- La Ley de Memoria Histórica obliga a las administraciones públicas a impedir la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura"
- La Fundación Franco anunció este lunes públicamente que consideraba la gestión del Pazo de Meirás "una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura" del dictador
- A preguntas de infoLibre, la Xunta afirma que no comparte las afirmaciones de la fundación, pero evita aclarar si adoptará alguna medida para impedir la apología del franquismo en el pazo
Imagen del Pazo de Meirás.
E.P.
"La Fundación Francisco Franco es una entidad considerada legal. Por tanto, su derecho, pero también su deber, es actuar bajo las reglas democráticas". Con estas palabras valora la Xunta de Galicia, gobernada por Alberto Núñez Feijóo (PP), el nuevo papel de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al frente de la gestión del Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña), y cuya titularidad pertenece a la familia del dictador.
El pasado 27 de julio, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña anunció que sería la fundación la responsable de asumir el control de las visitas al pazo, por encargo de la propia familia. Este lunes la fundación emitió un comunicado en el que celebra su papel como gestora del espacio y asegura haber recibido "como un honor" la decisión de los propietarios. "Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia, y para difundir el patrimonio gallego en el mundo", expone la entidad.
La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, insta en su artículo 15.1 a las administraciones públicas a tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Consellería de Cultura de la Xunta señaló que no estaban de acuerdo con las afirmaciones de la fundación, pero evitó concretar si tomarían alguna medida relacionada con las obligaciones que marca la Ley de Memoria Histórica. "Respecto a esta afirmación concreta del comunicado a la que haces referencia no la compartimos. En todo caso, quien tiene que decir si es contraria al artículo al que haces referencia [art. 15.1 de la ley] y posicionarse es el órgano judicial competente, al mantenerse esta cuestión fuera del ámbito competencial y capacidad inspectora de la legislación o ámbito de patrimonio cultural", destaca la institución. No obstante, añade, "si la Xunta es conocedora o informada de actuaciones fuera del marco legal establecido se lo comunicará a los órganos judiciales competentes".
La respuesta de la Xunta obvia que la Ley de Memoria Histórica no establece un deber de comunicación a los órganos judiciales de supuestas actuaciones ilegales, sino que encomienda directamente "a las administraciones públicas" la adopción de medidas para evitar la exaltación del golpe de Estado, de la represión o de la dictadura franquista. Algo que la propia fundación fascista anunció públicamente que pretendía hacer en Meirás.
Ley del Patrimonio Cultural de Galicia
El Pazo de Meirás fue declarado en 2008 Bien de Interés Cultural (BIC), durante el gobierno bipartito formado por el PSdeG-PSOE y el BNG, lo que obligó a los propietarios a abrir al público el inmueble. La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia establece, en su artículo 48, que "las personas propietarias, poseedoras, arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre los bienes de interés cultural específicamente declarados permitirán su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día".
Nada dice, no obstante, sobre el tipo de entidad que debe gestionar tales visitas. En este vacío legal se escuda la Xunta de Galicia para evitar tomar cartas en el asunto. Sostiene, sin embargo, que "velará porque siempre se cumpla la ley dentro de lo que establece la propia ley". En este sentido, añade que "dentro del marco democrático, todas las personas o entidades jurídicas deben respetar y cumplir las normas democráticas con las que se dota el Estado". Por ello, continúa, "la Fundación Francisco Franco tiene sus derechos y también su deber, que es actuar bajo las reglas democráticas".
Sobre la inspección del patrimonio cultural, el artículo 123 de la ley habla de que la consejería competente llevará a cabo los controles que sean necesarios "en las materias que se regulan en esta ley y en sus normas de desarrollo para la protección del patrimonio". En este sentido, la Consellería de Cultura indica que "cuando se detectó algún problema en la gestión de las visitas al Pazo de Meirás, la Xunta actuó y abrió expediente. De hecho, actualmente se está tramitando un expediente, que puede terminar en sanción", señala. Se trata del expediente abierto a la familia Franco por impedir la recepción de visitas al recinto.
