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Los genoveses
Página no oficial del clan Rato.
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Urbanisme depredador.
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Denuncian ante la Fiscalía al director general de la Energía por tráfico de influencias
La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha presentado un escrito ante la Fiscalía con el fin de que ésta determine si Antonio Cejalvo cometió un delito en el proceso de adjudicación del Plan Eólico 14.
EFE
En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Ana Climent, ha explicado que la construcción de los parques eólicos de la comarca del Comtat fue adjudicada por la Dirección General de Energía a una empresa, cuyo estudio de impacto ambiental fue elaborado por una sociedad en la que figura una hermana de Cejalvo.
A su juicio, este último debería haberse abstenido en el procedimiento de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la Zona 14, a pesar de darse el caso de que fue una hermana suya quien dirigió el Estudio de Impacto Ambiental de dicha zona eólica, además de ser administradora única de la empresa que lo elaboró.
Además, se ha denunciado que Cejalvo podría haber influido en la agilización del procedimiento administrativo con el posible fin de evitar que el Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto hubiese tenido que ampliarse o repetirse, a pesar de la existencia de una recomendación efectuada por el Síndic de Greuges.
Por ello, la plataforma considera que en este proceso se han podido cometer otros dos delitos: "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función" y " delito contra las instituciones del Estado".En este último sentido, la Coordinadora considera que Cejalvo podría haber dilatado el envío de documentación y enviar información "falsa e incompleta" al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana.
Climent ha explicado que el origen de la denuncia radica al descubrir que "la persona que firmó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Plan Eólico en la Zona 14 es hermana del alto cargo responsable de la puesta en marcha del Plan Eólico Valenciano".
Además, ha recordado que Antonio Cejalvo también fue director de la Agencia Valenciana de Energía en 2001 y que las empresas beneficiarias del Plan Eólico de la zona 14 se constituyeron poco antes de la adjudicación del plan.En las fechas de la adjudicación, 2002-2003, según ha afirmado Climent, Cejalvo ocupó la Jefatura del Servicio de Energía de la Consellería de Industria.Más tarde se le nombró director de la Agencia Valenciana de Energia y posteriormente director general de Energía, "cargos que ocupa en la actualidad".
Desde estos puestos directivos, según ha manifestado Climent, Cejalvo ha ejercido y ejerce funciones de dirección y control "sobre todo aquello que esté relacionado con el Plan Eólico y, por tanto, influyó en la adjudicación a la promotora de la zona 14 que presentó un Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa cuya administradora única es su hermana".
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La Generalitat dice que las acusaciones son falsas
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Las conexiones de la trama de corrupción de Baleares llegan hasta Alicante
Felipe Armendáriz/J. F. M, Palma de Mallorca
Los presuntos delitos de alcance millonario investigados en el llamado caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB en el anterior Govern balear del Partido , podrían haberse cometido en Mallorca, en la Comunitat Valenciana e, incluso, en el extranjero. La principal encausada, Antònia Ordinas, ex directora-gerente del consorcio dependiente de la conselleria de Comercio y defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, tejió una importante red de empresarios-colaboradores-proveedores del Govern radicados en Baleares, Valencia, Alicante, Nueva York, Hong Kong y otras ciudades importantes. En Valencia, como adelantó Levante-EMV, fue arrestado un empresario que realizaba informes para el consorcio balear bajo sospecha.
En principio se baraja la Audiencia Nacional como instancia competente en la investigación, más por la posibilidad de que españoles hayan delinquido en el extranjero que por la pluralidad de comunidades autónomas donde podría haber actuado la trama.
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El empresario valenciano implicado en la trama balear sólo admite su relación comercial con altos cargos de Matas
Francisco G.C. es el administrador único de la empresa NTC Consultores, sociedad relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene
EFE
La jueza instructora del caso por una supuesta trama de corrupción en el Centro para el Desarrollo Económico de las Islas Balears (CDEIB) en el anterior Govern de Jaume Matas, Piedad Marín, ha tomado declaración hoy en calidad de imputado al empresario valenciano Francisco G.C. y a otros dos testigos.
Francisco G.C. fue detenido en Valencia el pasado 3 de octubre por su supuesta implicación en los hechos investigados, ya que es el administrador único de la empresa NTC Consultores, con sede en la capital valenciana, sociedad al parecer relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene.
Viaene permanece en la prisión de Palma junto a la ex gerente del CDEIB Antània Ordinas, y la mujer de ésta, Isabel Rosselló. Los tres están considerados los principales implicados en la trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de la Conselleria de Industria.
En su declaración, realizada bajo secreto del sumario, el empresario valenciano habría admitido su relación comercial con los ex altos cargos del Ejecutivo de Matas, pero sin entrar en mayores detalles, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.
Los otros dos testigos que hoy han comparecido ante la jueza Piedad Marín y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach son funcionarios de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía, quienes explicaron los mecanismos burocráticos que se seguían en ese departamento con los trabajos encargados a diversos empresarios.
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Un colectivo denuncia a un director general con datos que el Consell dice que son falsos
La plataforma acusa de trato de favor a Cejalvo por la intervención de su hermana en un plan eólico
M. Vilaplana, Alcoi
La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra el director general de Energía, Antonio Cejalvo Lapeña, por un presunto delito de tráfico de influencias por consanguinidad. La entidad lo acusa de no haberse abstenido en el proceso de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la zona 14, a pesar de que fue una hermana suya quien dirigió el estudio de impacto ambiental como administradora única de la empresa que lo elaboró. El Consell sostiene que todas las acusaciones son falsas, porque Cejalvo no era cargo público cuando se adjudicó y desarrolló el plan .
Responsables de la coordinadora, encabezados por su presidenta Anna Climent, explicaron ayer que en las fechas de adjudicación, entre 2002 y 2003, Antonio Cejalvo ocupó la jefatura del Servicio de Energía de la Conselleria de Industria. En mayo de 2002 se le nombró director de la Agencia Valenciana de la Energía y en julio de 2003, ya después de la adjudicación, se hizo cargo de la dirección general de Energía, cargos ambos que sigue ocupando en la actualidad. En este sentido, señalan que como jefe del Servicio de Energía, "intervino y tuvo un papel decisivo en el procedimiento de adjudicación de la construcción de los tres parques eólicos de la zona 14 a la empresa Guadalaviar, influyendo favorablemente en dicha adjudicación, a pesar de que debería haberse abstenido por consanguinidad al ser su hermana, Dolores Cejalvo Lapeña, responsable del estudio de impacto ambiental de dicho proyecto empresarial y administradora única de Green Planet, empresa que elaboró el informe" tras ser subcontratada.
La coordinadora, asimismo, afirma que Antonio Cejalvo, ya como director general de Energía, sometió a exposición e información pública el estudio de impacto ambiental, "cuando no podía intervenir en el procedimiento por tener parentesco de consanguinidad".
Aparte de tráfico de influencias, la coordinadora también ha denunciado a Antonio Cejalvo por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, se le acusa de delitos contra las instituciones del Estado, "por dilatar el envío de documentación y remitir información falsa e incompleta al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana", argumentaron. Estudio ambiental
También señalaron que la hermana de Antonio Cejalvo es secretaria del Colegio Oficial de Biólogos, que sería el encargado de visar el estudio ambiental.Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Eólico, y que también la Unión Europea se ha interesado por la cuestión a raíz de las denuncias de la coordinadora.
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La Generalitat mantiene que "no era cargo público"
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Julio Iglesias no "cantará" en el juzgado
El juez rechaza por ahora que declare por el contrato "b" y las facturas falsas del IVEX
Francesc Arabí, ValenciaLa partitura de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está escrita y ya han pasado unos cuantos por el juzgado a interpretarla. Unos se han lavado las manos (los comparecientes de la parte pagadora) y otros han declarado a coro que el IVEX, pivotando sobre las delegaciones en el exterior y con los presuntos gastos de organización como coartada, pagó cantidades millonarias a Julio Iglesias, a empresas vinculadas a él, como International Concerts, o a no se sabe quién, como Midway International o Gold Peak Trade Service. El dinero voló a cuentas de paraísos fiscales como la WA356115.000 de UBS en Nassau (Bahamas). Desfile de muchos periféricosAnte el juez han desfilado los que pagaron y los que circulaban por los aledaños. Los que cobraron y están identificados -el propio Julio Iglesias- y las citadas sociedades, de momento seguirán ausentes en el caso. El instructor de la causa, Luis Carlos Presencia Rubio, ha decidido que por ahora ni el artista ni su representante, Luis Fernando Esteban, serán imputados en el caso, como ha pedido el PSPV, que ejerce la acusación. Ni siquiera pasarán como testigos. El presunto promotor de los productos valencianos en el exterior no aportará luz sobre los recitales en los que supuestamente se hincharon gastos -lo que denunció el ex delegado en Miami, José Marquina, en este diario y ante el juez- ni sobre otros en los que se inventaron las facturas desde el primer céntimo. Esto último sucedió en México, a tenor de testimonios judiciales y de la multa de 191.000 euros que la Agencia Tributaria impuso al instituto tras expresar sus dudas de que dos firmas que cobraron 1.908.000 euros por dos recitales "hayan realizado los servicios facturados".
"En ningún caso ha sido acreditado", remarcaba Hacienda. Una parte de los pagos se hicieron con facturas por la organización del recital que Julio Iglesias ofreció el 10 de abril de 1999 en el Auditorio Nacional mexicano. Ese evento, el último de los seis de la gira mundial del artista, se convirtió en el epicentro de la causa judicial cuando, a partir de la declaración de Marquina y de las informaciones de este diario, trascendió que la empresa que cobró 1.802.434 dólares por montar ese acto (la citada Midway) no hizo nada. Fue la productora mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cedió los derechos del artista. La Agencia Tributaria, el gerente de Rac Producciones, Carlos Santos, vía aportación de documentos al fiscal; el apoderado del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho, en declaraciones al juez -en comisión rogatoria- y el ex delegado en México, Vicente Sendra, han insistido todos en la línea de indicar que fue Rac la que cargó con los gastos y que desconocían la existencia de la firma irlandesa.
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El empresario valenciano detenido por el caso Scala informa a la juez que realizó cobros raros
El imputado asegura que actuó por encargo de Antònia Ordinas y Kurt Viaene
Felipe Armendáriz/J.F.M., Palma
Francisco G. C., el empresario valenciano experto en mercadotecnia y que en la pasada legislatura facturó cientos de miles de euros al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), declaró ayer, en calidad de imputado ante la juez palmesana que instruye la operación Scala. El declarante, que fue detenido hace dos semanas en Valencia y puesto en libertad, implicó al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la ex directora-gerente de dicho consorcio, Antònia Ordinas, ambos en prisión, en extraños cobros de facturas giradas por un empresario norteamericano.
El empresario explicó que Viaene le enviaba facturas del proveedor norteamericano del CDEIB Sean Kelleher para que él las cobrara en el consorcio. Una vez cobradas estas facturas, el asesor valenciano entregaba el dinero en sobres a la gerente del consorcio Antònia Ordinas. Kelleher aparece vinculado a la sucursal del CDEIB en Los Ángeles y figura como el organizador de varios eventos promocionales en Manhattan (Nueva York) y California.
El consultor fue interrogado durante unas dos horas. Durante su primera declaración ante la policía el 3 de octubre el empresario aseguró que todos los trabajos encargados a sus consultorías por el anterior Gobierno balear del PP presidido por Jaume Matas se habían realizado. El empresario insistió ayer ante la juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la solidez y minuciosidad de sus informes.El experto en mercadotecnia manifestó tras su puesta en libertad que el actual Gobierno también ha requerido sus servicios de consultor externo para el mismo consorcio dependiente de la conselleria de Comercio.
Sin comentarios
El empresario, que tras su comparecencia de ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración, figura como administrador de dos de los principales proveedores del CDEIB: Marketing One Srategy S.L. y NTC Consultores S.L. Esta segunda compañía facturó miles de euros al consorcio.
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La juez imputa al ex conseller Cardona
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Otro peritaje sobre la forma de las facturas
El Supremo no halla indicios para imputar al ex alcalde de Burriana
El perito dice que las facturas del IVEX son "correctas" en la forma sin entrar en si son o no falsas
Alperi renuncia como concejal pero cobrará como consejero de Aguas de Alicante
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dissabte, 18 d’octubre del 2008
dijous, 2 d’octubre del 2008
Camps: "Zapatero odia a la Comunitat Valenciana".
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C9 Colpisme Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Economia Educació EpC
F1 Fabra Finançament Immigració Metro Negocis PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica
Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana
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Sí, home, com si no tingués res millor a fer! Què creu aquest individu que som els valencians, una colla de cretins? És el mateix que he dit anteriorment de Font de Mora y Millán Astray: si pensa el que diu és impossible que estigui en possessió de totes les seves facultats mentals, si no ho pensa, és un miserable, cínic, mentider, demagog i pocavergonya que busca rèdit polític i personal. I jo estic convençut que no ho pensa.
