Todas las investigaciones iniciadas en España respecto a los casos de desapariciones forzadas no han tenido mucho éxito y, por ello, las víctimas se ven obligadas a buscar amparo en las instituciones judiciales de otros países. Exactamente lo mismo que ocurre con las víctimas del franquismo. Hay un dato que es demoledor: de las 2.083 diligencias iniciadas por la Fiscalía General del Estado en referencia a los bebés robados ninguna ha llegado a juicio. Las investigaciones emprendidas no han dado ningún resultado porque fueron tratadas como delitos comunes lo que descartaba que fueran atentados contra los derechos humanos, que respondieran a la actuación de tramas organizadas o que pudiesen ser constitutivos de delitos contra del derecho internacional. Según un auto de la Audiencia Nacional del año 2008 se estima en más de 30.000 casos de bebés robados entre 1937 y 1950. Hay denuncias de la década de los 80 en las que se insinúa una trama organizada entre diferentes instituciones, Iglesia Católica incluida. La ONU también ha denunciado estas desapariciones forzadas y recomendó al Estado español que fortalezca sus estrategias de búsqueda, detección e identificación de las víctimas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas indicó, tras conocer de la existencia de miles de denuncias de bebés robados en España, que las investigaciones judiciales debían contemplar las posibles conexiones entre múltiples casos de sustracciones ilegales de niños.
Ligia Ceballos descubrió hace unos años que había nacido en España y que había sido entregada a quienes creía que eran sus progenitores biológicos. Para Amnistía Internacional se trata de un caso más de las tramas de niños robados que se permitieron en España desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia. En la denuncia que la ONG ha presentado en la Procuraduría General de México (PGR), AI documentó indicios de que Ligia Ceballos nació en 1968, fue registrada como Diana Ortiz y presuntamente fue sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas y con el apoyo de la Diputación de Madrid y del Arzobispado.
Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, el caso de Ligia Ceballos “reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”.
Según Tania Renaum, directora de Amnistía Internacional México, la demanda se ha puesto en México por “la búsqueda del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Sabemos que si se logra judicializar estos derechos podría constituir un importante precedente para otros casos. Segundo, España no está arrojando resultados concretos porque muchos de estos delitos siguen en el olvido. Por ello, el caso encuentra anclaje en el derecho penal mexicano. Tercero, Ligia es una ciudadana mexicana y tenemos la responsabilidad de mostrar públicamente que se hace justicia en su país” y Amnistía Internacional ha pedido a la PGR una investigación exhaustiva sobre el caso de Ligia Ceballos para exclarecer si se trata de un caso de desaparición forzosa y ayudar a la víctima a encontrar a su familia biológica, además de pedir a las autoridades españolas que colaboren en dicha investigación.
Tanto en el caso de los bebés robados como en las víctimas del franquismo España está incumpliendo con sus obligaciones respecto a las desapariciones forzadas. Este es un caso más en que las organizaciones de defensa de los derechos humanos se ven obligadas a solicitar justicia en un país distinto al nuestro, algo que debería hacer reflexionar a quien tiene la máxima responsabilidad en el campo de la justicia.