Pese a la voluntad explícita de la Fundación Franco por elogiar la figura del dictador, la Xunta de Galicia no se pronuncia respecto a la posibilidad de establecer control alguno al repecto, ya que considera que la Ley del Patrimonio no hace referencia a la inspección en dicho sentido.
En cuanto a las previsiones de la fundación para la administración de las visitas, el presidente de la misma,Gonzalo Fernández de la Mora, señaló en conversación con este diario que "la fundación no tiene medios económicos para hacer grandes dispendios", de modo que su "idea es hacer una serie de paneles explicativos" basados en la "descripción del pazo". Actualmente, según confirma Fernández de la Mora, el guía del pazo lo paga la familia Franco y es el propio guardés de la finca.
El presidente de la fundación indicó, asimismo, que en el año 2008 la familia "negoció con la Junta (sic) un acuerdo" por el que se firmaba un convenio de cuatro años de modo que la institución "se hacía cargo de los costes de seguridad y del seguro de responsabilidad civil por los posibles daños" que sufriera el espacio, con el objetivo de "evitar actos de vandalismo". Sin embargo, apunta, "pasaron los cuatro años y no se renovó", lo que conlleva "un mayor riesgo de destrucción del patrimonio" y lo que a su juicio evidencia "una situación claramente ilegal y sin justificación". Fernández de la Mora lamentó que, pese a sus intentos de negociación, existe una "posibilidad razonable de que la Junta (sic) se siga negando" a asumir esos costes, lo que derivará en "decisiones" por parte de la fundación cuyo contenido rechaza concretar.
Jaime Alonso, exvicepresidente de la fundación, señala que la gestión por parte de la fundación es "la única forma de ser eficaces", y denuncia lo que considera un abandono institucional por parte de la Xunta. La fundación pedirá al Gobierno de Feijóo una reunión en septiembre con el objetivo de "solventar las quejas y desavenencias que pueda haber". Por su parte, la Xunta de Galicia asegura no tener "constancia de esa solicitud", pero matiza que sí se mantuvo un encuentro con la fundación tras el inicio del mencionado expediente. "En el momento de la apertura del expediente por el presunto incumplimiento de las visitas, solicitaron una reunión técnica para informarse sobre el expediente. La reunión versó sobre este asunto exclusivamente, es decir, fue una reunión de carácter técnico", sostiene.
Oposición parlamentaria
El rechazo de la oposición parlamentaria gallega a la gestión del pazo por la fundación franquista ha sido unánime. El Ayuntamiento de Sada transmitió a la Xunta su voluntad de encargarse de la gestión de las visitas, con el fin de evitar que sea la fundación quien lo haga. Su alcalde, Benito Portela(Anova), considera que es el Ayuntamiento "el más adecuado" para dicha labor, tal y como ha señalado en conversación con infoLibre. Aunque reconoce que la actual normativa "no determina" el margen de maniobra de la Xunta, el regidor entiende que el Gobierno de Feijóo "tiene que elegir si no hacer nada y dejar que sea una fundación creada para exaltar al dictador quien organice las visitas, o una institución que va a gestionar desde el punto de vista de la recuperación de la memoria histórica". En todo caso, el alcalde insiste en que "el tema de la gestión de las visitas no puede tapar el problema grave, que es la titularidad". A su juicio, "es el momento de que las instituciones se pongan de acuerdo y hacer los cambios necesarios en la Ley de Memoria Histórica".
Con él coincide la diputada de En Marea Luca Chao, quien insta a la Xunta a tomar acciones para evitar la gestión de la fundación: "Que no esté obligada a hacerlo no significa que no lo pueda hacer", recalca. En Marea ya propuso en marzo que el Parlamento de Galicia solicitara al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera recuperar la titularidad pública del pazo. Pese al respaldo de toda la oposición, el PP tumbó la propuesta en el mes de mayo gracias a su mayoría absoluta.
