Valle de los Caídos, 340.000 euros anuales. Víctimas del franquismo, 0
Jue, 23 Feb 2017
El juez Baltasar Garzón ha lamentado la falta de interés del Gobierno de Mariano Rajoy para dar reparación a las víctimas del franquismo a las que se les sigue negando la posibilidad de localizar los cuerpos de sus familiares y darles sepultura en el lugar que consideren oportuno. En su opinión, las trabas no son económicas sino ideológicas. Y pone un ejemplo, desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno, la Fundación del Valle de los Caídos ha recibido de Patrimonio Nacional 340.000 euros anuales tal y como costa en las memorias de la institución. En total, desde 2012 hasta 2015, 1.360.000 euros. En paralelo, el Ejecutivo popular tomó la decisión retirar de los presupuestos las partidas destinadas a la memoria histórica. Conclusión: las víctimas no han recibido ni un sólo euro de fondos públicos en este tiempo y sí muchas trabas administrativas para poder encontrar a sus familiares.
Es el caso de Pilar Alcorisa a quien Rita Barberá, entonces alcaldesa de Valencia, negó reiteradamente la exhumación de los restos de su padre, Teófilo Alcorisa, de una fosa común en el cementerio de Valencia, con todo tipo de "trampas", ha denunciado Garzón. Tras negarles reiteradamente la exhumación pretendió cobrarles 45.000 euros justificando que eran una "intervención arquológica". Todo se arregló con la llegada de Joan Ribó (Compromís) a la alcaldía de Valencia, que ordenó la exhumación inmediata y retiró la tasa municipal a la familia. "Han hecho pasar a los familiares, la mayoría de entre 80 o 90 años, por un calvario", se quejó.
Pendientes del Tribunal Supremo
Baltasar Garzón y los abogados Eduardo Ranz y Manuel Ollé conocerán el próximo 28 de febrero el fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre su demanda para la reconversión del Valle de los Caídos en un espacio de memoria, la retirada de símbolos de la dictadura del mismo, el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio de Rivera al lugar donde decidan sus familiares y la exhumación e identificación de los restos de las 33.000 personas que se encuentran en la fosa de Cuelgamuros.
Garzón reivindica un centro de memoria similar a la Escuela Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el antiguo centro clandestino de tortura de la dictadura argentina, que sirva de homenaje a las víctimas y también para la educación de las nuevas gneraciones. "El reconocimiento de las víctimas es un derecho humano. Dividir o catalogar a las víctimas es peligrosísimo y el germen de todas las barbaridades que han tenido lugar a lo largo de la historia", indició el juez en clara advertencia a la actitud del Gobierno de negar esta reparación a las víctimas de la dictadura.
Unas tumbas 'ilegales'
Por otro lado, tanto Franco como Primo de Rivera contravienen el derecho canónico al estar enterrados en el altar de la Basílica. Así lo recoge el canon 1242 del Código de Derecho Canónico de 1983: "No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice, de sus propios cardenales u obispos diocesanos, incluso eméritos".
Más allá de la anécdota, Garzón, Ranz y Ollé confían en que la Justicia les dé la razón y si no es así, agotarán todas las vías a su alcance.
Marisu Moreno es directora adjunta de elplural.com
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