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Camps: "Zapatero odia a la Comunitat Valenciana"
El president de la Generalitat y el portavoz del PSPV, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.
EFE El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.La polémica se ha originado durante la primera sesión de control parlamentario al president tras el verano a raíz de la pregunta del portavoz del PP, Ricardo Costa, sobre financiación autonómica y los recortes del Gobierno en los anticipos de tesorería para Sanidad, en la que ha aprovechado para denunciar que los Presupuestos del Estado "odian" a los valencianos, porque "Zapatero odia a esta comunidad".
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha manifestado que en política hay que ser "cuidadoso" con el lenguaje, porque "es una constante histórica que hablar de odio incita a la violencia", y que quienes hacen referencia a "odios inexistentes están llamando a violencias futuras".
"Es una constante histórica que hablar del odio, que incitar al odio, que llamar al odio, es un lenguaje prefascista, y ese lenguaje, señor presidente, yo no lo voy a utilizar jamás en esta tribuna", ha aseverado.Camps ha replicado: "aquí los únicos que han roto los principios de la concordia nacional que dio como consecuencia nuestra Constitución han sido ustedes, no sólo hablando, sino legislando sobre la memoria histórica".
El president ha reivindicado que una generación entera buscó puntos de concordia y logró elaborar "el mayor acuerdo político y social que jamás los españoles habían hecho".Sin embargo, ha añadido, "los socialistas de Zapatero, que no de González", se han dedicado durante la legislatura pasada a intentar llevar constantemente "a la memoria histórica de los españoles una etapa cerrada con convicción, con compromiso y sobre todo con concordia y con ganas de mirar al futuro".Luna ha afirmado que desconoce "qué extraña correlación" ha llevado a Camps a relacionar el lenguaje del odio con la memoria histórica, pero ha considerado que "tiene su importancia" que haga esa relación.
"La memoria histórica tiene por finalidad otra cosa, precisamente cerrar los caminos del odio, porque cuando no se cierra bien" y cuando "se cierra un conflicto con la victoria para unos y la humillación para otros", entonces se sigue hablando de "odio" y de "injusticia histórica", ha asegurado el portavoz socialista.Ángel Luna ha añadido que en ese caso "se sigue negando a unos lo que otros han tenido con creces durante 40 años; seguramente ustedes están en ese lado de la balanza", ha afirmado Luna, quien ha indicado que los populares "sabrán de qué lado se encuentran, y de qué lado se han encontrado en los años en que aquí había que dar la cara por las libertades".
Por lo que respecta a los anticipos de tesorería para financiar la Sanidad, Camps ha denunciado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ataca directamente la sanidad pública" con decisiones como la de "retirarle" a la Comunitat Valenciana más de 350 millones de euros comprometidos.Camps ha manifestado que este Gobierno "erróneo para la economía española" está provocando que, después de quince años, ahora en España "se hable de paro", y ha mostrado el compromiso del Consell de que la Comunitat "siga siendo el motor que genere empleo y esperanza".
Por su parte, el portavoz popular ha señalado que Zapatero, "si no se ha convertido en el enemigo público número uno, por lo menos está entre los diez más buscados de esta comunidad", y le ha acusado de querer "descompensar" la sanidad pública valenciana, un servicio que en la actualidad "sólo garantiza" el Consell del PP.
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Una propuesta de contrato-programa de RTVV "en poco tiempo"
"Estamos en mejores condiciones que otros para afrontar la crisis"
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Tot i l'odi que ens té Zapatero:
El Gobierno mantiene las inversiones en 2.336 millones de euros para 2009
Peralta dice que las cuentas aumentan un 2,6% y el ministerio que se reducen un 0,6%
L. B. B./J. G. G./R. M. C., Valencia
El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunitat Valenciana en 2009 reduce la inversión, en conjunto, un 0,6%, según las cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda al presentar las cuentas en el Congreso de los Diputados. En total serán 2.336 millones de euros los que recibirá la Comunitat Valenciana de las arcas del Estado según se refleja en el proyecto de presupuestos del Ministerio de Economía y adelantó ayer el delegado del Gobierno en la C. Valenciana. Aunque la opacidad de este último en la rueda de prensa para explicar los presupuestos creará seguramente la polémica de la semana. Según Peralta, los presupuestos crecen este año un 2,6% al inyectar una lluvia de 2.336 millones en 2009. Sin embargo, las informaciones oficiales procedentes de Madrid, tal como informó un teletipo de la agencia Efe, reflejaban que las inversiones en la C. Valenciana se reducían un 0,6%. ¿Quién tenía razón? El error que hará correr ríos de tinta se encuentra en la cifra total de las cuentas de 2008 de la que se parte. Hasta tres cifras llegó a barajar ayer este periódico: 2.346 millones (del proyecto de presupuestos) 2.352 millones (de las cuentas consolidadas, cifra que ofrecía la agencia Efe). Aunque, finalmente, "la cifra actual de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat para 2008 es de 2.278 millones de euros y no de 2.352", según aclararon fuentes de la Delegación del Gobierno cerca de las 20 horas. La cantidad total invertida el pasado año se reduce a 2.278, según Peralta, porque "los 74 millones previstos para la Copa del América fueron eliminados a raíz del litigio que mantiene paralizada la organización en Valencia de la competición náutica". Así pues, las cuentas crecen un 2,6%, y no un 0,6%, si se dan por buenas las explicaciones del Delegado del Gobierno. Estos raquíticos porcentajes crecen prodigiosamente si se suman las cuentas de los ministerios inversores por excelencia: Fomento y Medio Ambiente. Ambos inyectarán en la Comunitat Valenciana en 2009 un total de 2.169 millones de euros, cuando en 2008 fueron 1.807 millones de euros, lo que supone un incremento del 20%. Por último, las cuentas del Estado supondrán, según Peralta, que el próximo año "se invertirán cada día 6,4 millones de euros diarios en la Comunitat Valenciana. La población ha crecido un 11,8% de 2004 a 2008, pero la inversión ha aumentado en este periodo un 70%, desde los 1.380 millones del último presupuesto del PP hasta los 2.336 millones que invierte José Luis Rodríguez Zapatero".
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Valencia, la cuarta por la cola por habitante
Los contratistas valencianos creen que el presupuesto es "un balón de oxígeno"
La estación central de Valencia recibe tres millones de euros
Interior pone los recursos para proteger las costas de la inmigración ilegal
El aeropuerto de Manises abordará su nuevo centro de control aéreo
La mayor parte de la inversión en puertos irá a la primera fase de ampliación de Valencia
Medio Ambiente no incorpora nuevos proyectos y se limita a cerrar las obras del Plan AGUA
Fomento inyecta en carreteras 279 millones de euros, un 26% más que en 2008
El presupuesto para las líneas de AVE crece en Valencia pero cae en Castelló y Alicante
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El paro subió en 9.350 personas en septiembre en la Comunitat, un 3,27% más
Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castelló, con un 7,14% y en Alicante, con un 4,37%. En Valencia, un 1,57%.
EUROPA PRESS
El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo de la Comunitat Valenciana al término del mes de septiembre subió en 9.350 personas respecto al mes anterior, un 3,27 por ciento, con lo que el número de desempleados se situó en 295.010.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el conjunto de España el desempleo subió el pasado mes de septiembre en 95.367, un 3,77 por ciento, algo más que el 3,27 por ciento registrado en la comunidad autónoma.En relación al mismo mes del año anterior, el paro aumentó en 91.115, un 44,69 por ciento.Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castellón, con un 7,14 por ciento y en Alicante, con un 4,37 por ciento.
Por sectores, el paro subió en septiembre en todos los sectores, excepto en agricultura, donde bajó en 166.En servicios aumentó en 7.075; en construcción, en 262; en el colectivo sin empleo anterior, en 902 y en industria en 1.267.El paro masculino se situó en 145.935 y el femenino en 149.075.
Del total de parados de la comunidad, 38.687 son menores de 25 años, y de ellos 22.846 son hombres y 15.841 mujeres.El número de contratos se elevó en septiembre a 147.950, 46.523 más que el mes anterior; de ellos, 16.613 fueron indefinidos, 8.516 más que en agosto.
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El paro vuelve a subir y alcanza su mayor cifra desde 1997
Declaran concurso de acreedores de la promotora Constructalia Global
La afiliación media a la Seguridad Social bajó en 117.197 cotizantes en septiembre
Valencia, la ciudad con mayor incremento del paro femenino
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Acisclo Arrambla Pael:
El PP impide garantizar por ley que los informes ambientales se publiquen antes de hacer los PAI
Los populares aprueban en solitario el proyecto de puntos de encuentro familiar, mientras la oposición critica que se permita la gestión privada de estos centros
J. G. G., Valencia
El grupo popular rechazó ayer en el pleno de las Corts la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís pel País Valencià que planteaba la modificación de la ley de impacto ambiental, de 1989, para obligar al Consell a publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el plazo máximo de dos meses, los informes que recogen las exigencias ambientales que deben respetar, entre otros, los promotores en cualquier actuación urbanística. Imponiendo un plazo por ley, quedaría garantizado que los informes de impacto ambiental (DIA) se difundieran siempre antes de que las actuaciones se culminen, ya que, advirtió Mònica Oltra, de Compromís-Iniciativa, ahora se dan a conocer "muchas veces" cuando ya se ha puesto el último ladrillo, y además los ciudadanos podrían ser "cómplices" de la Administración en velar por que se respeten las exigencias.
"Es así de simple pero así de importante", enfatizó Oltra para defender la sencilla reforma legal, sin lograr ablandar el niet de la bancada popular. La ley obliga ahora a publicar los DIA pero sin plazo y el socialista Francesc Signes puso ejemplos bastante inquietantes: El 2 de septiembre pasado se difundieron en el diario oficial declaraciones de impacto ambiental aprobadas ¡en noviembre de 2006, hace dos años! Otra "práctica habitual", alertó Signes, son las "publicaciones masivas" que se limitan a hacer constar "sólo el nombre del municipio", con lo que resulta "imposible" saber a qué actuación se refieren si no se va a la letra pequeña. Todo ello causa "situaciones esperpénticas" cuyo objetivo es "ocultar información sobre las DIA aprobadas para que no sean conocidas por terceros que pudieran tener interés en cuestionarlas públicamente". Oltra atribuyó también a "razones inconfesables" esta "falta de transparencia" y "oscuridad", y se preguntó quién controla que las declaraciones condicionadas a determinadas cuestiones se cumplan. El popular José Ciscar se parapetó tras una ley del Gobierno de Zapatero, la reguladora de los derechos de acceso a la información en medio ambiente, para sostener que está "garantizada la plena publicidad de las DIA", ya que la norma avala el acceso a estos documentos por cualquier ciudadano que los solicite. Al margen de la publicación, indicó, las determinaciones de los informes ambientales son vinculantes para los promotores. Y sostuvo que los dos meses chocarían con los plazos fijados en el reglamento que desarrolló la ley de impacto ambiental. Signes desveló, sin embargo, un dato sorprendente: El reglamento obliga a publicar las DIA en 15 días, una determinación que el Consell "incumple sistemáticamente desde hace años".
"Legorragia" popular
El PP aprobó en solitario, con la oposición de socialistas y Compromís, la ley de los Puntos de Encuentro Familiar, los centros donde los familiares pueden relacionarse con los menores en los casos de separación o divorcio. La oposición criticó que el Consell mantenga la posibilidad de privatizar la gestión de estos centros. Los populares también rechazaron la enmienda a la totalidad de Compromís al proyecto de ley de asociaciones. Oltra acusó al PP de sufrir "legorragia", que definió como hacer leyes vacías de contenido para dar la imagen de que se trabaja, aunque en este caso reprochó al Consell una "fata morgana asociativa", la ilusión de un tejido asociativo basado en una red clientelar. La nueva consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, destacó que el texto regulará las más de 40.000 asociaciones.
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L'Acisclo d'aquí em fa que és del Bloc:
El Ayuntamiento de Calp llevará a la Sindicatura las facturas extrajudiciales aprobadas por el PP
El alcalde de Calp, Luis Serna (PSPV-PSOE), ha anunciado hoy que el equipo de gobierno municipal llevará el próximo viernes a la Sindicatura de Cuentas las facturas aprobadas extrajudicialmente durante el anterior mandato del PP para que se investigue si existe delito en esta manera de proceder.
EFE
El anuncio se ha producido pocos días antes del pleno del próximo lunes en el que se debatirá para su aprobación la moción de censura presentada por el PP, Bloc y PSD con el fin de arrebatarle la Alcaldía a Serna y dejarla en manos de primer teniente alcalde y portavoz del Bloc, Joaquín Tur.El concejal de Hacienda, Nicolay Pérez Titeca, ha cifrado en más de catorce millones de euros el montante total de las citadas facturas aprobadas, según el gobierno municipal, "sin ningún tipo de expediente de contratación" o "ejecutadas al margen de la Ley de Contratación".
Pérez Titeca también ha resaltado que se han acometido obras, como el vial J del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el parque botánico, la ampliación del Ayuntamiento o la piscina climatizada, con "sobrecostes" del precio de licitación que "superan con creces lo que permite la ley" y que suman un importe global de 3.798.000 euros.
En otros casos, como en las obras de las instalaciones de RTV-Calp, se han realizado "sin ningún tipo de contratación formal, sin tan siquiera instruir o iniciar algún tipo de expediente", según el gobierno municipal.
El alcalde ha considerado "una tremenda irresponsabilidad" contratar "obras sin expedientes y con sobrecostes de hasta cuatro millones de euros"."Por ello queremos denunciar esas irregularidades y llevar la documentación al Tribunal de Cuentas para que se depuren responsabilidades", ha explicado Serna.
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Aguas de Calpe pagó 790.000 euros en obras de la red por movimientos de tierra que no se hicieron
El PSPV reta a Camps a defender la moción
Morera le recuerda a Alarte que tienen "muchas mayorías absolutas" juntos
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Boicot de Camps a la Llei de la Dependència:
Los dependientes reclaman ante la Generalitat más agilidad para aplicar la ley
Más de un centenar de personas se ha concentrado hoy frente al Palau de la Generalitat para reclamar al Gobierno valenciano "una mayor agilidad" en el reconocimiento y aplicación de la Ley de Dependencia.
EFE La concentración, convocada por la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) del sindicato UGT ha tenido lugar en las sedes autonómicas de toda España bajo el lema "Por la defensa y el cumplimiento de la Ley de Dependencia".
El secretario general de UPJP-UGT-PV, Antonio Leal, ha denunciado la existencia de "diecinueve velocidades" en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha lamentado que la Comunitat está "a la cola" en el cumplimiento de este derecho.
Leal ha valorado la Ley que garantiza "derechos sociales en lugar de caridad o beneficencia" aunque ha criticado la "dejadez" del Consell en esta materia.La secretaria de la mujer y la igualdad del sindicato, Elvira Ródenas, ha manifestado que, según los datos del 1 de septiembre ofrecidos por el Ministerio, en la Comunitat hay una laguna de 4.800 personas con un grado III de Dependencia que no han recibido las ayudas, se les han denegado o no la han solicitado por falta de información.
Algunos de los familiares de los dependientes que han acudido a la concentración han ratificado esta situación al afirmar "sentirse desmoralizados" ante la lentitud del proceso y la falta de respuesta.
Uno de ellos, hermana e hija de personas dependientes, ha reconocido no haber solicitado las ayudas para su hermana tras pedirlas para su padre y recibir el aviso de valoración siete meses después, cuando ya había fallecido.
Ródenas ha reivindicado que aunque la Ley reconoce el derecho de la persona a elegir cuál es la prestación que se adecúa mejor a su situación, en la Comunitat no se recoge esta opción y el 72 por ciento de las ayudas concedidas se basa en compensaciones económicas.
Desde la formación sindical han reclamado que se incremente el equipo de personal de valoración porque aunque la Generalitat habla de un grupo permanente de 150 personas, según UGT-PV hay 45 profesionales para toda la Comunitat.
En opinión de la secretaria de igualdad del sindicato, la ley "no se está aplicando correctamente" ya que en lugar de crear empleo de calidad, impulsar la cualificación profesional y desarrollar un consejo consultivo de vigilancia integrado por las organizaciones sindicales y empresariales, se está "parcheando con los derechos de los ciudadanos".Esta situación también ha sido denunciada por representantes de UGT-PV en Alicante y Castellón, presentes en la concentración.
Finalmente, una representación de los manifestantes ha sido recibida por una asesora de Presidencia que, según fuentes del sindicato, trasladará estas reivindicaciones.
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CONTRA El "PASOTISMO" EN LA LEY DE DEPENDENCIA
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Els sindicats, aleshores, què són, còmplices, imbècils..? No home, no! "Cree el ladrón ..."
Cotino acusa a Zapatero de "engañar" a los sindicatos con la ley de Dependencia
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Poca broma.
La juez del metro autoriza el desguace del convoy dos meses después de haberse realizado
La magistrada cierra definitivamente el caso del accidente que causó 43 fallecidos en la Línea 1
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C9 Colpisme Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Economia Educació EpC
F1 Fabra Finançament Immigració Metro Negocis PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica
Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana
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Sí, home, com si no tingués res millor a fer! Què creu aquest individu que som els valencians, una colla de cretins? És el mateix que he dit anteriorment de Font de Mora y Millán Astray: si pensa el que diu és impossible que estigui en possessió de totes les seves facultats mentals, si no ho pensa, és un miserable, cínic, mentider, demagog i pocavergonya que busca rèdit polític i personal. I jo estic convençut que no ho pensa.
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Camps: "Zapatero odia a la Comunitat Valenciana"
El president de la Generalitat y el portavoz del PSPV, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.
EFE El president de la Generalitat, Francisco Camps, y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, se han enzarzado hoy en un debate sobre la memoria histórica, en el que el primero ha reprochado a los socialistas que reabran etapas cerradas, y el PSPV ha defendido que han querido cerrar los caminos del odio.La polémica se ha originado durante la primera sesión de control parlamentario al president tras el verano a raíz de la pregunta del portavoz del PP, Ricardo Costa, sobre financiación autonómica y los recortes del Gobierno en los anticipos de tesorería para Sanidad, en la que ha aprovechado para denunciar que los Presupuestos del Estado "odian" a los valencianos, porque "Zapatero odia a esta comunidad".
El portavoz socialista, Ángel Luna, ha manifestado que en política hay que ser "cuidadoso" con el lenguaje, porque "es una constante histórica que hablar de odio incita a la violencia", y que quienes hacen referencia a "odios inexistentes están llamando a violencias futuras".
"Es una constante histórica que hablar del odio, que incitar al odio, que llamar al odio, es un lenguaje prefascista, y ese lenguaje, señor presidente, yo no lo voy a utilizar jamás en esta tribuna", ha aseverado.Camps ha replicado: "aquí los únicos que han roto los principios de la concordia nacional que dio como consecuencia nuestra Constitución han sido ustedes, no sólo hablando, sino legislando sobre la memoria histórica".
El president ha reivindicado que una generación entera buscó puntos de concordia y logró elaborar "el mayor acuerdo político y social que jamás los españoles habían hecho".Sin embargo, ha añadido, "los socialistas de Zapatero, que no de González", se han dedicado durante la legislatura pasada a intentar llevar constantemente "a la memoria histórica de los españoles una etapa cerrada con convicción, con compromiso y sobre todo con concordia y con ganas de mirar al futuro".Luna ha afirmado que desconoce "qué extraña correlación" ha llevado a Camps a relacionar el lenguaje del odio con la memoria histórica, pero ha considerado que "tiene su importancia" que haga esa relación.
"La memoria histórica tiene por finalidad otra cosa, precisamente cerrar los caminos del odio, porque cuando no se cierra bien" y cuando "se cierra un conflicto con la victoria para unos y la humillación para otros", entonces se sigue hablando de "odio" y de "injusticia histórica", ha asegurado el portavoz socialista.Ángel Luna ha añadido que en ese caso "se sigue negando a unos lo que otros han tenido con creces durante 40 años; seguramente ustedes están en ese lado de la balanza", ha afirmado Luna, quien ha indicado que los populares "sabrán de qué lado se encuentran, y de qué lado se han encontrado en los años en que aquí había que dar la cara por las libertades".
Por lo que respecta a los anticipos de tesorería para financiar la Sanidad, Camps ha denunciado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "ataca directamente la sanidad pública" con decisiones como la de "retirarle" a la Comunitat Valenciana más de 350 millones de euros comprometidos.Camps ha manifestado que este Gobierno "erróneo para la economía española" está provocando que, después de quince años, ahora en España "se hable de paro", y ha mostrado el compromiso del Consell de que la Comunitat "siga siendo el motor que genere empleo y esperanza".
Por su parte, el portavoz popular ha señalado que Zapatero, "si no se ha convertido en el enemigo público número uno, por lo menos está entre los diez más buscados de esta comunidad", y le ha acusado de querer "descompensar" la sanidad pública valenciana, un servicio que en la actualidad "sólo garantiza" el Consell del PP.
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Una propuesta de contrato-programa de RTVV "en poco tiempo"
"Estamos en mejores condiciones que otros para afrontar la crisis"
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Tot i l'odi que ens té Zapatero:
El Gobierno mantiene las inversiones en 2.336 millones de euros para 2009
Peralta dice que las cuentas aumentan un 2,6% y el ministerio que se reducen un 0,6%
L. B. B./J. G. G./R. M. C., Valencia
El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunitat Valenciana en 2009 reduce la inversión, en conjunto, un 0,6%, según las cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda al presentar las cuentas en el Congreso de los Diputados. En total serán 2.336 millones de euros los que recibirá la Comunitat Valenciana de las arcas del Estado según se refleja en el proyecto de presupuestos del Ministerio de Economía y adelantó ayer el delegado del Gobierno en la C. Valenciana. Aunque la opacidad de este último en la rueda de prensa para explicar los presupuestos creará seguramente la polémica de la semana. Según Peralta, los presupuestos crecen este año un 2,6% al inyectar una lluvia de 2.336 millones en 2009. Sin embargo, las informaciones oficiales procedentes de Madrid, tal como informó un teletipo de la agencia Efe, reflejaban que las inversiones en la C. Valenciana se reducían un 0,6%. ¿Quién tenía razón? El error que hará correr ríos de tinta se encuentra en la cifra total de las cuentas de 2008 de la que se parte. Hasta tres cifras llegó a barajar ayer este periódico: 2.346 millones (del proyecto de presupuestos) 2.352 millones (de las cuentas consolidadas, cifra que ofrecía la agencia Efe). Aunque, finalmente, "la cifra actual de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat para 2008 es de 2.278 millones de euros y no de 2.352", según aclararon fuentes de la Delegación del Gobierno cerca de las 20 horas. La cantidad total invertida el pasado año se reduce a 2.278, según Peralta, porque "los 74 millones previstos para la Copa del América fueron eliminados a raíz del litigio que mantiene paralizada la organización en Valencia de la competición náutica". Así pues, las cuentas crecen un 2,6%, y no un 0,6%, si se dan por buenas las explicaciones del Delegado del Gobierno. Estos raquíticos porcentajes crecen prodigiosamente si se suman las cuentas de los ministerios inversores por excelencia: Fomento y Medio Ambiente. Ambos inyectarán en la Comunitat Valenciana en 2009 un total de 2.169 millones de euros, cuando en 2008 fueron 1.807 millones de euros, lo que supone un incremento del 20%. Por último, las cuentas del Estado supondrán, según Peralta, que el próximo año "se invertirán cada día 6,4 millones de euros diarios en la Comunitat Valenciana. La población ha crecido un 11,8% de 2004 a 2008, pero la inversión ha aumentado en este periodo un 70%, desde los 1.380 millones del último presupuesto del PP hasta los 2.336 millones que invierte José Luis Rodríguez Zapatero".
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Valencia, la cuarta por la cola por habitante
Los contratistas valencianos creen que el presupuesto es "un balón de oxígeno"
La estación central de Valencia recibe tres millones de euros
Interior pone los recursos para proteger las costas de la inmigración ilegal
El aeropuerto de Manises abordará su nuevo centro de control aéreo
La mayor parte de la inversión en puertos irá a la primera fase de ampliación de Valencia
Medio Ambiente no incorpora nuevos proyectos y se limita a cerrar las obras del Plan AGUA
Fomento inyecta en carreteras 279 millones de euros, un 26% más que en 2008
El presupuesto para las líneas de AVE crece en Valencia pero cae en Castelló y Alicante
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El paro subió en 9.350 personas en septiembre en la Comunitat, un 3,27% más
Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castelló, con un 7,14% y en Alicante, con un 4,37%. En Valencia, un 1,57%.
EUROPA PRESS
El número de parados registrados en las Oficinas de Empleo de la Comunitat Valenciana al término del mes de septiembre subió en 9.350 personas respecto al mes anterior, un 3,27 por ciento, con lo que el número de desempleados se situó en 295.010.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el conjunto de España el desempleo subió el pasado mes de septiembre en 95.367, un 3,77 por ciento, algo más que el 3,27 por ciento registrado en la comunidad autónoma.En relación al mismo mes del año anterior, el paro aumentó en 91.115, un 44,69 por ciento.Por provincias, en septiembre el paro subió en todas, más en Castellón, con un 7,14 por ciento y en Alicante, con un 4,37 por ciento.