Por su parte, el BNG también se sumó a las críticas y pidió a la Xunta que las visitas "no sean utilizadas para transmitir una versión manipulada de la historia que ofende a todas las víctimas del franquismo". Además, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, solicitó la intervención de la Comisión Europea por "apología de la dictadura y de la figura del dictador".
Los socialistas gallegos calificaron los hechos de "insulto, burla y provocación". En este sentido, el PSDeG anunció la presentación de dos iniciativas para pedir que "sean reprobadas todas las declaraciones" de la Fundación Franco que "enaltecen la figura del dictador" y la "utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas".
Finalmente, la Diputación de A Coruña advirtió de que denunciará a la fundación en caso de incumplir la Ley de Memoria Histórica haciendo apología del franquismo en el pazo.
Fernando Souto, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, reiteró en conversación con este diario su petición de ilegalizar la fundación por lo que considera una "continua e impune apología del franquismo". Souto recalca, además, la importancia de recordar que el pazo no fue producto de una donación. En primer lugar, recuerda, el espacio perteneció a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, que a mediados del siglo XIX inició su actual edificación y remodelación. Tras su fallecimiento y el de sus familiares, la propiedad fue donada a la Compañía de Jesús en 1938, y al final de la Guerra Civil el dictador se quedó con la titularidad del pazo y el recinto que lo rodea después de una supuesta campaña de suscripción popular organizada por la derecha golpista coruñesa.
Las circunstancias de dicha campaña y su carácter voluntario, no obstante, son aspectos cuestionados por las organizaciones memorialistas. "No hubo tal donación, existen documentos que acreditan que era obligatorio aportar", destaca Souto, quien apuesta por "dar a conocer la realidad de los hechos con rigor" y que el pazo recupere el legado de la escritora Pardo Bazán con el fin de "reivindicar el espacio de creación literaria gallega". "No vamos a olvidar la figura de Franco, pero hay que colocarlo en el lugar que le corresponde", sentencia.
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Imagen del Pazo de Meirás.
E.P.
"La Fundación Francisco Franco es una entidad considerada legal. Por tanto, su derecho, pero también su deber, es actuar bajo las reglas democráticas". Con estas palabras valora la Xunta de Galicia, gobernada por Alberto Núñez Feijóo (PP), el nuevo papel de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al frente de la gestión del Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña), y cuya titularidad pertenece a la familia del dictador.
El pasado 27 de julio, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña anunció que sería la fundación la responsable de asumir el control de las visitas al pazo, por encargo de la propia familia. Este lunes la fundación emitió un comunicado en el que celebra su papel como gestora del espacio y asegura haber recibido "como un honor" la decisión de los propietarios. "Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia, y para difundir el patrimonio gallego en el mundo", expone la entidad.
La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, insta en su artículo 15.1 a las administraciones públicas a tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Consellería de Cultura de la Xunta señaló que no estaban de acuerdo con las afirmaciones de la fundación, pero evitó concretar si tomarían alguna medida relacionada con las obligaciones que marca la Ley de Memoria Histórica. "Respecto a esta afirmación concreta del comunicado a la que haces referencia no la compartimos. En todo caso, quien tiene que decir si es contraria al artículo al que haces referencia [art. 15.1 de la ley] y posicionarse es el órgano judicial competente, al mantenerse esta cuestión fuera del ámbito competencial y capacidad inspectora de la legislación o ámbito de patrimonio cultural", destaca la institución. No obstante, añade, "si la Xunta es conocedora o informada de actuaciones fuera del marco legal establecido se lo comunicará a los órganos judiciales competentes".
La respuesta de la Xunta obvia que la Ley de Memoria Histórica no establece un deber de comunicación a los órganos judiciales de supuestas actuaciones ilegales, sino que encomienda directamente "a las administraciones públicas" la adopción de medidas para evitar la exaltación del golpe de Estado, de la represión o de la dictadura franquista. Algo que la propia fundación fascista anunció públicamente que pretendía hacer en Meirás.
