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CONSEJO
El Consejo de Gobierno lo incluye en su catálogo para reconocer a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
SEVILLAActualizado:
El Gobierno andaluz aprobó ayer iniciar la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022que establecerá la programación de las medidas de la Junta para dar cumplimiento a la ley aprobada el año pasado en el Parlamento de Andalucía.
El plan tiene como objetivo central garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación. Uno de sus principales ejes será la recuperación de fosas comunes ya que se calcula que hay 60.000 personas consideradas desaparecidas en Andalucía.
Hasta el momento, se han realizado 70 intervenciones por la administración, los familiares, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España hasta 2012.
Ahora, la Junta tramita la declaración de 13 nuevos lugares de Memoria Democrática entre los que se encuentran la antigua Jefatura Superior de Policía de Sevilla en la Gavidia y la sede de la Capitanía General situada a pocos metros y sede actual de la Consejería de Justicia.
También está en este listado la fortificación del Estrecho de Gibraltar,la fosa común del cementerio de San Roque, la Plaza de la Constitución y el cementerio de Baena, la colonia de Víznar, el convento de Santa Úrsula en Jaén o el Palacio de la Aduana en Málaga.
Los restos de Queipo
El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, se mostró ayer confiado con que la Hermandad de la Macarena actuará «de acuerdo a la legislación aprobada» respecto al futuro de los restos mortales del general golpista Queipo de Llano que permanecen en la basílica de la Macarena.
Jiménez barrios ha explicado que la Junta está a la espera de que se tome una decisión sobre el asunto, una vez que termine la iniciativa llevada por parte del Ayuntamiento «y haya una decisión definitiva tomada por la hermandad, que creo que lo hará haciendo cumplir la ley».
Jiménez Barrios ha recalcado que el Gobierno andaluz, llegado el momento, «actuará tal como indique la asesoría jurídica de la Junta. La ley es ley y hay que aplicarla, de ahí la importancia que tenga la información jurídica que ha solicitado la propia hermandad y que el Ayuntamiento le ha indicado. Una vez esto ocurra, la Junta actuará de acuerdo a la legislación aprobada, por ciento, sin ningún voto en contra».
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