Por sectores, el paro subió en septiembre en todos los sectores, excepto en agricultura, donde bajó en 166.En servicios aumentó en 7.075; en construcción, en 262; en el colectivo sin empleo anterior, en 902 y en industria en 1.267.El paro masculino se situó en 145.935 y el femenino en 149.075.
Del total de parados de la comunidad, 38.687 son menores de 25 años, y de ellos 22.846 son hombres y 15.841 mujeres.El número de contratos se elevó en septiembre a 147.950, 46.523 más que el mes anterior; de ellos, 16.613 fueron indefinidos, 8.516 más que en agosto.
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El paro vuelve a subir y alcanza su mayor cifra desde 1997
Declaran concurso de acreedores de la promotora Constructalia Global
La afiliación media a la Seguridad Social bajó en 117.197 cotizantes en septiembre
Valencia, la ciudad con mayor incremento del paro femenino
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Acisclo Arrambla Pael:
El PP impide garantizar por ley que los informes ambientales se publiquen antes de hacer los PAI
Los populares aprueban en solitario el proyecto de puntos de encuentro familiar, mientras la oposición critica que se permita la gestión privada de estos centros
J. G. G., Valencia
El grupo popular rechazó ayer en el pleno de las Corts la toma en consideración de una proposición de ley de Compromís pel País Valencià que planteaba la modificación de la ley de impacto ambiental, de 1989, para obligar al Consell a publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el plazo máximo de dos meses, los informes que recogen las exigencias ambientales que deben respetar, entre otros, los promotores en cualquier actuación urbanística. Imponiendo un plazo por ley, quedaría garantizado que los informes de impacto ambiental (DIA) se difundieran siempre antes de que las actuaciones se culminen, ya que, advirtió Mònica Oltra, de Compromís-Iniciativa, ahora se dan a conocer "muchas veces" cuando ya se ha puesto el último ladrillo, y además los ciudadanos podrían ser "cómplices" de la Administración en velar por que se respeten las exigencias.
"Es así de simple pero así de importante", enfatizó Oltra para defender la sencilla reforma legal, sin lograr ablandar el niet de la bancada popular. La ley obliga ahora a publicar los DIA pero sin plazo y el socialista Francesc Signes puso ejemplos bastante inquietantes: El 2 de septiembre pasado se difundieron en el diario oficial declaraciones de impacto ambiental aprobadas ¡en noviembre de 2006, hace dos años! Otra "práctica habitual", alertó Signes, son las "publicaciones masivas" que se limitan a hacer constar "sólo el nombre del municipio", con lo que resulta "imposible" saber a qué actuación se refieren si no se va a la letra pequeña. Todo ello causa "situaciones esperpénticas" cuyo objetivo es "ocultar información sobre las DIA aprobadas para que no sean conocidas por terceros que pudieran tener interés en cuestionarlas públicamente". Oltra atribuyó también a "razones inconfesables" esta "falta de transparencia" y "oscuridad", y se preguntó quién controla que las declaraciones condicionadas a determinadas cuestiones se cumplan. El popular José Ciscar se parapetó tras una ley del Gobierno de Zapatero, la reguladora de los derechos de acceso a la información en medio ambiente, para sostener que está "garantizada la plena publicidad de las DIA", ya que la norma avala el acceso a estos documentos por cualquier ciudadano que los solicite. Al margen de la publicación, indicó, las determinaciones de los informes ambientales son vinculantes para los promotores. Y sostuvo que los dos meses chocarían con los plazos fijados en el reglamento que desarrolló la ley de impacto ambiental. Signes desveló, sin embargo, un dato sorprendente: El reglamento obliga a publicar las DIA en 15 días, una determinación que el Consell "incumple sistemáticamente desde hace años".
"Legorragia" popular
El PP aprobó en solitario, con la oposición de socialistas y Compromís, la ley de los Puntos de Encuentro Familiar, los centros donde los familiares pueden relacionarse con los menores en los casos de separación o divorcio. La oposición criticó que el Consell mantenga la posibilidad de privatizar la gestión de estos centros. Los populares también rechazaron la enmienda a la totalidad de Compromís al proyecto de ley de asociaciones. Oltra acusó al PP de sufrir "legorragia", que definió como hacer leyes vacías de contenido para dar la imagen de que se trabaja, aunque en este caso reprochó al Consell una "fata morgana asociativa", la ilusión de un tejido asociativo basado en una red clientelar. La nueva consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, destacó que el texto regulará las más de 40.000 asociaciones.
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L'Acisclo d'aquí em fa que és del Bloc:
El Ayuntamiento de Calp llevará a la Sindicatura las facturas extrajudiciales aprobadas por el PP
El alcalde de Calp, Luis Serna (PSPV-PSOE), ha anunciado hoy que el equipo de gobierno municipal llevará el próximo viernes a la Sindicatura de Cuentas las facturas aprobadas extrajudicialmente durante el anterior mandato del PP para que se investigue si existe delito en esta manera de proceder.
EFE
El anuncio se ha producido pocos días antes del pleno del próximo lunes en el que se debatirá para su aprobación la moción de censura presentada por el PP, Bloc y PSD con el fin de arrebatarle la Alcaldía a Serna y dejarla en manos de primer teniente alcalde y portavoz del Bloc, Joaquín Tur.El concejal de Hacienda, Nicolay Pérez Titeca, ha cifrado en más de catorce millones de euros el montante total de las citadas facturas aprobadas, según el gobierno municipal, "sin ningún tipo de expediente de contratación" o "ejecutadas al margen de la Ley de Contratación".
Pérez Titeca también ha resaltado que se han acometido obras, como el vial J del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el parque botánico, la ampliación del Ayuntamiento o la piscina climatizada, con "sobrecostes" del precio de licitación que "superan con creces lo que permite la ley" y que suman un importe global de 3.798.000 euros.
En otros casos, como en las obras de las instalaciones de RTV-Calp, se han realizado "sin ningún tipo de contratación formal, sin tan siquiera instruir o iniciar algún tipo de expediente", según el gobierno municipal.
El alcalde ha considerado "una tremenda irresponsabilidad" contratar "obras sin expedientes y con sobrecostes de hasta cuatro millones de euros"."Por ello queremos denunciar esas irregularidades y llevar la documentación al Tribunal de Cuentas para que se depuren responsabilidades", ha explicado Serna.
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Aguas de Calpe pagó 790.000 euros en obras de la red por movimientos de tierra que no se hicieron
El PSPV reta a Camps a defender la moción
Morera le recuerda a Alarte que tienen "muchas mayorías absolutas" juntos
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Boicot de Camps a la Llei de la Dependència:
Los dependientes reclaman ante la Generalitat más agilidad para aplicar la ley
Más de un centenar de personas se ha concentrado hoy frente al Palau de la Generalitat para reclamar al Gobierno valenciano "una mayor agilidad" en el reconocimiento y aplicación de la Ley de Dependencia.
EFE La concentración, convocada por la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados (UPJP) del sindicato UGT ha tenido lugar en las sedes autonómicas de toda España bajo el lema "Por la defensa y el cumplimiento de la Ley de Dependencia".
El secretario general de UPJP-UGT-PV, Antonio Leal, ha denunciado la existencia de "diecinueve velocidades" en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha lamentado que la Comunitat está "a la cola" en el cumplimiento de este derecho.
Leal ha valorado la Ley que garantiza "derechos sociales en lugar de caridad o beneficencia" aunque ha criticado la "dejadez" del Consell en esta materia.La secretaria de la mujer y la igualdad del sindicato, Elvira Ródenas, ha manifestado que, según los datos del 1 de septiembre ofrecidos por el Ministerio, en la Comunitat hay una laguna de 4.800 personas con un grado III de Dependencia que no han recibido las ayudas, se les han denegado o no la han solicitado por falta de información.
Algunos de los familiares de los dependientes que han acudido a la concentración han ratificado esta situación al afirmar "sentirse desmoralizados" ante la lentitud del proceso y la falta de respuesta.
Uno de ellos, hermana e hija de personas dependientes, ha reconocido no haber solicitado las ayudas para su hermana tras pedirlas para su padre y recibir el aviso de valoración siete meses después, cuando ya había fallecido.
Ródenas ha reivindicado que aunque la Ley reconoce el derecho de la persona a elegir cuál es la prestación que se adecúa mejor a su situación, en la Comunitat no se recoge esta opción y el 72 por ciento de las ayudas concedidas se basa en compensaciones económicas.
Desde la formación sindical han reclamado que se incremente el equipo de personal de valoración porque aunque la Generalitat habla de un grupo permanente de 150 personas, según UGT-PV hay 45 profesionales para toda la Comunitat.
En opinión de la secretaria de igualdad del sindicato, la ley "no se está aplicando correctamente" ya que en lugar de crear empleo de calidad, impulsar la cualificación profesional y desarrollar un consejo consultivo de vigilancia integrado por las organizaciones sindicales y empresariales, se está "parcheando con los derechos de los ciudadanos".Esta situación también ha sido denunciada por representantes de UGT-PV en Alicante y Castellón, presentes en la concentración.
Finalmente, una representación de los manifestantes ha sido recibida por una asesora de Presidencia que, según fuentes del sindicato, trasladará estas reivindicaciones.
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CONTRA El "PASOTISMO" EN LA LEY DE DEPENDENCIA
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Els sindicats, aleshores, què són, còmplices, imbècils..? No home, no! "Cree el ladrón ..."
Cotino acusa a Zapatero de "engañar" a los sindicatos con la ley de Dependencia
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Poca broma.
La juez del metro autoriza el desguace del convoy dos meses después de haberse realizado
La magistrada cierra definitivamente el caso del accidente que causó 43 fallecidos en la Línea 1
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EpC a la CV: Font de Mora opina que Ciudadanía induce a los niños a votar socialista.
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Què fa més por, el que diu el Conseller o el que no diu? Pensa el que diu? Diu el que pensa? Si realment pensa el que diu està com una regadora. Si diu una cosa que no pensa és un mentider, un cínic i un pocavergonya: és la mà executora al País Valencià d'una política no solament regressiva sinó colpista. I realment ha arribat a uns extrems incommensurables.
L'estratègia del PP per socavar el sistema democràtic des dels àmbits de poder que controla i manipula és molt preocupant. Després del 23F, l'11M el PP va intentar un altre cop d'estat que, de fet, es va substanciar amb el trencament per part d'Aznar del Pacte Antiterrorista (benvingut sigui d'altra banda el trencament d'un pacte que era en realitat antinacionalista no españñol).
La tensió sostinguda durant la passada legislatura va acabar amb la derrota del PP, i també d'IU i d'altres forces a causa de la polarització dreta/esquerra per la por a l'extrema dreta que representava? el PP. Ara poden intentar dissimular però no enganyen més que qui enganyen. Però certes enquestes els funcionen i un punt per cent és un punt per cent. I l'economia també els va bé. Com més crisi, més ETA i més soroll, millor per als fatxes.
I aquí, al PV, què dir de la banda que ens governa. Mafiosos, ultraconservadors i "meapilas". Da buti.
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"El inspector de Educación nos humilló y nos trató como si fuéramos basura"
SERGI CASTILLO
Dos profesores insumisos a la Ciudadanía traducida al inglés relatan su situación
"El inspector de Educación nos trató como si fuéramos basura. Nos gritó y humilló. Utilizó un tono franquista", afirman Cristina Manrique y Rafael Martí, los dos primeros profesores de Educación para la Ciudadanía en hacer pública su insumisión a la norma del Consell que obliga a impartirla traducida al inglés. Estos docentes del instituto Altaia de Altea piden al resto de compañeros un plante general ante lo que consideran una "atrocidad contraria a los principios de la pedagogía". "A nosotros nos han amenazado con abrirnos un expediente por hacer público lo que otros también piensan e incluso hacen a escondidas. Si lo hacemos todos público tendrán que ceder, porque no pueden expedientarnos a todos", explica Cristina, profesora de inglés con 30 años de experiencia.
Los profesores celebran hoy asambleas en las tres capitales
Los docentes han sido sometidos a dos interrogatorios por parte de la inspección, que se desplazó a las aulas cuando tuvo conocimiento de su pública negativa a someterse a la controvertida norma. El primero fue el 22 de septiembre y lo abandonaron sin concluir ante el trato vejatorio del inspector. El claustro de profesores y la AMPA pidieron hablar con el inspector para mostrar su apoyo a los dos. No lograron nada. Durante aquella primera semana los chavales abandonaron las aulas en las horas asignadas a la asignatura. El viernes 26 de septiembre, una nueva inspección forzó un cambio de actitud. Los enviados de Educación anunciaron a los profesores que se les expedientaría. Y advirtieron a la directora de la gravedad del boicot de los padres a la asignatura sacándoles de las aulas. Hoy vuelven a tener clase de Ciudadanía y no saben qué pasará.
En el instituto Altaia de Altea la revolución que abanderan los profesores Rafael Martí y Cristina Manrique ya ha germinado. El claustro de profesores y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos les apoyan. Desde que un inspector se personó el día 22 en el centro para obligarles a seguir los requerimientos del Consell con los dos profesores en el aula, los alumnos no han recibido las clases. Los padres los han sacado en señal de protesta a las puertas del centro durante la hora lectiva. Ahora están satisfechos de saber que una asociación de inspectores se haya negado a hacer de "comisarios políticos", y algunos departamentos de otros institutos les estén imitando. Para esta tarde hay convocadas por los sindicatos de la enseñanza tres asambleas de profesores en Alicante, Valencia y Castellón.
La directora del instituto de Altea, Vicenta Llorca, no da abasto en los primeros días al trabajo de poner en marcha el curso. En esta ocasión su principal quebradero de cabeza lo provocan los inspectores que le piden "multitud de informes" sobre la marcha de las clases de Ciudadanía. Además, desde la consejería llaman a diario para saber qué está pasando. "En casi ningún centro se cumple la norma, pero cuando piden informes o llaman de la consejería dicen que sí", relata la directora, que pide "visibilidad" y "compromiso" a sus compañeros. En algunos centros, explica, se alternan el profesor de inglés y el de filosofía. En otros el de inglés entra un minuto para "hacer el paripé".
Martí y Manrique, profesores de filosofía e inglés respectivamente, tienen asignada Ciudadanía a dos grupos de la ESO. A pesar de su buena relación, se niegan a compartir el aula, porque el formato que el Consell ha dado a la asignatura "va contra los principios básicos de la pedagogía", afirma Manrique. "Dónde está la relación directa alumno profesor y la comunicación con ellos, si me obligan a traducir contenidos de temas que desconozco, en un nivel de inglés que sé que no son capaces de entender porque están en segundo y es un nivel de selectividad", se pregunta la profesora de inglés. Su compañero dice que si da Ciudadanía en inglés "no puede realizar debates ágiles" ni atender a los alumnos que tienen problema de educación especial, a las adaptaciones curriculares y a los extranjeros que desconocen el inglés.
"Estamos a favor de la asignatura.
De educar en valores, y explicar asuntos como los derechos humanos, pero no así", relata Martí. Desde que estos docentes hicieron pública su insumisión, multitud de profesores les ha trasladado su apoyo. Más de filosofía que de inglés, algo que Manrique afirma que la desconcierta.
Font de Mora opina que Ciudadanía induce a los niños a votar socialista
MIGUEL OLIVARES
Los centros concertados darán Ciudadanía en inglés o perderán las ayudas
Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, se encastilló ayer ante el pleno de las Cortes en defensa del caótico arranque de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que han denunciado padres, inspectores y directores de instituto. El consejero arremetió contra las "superestructuras de adoctrinamiento" o la "ingeniería social" dirigidas a lograr que "en los colegios se diga a los niños que hay que votar a los socialistas, pero sin que se note", aseguró refiriéndose al contenido de la asignatura y abrió un nuevo frente para la batalla al amenazar a los colegios privados concertados que incumplan las órdenes de la consejería con retirarles las ayudas.
La reforma educativa
A FONDO
Luz verde a la LOE
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Sanmartín: "Usa a los alumnos como ariete contra el Gobierno central"
Font de Mora, en su intervención las Cortes Valencianas en respuesta a dos interpelaciones urgentes formuladas por el PSPV y por Compromís en relación a Educación para la Ciudadanía y al sistema público, defendió su propuesta de impartir la asignatura en inglés sobre la base de que "por extensión, por dimensión y por el lenguaje muy generalista" que utilizan los manuales es la asignatura ideal para implantar el plan de impulso del plurilingüismo en la educación pública que Francisco Camps, dijo, pergeñó hace 12 años cuando era consejero de Educación.
Ningún miembro del Consell quiso arropar al responsable que soportó un aluvión de críticas de parte del socialista Adolf Sanmartín. "Impartir Educación para la Ciudadanía en inglés es el despropósito más descomunal en la historia de la educación pública en la Comunidad Valenciana, ¿le parece lógico hacer correr un maratón a un niño de 12 años en clase de Educación Física?"; "nunca ha habido un caos tal, ha logrado que todo el sistema educativo se ponga en su contra"; "usa el inglés como excusa y a los alumnos como ariete contra el Gobierno central". Sanmartín se hizo eco de las quejas de padres, de inspectores "que no quieren ejercer como comisarios políticos", de directores de institutos y de los sindicatos para acusar a Font de Mora de "irresponsable, indecente y sectario".
Font de Mora, en tono moderado, atribuyó el origen de todos los problemas al afán del Gobierno por "adoctrinar a parte de la población" a través de una asignatura que "mucha gente considera que vulnera sus derechos constitucionales". Luego defendió el impulso del plurilingüismo, la entrada de los inspectores en las aulas y reiteró su voluntad de imponer su modelo a los centros privados concertados. "Después de las oportunas comprobaciones y advertencias, se retirará el concierto a aquellos centros que no cumplan la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés", dijo.
"Partidista", "sectario", "irresponsable" e "indecente", reiteró Sanmartín. Y Font de Mora aguantó. Pero se desmelenó al responder a Mireia Mollà. La diputada de Compromís le espetó: "Ha llevado usted la educación pública al caos, se inventa Educación para la Ciudadanía en inglés o los uniformes en los colegios públicos, dos iniciativas muy mediáticas pero ridículas, cuando arrastramos un índice de fracaso escolar insultante".
Font de Mora evitó entrar al trapo y optó por la vertiente mediática. "La enseñanza de religión es optativa, ¿por qué no hacen optativa Educación para la Ciudadanía? Viva la libertad y abajo la ingeniería social, nosotros creemos en las personas humanas, no en la superestructura de adoctrinamiento".
Mollà, en el cierre de su intervención, suspendió al consejero como gestor público.
Escola Valenciana acusa al Consell de gastar 6.000 euros por centro para los traductores de inglés
La entidad ha denunciado falta de inversión para impartir el inglés desde los tres años.
EFE La entidad Escola Valenciana ha denunciado hoy que el Consell "malgasta" 6.000 euros anuales por cada centro educativo para poder impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés al tiempo que ha anunciado movilizaciones contra la decisión de la Generalitat.
Esa organización ha remitido un escrito al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en el que da su apoyo al instituto de educación secundaria Altaia de Altea (Alicante) que, según explica, ha recibido "amenazas" por los inspectores "por negarse a seguir el juego de confrontación política".
Escola Valenciana considera que el Gobierno valenciano "ha abandonado la enseñanza de las lenguas en los últimos diez años por falta de planificación, infraestructuras, profesores y recursos" y ha denunciado falta de inversión para impartir el inglés desde los tres años."Sin embargo, Font de Mora invertirá 6.000 euros por instituto para pagar a los traductores de inglés", según la entidad, lo que a su juicio podría suponer un gasto de cinco millones de euros.
Ello demuestra, añaden las fuentes, "el fracaso de la política educativa de la Conselleria en materia de aprendizaje de idiomas".
Escola Valenciana ha anunciado su apoyo a los centros escolares que se opongan a la propuesta y ha puesto su gabinete jurídico a disposición de estos institutos.Además, la entidad cívica se ha sumado a las movilizaciones de la Plataforma por la Enseñanza Pública y ha propuesto "una campaña de comunicación que desenmascare la realidad: que al conseller no le interesa el aprendizaje del inglés y sólo actúa por motivos políticos".
Las veinte asociaciones comarcales que forman Escola Valenciana realizarán, durante el mes de octubre, movilizaciones en las que participarán todos los maestros, profesores y alumnos integrantes de la entidad.
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Padres de alumnos de once centros públicos recurren EpC en inglés
Font de Mora amenaza con retirar el concierto a los centros privados que incumplan la orden de Ciudadanía
Recuenco acusa a Camps de utilizar a los niños como rehenes en su lucha con el Gobierno
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Sin inglés para entender Ciudadanía
Vídeo divulgativo PEXTRI
La Generalitat valenciana impone la asignatura en inglés sin cubrir completamente la enseñanza del idioma en los ciclos de Educación Infantil y Primaria.
BELÉN TOLEDO - Valencia - 01/10/2008 19:38
La Generalitat valenciana publicita estos días en televisión un Plan de Extensión del Trilingüismo cuya medida estrella es la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Sin embargo, el anuncio, que incluye frases como "para ser ciudadanos de éxito, tus hijos merecen estudiar en inglés", obvia las graves carencias que la enseñanza del idioma extranjero presenta en los ciclos de Educación Infantil y Primaria en un elevado porcentaje de los colegios valencianos.
Sindicatos como CCOO o STEPV, la asociación de directores de colegios de Educación Primaria y la federación de padres de alumnos (FAPA) coinciden en que en torno a un 70% de las escuelas no pueden impartir inglés a los niños entre 3 y 5 años este curso, a pesar de que así lo dispone la Ley Orgánica de Educación. La Generalitat publicó una orden en la que se invitaba a los centros a introducir el idioma extranjero en este ciclo aunque "en ningún caso supondrá aumento de la plantilla".
La administración sostiene que hay profesorado suficiente. Directores como Vicente Mañes, del colegio Bertomeu Llorens, y profesores como Ana Escuriola, del Carles Salvador, constatan que en sus respectivos centros no hay docentes que puedan enseñar inglés a los niños de Infantil. En el caso del Carles Salvador, se incumple la LOE desde hace un año: "El curso pasado no pudimos dar inglés en Primaria. Hasta este mes no nos ha llegado el profesor necesario a pesar de que organizamos protestas y manifestaciones continuas", explica Escuriola.
Citizenship no se entiende
Mientras, la consellería no ha escatimado en medios para conseguir que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés. Se ha llegado a ordenar que dos profesores impartan las clases de forma simultánea: el de Ciencias Sociales que aporta los contenidos y el de inglés, que los traduce. Además, la administración ha enviado inspectores que han avisado a aquellos profesores que se negaban a adoptar este método de que se exponen a la apertura de un expediente.
Todos estos esfuerzos no han conseguido lo principal: que los niños de 2º de la ESO, el curso al que corresponde la asignatura, entiendan Educación para la Ciudadanía cuando la está impartiendo un profesor en lengua inglesa. "No tienen un dominio de la lengua suficiente como para entender los conceptos, no es posible aclarar los matices ni establecer debates", se lamenta Eduardo Pérez, profesor de Filosofía y encargado de la asignatura en el instituto Ballester Gozalvo de Valencia.
¿La consecuencia? Según Vicente Baggetto, portavoz de la Asociación de Directores de Secundaria, será "un suspenso masivo, si las clases se dan con el nivel de contenidos que marca la ley".
"Es imposible que los niños lo entiendan"
"Hello, Vicky! I´m your new penfriend". Con esta frase sencilla comienza la prueba de inglés de los alumnos de 2º de la ESO. Los mismos estudiantes que en clase de Educación para la Ciudadanía deberán escuchar oraciones en esta misma lengua, pero de forma y contenido mucho más complicados: "Knowledge of the constitution as a requirement for being a responsible citizen" es sólo el nombre de un epígrafe.
La comparación es de Victoria, profesora de inglés en el centro Ballester Gozalvo. "En 2º de la ESO, los niños aprenden cosas básicas, como el vocabulario referido a las partes del cuerpo: es imposible que sean capaces de entender una asignatura entera en esta lengua", resume. Alrededor, varios alumnos hacen un balance de su primera clase de la materia. En palabras de Sara: "La clase ha ido de algo de política, pero no me he enterado de nada".
Què fa més por, el que diu el Conseller o el que no diu? Pensa el que diu? Diu el que pensa? Si realment pensa el que diu està com una regadora. Si diu una cosa que no pensa és un mentider, un cínic i un pocavergonya: és la mà executora al País Valencià d'una política no solament regressiva sinó colpista. I realment ha arribat a uns extrems incommensurables.
L'estratègia del PP per socavar el sistema democràtic des dels àmbits de poder que controla i manipula és molt preocupant. Després del 23F, l'11M el PP va intentar un altre cop d'estat que, de fet, es va substanciar amb el trencament per part d'Aznar del Pacte Antiterrorista (benvingut sigui d'altra banda el trencament d'un pacte que era en realitat antinacionalista no españñol).
La tensió sostinguda durant la passada legislatura va acabar amb la derrota del PP, i també d'IU i d'altres forces a causa de la polarització dreta/esquerra per la por a l'extrema dreta que representava? el PP. Ara poden intentar dissimular però no enganyen més que qui enganyen. Però certes enquestes els funcionen i un punt per cent és un punt per cent. I l'economia també els va bé. Com més crisi, més ETA i més soroll, millor per als fatxes.
I aquí, al PV, què dir de la banda que ens governa. Mafiosos, ultraconservadors i "meapilas". Da buti.
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"El inspector de Educación nos humilló y nos trató como si fuéramos basura"
SERGI CASTILLO
Dos profesores insumisos a la Ciudadanía traducida al inglés relatan su situación
"El inspector de Educación nos trató como si fuéramos basura. Nos gritó y humilló. Utilizó un tono franquista", afirman Cristina Manrique y Rafael Martí, los dos primeros profesores de Educación para la Ciudadanía en hacer pública su insumisión a la norma del Consell que obliga a impartirla traducida al inglés. Estos docentes del instituto Altaia de Altea piden al resto de compañeros un plante general ante lo que consideran una "atrocidad contraria a los principios de la pedagogía". "A nosotros nos han amenazado con abrirnos un expediente por hacer público lo que otros también piensan e incluso hacen a escondidas. Si lo hacemos todos público tendrán que ceder, porque no pueden expedientarnos a todos", explica Cristina, profesora de inglés con 30 años de experiencia.
Los profesores celebran hoy asambleas en las tres capitales
Los docentes han sido sometidos a dos interrogatorios por parte de la inspección, que se desplazó a las aulas cuando tuvo conocimiento de su pública negativa a someterse a la controvertida norma. El primero fue el 22 de septiembre y lo abandonaron sin concluir ante el trato vejatorio del inspector. El claustro de profesores y la AMPA pidieron hablar con el inspector para mostrar su apoyo a los dos. No lograron nada. Durante aquella primera semana los chavales abandonaron las aulas en las horas asignadas a la asignatura. El viernes 26 de septiembre, una nueva inspección forzó un cambio de actitud. Los enviados de Educación anunciaron a los profesores que se les expedientaría. Y advirtieron a la directora de la gravedad del boicot de los padres a la asignatura sacándoles de las aulas. Hoy vuelven a tener clase de Ciudadanía y no saben qué pasará.
En el instituto Altaia de Altea la revolución que abanderan los profesores Rafael Martí y Cristina Manrique ya ha germinado. El claustro de profesores y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos les apoyan. Desde que un inspector se personó el día 22 en el centro para obligarles a seguir los requerimientos del Consell con los dos profesores en el aula, los alumnos no han recibido las clases. Los padres los han sacado en señal de protesta a las puertas del centro durante la hora lectiva. Ahora están satisfechos de saber que una asociación de inspectores se haya negado a hacer de "comisarios políticos", y algunos departamentos de otros institutos les estén imitando. Para esta tarde hay convocadas por los sindicatos de la enseñanza tres asambleas de profesores en Alicante, Valencia y Castellón.
La directora del instituto de Altea, Vicenta Llorca, no da abasto en los primeros días al trabajo de poner en marcha el curso. En esta ocasión su principal quebradero de cabeza lo provocan los inspectores que le piden "multitud de informes" sobre la marcha de las clases de Ciudadanía. Además, desde la consejería llaman a diario para saber qué está pasando. "En casi ningún centro se cumple la norma, pero cuando piden informes o llaman de la consejería dicen que sí", relata la directora, que pide "visibilidad" y "compromiso" a sus compañeros. En algunos centros, explica, se alternan el profesor de inglés y el de filosofía. En otros el de inglés entra un minuto para "hacer el paripé".
Martí y Manrique, profesores de filosofía e inglés respectivamente, tienen asignada Ciudadanía a dos grupos de la ESO. A pesar de su buena relación, se niegan a compartir el aula, porque el formato que el Consell ha dado a la asignatura "va contra los principios básicos de la pedagogía", afirma Manrique. "Dónde está la relación directa alumno profesor y la comunicación con ellos, si me obligan a traducir contenidos de temas que desconozco, en un nivel de inglés que sé que no son capaces de entender porque están en segundo y es un nivel de selectividad", se pregunta la profesora de inglés. Su compañero dice que si da Ciudadanía en inglés "no puede realizar debates ágiles" ni atender a los alumnos que tienen problema de educación especial, a las adaptaciones curriculares y a los extranjeros que desconocen el inglés.
"Estamos a favor de la asignatura.
De educar en valores, y explicar asuntos como los derechos humanos, pero no así", relata Martí. Desde que estos docentes hicieron pública su insumisión, multitud de profesores les ha trasladado su apoyo. Más de filosofía que de inglés, algo que Manrique afirma que la desconcierta.
Font de Mora opina que Ciudadanía induce a los niños a votar socialista
MIGUEL OLIVARES
Los centros concertados darán Ciudadanía en inglés o perderán las ayudas
Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, se encastilló ayer ante el pleno de las Cortes en defensa del caótico arranque de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que han denunciado padres, inspectores y directores de instituto. El consejero arremetió contra las "superestructuras de adoctrinamiento" o la "ingeniería social" dirigidas a lograr que "en los colegios se diga a los niños que hay que votar a los socialistas, pero sin que se note", aseguró refiriéndose al contenido de la asignatura y abrió un nuevo frente para la batalla al amenazar a los colegios privados concertados que incumplan las órdenes de la consejería con retirarles las ayudas.
La reforma educativa
A FONDO
Luz verde a la LOE
Ver cobertura completa
Sanmartín: "Usa a los alumnos como ariete contra el Gobierno central"
Font de Mora, en su intervención las Cortes Valencianas en respuesta a dos interpelaciones urgentes formuladas por el PSPV y por Compromís en relación a Educación para la Ciudadanía y al sistema público, defendió su propuesta de impartir la asignatura en inglés sobre la base de que "por extensión, por dimensión y por el lenguaje muy generalista" que utilizan los manuales es la asignatura ideal para implantar el plan de impulso del plurilingüismo en la educación pública que Francisco Camps, dijo, pergeñó hace 12 años cuando era consejero de Educación.
Ningún miembro del Consell quiso arropar al responsable que soportó un aluvión de críticas de parte del socialista Adolf Sanmartín. "Impartir Educación para la Ciudadanía en inglés es el despropósito más descomunal en la historia de la educación pública en la Comunidad Valenciana, ¿le parece lógico hacer correr un maratón a un niño de 12 años en clase de Educación Física?"; "nunca ha habido un caos tal, ha logrado que todo el sistema educativo se ponga en su contra"; "usa el inglés como excusa y a los alumnos como ariete contra el Gobierno central". Sanmartín se hizo eco de las quejas de padres, de inspectores "que no quieren ejercer como comisarios políticos", de directores de institutos y de los sindicatos para acusar a Font de Mora de "irresponsable, indecente y sectario".
Font de Mora, en tono moderado, atribuyó el origen de todos los problemas al afán del Gobierno por "adoctrinar a parte de la población" a través de una asignatura que "mucha gente considera que vulnera sus derechos constitucionales". Luego defendió el impulso del plurilingüismo, la entrada de los inspectores en las aulas y reiteró su voluntad de imponer su modelo a los centros privados concertados. "Después de las oportunas comprobaciones y advertencias, se retirará el concierto a aquellos centros que no cumplan la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés", dijo.
"Partidista", "sectario", "irresponsable" e "indecente", reiteró Sanmartín. Y Font de Mora aguantó. Pero se desmelenó al responder a Mireia Mollà. La diputada de Compromís le espetó: "Ha llevado usted la educación pública al caos, se inventa Educación para la Ciudadanía en inglés o los uniformes en los colegios públicos, dos iniciativas muy mediáticas pero ridículas, cuando arrastramos un índice de fracaso escolar insultante".
Font de Mora evitó entrar al trapo y optó por la vertiente mediática. "La enseñanza de religión es optativa, ¿por qué no hacen optativa Educación para la Ciudadanía? Viva la libertad y abajo la ingeniería social, nosotros creemos en las personas humanas, no en la superestructura de adoctrinamiento".
Mollà, en el cierre de su intervención, suspendió al consejero como gestor público.
Escola Valenciana acusa al Consell de gastar 6.000 euros por centro para los traductores de inglés
La entidad ha denunciado falta de inversión para impartir el inglés desde los tres años.
EFE La entidad Escola Valenciana ha denunciado hoy que el Consell "malgasta" 6.000 euros anuales por cada centro educativo para poder impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés al tiempo que ha anunciado movilizaciones contra la decisión de la Generalitat.
Esa organización ha remitido un escrito al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en el que da su apoyo al instituto de educación secundaria Altaia de Altea (Alicante) que, según explica, ha recibido "amenazas" por los inspectores "por negarse a seguir el juego de confrontación política".
Escola Valenciana considera que el Gobierno valenciano "ha abandonado la enseñanza de las lenguas en los últimos diez años por falta de planificación, infraestructuras, profesores y recursos" y ha denunciado falta de inversión para impartir el inglés desde los tres años."Sin embargo, Font de Mora invertirá 6.000 euros por instituto para pagar a los traductores de inglés", según la entidad, lo que a su juicio podría suponer un gasto de cinco millones de euros.
Ello demuestra, añaden las fuentes, "el fracaso de la política educativa de la Conselleria en materia de aprendizaje de idiomas".
Escola Valenciana ha anunciado su apoyo a los centros escolares que se opongan a la propuesta y ha puesto su gabinete jurídico a disposición de estos institutos.Además, la entidad cívica se ha sumado a las movilizaciones de la Plataforma por la Enseñanza Pública y ha propuesto "una campaña de comunicación que desenmascare la realidad: que al conseller no le interesa el aprendizaje del inglés y sólo actúa por motivos políticos".
Las veinte asociaciones comarcales que forman Escola Valenciana realizarán, durante el mes de octubre, movilizaciones en las que participarán todos los maestros, profesores y alumnos integrantes de la entidad.
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Padres de alumnos de once centros públicos recurren EpC en inglés
Font de Mora amenaza con retirar el concierto a los centros privados que incumplan la orden de Ciudadanía
Recuenco acusa a Camps de utilizar a los niños como rehenes en su lucha con el Gobierno
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Sin inglés para entender Ciudadanía
Vídeo divulgativo PEXTRI
La Generalitat valenciana impone la asignatura en inglés sin cubrir completamente la enseñanza del idioma en los ciclos de Educación Infantil y Primaria.
BELÉN TOLEDO - Valencia - 01/10/2008 19:38
La Generalitat valenciana publicita estos días en televisión un Plan de Extensión del Trilingüismo cuya medida estrella es la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Sin embargo, el anuncio, que incluye frases como "para ser ciudadanos de éxito, tus hijos merecen estudiar en inglés", obvia las graves carencias que la enseñanza del idioma extranjero presenta en los ciclos de Educación Infantil y Primaria en un elevado porcentaje de los colegios valencianos.
Sindicatos como CCOO o STEPV, la asociación de directores de colegios de Educación Primaria y la federación de padres de alumnos (FAPA) coinciden en que en torno a un 70% de las escuelas no pueden impartir inglés a los niños entre 3 y 5 años este curso, a pesar de que así lo dispone la Ley Orgánica de Educación. La Generalitat publicó una orden en la que se invitaba a los centros a introducir el idioma extranjero en este ciclo aunque "en ningún caso supondrá aumento de la plantilla".
La administración sostiene que hay profesorado suficiente. Directores como Vicente Mañes, del colegio Bertomeu Llorens, y profesores como Ana Escuriola, del Carles Salvador, constatan que en sus respectivos centros no hay docentes que puedan enseñar inglés a los niños de Infantil. En el caso del Carles Salvador, se incumple la LOE desde hace un año: "El curso pasado no pudimos dar inglés en Primaria. Hasta este mes no nos ha llegado el profesor necesario a pesar de que organizamos protestas y manifestaciones continuas", explica Escuriola.
Citizenship no se entiende
Mientras, la consellería no ha escatimado en medios para conseguir que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés. Se ha llegado a ordenar que dos profesores impartan las clases de forma simultánea: el de Ciencias Sociales que aporta los contenidos y el de inglés, que los traduce. Además, la administración ha enviado inspectores que han avisado a aquellos profesores que se negaban a adoptar este método de que se exponen a la apertura de un expediente.
Todos estos esfuerzos no han conseguido lo principal: que los niños de 2º de la ESO, el curso al que corresponde la asignatura, entiendan Educación para la Ciudadanía cuando la está impartiendo un profesor en lengua inglesa. "No tienen un dominio de la lengua suficiente como para entender los conceptos, no es posible aclarar los matices ni establecer debates", se lamenta Eduardo Pérez, profesor de Filosofía y encargado de la asignatura en el instituto Ballester Gozalvo de Valencia.
¿La consecuencia? Según Vicente Baggetto, portavoz de la Asociación de Directores de Secundaria, será "un suspenso masivo, si las clases se dan con el nivel de contenidos que marca la ley".
"Es imposible que los niños lo entiendan"
"Hello, Vicky! I´m your new penfriend". Con esta frase sencilla comienza la prueba de inglés de los alumnos de 2º de la ESO. Los mismos estudiantes que en clase de Educación para la Ciudadanía deberán escuchar oraciones en esta misma lengua, pero de forma y contenido mucho más complicados: "Knowledge of the constitution as a requirement for being a responsible citizen" es sólo el nombre de un epígrafe.