Ley del Patrimonio Cultural de Galicia
El Pazo de Meirás fue declarado en 2008 Bien de Interés Cultural (BIC), durante el gobierno bipartito formado por el PSdeG-PSOE y el BNG, lo que obligó a los propietarios a abrir al público el inmueble. La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia establece, en su artículo 48, que "las personas propietarias, poseedoras, arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre los bienes de interés cultural específicamente declarados permitirán su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día".
Nada dice, no obstante, sobre el tipo de entidad que debe gestionar tales visitas. En este vacío legal se escuda la Xunta de Galicia para evitar tomar cartas en el asunto. Sostiene, sin embargo, que "velará porque siempre se cumpla la ley dentro de lo que establece la propia ley". En este sentido, añade que "dentro del marco democrático, todas las personas o entidades jurídicas deben respetar y cumplir las normas democráticas con las que se dota el Estado". Por ello, continúa, "la Fundación Francisco Franco tiene sus derechos y también su deber, que es actuar bajo las reglas democráticas".
Sobre la inspección del patrimonio cultural, el artículo 123 de la ley habla de que la consejería competente llevará a cabo los controles que sean necesarios "en las materias que se regulan en esta ley y en sus normas de desarrollo para la protección del patrimonio". En este sentido, la Consellería de Cultura indica que "cuando se detectó algún problema en la gestión de las visitas al Pazo de Meirás, la Xunta actuó y abrió expediente. De hecho, actualmente se está tramitando un expediente, que puede terminar en sanción", señala. Se trata del expediente abierto a la familia Franco por impedir la recepción de visitas al recinto.
Pese a la voluntad explícita de la Fundación Franco por elogiar la figura del dictador, la Xunta de Galicia no se pronuncia respecto a la posibilidad de establecer control alguno al repecto, ya que considera que la Ley del Patrimonio no hace referencia a la inspección en dicho sentido.
En cuanto a las previsiones de la fundación para la administración de las visitas, el presidente de la misma,Gonzalo Fernández de la Mora, señaló en conversación con este diario que "la fundación no tiene medios económicos para hacer grandes dispendios", de modo que su "idea es hacer una serie de paneles explicativos" basados en la "descripción del pazo". Actualmente, según confirma Fernández de la Mora, el guía del pazo lo paga la familia Franco y es el propio guardés de la finca.
El presidente de la fundación indicó, asimismo, que en el año 2008 la familia "negoció con la Junta (sic) un acuerdo" por el que se firmaba un convenio de cuatro años de modo que la institución "se hacía cargo de los costes de seguridad y del seguro de responsabilidad civil por los posibles daños" que sufriera el espacio, con el objetivo de "evitar actos de vandalismo". Sin embargo, apunta, "pasaron los cuatro años y no se renovó", lo que conlleva "un mayor riesgo de destrucción del patrimonio" y lo que a su juicio evidencia "una situación claramente ilegal y sin justificación". Fernández de la Mora lamentó que, pese a sus intentos de negociación, existe una "posibilidad razonable de que la Junta (sic) se siga negando" a asumir esos costes, lo que derivará en "decisiones" por parte de la fundación cuyo contenido rechaza concretar.
Jaime Alonso, exvicepresidente de la fundación, señala que la gestión por parte de la fundación es "la única forma de ser eficaces", y denuncia lo que considera un abandono institucional por parte de la Xunta. La fundación pedirá al Gobierno de Feijóo una reunión en septiembre con el objetivo de "solventar las quejas y desavenencias que pueda haber". Por su parte, la Xunta de Galicia asegura no tener "constancia de esa solicitud", pero matiza que sí se mantuvo un encuentro con la fundación tras el inicio del mencionado expediente. "En el momento de la apertura del expediente por el presunto incumplimiento de las visitas, solicitaron una reunión técnica para informarse sobre el expediente. La reunión versó sobre este asunto exclusivamente, es decir, fue una reunión de carácter técnico", sostiene.
