El prior de la Abadía del Valle de los Caídos Santiago Cantera
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Piden condenar al prior del Valle de los Caídos a que sea él mismo el que exhume a los represaliados
El máximo responsable de la Abadía acumula una docena de denuncias por no permitir acceder a los restos de víctimas del Franquismo
El máximo responsable de la Abadía acumula una docena de denuncias por no permitir acceder a los restos de víctimas del Franquismo
Mar, 2 Ene 2018
Una docena de familiares de víctimas del Franquismo cuyos restos se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos pese a contar con resoluciones jurídicas a favor de ello.
Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
Uno de ellos, Eduardo Ranz, explica que Patrimonio Nacional ha “reconocido” el derecho de las familias a las exhumaciones ya que donde se encuentran se considera “una sepultura de cementerio público y no religioso”, por lo que no se requiere del permiso de la iglesia encargada del lugar ni se choca con los acuerdos firmados con la Santa Sede.
Que conozca a las víctimas
En las denuncias, se pide condenar al abad Santiago Cantera a que sea él mismo el que realice los “trabajos de exhumación a plena fosa” y conozca la historia de las víctimas de la dictadura siendo condenado a “estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”.
En las denuncias se solicita al prior además la disculpa “cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo”.
Recuerdan que en 2017, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno.
Comparación con Cataluña
Los abogados en las distintas denuncias también hacen un paralelismo con la situación jurídica de los líderes independentistas catalanes, recordando que ellos no cumplieron la ley y están en prisión. “Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel, y otros en misa”, critican.
El prior
Santiago Cantera fue elegido máximo responsable de la Abadía del Valle de los Caídos en 2014, cuando sucedió al abad Álvarez Navarrete, el cual había estado en el cargo desde que se inauguró la Abadía en los años 60.
Cantera mantuvo la línea de pensamiento de su antecesor, defendiendo al Franquismo, ha dado distintas charlas como La persecución religiosa en Españay en sus libros arremete contra los que reivindican el carácter civil de la mezquita-catedral de Córdoba: “El andalucismo y el filoislamismo que adora el pasado andalusí sostienen mitos sin fundamento histórico”. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.
Cantera también fue el sacerdote encargado de oficiar hace unos días el funeral por la muerte de Carmen Franco, hija del dictador, en el tanatorio de Carabanchel.
https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.com/2018/01/03/la-puerta-del-valle-de-los-caidos-sigue-cerrada-las-trabas-para-exhumar-en-la-mayor-fosa-comun-de-espana/
Posted by MEMORIA ARAGONESA en 03/01/2018
LA PUERTA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS SIGUE CERRADA: LAS TRABAS PARA EXHUMAR EN LA MAYOR FOSA COMÚN DE ESPAÑA
LA NEGATIVA DEL RESPONSABLE DE LA ABADÍA, DENUNCIADO POR LAS FAMILIAS DE OCHO PERSONAS ENTERRADAS, ES LA ÚLTIMA BARRERA DEL CARRUSEL DE OBSTÁCULOS QUE HAN TENIDO QUE SORTEAR PARA SACAR SUS CUERPOS
LA PRIMERA SENTENCIA ESTÁ FECHADA EN MARZO DE 2016 Y PERMITE SACAR A LOS HERMANOS LAPEÑA, VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO, PARA DARLES “DIGNA SEPULTURA”
PATRIMONIO NACIONAL PIDIÓ MÁS INFORMES PARA ATASCAR EL PROCESO Y UNA REFORMA DE RAJOY AYUDA A QUE LA EXHUMACIÓN AUTORIZADA POR LA JUSTICIA NO SE PUEDA EXTENDER A OTROS CASOS
JUAN MIGUEL BAQUERO – 02/01/2018
Las familias de ocho víctimas de la guerra civil están a un paso de abrir la mayor fosa común de España: el Valle de los Caídos. Esperan el aviso para sacar los restos óseos de seis republicanos y dos franquistas. Tienen el aval de la justicia y equipos técnicos dispuestos a exhumar después de superar un carrusel de trabas, pero han encontrado el último escollo dentro del propio mausoleo con la negativa a abrir la puerta de los responsables de la Abadía de Cuelgamuros.
La primera sentencia judicial que permite una exhumación en el conjunto monumental construido por Franco con trabajo esclavo está fechada en marzo del año 2016. Es el caso de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Esta denuncia, junto a otras cinco, buscaba sacar los huesos de algunas de las 33.847 personas enterradas, de las que 12.419 están sin identificar y trasladadas a Madrid sin permiso de sus familiares.
“Hay que abrir la puerta del Valle de los Caídos, literalmente, y empezar a exhumar”, dice el abogado Eduardo Ranz. El letrado representa a las familias de ocho personas enterradas allí, dos pertenecientes al bando nacional y dos al republicano, que han denunciado al responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, por negarse a permitir las ocho exhumaciones autorizadas.
“Tenemos sentencia judicial firme que permite entrar y el equipo de trabajo preparado”, refiere Ranz. “Y no puede ser que 22 señores –los responsables de la Abadía Benedictina– puedan más que un Estado, porque ya es una orden que viene de Presidencia, está tratada en un Consejo de Ministros y que acata Patrimonio Nacional”, apunta el letrado.
El abad, cancerbero de Cuelgamuros
Lo “único que falta”, incide, “es abrir la puerta” custodiada por el abad, convertido en una suerte de cancerbero y atasco final. Porque antes, los descendientes de los ocho fallecidos en la guerra de España, han tenido que solventar un carrusel de obstáculos. Estas son las principales trabas encontradas por la familia Lapeña como paradigma del resto de denunciantes:
Marzo de 2016. Un juzgado de San Lorenzo de El Escorial dio permiso para exhumar. Es la primera sentencia judicial en este sentido y estima la petición por vía civil de la nieta de dos asesinados por el franquismo y reconoce su derecho a darles “digna sepultura”. La resolución se produjo tras el archivo de la solicitud en vía penal que había llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El fallo se refería a los hermanos Lapeña, ejecutados en Calatayud (Zaragoza) en 1936 y trasladados años más tarde al Valle de los Caídos sin conocimiento de su familia. Y ahí aparece el primer encontronazo: la sentencia quedó recurrida a los 15 días, iniciando un peregrinaje que superó los 21 meses.
La segunda traba se circunscribe a Patrimonio Nacional, que no asume el contenido de la decisión del juzgado. De hecho, no ofreció intención alguna de facilitar la exhumación. En julio de 2016 atascó el proceso pidiendo más informes. Tres meses después, la Abadía remitió documentos en los que se opuso tajantemente a la entrada de técnicos en Cuelgamuros.
“Tuvimos que ir al Juzgado Central para que dijera que tenían la obligación de cumplir la sentencia”, relata Eduardo Ranz. Mientras el resto de peticiones de víctimas avanzó en la misma dirección que el caso de los Lapeña, en junio de ese mismo año se conoció cómo una reforma legal de Rajoy ayuda a frenar las exhumaciones.
De inacción estatal a denuncia ante la ONU
La tercera traba se corresponde con una etapa de inacción. Por estas fechas las familias ya han denunciado a Patrimonio Nacional ante el Supremo, pero aparentemente nadie mueve ficha. El ministerio de la Presidencia –de quien depende Patrimonio– miró hacia otro lado. En abril de 2017 el Gobierno había logrado ahogar la causa en burocracia.
La cartera encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pretendió no mojarse en el asunto, pero acabó dando explicaciones en el Congreso. En sede parlamentaria confirmó la “oposición de terceros” a sacar restos óseos del mausoleo franquista pero Santamaría ocultó que era la Abadíaquien había impedido seis meses antes que los técnicos entrasen a la cripta.
El prior negó la entrada para comprobar el estado de las criptas y los cuerpos allí alojados. Es la cuarta traba, aunque en abril del pasado año Patrimonio decidió ignorar el veto de la iglesia y entrar en el Valle de los Caídos para iniciar la exhumación de los Lapeña, como avanzaba en exclusiva eldiario.es. Sin resultado. La puerta sigue cerrada a cal y canto.
En junio de 2017 España quedó denunciada ante Naciones Unidas por no facilitar el proceso reclamado por la familia Lapeña y avalado por sentencia judicial firme. El requerimiento al organismo internacional busca “un fallo humanitario” con el que la ONU “haga cumplir al Gobierno español” el mandato jurídico. “Los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial a exhumar, ahora falta liberarles de su secuestro” en la mayor fosa común del país, declaraba a este medio el abogado denunciante.
“A día cinco de diciembre nos han comunicado que, paralelamente a la denuncia de la ONU, Patrimonio Nacional dice a la Abadía que hay que iniciar las exhumaciones pero los responsables impiden los trabajos y la entrada a los técnicos”, dice Ranz. Las puertas de Cuelgamuros cerradas, de nuevo en esta quinta traba. Y de ahí la ultima denuncia de las familias de ocho personas enterradas en el Valle de los Caídos contra el abad acusado de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la extracción de los cuerpos.
Tras casi dos años de espera y múltiples impedimentos solventados, los familiares de seis republicanos y dos franquistas siguen esperando. En total son 12 denuncias referidas a estos ocho cuerpos. Los hermanos Lapeña fueron el primer caso en encontrar respaldo judicial. Luego llegó el resto. Todos con sentencia judicial como aval y permiso de Patrimonio para exhumar los cadáveres y darles “digna sepultura”. Las familias esperan que chirríen las bisagras. Y mientras, el abad resiste convertido en el cancerbero de Cuelgamuros.
Los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña. | ARICO MEMORIA ARAGONESA
DENUNCIAN AL ABAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS POR NEGARSE A PERMITIR OCHO EXHUMACIONES AUTORIZADAS
Posted by MEMORIA ARAGONESA en 02/01/2018
DENUNCIAN AL ABAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS POR NEGARSE A PERMITIR OCHO EXHUMACIONES AUTORIZADAS
FAMILIARES DE VARIAS PERSONAS ENTERRADAS DENUNCIAN AL PRIOR POR UN DELITO DE ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD Y DENEGACIÓN DE AUXILIO
PATRIMONIO NACIONAL RECONOCIÓ A LOS IMPULSORES DE LA CAUSA EL DERECHO A EXHUMAR LOS RESTOS Y QUE LA SEPULTURA SE REALICE EN UN CEMENTERIO NO RELIGIOSO
LOS DENUNCIANTES QUIEREN QUE SE LE CONDENE A DISCULPARSE Y A ENTREVISTARSE CON VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO, ASÍ COMO A REALIZAR TRABAJOS A PIE DE FOSA
ELDIARIO.ES – 02/01/2018
Las familias de ocho personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos han denunciado al máximo responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, por la comisión, presuntamente, de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos,tal y como ha avanzado la Cadena SER.
Eduardo Ranz, el abogado que ha presentado este martes las denuncias ante un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial (Madrid), asegura en un comunicado que las familias impulsoras de la causa ya han visto “reconocido por Patrimonio Nacional su derecho a exhumar, así como resuelto que se trata de una sepultura de cementerio público, y no religioso”.
Según explica el letrado, ante la negativa de la exhumación de estos ocho cuerpos – dos pertenecientes al bando nacional y seis al republicano – han presentado doce denuncias, ya que algunas estas impulsadas por distintos miembros de la misma familia.
En un comunicado explica que con estas causas quieren que se “condene al prior: a disculparse cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo; que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa; entrevistarse con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista; así como que sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”.
El padre Santiago Cantera llegó a negar el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y envió una carta en la que informaba de que vetaba la entrada en la iglesia, donde están enterrados los más de 30.000 cadáveres de franquistas y víctimas del franquismo y también los hermanos Lapeña que un juez ha ordenado exhumar.
El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) autorizó la exhumación por la vía civil de los restos mortales de estos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados al Valle de los Caídos sin autorización de sus familiares. Sus descendientes también se han unido a las denuncias presentadas este martes por Ranz contra el prior.
Este letrado recuerda que Patrimonio Nacional reconoció el derecho a la exhumación de los restos mortales de los hermanos Lapeña. Esta investigación se procederá a llevar a cabo en la Cripta adyacente a la Capilla del Santísimo y en el nivel tercero de la Cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro, ambas del cementerio público del Valle de los Caídos, las actuaciones técnicas preliminares fueron encargadas al Instituto Eduardo Torroja del CSIC.
Entre la argumentación presentada en la denuncia, el abogado recuerda que el pasado 9 de marzo de 2017 Patrimonio Nacional emitió una resolución dirigida a la abadía benedictina por la que se concluye que “a los osarios existentes en el conjunto monumental del Valle de los Caídos, adyacentes a las capillas de la nave central y de la nave del crucero de la Basílica, les corresponde la calificación jurídica de cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia”.
Por lo tanto, continúa indicando el letrado, que este emplazamiento no tiene “la condición de lugar sagrado” y por ello no le ampara “la garantía de la inviolabilidad” recogida en el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede.
Ranz lamenta que este responsable del Valle de los Caídos no cumpla con las sentencias judiciales. “Lo mismo que ocurre en Catalunya, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel y otros en misa”, apunta en alusión a los exconsellers catalanes que se encuentran en prisión provisional.
Patrimonio Nacional da luz verde a la primera exhumación en el Valle de los Caídos EFE
DENUNCIAN AL PRIOR DEL VALLE DE LOS CAÍDOS POR NO PERMITIR EXHUMACIONES
Posted by MEMORIA ARAGONESA en 02/01/2018
DENUNCIAN AL PRIOR DEL VALLE DE LOS CAÍDOS POR NO PERMITIR EXHUMACIONES
SEGÚN LOS ABOGADOS, SE HA RECONOCIDO POR PATRIMONIO NACIONAL EL DERECHO A EXHUMAR LOS RESTOS
EL PERIÓDICO / AGENCIAS – MADRID – MARTES, 02/01/2018
Una docena de familiares de fallecidos que se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos. Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
Según los abogados, se ha reconocido por Patrimonio Nacional el derecho a exhumar los restos, y se ha resuelto que el Valle de los Caídos es una sepultura de cementerio público, y no religioso.
En las denuncias se solicita al prior la disculpa “cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo”, así como que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa. Además se reclama que se entreviste con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, y que sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas.
Los abogados que han presentado la denuncia recuerdan que en el año 2016 se obtuvo la primera sentencia judicial que cuestiona la legalidad del franquismo, con fecha 9 de marzo de 2017. “Se emitió resolución de Patrimonio Nacional dirigida a la abadía benedictina”, explican en una nota de prensa.
Asimismo, explican que en esta sentencia se detalla que a los osarios del Valle de los Caídos les corresponde la calificación jurídica de cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia.
Recuerdan que en 2017, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno. “Lo mismo que ocurre en Catalunya, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel, y otros en misa”, critican los abogados.
El Valle de los Caídos. / PERIODICO (AP / FRANCISCO SECO)
Piden condenar al prior del Valle de los Caídos a que sea él mismo el que exhume a los represaliados
El máximo responsable de la Abadía acumula una docena de denuncias por no permitir acceder a los restos de víctimas del Franquismo
Mar, 2 Ene 2018
Una docena de familiares de víctimas del Franquismo cuyos restos se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos pese a contar con resoluciones jurídicas a favor de ello.
Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
Uno de ellos, Eduardo Ranz, explica que Patrimonio Nacional ha “reconocido” el derecho de las familias a las exhumaciones ya que donde se encuentran se considera “una sepultura de cementerio público y no religioso”, por lo que no se requiere del permiso de la iglesia encargada del lugar ni se choca con los acuerdos firmados con la Santa Sede.
Que conozca a las víctimas
En las denuncias, se pide condenar al abad Santiago Cantera a que sea él mismo el que realice los “trabajos de exhumación a plena fosa” y conozca la historia de las víctimas de la dictadura siendo condenado a “estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”.
En las denuncias se solicita al prior además la disculpa “cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo”.
Los abogados que han presentado la denuncia recuerdan que en el año 2016 se obtuvo la primera sentencia judicial que cuestiona la legalidad del franquismo, con fecha 9 de marzo de 2017. “Se emitió resolución de Patrimonio Nacional dirigida a la abadía benedictina”, explican en una nota de prensa.
Recuerdan que en 2017, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno.
Comparación con Cataluña
Los abogados en las distintas denuncias también hacen un paralelismo con la situación jurídica de los líderes independentistas catalanes, recordando que ellos no cumplieron la ley y están en prisión. “Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel, y otros en misa”, critican.
El prior
Santiago Cantera fue elegido máximo responsable de la Abadía del Valle de los Caídos en 2014, cuando sucedió al abad Álvarez Navarrete, el cual había estado en el cargo desde que se inauguró la Abadía en los años 60.
Cantera mantuvo la línea de pensamiento de su antecesor, defendiendo al Franquismo, ha dado distintas charlas como La persecución religiosa en Españay en sus libros arremete contra los que reivindican el carácter civil de la mezquita-catedral de Córdoba: “El andalucismo y el filoislamismo que adora el pasado andalusí sostienen mitos sin fundamento histórico”. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.
Cantera también fue el sacerdote encargado de oficiar hace unos días el funeral por la muerte de Carmen Franco, hija del dictador, en el tanatorio de Carabanchel.
El máximo responsable de la Abadía acumula una docena de denuncias por no permitir acceder a los restos de víctimas del Franquismo
Mar, 2 Ene 2018
Una docena de familiares de víctimas del Franquismo cuyos restos se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos pese a contar con resoluciones jurídicas a favor de ello.
Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
Uno de ellos, Eduardo Ranz, explica que Patrimonio Nacional ha “reconocido” el derecho de las familias a las exhumaciones ya que donde se encuentran se considera “una sepultura de cementerio público y no religioso”, por lo que no se requiere del permiso de la iglesia encargada del lugar ni se choca con los acuerdos firmados con la Santa Sede.
Que conozca a las víctimas
En las denuncias, se pide condenar al abad Santiago Cantera a que sea él mismo el que realice los “trabajos de exhumación a plena fosa” y conozca la historia de las víctimas de la dictadura siendo condenado a “estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas”.
En las denuncias se solicita al prior además la disculpa “cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo”.
Recuerdan que en 2017, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno.
Comparación con Cataluña
Los abogados en las distintas denuncias también hacen un paralelismo con la situación jurídica de los líderes independentistas catalanes, recordando que ellos no cumplieron la ley y están en prisión. “Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel, y otros en misa”, critican.
El prior
Santiago Cantera fue elegido máximo responsable de la Abadía del Valle de los Caídos en 2014, cuando sucedió al abad Álvarez Navarrete, el cual había estado en el cargo desde que se inauguró la Abadía en los años 60.
Cantera mantuvo la línea de pensamiento de su antecesor, defendiendo al Franquismo, ha dado distintas charlas como La persecución religiosa en Españay en sus libros arremete contra los que reivindican el carácter civil de la mezquita-catedral de Córdoba: “El andalucismo y el filoislamismo que adora el pasado andalusí sostienen mitos sin fundamento histórico”. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.
Cantera también fue el sacerdote encargado de oficiar hace unos días el funeral por la muerte de Carmen Franco, hija del dictador, en el tanatorio de Carabanchel.
TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE EXISTEN PARA SACAR A FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Posted by MEMORIA ARAGONESA en 22/02/2017
TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE EXISTEN PARA SACAR A FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
LA PETICIÓN “URGENTE” DEL PSOE DE SACAR LOS RESTOS DE FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS TROPIEZA CON VARIOS IMPEDIMENTOS
LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DICE QUE LA BASÍLICA DONDE ESTÁ ENTERRADO EL DICTADOR ES UN LUGAR DE CULTO Y, POR TANTO, INVIOLABLE
CUALQUIER MOVIMIENTO EN LA SEPULTURA NECESITA LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD RELIGIOSA TRAS LA APROBACIÓN DEL PARLAMENTO Y LA PETICIÓN DEL GOBIERNO
JUAN MIGUEL BAQUERO – 20/02/2017
Exhumar a Franco. Sacar sus restos de forma “urgente” de Cuelgamuros. Es la petición que el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados. Los socialistas rescatan el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, de 2011, encargado por el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La petición se encuentra con algunos obstáculos.
Como primer impedimento aparece la propia ley de Memoria Histórica. La basílica, según el texto, es un “lugar de culto”. Un espacio sagrado y, por tanto, inviolable. Cualquier movimiento necesita ser aprobado por la iglesia. Y allí es donde yacen los restos del dictador y del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
Para saltar ese muro, primero hace falta el impulso del Parlamento español. Que los diputados aprueben la veintena de medidas de la proposición no de ley y encomienden la labor al Gobierno de Mariano Rajoy. Segundo, que este pida autorización de la institución religiosa correspondiente. Bien el abad de la Santa Cruz del Valle o, por extensión, el papa Francisco.
Sin embargo, es el Estado y no la Iglesia quien tiene competencia en los osarios que acogen a 33.847 personas, muchas en fosas comunes y muchas represaliadas republicanas, trasladadas al Valle de los Caídos desde 1959 a 1983. Puede remover entonces la mayor fosa común de España. Y tiene amplia capacidad de disposición sobre el mausoleo. Menos en la basílica. Las tumbas de Franco y Primo de Rivera quedan al margen.
La “incongruente” tumba del dictador
El grupo de expertos reunido durante el Gobierno de Zapatero recomendó retirar “los restos del general Francisco Franco”. La idea era un traslado al lugar que designara la familia del militar golpista. Para los restos de Primo de Rivera, se veía suficiente con que no ocuparan un lugar “preeminente del edificio”.
Sin embargo, estas tumbas serían contrarias al Derecho Constitucional Canónico, que prohíbe la sepultura de no religiosos en lugares de culto, es decir, un laico no debería estar enterrado allí. Que Franco esté en la basílica es además incongruente con la finalidad original que motivó la construcción: acoger a fallecidos de la guerra civil. Trastoca el sentido del memorial, apunta aquel informe, y dar un nuevo significado al Valle de los Caídos solo es posible sin su presencia.
En la polémica surgida tras la exigencia del PSOE ha terciado la Fundación Nacional Francisco Franco, que responsabiliza a Juan Carlos I, el “rey emérito”, del entierro del dictador y amenaza con denunciar a los parlamentarios que aprueben la exhumación.
Para la memoria de “los Caídos en la Cruzada”
Una de las grandes cuestiones por resolver es la igualación de los identificados con los desconocidos, como refería el documento de la Comisión de Expertos entregado al Ministerio de la Presidencia de Zapatero el 29 de noviembre de 2011. Muchas personas anónimas fueron sacadas de fosas comunes y luego enterradas en el Valle de los Caídos, sin filiación ni permiso de sus familiares. Por primera vez, un juez ha ordenado que se exhumen los cuerpos de dos republicanos represaliados, una sentencia que Patrimonio aún no ha cumplido alegando que le faltan informes.
La construcción en Cuelgamuros es el más importante símbolo monumental de la guerra civil y la dictadura franquista y también, destacaban, “del nacional-catolicismo de la época”. Un “magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación” que terminó por acoger los restos de republicanos ejecutados en zonas de retaguardia.
De ahí la petición de familias de víctimas, desde hace años, con el referente de la Agrupación de Familiares Pro Exhumación de Republicanos del Valle y el freno que ha supuesto una reforma legal de Rajoy. Los miles de restos están depositados en las ocho criptas de la Basílica y sometidos a un fuerte proceso de deterioro interno, como apuntaron las intervenciones técnicas realizadas entre 2004 y 2010.
El régimen franquista ordenó trasladar restos de víctimas a las criptas del Valle de los Caídos / EFE
PIDEN RETIRAR LOS RESTOS DE FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 40 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE
Posted by MEMORIA ARAGONESA en 19/11/2015
PIDEN RETIRAR LOS RESTOS DE FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 40 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE
COLECTIVOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA CONVOCAN UNA CONCENTRACIÓN EL SÁBADO FRENTE AL VALLE DE CUELGAMUROS PARA REIVINDICAR LA RETIRADA DE LOS RESTOS DEL DICTADOR.
PUBLICO/AGENCIAS
MADRID.- El Foro Social de la Sierra de Guadarrama ha organizado junto a otros colectivos una concentración para reivindicar la retirada de los restos de Francisco Franco y los “símbolos fascistas”, cuando se cumplen 40 años de la muerte del dictador.
Como en otras ocasiones, los diferentes colectivos que luchan por la Memoria Histórica y los derechos humanos se concentrarán en fente del Valle de Cuelgamuros, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, entre las 12 horas y la una del mediodía de este sábado con los lemas “Fuera la tumba del dictador” y “Fuera fascistas de nuestra sierra”.
En esta propuesta, autorizada por la delegación del Gobierno, los colectivos exigen también la retirada de la gran cruz que preside el monumento, en donde, además de Franco, está enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange. Asimismo, quieren que el lugar se convierta en un centro para la Memoria Histórica.”Por el compromiso político con las víctimas del franquismo. Homenaje a los fusilados y fusiladas. ¡Basta de impunidad antifascista!”, afirman en el cartel de la convocatoria.
Baltasar Garzón, asimismo, pide al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un “Espacio de Memoria”, el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El ex juez ha entregado el escrito este jueves ante Consejo de Ministros.
La solicitud, presentada en virtud del Derecho de Petición y firmada por Garzón junto a los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, coincide mañana con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de la Falange.
Garzón reclama también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, “pueden incitar al odio”.
Solicita también la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado “pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral“.
El escrito propone la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.
Para los firmantes, la afirmación de que el monumento es una “ofrenda a todos los caídos”, no responde a la realidad porque allí se encuentra la tumba del propio dictador y del fundador de la Falange y se erigió con el “trabajo esclavo de miles de presos” en una “exaltación de la dictadura y del propio dictador”.
Además, la inhumación en la Basílica de víctimas del franquismo se realizó sin conocimiento ni autorización de las mismas “lo que implicó una nueva revictimizaciónpara éstas”.
Transformación del Valle de los Caídos
Sobre la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, el escrito detalla dos escudos preconstitucionales, un escudo de Francisco Franco sobre la puerta de acceso a la sacristía y un mosaico que representa a un Cristo sedente al que se dirigen cuatro procesiones de mártires que portan estandartes de Falange y de requetés. “Todo ello en manifiesto incumplimiento de la denominada Ley de Memoria Histórica”, señala.
Piden los juristas la transformación del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, donde las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.
Para ello, se solicita al Gobierno la aprobación de la dotación económica suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.
Durante la legislatura que ahora acaba han sido varias las iniciativas parlamentarias para reconvertir la Basílica.
El PSOE llevó al Congreso una proposición de ley que reclamaba al Gobierno la “reconversión y resignificación” del Valle de los Caídos por ser, a su juicio, un mausoleo contrario a la “cultura de la convivencia” y un “desprecio” a las víctimas de la dictadura.
Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. EFEEnero 4, 2018
Los solicitantes de exhumaciones de los osarios del Valle de los Caídos, incluso las amparadas por sentencia judicial, se topan con una carrera de obstáculos, tanto de la Administración como de los Monjes Benedictinos que administra la Abadía allí alojada, la Abadía de la Santa Cruz, que hacen de su reclamación una misión imposible y de la Ley de la Memoria Histórica un papel mojado.
DÍAZ DE MENDOZA
Tanto el Gobierno del PP como los gobernantes de la Abadía de la Santa Cruz no quieren facilitarles las cosas a los familiares de los restos de sus deudos, encabezados por determinados partidos políticos que únicamente persiguen un rédito electoral. En 2015, ante la avalancha de peticiones que se preveía por la sentencia favorable a los Lapeña, se apresuró a derogar el Artículo de la perpetua memoria, por el que los jueces han de admitir y practicar las informaciones que se promuevan ante ellos “con tal que no se refieran a hechos de que pueda resultar perjuicio a una persona cierta y determinada”.
Pues rechazada la vía penal, incluso por el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de la UE, la vía civil para encontrar y recuperar los restos de los familiares desaparecidos o en paradero indeseable -como es el caso de los trasladados sin permiso al Valle de los Caídos-, se ha revelado como una solución expedita para el ya viejo y reiterativo problema de las fosas comunes en nuestro país.
En la respuesta parlamentaria dada por el Gobierno de Mariano Rajoy al diputado José Luis Ábalos Meco, del Grupo Socialista, el Ejecutivo revela su estrategia: aunque se sabe el lugar exacto donde se encuentran los restos de los hermanos Lapeña, junto con los robados de “Calatayud”, como los filiaron los Monjes Benedictinos, el Gobierno señala que “deberá recabarse informe sobre el estado arquitectónico del osario en que se encuentren depositados los restos cadavéricos de la persona cuya exhumación se pretenda, a fin de determinar la viabilidad del acceso a aquél, en las debidas condiciones de seguridad. Si esto puede realizarse, deberá a continuación pedirse informe forense sobre la identificación de los restos cadavéricos de dichas personas”.
El principio de proporcionalidad
El aludido “principio de proporcionalidad” es uno de los principios generales del Derecho Administrativo, que, según la definición del magistrado Delgado Barrio, del Tribunal Supremo, “deriva claramente del Artículo 106.1 de la Constitución, que al dibujar el control jurisdiccional de la Administración alude al sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican: aunque en ocasiones este precepto se ha entendido como una alusión a la desviación de poder, su sentido es mucho más amplio y recoge la necesidad de una armonía entre los medios utilizados y la finalidad perseguida”.
Exactamente lo contrario de los obstáculos que opone la Administración al cumplimiento de la sentencia citada, avisando, de paso, que “si por su estado de conservación no resultara viable acceder a la sepultura u osario en que estuviesen depositados los restos cadavéricos de la persona cuya exhumación se pretenda o si, siendo ello posible, no pudieran aquéllos identificarse o su identificación resultara de gran dificultad, en aplicación del principio de proporcionalidad debería dictarse resolución desestimatoria de la petición de exhumación”.
La Abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos “ha recurrido en alzada esa comunicación ante el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, al amparo del artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, solicitando la suspensión de la ejecución de las actuaciones a que se ha hecho referencia”.
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