- ERC presenta este martes una proposición de ley para derogar las modificaciones aprobadas por Mariano Rajoy en 2014 y por el PSOE en 2009
- Tanto Ciudadanos como el grupo socialista defienden la permanencia de la primera reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
La investigación sobre el asesinato de José Couso fue archivado tras la reforma de 2014.
E.P.
La mayoría absoluta que el Gobierno del PP perdió tras las elecciones del 26J ha dejado la puerta entreabierta a una oposición que cuenta con la posibilidad de echar abajo las políticas de los conservadores. Siguiendo esta oportunidad, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defiende este martes en el Congreso una proposición de ley para recuperar la justicia universal en su definición más plena. Los catalanes pretenden, con su iniciativa, revertir las modificaciones que limitaron el principio de jurisdicción universal hasta en dos ocasiones, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2009) y bajo el mandato de Mariano Rajoy (2014).
La proposición registrada por ERC trae consigo visos de victoria. Unidos Podemos ya se manifestó en los mismos términos con una proposición no de ley que demandaba la derogación de ambas reformas, y el PSOE ha confirmado que dará su apoyo a los catalanes, aunque matiza que su intención es mantener la modificación socialista aprobada hace ocho años. Si bien menos ambiciosa que la catalana, los socialistas también registraron una proposición de ley con el objetivo de eliminar la reforma del PP, salvando eso sí la impulsada en el año 2009.
La propuesta que plantea ERC apunta directamente al artículo 23 de la ley orgánica 1/1985. Busca, concretamente, modificar los apartados dos, cuatro y cinco, y derogar el punto seis, de forma que la legislación no contemple limitación alguna a la hora de perseguir crímenes de derecho internacional cometidos por cualquier persona en cualquier territorio.
Acuerdos y divisiones en la oposición
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, subraya en conversación con infoLibre su repudio hacia el "primer hachazo que dio el PSOE en el año 2009 y al segundo hachazo en el 2014 del PP". Por ello, la pretensión de su grupo parlamentario gira en torno a "recuperar el escenario previo al año 2009, es decir, aquello que teníamos antes del primer recorte" por parte de los socialistas.
Tardà celebra que el PSOE haya manifestado su apoyo a la propuesta, "razón por la cual se aprobará el trámite y se creará una ponencia", anuncia. "Entendemos que ahora hay que revertir la situación y recuperar todo aquello que se perdió", señala el diputado catalán, quien además critica que "los hachazos no fueron aislados ni casuales", sino que por el contrario estuvieron ligados a una serie de "regresiones que afectaron a los derechos civiles y al compromiso de la democracia española con los derechos humanos en el conjunto del mundo". Pone como ejemplo las "restrictivas" leyes de asilo y de extranjería aprobadas por el PSOE, así como la ley mordaza del PP y "toda la legislación desesperante del Gobierno español, totalmente inoperativa respecto a la crisis humanitaria".
El grupo parlamentario impulsor de la propuesta, continúa Tardà, está "convencido" de que cuenta con Podemos y "el resto de fuerzas", aunque admite ignorar "qué harán el PP y Ciudadanos". Añade que su objetivo "es recuperar el escenario previo al 2009", mientras que el objetivo del PSOE "será el de recuperar el escenario posterior. A su juicio, la consecución de los objetivos perseguidos dependerá de factores como la "correlación de fuerzas", de "quien mande" en el PSOE y de "la presión de la sociedad civil". En cualquier caso, matiza, "lo importante es que se va a aprobar, habrá una ponencia, y veremos hasta dónde llega el PSOE".
Por su parte, Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso, confirma en declaraciones a este diario su apoyo para caminar hacia "la admisión a trámite" de la propuesta. Rodríguez reconoce que "sobre el fondo", el PSOE difiere de lo expuesto por ERC, "porque queremos reponer la situación que había" en el año 2009.
La diputada apuesta por una modificación en los términos que propone su grupo, y para ello se basa en los resultados de la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos. Los socialistas acordaron con la formación morada delimitar su propuesta y respetar la reforma de 2009, acuerdo que "salió aprobado por amplia mayoría". A su entender, se trata de una constatación de que "hay un punto de encuentro, y parece que puede haber mayoría amplia en la Cámara para modificar la que a juicio de todo el mundo sí ha estrangulado el principio de jurisdicción universal".
La postura del grupo parlamentario de Ciudadanos se manifiesta próxima a la adoptada por los socialistas. En declaraciones a este medio, fuentes del grupo han subrayado "la necesidad de revertir la reforma de la justicia universal que hizo el PP en 2014 y que vació de contenido casi totalmente la ley", de forma que se pueda "volver a la situación anterior".
"Hay que permitir que la Audiencia Nacional persiga los delitos más graves de genocidio y terrorismo allí donde se produzcan, siempre que el caso mantenga alguna vinculación con España", recalcan las mismas fuentes, incidiendo en la excepción señalada: "Tiene que existir esa vinculación con nuestro país para no convertir la Audiencia Nacional en una especie de tribunal universal, algo para lo que no hay ni capacidad ni medios y que sólo puede generar frustración".
Por ello, continúan, Ciudadanos "no se opondrá al trámite de la iniciativa que se presenta ahora, pero es preciso –matizan– enmendar y mejorar el texto porque su formulación actual no es aceptable".
Recorrido de la justicia universal
Desde julio de 1985, el poder judicial español dispone de las herramientas necesarias para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos fuera de las fronteras nacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura. El principio de jurisdicción universal permite, además, suplir las carencias que se producen en los tribunales de cada país e investigar aquellos crímenes que han quedado impunes.
En España, y tras años de una justicia universal en su definición más pura –que permitió al juez Baltasar Garzón poner en jaque al dictador chileno Augusto Pinochet–, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en el año 2009 una propuesta para llevar a cabo la primera reforma de la ley orgánica. Con el apoyo de PP, CiU y el PNV, los socialistas delimitaron la norma de modo que la investigación de los delitos contra la humanidad cometidos en el exterior únicamente podría efectuarse si los acusados se encontraban en territorio español, si alguna de las víctimas tenía nacionalidad española o si existía algún vínculo de "conexión relevante con España".
La modificación fue aprobada después de que la entonces ministra de Exteriores israelí asegurase que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, había prometido modificar la ley para archivar la causa contra los soldados israelíes acusados de haber organizado un bombardeo sobre un barrio de Gaza.
Cinco años más tarde, con un cambio de Gobierno que otorgó al equipo de Mariano Rajoy mayoría absoluta, el grupo popular apostó por mermar aún más los límites de la justicia universal, de forma que la Audiencia Nacional únicamente podría abrir casos contra crímenes internacionales en los que el acusado fuera español o se encontrara en España. La propuesta fue aprobada con los votos del PP y de un diputado de UPN, arropados por la crítica unánime de la oposición.
La reforma se produjo tras las presiones de China a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional contra cinco exlíderes comunistas por el genocidio tibetano. La causa quedó paralizada, pero no fue la única. El asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile y genocidios como el de Ruanda, Sáhara o Guatemala tampoco pueden, desde entonces, ser investigados por la justicia española. Uno de los casos que año tras año continúan desencadenando polémica es el del cámara de Telecinco José Couso, asesinado en Irak en 2003 por un ataque estadounidenses contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional en Bagdad. La reforma legal del PP consiguió el sobreseimiento definitivo de la investigación de su asesinato en octubre del 2016.
Las críticas de entonces redundan ahora en la voluntad de derogar la reforma conservadora impulsada en el 2014. Sin embargo, la fractura de la oposición se hace evidente respecto a la modificación socialista del 2009. Todo parece indicar que la propuesta de ERC saldrá adelante este martes, a la espera de descifrar en qué términos habrá de presentarse para superar los trámites hasta hacerse efectiva.
La investigación sobre el asesinato de José Couso fue archivado tras la reforma de 2014.
E.P.
La mayoría absoluta que el Gobierno del PP perdió tras las elecciones del 26J ha dejado la puerta entreabierta a una oposición que cuenta con la posibilidad de echar abajo las políticas de los conservadores. Siguiendo esta oportunidad, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defiende este martes en el Congreso una proposición de ley para recuperar la justicia universal en su definición más plena. Los catalanes pretenden, con su iniciativa, revertir las modificaciones que limitaron el principio de jurisdicción universal hasta en dos ocasiones, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2009) y bajo el mandato de Mariano Rajoy (2014).
La proposición registrada por ERC trae consigo visos de victoria. Unidos Podemos ya se manifestó en los mismos términos con una proposición no de ley que demandaba la derogación de ambas reformas, y el PSOE ha confirmado que dará su apoyo a los catalanes, aunque matiza que su intención es mantener la modificación socialista aprobada hace ocho años. Si bien menos ambiciosa que la catalana, los socialistas también registraron una proposición de ley con el objetivo de eliminar la reforma del PP, salvando eso sí la impulsada en el año 2009.