Oposición parlamentaria
El rechazo de la oposición parlamentaria gallega a la gestión del pazo por la fundación franquista ha sido unánime. El Ayuntamiento de Sada transmitió a la Xunta su voluntad de encargarse de la gestión de las visitas, con el fin de evitar que sea la fundación quien lo haga. Su alcalde, Benito Portela(Anova), considera que es el Ayuntamiento "el más adecuado" para dicha labor, tal y como ha señalado en conversación con infoLibre. Aunque reconoce que la actual normativa "no determina" el margen de maniobra de la Xunta, el regidor entiende que el Gobierno de Feijóo "tiene que elegir si no hacer nada y dejar que sea una fundación creada para exaltar al dictador quien organice las visitas, o una institución que va a gestionar desde el punto de vista de la recuperación de la memoria histórica". En todo caso, el alcalde insiste en que "el tema de la gestión de las visitas no puede tapar el problema grave, que es la titularidad". A su juicio, "es el momento de que las instituciones se pongan de acuerdo y hacer los cambios necesarios en la Ley de Memoria Histórica".
Con él coincide la diputada de En Marea Luca Chao, quien insta a la Xunta a tomar acciones para evitar la gestión de la fundación: "Que no esté obligada a hacerlo no significa que no lo pueda hacer", recalca. En Marea ya propuso en marzo que el Parlamento de Galicia solicitara al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera recuperar la titularidad pública del pazo. Pese al respaldo de toda la oposición, el PP tumbó la propuesta en el mes de mayo gracias a su mayoría absoluta.
Por su parte, el BNG también se sumó a las críticas y pidió a la Xunta que las visitas "no sean utilizadas para transmitir una versión manipulada de la historia que ofende a todas las víctimas del franquismo". Además, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, solicitó la intervención de la Comisión Europea por "apología de la dictadura y de la figura del dictador".
Los socialistas gallegos calificaron los hechos de "insulto, burla y provocación". En este sentido, el PSDeG anunció la presentación de dos iniciativas para pedir que "sean reprobadas todas las declaraciones" de la Fundación Franco que "enaltecen la figura del dictador" y la "utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas".
Finalmente, la Diputación de A Coruña advirtió de que denunciará a la fundación en caso de incumplir la Ley de Memoria Histórica haciendo apología del franquismo en el pazo.
Fernando Souto, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, reiteró en conversación con este diario su petición de ilegalizar la fundación por lo que considera una "continua e impune apología del franquismo". Souto recalca, además, la importancia de recordar que el pazo no fue producto de una donación. En primer lugar, recuerda, el espacio perteneció a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, que a mediados del siglo XIX inició su actual edificación y remodelación. Tras su fallecimiento y el de sus familiares, la propiedad fue donada a la Compañía de Jesús en 1938, y al final de la Guerra Civil el dictador se quedó con la titularidad del pazo y el recinto que lo rodea después de una supuesta campaña de suscripción popular organizada por la derecha golpista coruñesa.
Las circunstancias de dicha campaña y su carácter voluntario, no obstante, son aspectos cuestionados por las organizaciones memorialistas. "No hubo tal donación, existen documentos que acreditan que era obligatorio aportar", destaca Souto, quien apuesta por "dar a conocer la realidad de los hechos con rigor" y que el pazo recupere el legado de la escritora Pardo Bazán con el fin de "reivindicar el espacio de creación literaria gallega". "No vamos a olvidar la figura de Franco, pero hay que colocarlo en el lugar que le corresponde", sentencia.
El pasado 27 de julio, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña anunció que sería la fundación la responsable de asumir el control de las visitas al pazo, por encargo de la propia familia. Este lunes la fundación emitió un comunicado en el que celebra su papel como gestora del espacio y asegura haber recibido "como un honor" la decisión de los propietarios. "Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia, y para difundir el patrimonio gallego en el mundo", expone la entidad.