La comparación es de Victoria, profesora de inglés en el centro Ballester Gozalvo. "En 2º de la ESO, los niños aprenden cosas básicas, como el vocabulario referido a las partes del cuerpo: es imposible que sean capaces de entender una asignatura entera en esta lengua", resume. Alrededor, varios alumnos hacen un balance de su primera clase de la materia. En palabras de Sara: "La clase ha ido de algo de política, pero no me he enterado de nada".
dimecres, 1 d’octubre del 2008
"Señor Fabra, ¿quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?"
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"Señor Fabra, ¿quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?"
MARÍA FABRA
El jefe de la Diputación de Castellón se niega a contestar las preguntas de Colomer
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, volvió ayer a despreciar el máximo órgano de representación de la corporación provincial, el pleno, al negarse a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios detectados en las cuentas bancarias en las que figura como titular o autorizado. Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal sólo alegó: "Me asiste el derecho a contestar por escrito". El dirigente popular optó por no responder a ninguna de las preguntas formuladas por el portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, quien, finalmente, le dijo: "Si no contesta, por decencia democrática, no puede permanecer ni un minuto más sentado donde está".
El ministro de Justicia critica al CGPJ por no reforzar el juzgado de Nules
Colomer hizo referencia a la información publicada en EL PAÍS el día pasado día 26 y aludió a los ingresos de seis millones de euros detectados entre 1999 y 2004 que, según la investigación, carecen de justificación. "¿Tiene algo que decir?", le dijo.
El socialista tampoco obtuvo respuesta cuando preguntó "¿Quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?", ni cuando cuestionó: "¿Es normal que tenga que ir la Policía acompañando a los peritos de Hacienda a los bancos para conocer sus ingresos?". "¿No cree que un cargo público debe responder en caso de que haya dudas?", fue otra de las cuestiones. Carlos Fabra no contestó a ninguna y, al finalizar el pleno, y sólo ante los medios de comunicación, dijo: "Soy inocente mientras no se determine lo contrario".
El llamado caso Fabra se inició hace casi cinco años y, en este tiempo, la instrucción de la causa, abierta en el juzgado número 1 de Nules ha sufrido el paso de ocho jueces y cuatro fiscales. Después de que el Consejo General del Poder Judicial haya autorizado la designación de jueces de refuerzo para este juzgado, la Consejería de Justicia, de la que depende el funcionariado, alegó que los medios humanos y materiales no estarán disponibles hasta 2009.
Por ello, el grupo socialista presentó una moción con el fin de que la Diputación de Castellón instara a la Generalitat a asignar "cuanto antes" los medios necesarios y correspondientes a los nuevos jueces designados. La moción ni siquiera se votó, ya que el Partido Popular la desechó al no considerarla urgente.
Por otra parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo referencia al retraso judicial del caso Fabra y dijo que la lentitud de la instrucción tiene su "origen en la ley" y en la "falta de voluntad" del Consejo General del Poder Judicial, por no haber aprobado el refuerzo para el juzgado hasta ahora, in extremis, tal como dijo ayer. Bermejo contestó así al senador socialista Andrés Perelló, quien le interrogó sobre su opinión acerca del anuncio de la Consejería de Justicia de que no dotará de funcionarios a los juzgados de Nules, solicitados por el CGPJ hasta dentro de seis meses.
El ministro de Justicia reconoció la necesidad de dotar al órgano de gobierno de los jueces de "mejores herramientas" para que "no se repitan" casos similares y apeló a quien fue consejero de Justicia, Fernando de Rosa, para que en su nuevo puesto de vicepresidente del CGPJ, "olvide esas malas prácticas y se esfuerce por evitar que estas cosas pasen". Perelló criticó que el Consell "no tiene dinero para pagar a seis funcionarios pero sí para construir un circuito de Fórmula 1 en tiempo récord".
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"Soy inocente si no se deduce lo contrario"
Carlos Fabra afirma que su inocencia no se debate en el salón de plenos "sino en los juzgados"
Ramón Pardo, Castelló"Soy inocente mientras no se determine lo contrario, pues todos los españoles son inocentes mientras no se deduce lo contrario, y eso no se deducirá aquí (en el pleno de la diputación), sino en los juzgados", apuntó el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, al concluir el pleno de ayer y a instancias de los reporteros del programa de La Sexta Caiga Quien Caiga"(CQC) que quisieron conocer la opinión del interesado sobre su presunta implicación en varios delitos que se investigan en los juzgados de Nules. Unos supuestos delictivos que minutos antes le había recordado el portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer.
Fabra atendió a los medios de comunicación al concluir el pleno y al pie de los escaños que ocupan los diputados. No quiso entrar en más detalles sobre los posibles delitos que se le imputan en los juzgados y se remitió a ellos "porque lo contesto todo en los juzgados". Y cuando abandonaba la sala reiteró que dejaba todo en manos de los jueces: "Que sea la justicia...."Hora y media antes había atendido, esta vez sí, a la reportera Estíbaliz Gabilondo, mientras se dirigía al salón de sesiones y se comprometía a responder a sus preguntas a la conclusión del pleno de septiembre. Respuestas que dio ante una nutrida representación de medios de comunicación reunidos en la sala.
Aprovechó también para agradecer a Gabilondo su presencia, porque "me alegré mucho de que venga usted aquí, a conocer la ciudad". A la reportera de CQC, precisamente, quiso interpelar en los pasillos un cámara de una televisión local.CQC, que desplazó a dos reporteros a la ciudad, aprovechó para entregarle al jefe de prensa de la diputación, Manuel Vives, un cartel con la leyenda: "CQC. Si tiene una pregunta hágamela a mí". Vives les correspondió entregándoles una corbata. Posteriormente explicaba que se trataba de una apuesta cruzada entre él y Gabilondo acerca de si Fabra les atendería o no. Al final triunfó la palabra de Vives.
La salida de los diputados del Palacio de la Diputación no tuvo nada que ver con la cinematográfica de hace apenas dos semanas, cuando reporteros de Intereconomía, con gafas y gorra impidieron a los de La Sexta entrevistar a Fabra.
Los reporteros de La Sexta siguen adelante con su investigación de los censos inflados en varios municipios en los que supuestamente participaron concejales o dirigentes del PP : Argelita, Fanzara, Cabanes o Sant Jordi. La mayoría de estos casos siguen la tramitación judicial en Nules y Castelló a la espera de la decisión final de los jueces, tal como indicaron ayer fuentes conocedoras del proceso.
Colomer había pedido la dimisión de Fabra en el pleno porque "no puede permanecer al frente de la institución ni un minuto más -le dijo- si no contesta a las preguntas sobre sus cuentas bancarias, puesto que no tiene legitimidad". Fabra indicó que, acogiéndose a su derecho, como recoge el reglamento de la diputación, contestaría al portavoz socialista por escrito, tras lo que Colomer le trasladó si "le parece normal no contestar a estas preguntas tan elementales en vivo y en directo".
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Bermejo insta a Fernando de Rosa a resolver la falta de medios en el juzgado de Nules
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CQC consigue hablar con Carlos Fabra
Tras el sabotaje de Intereconomía TV, Estíbaliz Gabilondo ha podido entrevistar al presidente de la Diputación de Castellón, que sigue declarándose inocente.
PÚBLICO.ES - Madrid - 30/09/2008 21:26
Ni los saboteadores ni el fútbol pueden detener a Caiga quien caiga. Aunque un poquito sí les hayan retrasado. Dos semanas después del altercado con un grupo de periodistas de Intereconomía TV, Estíbaliz Gabilondo ha conseguido hablar con el presidente de la Diputación de Castellón, el conservador Carlos Fabra.
En el programa anterior, la responsable de la sección Proteste ya, intentó hablar con el político sobre el retraso con el que funciona la justicia en su provincia. Fabra tiene varias causas abiertas en el juzgado por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra la Hacienda Pública, cuya resolución lleva pendiente más de cinco años.
A las preguntas de la reportera de CQC, el político se sigue declarando "inocente hasta que se demuestre lo contrario"
Mano de amianto
El equipo del programa ha llevado también la cuestión hasta el presidente del Partido Popular. Mariano Rajoy ha asegurado que él pone la mano en el fuego "por todos y por nadie". Como respuesta, Juanra Bonet le ha regalado un guante de amianto.
En las calles de Castellón, Miguel Martín sondeará el ambiente de la población después de que la Fiscalía Anticorrupción enviara peritos y policías a una serie de bancos de Castellón para reclamar las cuentas del presidente de la Diputación.
Juanra ha estado ocupado esta semana y el miércoles también le veremos en el festival de San Sebastián, hablando con Ben Stiller sobre su última película y haciéndole entrega de las míticas gafas negras del programa.
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Fabra calla ante una oposición que pide que aclare su fortuna
El presidente de la Diputación de Castellón evita las preguntas sobre sus ingresos.
BELÉN TOLEDO - Valencia - 30/09/2008 21:20
“¿Quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?”. Esa fue la pregunta que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, se negó a contestar el martes. Se la planteó el portavoz de la oposición socialista, Francesc Colomer, en el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado en la institución, delante de decenas de periodistas, todos los diputados provinciales y un nutrido grupo de ciudadanos que abarrotaban el espacio destinado al público.
Fabra no negó las acusaciones porque ni siquiera contestó: se limitó a declarar que responderá por escrito, más adelante, porque así lo permite el reglamento. Pero tuvo que escuchar el resto de las cuestiones que el portavoz socialista fue desgranando en medio de la expectación general.
Colomer preguntó si el presidente de la Diputación “tenía algo que decir” a la información aparecida el pasado jueves en la que se le atribuyen ingresos de seis millones de euros sin justificar en los últimos cinco años: “¿Puede un cargo público no explicar de dónde le llovía el dinero?, ¿puede un político ejemplar desafiar la conciencia moral de una sociedad?”.
“Qué tiene que ocultar”
El portavoz socialista hizo un repaso a las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días. Se refirió a la visita que un perito acompañado por la policía judicial hizo la semana pasada a varias oficinas bancarias de Castellón en busca de información sobre las cuentas de Carlos Fabra. A la pregunta directa de “qué tiene que ocultar”, el presidente de la Diputación contestó “vaya terminando, señor Colomer”, en el mismo tono neutro en el que habría cerrado una intervención referente al pavimentado de una calle.
Antes, Colomer había enumerado uno a uno todos los delitos por los que está imputado Carlos Fabra desde hace cinco años, entre los que se cuentan el cohecho, el fraude fiscal, la prevaricación o la falsificación de documento público. El interpelado aguantó sin mover una ceja. Ni siquiera dio muestras de nerviosismo cuando el portavoz de la oposición concluyó que un cargo público que no daba explicaciones sobre acusaciones tan graves debía dimitir. “Tiene tablas”, susurró alguien entre el público.
En lugar de Carlos Fabra, tomó la palabra el vicepresidente tercero de la Diputación, Vicent Aparici. Acusó a Colomer de “montar circos”, de “faltar el respeto a las instituciones” y “hacer uso de la difamación y la mentira”. Se quejó de que “se está imputando al presidente cuentas de organismos que preside pero que no son suyas”.
No a la agilización del caso
La investigación del caso Fabra dura ya cinco años por el exceso de trabajo en el juzgado de Nules, encargado de la causa. Para agilizar los trabajos, el ministerio de Justicia ha aprobado el envío de dos jueces más, que comenzarán a trabajar cuando la Generalitat envíe a los funcionarios y los materiales necesarios, cosa que no ocurrirá hasta el año que viene, según han advertido ya desde la administración autonómica.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, culpó ayer de los retrasos en la investigación a “la administración de Justicia de la Comunidad Valenciana” y al “CGPJ saliente” y concluyó que “está claro que para el PP el caso Fabra no es una urgencia”, informa Íñigo Aduriz. Horas después, en el pleno de la Diputación, los conservadores hicieron uso de su mayoría absoluta para evitar que prosperara una moción de los socialistas en la que se urgía a la Generalitat a que envíe los refuerzos de forma inmediata.
"Señor Fabra, ¿quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?"
MARÍA FABRA
El jefe de la Diputación de Castellón se niega a contestar las preguntas de Colomer
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, volvió ayer a despreciar el máximo órgano de representación de la corporación provincial, el pleno, al negarse a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios detectados en las cuentas bancarias en las que figura como titular o autorizado. Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal sólo alegó: "Me asiste el derecho a contestar por escrito". El dirigente popular optó por no responder a ninguna de las preguntas formuladas por el portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, quien, finalmente, le dijo: "Si no contesta, por decencia democrática, no puede permanecer ni un minuto más sentado donde está".
El ministro de Justicia critica al CGPJ por no reforzar el juzgado de Nules
Colomer hizo referencia a la información publicada en EL PAÍS el día pasado día 26 y aludió a los ingresos de seis millones de euros detectados entre 1999 y 2004 que, según la investigación, carecen de justificación. "¿Tiene algo que decir?", le dijo.