La propuesta que plantea ERC apunta directamente al artículo 23 de la ley orgánica 1/1985. Busca, concretamente, modificar los apartados dos, cuatro y cinco, y derogar el punto seis, de forma que la legislación no contemple limitación alguna a la hora de perseguir crímenes de derecho internacional cometidos por cualquier persona en cualquier territorio.
Acuerdos y divisiones en la oposición
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, subraya en conversación con infoLibre su repudio hacia el "primer hachazo que dio el PSOE en el año 2009 y al segundo hachazo en el 2014 del PP". Por ello, la pretensión de su grupo parlamentario gira en torno a "recuperar el escenario previo al año 2009, es decir, aquello que teníamos antes del primer recorte" por parte de los socialistas.
Tardà celebra que el PSOE haya manifestado su apoyo a la propuesta, "razón por la cual se aprobará el trámite y se creará una ponencia", anuncia. "Entendemos que ahora hay que revertir la situación y recuperar todo aquello que se perdió", señala el diputado catalán, quien además critica que "los hachazos no fueron aislados ni casuales", sino que por el contrario estuvieron ligados a una serie de "regresiones que afectaron a los derechos civiles y al compromiso de la democracia española con los derechos humanos en el conjunto del mundo". Pone como ejemplo las "restrictivas" leyes de asilo y de extranjería aprobadas por el PSOE, así como la ley mordaza del PP y "toda la legislación desesperante del Gobierno español, totalmente inoperativa respecto a la crisis humanitaria".
El grupo parlamentario impulsor de la propuesta, continúa Tardà, está "convencido" de que cuenta con Podemos y "el resto de fuerzas", aunque admite ignorar "qué harán el PP y Ciudadanos". Añade que su objetivo "es recuperar el escenario previo al 2009", mientras que el objetivo del PSOE "será el de recuperar el escenario posterior. A su juicio, la consecución de los objetivos perseguidos dependerá de factores como la "correlación de fuerzas", de "quien mande" en el PSOE y de "la presión de la sociedad civil". En cualquier caso, matiza, "lo importante es que se va a aprobar, habrá una ponencia, y veremos hasta dónde llega el PSOE".
Por su parte, Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso, confirma en declaraciones a este diario su apoyo para caminar hacia "la admisión a trámite" de la propuesta. Rodríguez reconoce que "sobre el fondo", el PSOE difiere de lo expuesto por ERC, "porque queremos reponer la situación que había" en el año 2009.
La diputada apuesta por una modificación en los términos que propone su grupo, y para ello se basa en los resultados de la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos. Los socialistas acordaron con la formación morada delimitar su propuesta y respetar la reforma de 2009, acuerdo que "salió aprobado por amplia mayoría". A su entender, se trata de una constatación de que "hay un punto de encuentro, y parece que puede haber mayoría amplia en la Cámara para modificar la que a juicio de todo el mundo sí ha estrangulado el principio de jurisdicción universal".
La postura del grupo parlamentario de Ciudadanos se manifiesta próxima a la adoptada por los socialistas. En declaraciones a este medio, fuentes del grupo han subrayado "la necesidad de revertir la reforma de la justicia universal que hizo el PP en 2014 y que vació de contenido casi totalmente la ley", de forma que se pueda "volver a la situación anterior".
"Hay que permitir que la Audiencia Nacional persiga los delitos más graves de genocidio y terrorismo allí donde se produzcan, siempre que el caso mantenga alguna vinculación con España", recalcan las mismas fuentes, incidiendo en la excepción señalada: "Tiene que existir esa vinculación con nuestro país para no convertir la Audiencia Nacional en una especie de tribunal universal, algo para lo que no hay ni capacidad ni medios y que sólo puede generar frustración".
Por ello, continúan, Ciudadanos "no se opondrá al trámite de la iniciativa que se presenta ahora, pero es preciso –matizan– enmendar y mejorar el texto porque su formulación actual no es aceptable".
Recorrido de la justicia universal
Desde julio de 1985, el poder judicial español dispone de las herramientas necesarias para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos fuera de las fronteras nacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura. El principio de jurisdicción universal permite, además, suplir las carencias que se producen en los tribunales de cada país e investigar aquellos crímenes que han quedado impunes.
En España, y tras años de una justicia universal en su definición más pura –que permitió al juez Baltasar Garzón poner en jaque al dictador chileno Augusto Pinochet–, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en el año 2009 una propuesta para llevar a cabo la primera reforma de la ley orgánica. Con el apoyo de PP, CiU y el PNV, los socialistas delimitaron la norma de modo que la investigación de los delitos contra la humanidad cometidos en el exterior únicamente podría efectuarse si los acusados se encontraban en territorio español, si alguna de las víctimas tenía nacionalidad española o si existía algún vínculo de "conexión relevante con España".
La modificación fue aprobada después de que la entonces ministra de Exteriores israelí asegurase que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, había prometido modificar la ley para archivar la causa contra los soldados israelíes acusados de haber organizado un bombardeo sobre un barrio de Gaza.
Cinco años más tarde, con un cambio de Gobierno que otorgó al equipo de Mariano Rajoy mayoría absoluta, el grupo popular apostó por mermar aún más los límites de la justicia universal, de forma que la Audiencia Nacional únicamente podría abrir casos contra crímenes internacionales en los que el acusado fuera español o se encontrara en España. La propuesta fue aprobada con los votos del PP y de un diputado de UPN, arropados por la crítica unánime de la oposición.
La reforma se produjo tras las presiones de China a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional contra cinco exlíderes comunistas por el genocidio tibetano. La causa quedó paralizada, pero no fue la única. El asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile y genocidios como el de Ruanda, Sáhara o Guatemala tampoco pueden, desde entonces, ser investigados por la justicia española. Uno de los casos que año tras año continúan desencadenando polémica es el del cámara de Telecinco José Couso, asesinado en Irak en 2003 por un ataque estadounidenses contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional en Bagdad. La reforma legal del PP consiguió el sobreseimiento definitivo de la investigación de su asesinato en octubre del 2016.
Las críticas de entonces redundan ahora en la voluntad de derogar la reforma conservadora impulsada en el 2014. Sin embargo, la fractura de la oposición se hace evidente respecto a la modificación socialista del 2009. Todo parece indicar que la propuesta de ERC saldrá adelante este martes, a la espera de descifrar en qué términos habrá de presentarse para superar los trámites hasta hacerse efectiva.
La proposición registrada por ERC trae consigo visos de victoria. Unidos Podemos ya se manifestó en los mismos términos con una proposición no de ley que demandaba la derogación de ambas reformas, y el PSOE ha confirmado que dará su apoyo a los catalanes, aunque matiza que su intención es mantener la modificación socialista aprobada hace ocho años. Si bien menos ambiciosa que la catalana, los socialistas también registraron una proposición de ley con el objetivo de eliminar la reforma del PP, salvando eso sí la impulsada en el año 2009.
La propuesta que plantea ERC apunta directamente al artículo 23 de la ley orgánica 1/1985. Busca, concretamente, modificar los apartados dos, cuatro y cinco, y derogar el punto seis, de forma que la legislación no contemple limitación alguna a la hora de perseguir crímenes de derecho internacional cometidos por cualquier persona en cualquier territorio.
Acuerdos y divisiones en la oposición
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, subraya en conversación con infoLibre su repudio hacia el "primer hachazo que dio el PSOE en el año 2009 y al segundo hachazo en el 2014 del PP". Por ello, la pretensión de su grupo parlamentario gira en torno a "recuperar el escenario previo al año 2009, es decir, aquello que teníamos antes del primer recorte" por parte de los socialistas.
Tardà celebra que el PSOE haya manifestado su apoyo a la propuesta, "razón por la cual se aprobará el trámite y se creará una ponencia", anuncia. "Entendemos que ahora hay que revertir la situación y recuperar todo aquello que se perdió", señala el diputado catalán, quien además critica que "los hachazos no fueron aislados ni casuales", sino que por el contrario estuvieron ligados a una serie de "regresiones que afectaron a los derechos civiles y al compromiso de la democracia española con los derechos humanos en el conjunto del mundo". Pone como ejemplo las "restrictivas" leyes de asilo y de extranjería aprobadas por el PSOE, así como la ley mordaza del PP y "toda la legislación desesperante del Gobierno español, totalmente inoperativa respecto a la crisis humanitaria".
El grupo parlamentario impulsor de la propuesta, continúa Tardà, está "convencido" de que cuenta con Podemos y "el resto de fuerzas", aunque admite ignorar "qué harán el PP y Ciudadanos". Añade que su objetivo "es recuperar el escenario previo al 2009", mientras que el objetivo del PSOE "será el de recuperar el escenario posterior. A su juicio, la consecución de los objetivos perseguidos dependerá de factores como la "correlación de fuerzas", de "quien mande" en el PSOE y de "la presión de la sociedad civil". En cualquier caso, matiza, "lo importante es que se va a aprobar, habrá una ponencia, y veremos hasta dónde llega el PSOE".