La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007, insta en su artículo 15.1 a las administraciones públicas a tomar "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Consellería de Cultura de la Xunta señaló que no estaban de acuerdo con las afirmaciones de la fundación, pero evitó concretar si tomarían alguna medida relacionada con las obligaciones que marca la Ley de Memoria Histórica. "Respecto a esta afirmación concreta del comunicado a la que haces referencia no la compartimos. En todo caso, quien tiene que decir si es contraria al artículo al que haces referencia [art. 15.1 de la ley] y posicionarse es el órgano judicial competente, al mantenerse esta cuestión fuera del ámbito competencial y capacidad inspectora de la legislación o ámbito de patrimonio cultural", destaca la institución. No obstante, añade, "si la Xunta es conocedora o informada de actuaciones fuera del marco legal establecido se lo comunicará a los órganos judiciales competentes".
La respuesta de la Xunta obvia que la Ley de Memoria Histórica no establece un deber de comunicación a los órganos judiciales de supuestas actuaciones ilegales, sino que encomienda directamente "a las administraciones públicas" la adopción de medidas para evitar la exaltación del golpe de Estado, de la represión o de la dictadura franquista. Algo que la propia fundación fascista anunció públicamente que pretendía hacer en Meirás.
Ley del Patrimonio Cultural de Galicia
El Pazo de Meirás fue declarado en 2008 Bien de Interés Cultural (BIC), durante el gobierno bipartito formado por el PSdeG-PSOE y el BNG, lo que obligó a los propietarios a abrir al público el inmueble. La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia establece, en su artículo 48, que "las personas propietarias, poseedoras, arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre los bienes de interés cultural específicamente declarados permitirán su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día".
Nada dice, no obstante, sobre el tipo de entidad que debe gestionar tales visitas. En este vacío legal se escuda la Xunta de Galicia para evitar tomar cartas en el asunto. Sostiene, sin embargo, que "velará porque siempre se cumpla la ley dentro de lo que establece la propia ley". En este sentido, añade que "dentro del marco democrático, todas las personas o entidades jurídicas deben respetar y cumplir las normas democráticas con las que se dota el Estado". Por ello, continúa, "la Fundación Francisco Franco tiene sus derechos y también su deber, que es actuar bajo las reglas democráticas".
Sobre la inspección del patrimonio cultural, el artículo 123 de la ley habla de que la consejería competente llevará a cabo los controles que sean necesarios "en las materias que se regulan en esta ley y en sus normas de desarrollo para la protección del patrimonio". En este sentido, la Consellería de Cultura indica que "cuando se detectó algún problema en la gestión de las visitas al Pazo de Meirás, la Xunta actuó y abrió expediente. De hecho, actualmente se está tramitando un expediente, que puede terminar en sanción", señala. Se trata del expediente abierto a la familia Franco por impedir la recepción de visitas al recinto.
Pese a la voluntad explícita de la Fundación Franco por elogiar la figura del dictador, la Xunta de Galicia no se pronuncia respecto a la posibilidad de establecer control alguno al repecto, ya que considera que la Ley del Patrimonio no hace referencia a la inspección en dicho sentido.
En cuanto a las previsiones de la fundación para la administración de las visitas, el presidente de la misma,Gonzalo Fernández de la Mora, señaló en conversación con este diario que "la fundación no tiene medios económicos para hacer grandes dispendios", de modo que su "idea es hacer una serie de paneles explicativos" basados en la "descripción del pazo". Actualmente, según confirma Fernández de la Mora, el guía del pazo lo paga la familia Franco y es el propio guardés de la finca.
