversible.