La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado este viernes al Consejo de Ministros de su intención de reestructurar el Ministerio para potenciar dos áreas, entre ellas, "aquellas cuya misión es promover los derechos humanos". Para ello creará una nueva Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones que "permitirá reforzar los mecanismos que tratan de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo".
La ministra, que en su día mostró públicamente su apoyo al ex juez Baltasar Garzón cuando fue juzgado por investigar el franquismo, quiere "reforzar la dimensión humana" de la nueva dirección general, que asumirá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, "sin perjuicio de las competencias de otros ministerios". El Ministerio precisa que la reforma "no tendrá coste presupuestario alguno".
El otro área que Delgado quiere potenciar es la encargada de acometer "el proceso de modernización y desarrollo tecnológico" de la Justicia. La ministra ha añadido que las medidas que adopte "serán consensuadas" con las organizaciones profesionales de jueces y fiscales y los restantes operadores jurídicos. Con ese objetivo, la ministra tiene la intención de recuperar la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, competencias que en la actualidad están repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general.
Justicia informa de que estas actuaciones de Delgado se dirigen a cumplir su "compromiso" de acometer "las reformas modernizadoras necesarias para conseguir una Justicia rápida, independiente y transparente al servicio de la ciudadanía y, sobre todo, de las víctimas".
En el Consejo de Ministros de este viernes se ha aprobado también que el número dos del Ministerio será Manuel Dolz, el fiscal que pidió juzgar al ex dirigente socialista José Blanco por el caso Campeón. El nuevo secretario de Estado de Justicia era hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo y pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, al igual que la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
En 2013 Dolz propuso al juez del Supremo que investigaba a Blanco que pidiera al Congreso la autorización para juzgarle por un delito de tráfico de influencias relacionado con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat. El juez estuvo de acuerdo pero la Sala de lo Penal del Supremo archivó el caso.
Igualmente se ha confirmado que el gobierno propone a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, como fiscal general del Estado, tal y como se conoció hace unos días. También Segarra pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. Ahora Segarra deberá pasar los trámites correspondientes en el CGPJ y la Comisión de Justicia del Congreso para ser definitivamente nombrada para el puesto que hasta ahora ocupaba Julián Sánchez Melgar.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada