La ley de memoria histórica que prepara el Pacto incluye la elaboración de un censo de represaliados y de los elementos contrarios a la democracia para su retirada o eliminación
Virginia Eza Palma 20.02.2017 | 08:37
Excavación de fosas en Porreres. S.tortella
Un precedente
- Presentación del proyecto de Ley el 24 de febrero: La ley balear de memoria democrática es una de las cuestiones de los acuerdos por el cambio suscrito por PSIB, Podemos y Més que la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, consideró prioritarias para el actual período parlamentario. La propuesta será conjunta entre los partidos del Pacto y su coordinadora, Silvia Cano (PSIB), confía en registrarla en el Parlament y presentarla el próximo día 24 para que inicie su tramitación en la Cámara balear, con el objetivo de que esté aprobada antes del verano. Precisamente una de las cuestiones que se baraja incluir en el texto en la declaración del 24 de febrero como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Ese día de 1937 fueron asesinados Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu y Antoni Maria Ques. La declaración de esta fecha formaría parte del apartado de la Ley que establecerá medidas como garantías de no repetición, entre las que se incluirán la elaboración de proyectos de investigación científica y divulgación y la inclusión de contenidos y actividad curricular y extracurricular sobre memoria democrática en enseñanza secundaria y bachillerato. La futura Ley balear de memoria democrática completará el paquete legislativo para la recuperación de la memoria histórica acordado por los partidos del Pacto, que comenzó con la aprobación el 31 de mayo de 2016 de la Ley de Fosas por unanimidad del pleno del Parlament. PSIB, Podemos y Més decidieron dividir estas dos cuestiones en dos leyes para acelerar la aprobación de la de fosas con el fin de actuar lo antes posible y porque "la memoria va más allá que abrir las fosas", según resaltó Silvia Cano.
El proyecto de Ley de memoria histórica de Balears está pendiente de sus últimos retoques antes de presentar el texto definitivo, aunque sus aspectos más relevantes ya se encuentran cerrados. Entre otros aspectos, el texto contempla que el Govern se personará en los procesos judiciales que emprendan asociaciones y familiares de las víctimas de Balears en caso de desapariciones forzadas, consejos de guerra masivos y fusilamientos desde el golpe de Estado de 1936, la posterior guerra civil y la dictadura franquista. Asimismo, pondrá todos los medios a su alcance para lograr que se apliquen las resoluciones de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad. Además, elaborará un censo público sobre las víctimas de las islas, identificando el tipo de represión padecida y la fecha comprobada o aproximada.
En principio, el proyecto de Ley se denominará de Memoria Democrática de Balears y no de memoria histórica ya que de este modo se "acota mejor el objeto" de la iniciativa de "dar valor al legado democrático", según explicó la socialista Silvia Cano, coordinadora de la propuesta de Ley que presentarán conjuntamente los partidos del Pacto.
El período histórico que alcanzará será desde la II República a la entrada en vigor del Estatut d'Autonomia balear en 1983. La finalidad es establecer políticas en el ámbito balear que supongan la restitución, reconocimiento y rehabilitación de la memoria de las víctimas de la represión franquista y de quienes lucharon por el restablecimiento de la democracia. La Ley se estructurará en diferentes derechos: a la verdad, a la memoria, a la reparación y reconocimiento y a las garantías de no repetición.
Espacios simbólicos
Además del censo de víctimas, el Govern elaborará un listado de espacios e itinerarios con aquellos lugares e inmuebles que tengan un simbolismo o interés histórico del período que abarca la Ley, con el fin de identificarlos y darles una protección jurídica específica.
Además, el Ejecutivo creará una comisión técnica que elaborará en el plazo de diez meses, una vez que entre en vigor la Ley, un censo con todos los elementos contrarios a la memoria democrática. A partir de este censo, el Govern adoptará las medidas necesarias para la retirada o eliminación de aquellos elementos contrarios a la memoria democrática, incluyendo los que sean simbólicos, placas, enaltecimiento del franquismo en actos, homenajes, distinciones o reconocimientos que ensalcen el golpe de Estado de 1936 y el franquismo. Asimismo se anularán distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales a quienes participaron en el golpe de Estado o en la represión franquista.
Uno de los flecos que quedan es si se puede establecer que no hayan excepciones por razones artísticas a la hora de retirar o eliminar estos elementos, es decir, "si ha de prevalecer la memoria histórica o el patrimonio", según explicó Cano, quien precisó que están analizando si existe algún procedimiento para que prevalezca la memoria democrática. En este sentido, recordó que Andalucía "tiene un aviso de posible inconstitucionalidad" que se quiere evitar en Balears.
En el caso de Sa Feixina, pendiente de lo que decida la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca, no le afectaría la ley de Memoria Democrática, ya que "depende de la actual legislación", según explicó Cano.
La aplicación de la nueva ley implicará la elaboración de un plan estratégico en el que se priorizarán las líneas de actuación.
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