El presidente de la fundación indicó, asimismo, que en el año 2008 la familia "negoció con la Junta (sic) un acuerdo" por el que se firmaba un convenio de cuatro años de modo que la institución "se hacía cargo de los costes de seguridad y del seguro de responsabilidad civil por los posibles daños" que sufriera el espacio, con el objetivo de "evitar actos de vandalismo". Sin embargo, apunta, "pasaron los cuatro años y no se renovó", lo que conlleva "un mayor riesgo de destrucción del patrimonio" y lo que a su juicio evidencia "una situación claramente ilegal y sin justificación". Fernández de la Mora lamentó que, pese a sus intentos de negociación, existe una "posibilidad razonable de que la Junta (sic) se siga negando" a asumir esos costes, lo que derivará en "decisiones" por parte de la fundación cuyo contenido rechaza concretar.
Jaime Alonso, exvicepresidente de la fundación, señala que la gestión por parte de la fundación es "la única forma de ser eficaces", y denuncia lo que considera un abandono institucional por parte de la Xunta. La fundación pedirá al Gobierno de Feijóo una reunión en septiembre con el objetivo de "solventar las quejas y desavenencias que pueda haber". Por su parte, la Xunta de Galicia asegura no tener "constancia de esa solicitud", pero matiza que sí se mantuvo un encuentro con la fundación tras el inicio del mencionado expediente. "En el momento de la apertura del expediente por el presunto incumplimiento de las visitas, solicitaron una reunión técnica para informarse sobre el expediente. La reunión versó sobre este asunto exclusivamente, es decir, fue una reunión de carácter técnico", sostiene.
Oposición parlamentaria
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Con él coincide la diputada de En Marea Luca Chao, quien insta a la Xunta a tomar acciones para evitar la gestión de la fundación: "Que no esté obligada a hacerlo no significa que no lo pueda hacer", recalca. En Marea ya propuso en marzo que el Parlamento de Galicia solicitara al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera recuperar la titularidad pública del pazo. Pese al respaldo de toda la oposición, el PP tumbó la propuesta en el mes de mayo gracias a su mayoría absoluta.
Por su parte, el BNG también se sumó a las críticas y pidió a la Xunta que las visitas "no sean utilizadas para transmitir una versión manipulada de la historia que ofende a todas las víctimas del franquismo". Además, la portavoz de los nacionalistas en Europa, Ana Miranda, solicitó la intervención de la Comisión Europea por "apología de la dictadura y de la figura del dictador".
Los socialistas gallegos calificaron los hechos de "insulto, burla y provocación". En este sentido, el PSDeG anunció la presentación de dos iniciativas para pedir que "sean reprobadas todas las declaraciones" de la Fundación Franco que "enaltecen la figura del dictador" y la "utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas".
Finalmente, la Diputación de A Coruña advirtió de que denunciará a la fundación en caso de incumplir la Ley de Memoria Histórica haciendo apología del franquismo en el pazo.
Fernando Souto, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, reiteró en conversación con este diario su petición de ilegalizar la fundación por lo que considera una "continua e impune apología del franquismo". Souto recalca, además, la importancia de recordar que el pazo no fue producto de una donación. En primer lugar, recuerda, el espacio perteneció a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, que a mediados del siglo XIX inició su actual edificación y remodelación. Tras su fallecimiento y el de sus familiares, la propiedad fue donada a la Compañía de Jesús en 1938, y al final de la Guerra Civil el dictador se quedó con la titularidad del pazo y el recinto que lo rodea después de una supuesta campaña de suscripción popular organizada por la derecha golpista coruñesa.
Las circunstancias de dicha campaña y su carácter voluntario, no obstante, son aspectos cuestionados por las organizaciones memorialistas. "No hubo tal donación, existen documentos que acreditan que era obligatorio aportar", destaca Souto, quien apuesta por "dar a conocer la realidad de los hechos con rigor" y que el pazo recupere el legado de la escritora Pardo Bazán con el fin de "reivindicar el espacio de creación literaria gallega". "No vamos a olvidar la figura de Franco, pero hay que colocarlo en el lugar que le corresponde", sentencia.
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