MEMORIA PÚBLICA
El dictamen de la Ley de Memoria sale adelante sin votos en contra y enfila hacia el debate final en el Parlamento. La comisión recopilará testimonios de víctimas y emitirá el primer informe autonómico sobre la represión franquista, pero no tendrá potestad procesal.
Imagen del Parlamento andaluz./ EFE
Andalucía será la primera comunidad autónoma en crear una Comisión de la Verdad y Reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, “un órgano autónomo integrado por abogados, jueces retirados, psicólogos, educadores, investigadores universitarios, documentalistas, expertos en violencia contra la mujer o los niños, representantes de colectivos memorialista y de las víctimas y activistas de los derechos humanos”.
Ley andaluza de Memoria incluirá, a propuesta de Podemos, la creación de una Comisión independiente de la Verdad, un órgano parecido a los tribunales que revisaron la Dictadura de Argentina, pero sin competencias procesales. El partido morado sí aspiraba a crear un mecanismo para investigar, juzgar y condenar los crímenes del franquismo, pero los servicios jurídicos del Parlamento andaluz advirtieron de que esta medida no estaba al alcance del Gobierno autonómico y de que invadía competencias del Estado.
Pese a todo, la enmienda de Podemos ha entrado en el articulado definitivo de la Ley de Memoria gracias a una transnacional del PSOE, que mantiene el espíritu de la propuesta, pero algo más diluida. No será una Comisión de la Verdad al uso, sino “un grupo de trabajo o comisión independiente con el fin de recopilar testimonios y documentos para establecer un informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas desde la Guerra Civil, durante el franquismo, y hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía”, reza la norma, a la que ha tenido acceso Público. Ese archivo de testimonios será fundamental si, en el futuro, el Gobierno central, que sí es competente, decide crear una Comisión de la Verdad que revise aquel periodo de represión. En cuanto al informe: será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación, y posteriormente se elevará al Defensor del Pueblo (andaluz y estatal) y al Congreso de los Diputados.
El texto de la Ley andaluza de Memoria Democrática fue elaborado conjuntamente entre PSOE e IU en la pasada legislatura, cuando ambos partidos formaban un Gobierno de coalición. El apoyo de Podemos, gracias a la inclusión de esta enmienda, garantiza la aprobación de la ley durante la votación final en el Parlamento, en un pleno a mediados de marzo. El dictamen definitivo de la norma ha sido aprobado este miércoles por la Comisión parlamentaria de Cultura sin ningún voto en contra. PP y Ciudadanos se han abstenido, aunque todas sus enmiendas (cerca de 70) fueron tumbadas por los partidos de izquierda, o bien porque alteraban significativamente el sentido de la ley, o bien porque pretendían “descafeinar” algunos de sus artículos (proponían eliminar el concepto “terror fascista” del preámbulo de la norma).
La abstención de los partidos conservadores ante el dictamen hace suponer que la norma también saldrá aprobada del pleno del Parlamento sin ningún voto en contra. Sería todo un hito político, dado que ninguna ley de Memoria en España, ni la estatal ni la de Navarra (la única aprobada) lograron el voto favorable del PP. Los populares votaron en contra de la Ley estatal de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la norma ha quedado derogada de facto, sin dotación económica en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Creación del Memorial Democrático de Catalunya fue aprobada en 2007 con votos en contra del PP y de Ciudadanos y la ley de fosas del franquismo del Gobierno de Baleares sí salió adelante por unanimidad. La Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Extremadura trabajan ahora en sus propias leyes de Memoria, al amparo de la normativa estatal.
Ahora el PP andaluz y Ciudadanos tienen cinco días para trasladar a la Mesa de la Cámara si deciden mantener vivas sus enmiendas rechazadas. Ambos confirmaron a este periódico que lo harán, de modo que el mismo debate que ha existido este miércoles durante la comisión se trasladará en marzo al pleno, también se volverá a votar, y está por ver si, ante el previsible rechazo de sus enmiendas, los grupos siguen absteniéndose o cambian el sentido de su voto y rechazan la ley.
Exhumaciones y símbolos franquistas
La futura Ley andaluza de Memoria Democrática obligará al Gobierno de Susana Díaz a personarse de oficio en todos los procesos de exhumación de víctimas del franquismo, y le permitirá expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya enterramientos si el dueño no autoriza la exhumación. También se prevé la creación de un banco de ADN de víctimas y la retirada de todos los símbolos franquistas que queden en edificios públicos, iglesias e incluso inmuebles privados (si éstos se ven desde la calle).
A partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos andaluces tendrán 18 meses para eliminar o retirar los vestigios del fascismo en sus municipios, so pena de ser sancionados o excluidos de las convocatorias de subvenciones públicas si no lo hacen. La parte más costosa de la ley será la correspondiente a las exhumaciones de las víctimas del franquismo. La Junta tiene localizadas 614 fosas en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. La futura norma obligará a la Administración a tutelar todos los procesos de exhumación. En caso de que el enterramiento esté dentro de una propiedad privada, y si el dueño no diera su consentimiento, la Junta “expropiará temporalmente el uso de terrenos” por el tiempo que dure la exhumación.
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