Por su parte, Soraya Rodríguez, portavoz del grupo socialista en el Congreso, confirma en declaraciones a este diario su apoyo para caminar hacia "la admisión a trámite" de la propuesta. Rodríguez reconoce que "sobre el fondo", el PSOE difiere de lo expuesto por ERC, "porque queremos reponer la situación que había" en el año 2009.
La diputada apuesta por una modificación en los términos que propone su grupo, y para ello se basa en los resultados de la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos. Los socialistas acordaron con la formación morada delimitar su propuesta y respetar la reforma de 2009, acuerdo que "salió aprobado por amplia mayoría". A su entender, se trata de una constatación de que "hay un punto de encuentro, y parece que puede haber mayoría amplia en la Cámara para modificar la que a juicio de todo el mundo sí ha estrangulado el principio de jurisdicción universal".
La postura del grupo parlamentario de Ciudadanos se manifiesta próxima a la adoptada por los socialistas. En declaraciones a este medio, fuentes del grupo han subrayado "la necesidad de revertir la reforma de la justicia universal que hizo el PP en 2014 y que vació de contenido casi totalmente la ley", de forma que se pueda "volver a la situación anterior".
"Hay que permitir que la Audiencia Nacional persiga los delitos más graves de genocidio y terrorismo allí donde se produzcan, siempre que el caso mantenga alguna vinculación con España", recalcan las mismas fuentes, incidiendo en la excepción señalada: "Tiene que existir esa vinculación con nuestro país para no convertir la Audiencia Nacional en una especie de tribunal universal, algo para lo que no hay ni capacidad ni medios y que sólo puede generar frustración".
Por ello, continúan, Ciudadanos "no se opondrá al trámite de la iniciativa que se presenta ahora, pero es preciso –matizan– enmendar y mejorar el texto porque su formulación actual no es aceptable".
Recorrido de la justicia universal
Desde julio de 1985, el poder judicial español dispone de las herramientas necesarias para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos fuera de las fronteras nacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura. El principio de jurisdicción universal permite, además, suplir las carencias que se producen en los tribunales de cada país e investigar aquellos crímenes que han quedado impunes.
En España, y tras años de una justicia universal en su definición más pura –que permitió al juez Baltasar Garzón poner en jaque al dictador chileno Augusto Pinochet–, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en el año 2009 una propuesta para llevar a cabo la primera reforma de la ley orgánica. Con el apoyo de PP, CiU y el PNV, los socialistas delimitaron la norma de modo que la investigación de los delitos contra la humanidad cometidos en el exterior únicamente podría efectuarse si los acusados se encontraban en territorio español, si alguna de las víctimas tenía nacionalidad española o si existía algún vínculo de "conexión relevante con España".
La modificación fue aprobada después de que la entonces ministra de Exteriores israelí asegurase que su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, había prometido modificar la ley para archivar la causa contra los soldados israelíes acusados de haber organizado un bombardeo sobre un barrio de Gaza.
Cinco años más tarde, con un cambio de Gobierno que otorgó al equipo de Mariano Rajoy mayoría absoluta, el grupo popular apostó por mermar aún más los límites de la justicia universal, de forma que la Audiencia Nacional únicamente podría abrir casos contra crímenes internacionales en los que el acusado fuera español o se encontrara en España. La propuesta fue aprobada con los votos del PP y de un diputado de UPN, arropados por la crítica unánime de la oposición.
La reforma se produjo tras las presiones de China a raíz de la investigación de la Audiencia Nacional contra cinco exlíderes comunistas por el genocidio tibetano. La causa quedó paralizada, pero no fue la única. El asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile y genocidios como el de Ruanda, Sáhara o Guatemala tampoco pueden, desde entonces, ser investigados por la justicia española. Uno de los casos que año tras año continúan desencadenando polémica es el del cámara de Telecinco José Couso, asesinado en Irak en 2003 por un ataque estadounidenses contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional en Bagdad. La reforma legal del PP consiguió el sobreseimiento definitivo de la investigación de su asesinato en octubre del 2016.
Las críticas de entonces redundan ahora en la voluntad de derogar la reforma conservadora impulsada en el 2014. Sin embargo, la fractura de la oposición se hace evidente respecto a la modificación socialista del 2009. Todo parece indicar que la propuesta de ERC saldrá adelante este martes, a la espera de descifrar en qué términos habrá de presentarse para superar los trámites hasta hacerse efectiva.
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