El socialista tampoco obtuvo respuesta cuando preguntó "¿Quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?", ni cuando cuestionó: "¿Es normal que tenga que ir la Policía acompañando a los peritos de Hacienda a los bancos para conocer sus ingresos?". "¿No cree que un cargo público debe responder en caso de que haya dudas?", fue otra de las cuestiones. Carlos Fabra no contestó a ninguna y, al finalizar el pleno, y sólo ante los medios de comunicación, dijo: "Soy inocente mientras no se determine lo contrario".
El llamado caso Fabra se inició hace casi cinco años y, en este tiempo, la instrucción de la causa, abierta en el juzgado número 1 de Nules ha sufrido el paso de ocho jueces y cuatro fiscales. Después de que el Consejo General del Poder Judicial haya autorizado la designación de jueces de refuerzo para este juzgado, la Consejería de Justicia, de la que depende el funcionariado, alegó que los medios humanos y materiales no estarán disponibles hasta 2009.
Por ello, el grupo socialista presentó una moción con el fin de que la Diputación de Castellón instara a la Generalitat a asignar "cuanto antes" los medios necesarios y correspondientes a los nuevos jueces designados. La moción ni siquiera se votó, ya que el Partido Popular la desechó al no considerarla urgente.
Por otra parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hizo referencia al retraso judicial del caso Fabra y dijo que la lentitud de la instrucción tiene su "origen en la ley" y en la "falta de voluntad" del Consejo General del Poder Judicial, por no haber aprobado el refuerzo para el juzgado hasta ahora, in extremis, tal como dijo ayer. Bermejo contestó así al senador socialista Andrés Perelló, quien le interrogó sobre su opinión acerca del anuncio de la Consejería de Justicia de que no dotará de funcionarios a los juzgados de Nules, solicitados por el CGPJ hasta dentro de seis meses.
El ministro de Justicia reconoció la necesidad de dotar al órgano de gobierno de los jueces de "mejores herramientas" para que "no se repitan" casos similares y apeló a quien fue consejero de Justicia, Fernando de Rosa, para que en su nuevo puesto de vicepresidente del CGPJ, "olvide esas malas prácticas y se esfuerce por evitar que estas cosas pasen". Perelló criticó que el Consell "no tiene dinero para pagar a seis funcionarios pero sí para construir un circuito de Fórmula 1 en tiempo récord".
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"Soy inocente si no se deduce lo contrario"
Carlos Fabra afirma que su inocencia no se debate en el salón de plenos "sino en los juzgados"
Ramón Pardo, Castelló"Soy inocente mientras no se determine lo contrario, pues todos los españoles son inocentes mientras no se deduce lo contrario, y eso no se deducirá aquí (en el pleno de la diputación), sino en los juzgados", apuntó el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, al concluir el pleno de ayer y a instancias de los reporteros del programa de La Sexta Caiga Quien Caiga"(CQC) que quisieron conocer la opinión del interesado sobre su presunta implicación en varios delitos que se investigan en los juzgados de Nules. Unos supuestos delictivos que minutos antes le había recordado el portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer.
Fabra atendió a los medios de comunicación al concluir el pleno y al pie de los escaños que ocupan los diputados. No quiso entrar en más detalles sobre los posibles delitos que se le imputan en los juzgados y se remitió a ellos "porque lo contesto todo en los juzgados". Y cuando abandonaba la sala reiteró que dejaba todo en manos de los jueces: "Que sea la justicia...."Hora y media antes había atendido, esta vez sí, a la reportera Estíbaliz Gabilondo, mientras se dirigía al salón de sesiones y se comprometía a responder a sus preguntas a la conclusión del pleno de septiembre. Respuestas que dio ante una nutrida representación de medios de comunicación reunidos en la sala.
Aprovechó también para agradecer a Gabilondo su presencia, porque "me alegré mucho de que venga usted aquí, a conocer la ciudad". A la reportera de CQC, precisamente, quiso interpelar en los pasillos un cámara de una televisión local.CQC, que desplazó a dos reporteros a la ciudad, aprovechó para entregarle al jefe de prensa de la diputación, Manuel Vives, un cartel con la leyenda: "CQC. Si tiene una pregunta hágamela a mí". Vives les correspondió entregándoles una corbata. Posteriormente explicaba que se trataba de una apuesta cruzada entre él y Gabilondo acerca de si Fabra les atendería o no. Al final triunfó la palabra de Vives.
La salida de los diputados del Palacio de la Diputación no tuvo nada que ver con la cinematográfica de hace apenas dos semanas, cuando reporteros de Intereconomía, con gafas y gorra impidieron a los de La Sexta entrevistar a Fabra.
Los reporteros de La Sexta siguen adelante con su investigación de los censos inflados en varios municipios en los que supuestamente participaron concejales o dirigentes del PP : Argelita, Fanzara, Cabanes o Sant Jordi. La mayoría de estos casos siguen la tramitación judicial en Nules y Castelló a la espera de la decisión final de los jueces, tal como indicaron ayer fuentes conocedoras del proceso.
Colomer había pedido la dimisión de Fabra en el pleno porque "no puede permanecer al frente de la institución ni un minuto más -le dijo- si no contesta a las preguntas sobre sus cuentas bancarias, puesto que no tiene legitimidad". Fabra indicó que, acogiéndose a su derecho, como recoge el reglamento de la diputación, contestaría al portavoz socialista por escrito, tras lo que Colomer le trasladó si "le parece normal no contestar a estas preguntas tan elementales en vivo y en directo".
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Bermejo insta a Fernando de Rosa a resolver la falta de medios en el juzgado de Nules
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CQC consigue hablar con Carlos Fabra
Tras el sabotaje de Intereconomía TV, Estíbaliz Gabilondo ha podido entrevistar al presidente de la Diputación de Castellón, que sigue declarándose inocente.
PÚBLICO.ES - Madrid - 30/09/2008 21:26
Ni los saboteadores ni el fútbol pueden detener a Caiga quien caiga. Aunque un poquito sí les hayan retrasado. Dos semanas después del altercado con un grupo de periodistas de Intereconomía TV, Estíbaliz Gabilondo ha conseguido hablar con el presidente de la Diputación de Castellón, el conservador Carlos Fabra.
En el programa anterior, la responsable de la sección Proteste ya, intentó hablar con el político sobre el retraso con el que funciona la justicia en su provincia. Fabra tiene varias causas abiertas en el juzgado por presuntos delitos contra la Administración Pública y contra la Hacienda Pública, cuya resolución lleva pendiente más de cinco años.
A las preguntas de la reportera de CQC, el político se sigue declarando "inocente hasta que se demuestre lo contrario"
Mano de amianto
El equipo del programa ha llevado también la cuestión hasta el presidente del Partido Popular. Mariano Rajoy ha asegurado que él pone la mano en el fuego "por todos y por nadie". Como respuesta, Juanra Bonet le ha regalado un guante de amianto.
En las calles de Castellón, Miguel Martín sondeará el ambiente de la población después de que la Fiscalía Anticorrupción enviara peritos y policías a una serie de bancos de Castellón para reclamar las cuentas del presidente de la Diputación.
Juanra ha estado ocupado esta semana y el miércoles también le veremos en el festival de San Sebastián, hablando con Ben Stiller sobre su última película y haciéndole entrega de las míticas gafas negras del programa.
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Fabra calla ante una oposición que pide que aclare su fortuna
El presidente de la Diputación de Castellón evita las preguntas sobre sus ingresos.
BELÉN TOLEDO - Valencia - 30/09/2008 21:20
“¿Quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?”. Esa fue la pregunta que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, se negó a contestar el martes. Se la planteó el portavoz de la oposición socialista, Francesc Colomer, en el turno de ruegos y preguntas del pleno celebrado en la institución, delante de decenas de periodistas, todos los diputados provinciales y un nutrido grupo de ciudadanos que abarrotaban el espacio destinado al público.
Fabra no negó las acusaciones porque ni siquiera contestó: se limitó a declarar que responderá por escrito, más adelante, porque así lo permite el reglamento. Pero tuvo que escuchar el resto de las cuestiones que el portavoz socialista fue desgranando en medio de la expectación general.
Colomer preguntó si el presidente de la Diputación “tenía algo que decir” a la información aparecida el pasado jueves en la que se le atribuyen ingresos de seis millones de euros sin justificar en los últimos cinco años: “¿Puede un cargo público no explicar de dónde le llovía el dinero?, ¿puede un político ejemplar desafiar la conciencia moral de una sociedad?”.
“Qué tiene que ocultar”
El portavoz socialista hizo un repaso a las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días. Se refirió a la visita que un perito acompañado por la policía judicial hizo la semana pasada a varias oficinas bancarias de Castellón en busca de información sobre las cuentas de Carlos Fabra. A la pregunta directa de “qué tiene que ocultar”, el presidente de la Diputación contestó “vaya terminando, señor Colomer”, en el mismo tono neutro en el que habría cerrado una intervención referente al pavimentado de una calle.
Antes, Colomer había enumerado uno a uno todos los delitos por los que está imputado Carlos Fabra desde hace cinco años, entre los que se cuentan el cohecho, el fraude fiscal, la prevaricación o la falsificación de documento público. El interpelado aguantó sin mover una ceja. Ni siquiera dio muestras de nerviosismo cuando el portavoz de la oposición concluyó que un cargo público que no daba explicaciones sobre acusaciones tan graves debía dimitir. “Tiene tablas”, susurró alguien entre el público.
En lugar de Carlos Fabra, tomó la palabra el vicepresidente tercero de la Diputación, Vicent Aparici. Acusó a Colomer de “montar circos”, de “faltar el respeto a las instituciones” y “hacer uso de la difamación y la mentira”. Se quejó de que “se está imputando al presidente cuentas de organismos que preside pero que no son suyas”.
No a la agilización del caso
La investigación del caso Fabra dura ya cinco años por el exceso de trabajo en el juzgado de Nules, encargado de la causa. Para agilizar los trabajos, el ministerio de Justicia ha aprobado el envío de dos jueces más, que comenzarán a trabajar cuando la Generalitat envíe a los funcionarios y los materiales necesarios, cosa que no ocurrirá hasta el año que viene, según han advertido ya desde la administración autonómica.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, culpó ayer de los retrasos en la investigación a “la administración de Justicia de la Comunidad Valenciana” y al “CGPJ saliente” y concluyó que “está claro que para el PP el caso Fabra no es una urgencia”, informa Íñigo Aduriz. Horas después, en el pleno de la Diputación, los conservadores hicieron uso de su mayoría absoluta para evitar que prosperara una moción de los socialistas en la que se urgía a la Generalitat a que envíe los refuerzos de forma inmediata.
115 directores de instituto, contra el caos "insoportable" creado por Camps
115 directores de instituto, contra el caos "insoportable" creado por Camps
NEUS CABALLER
Se muestran "atónitos" ante la "instrumentalización" de Ciudadanía
Los directores de 115 institutos de Secundaria, de los 133 que hay en la provincia de Valencia, denunciaron ayer el "caos insoportable" y las "dificultades para aplicar las diferentes normativas -contradictorias, muchas de ellas, ambiguas y publicadas con los horarios ya cerrados- creadas por la Generalitat" en su huida hacia adelante por mantener su versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship), pese a que existen dos autos de suspensión cautelar parcial de la orden del Gobierno de Francisco Camps, dictados en julio por el Tribunal Superior de Justicia.
Los directores, reunidos en asamblea en el veterano instituto Lluís Vives, de Valencia, denunciaron en público las "diferentes" y "caóticas situaciones" que se viven a diario en los centros valencianos desde el día de la apertura del curso, el 16 de septiembre, debido a "las diversas formas de presión que ejerce la Consejería de Educación". Y apuntaron en esas formas de presión desde las visitas diarias de inspectores interrumpiendo la clase hasta la manera misma en que la consejería aborda la carencia de profesores de Educación para la Ciudadanía cualificados para dar la clase en inglés. "Hemos constatado", confirmó un portavoz de la Asociación Profesional de Directores de Secundaria, "que a la mitad de los centros donde la consejería se comprometió a enviar un profesor itinerante se les ha denegado. Y si llega no sabe inglés". Los directores asisten "atónitos" a la "instrumentalización que ha hecho la consejería de esta materia" y "al daño hecho la escuela pública".
El pronunciamiento se sucede un día después de que un tercio de los inspectores (pertenecientes a la asociación profesional de referencia) rechazara hacer de "comisarios políticos", en abierta referencia a las instrucciones de "abrir expediente disciplinario" a quien no dé la clase en inglés.La sensación de orfandad administrativa por parte de los directores de Secundaria de Valencia supera cualquier expresión de malestar hecha pública por padres, madres, alumnos, docentes y claustros desde que empezó el curso y se agudizó el pulso de la Generalitat del PP con el Gobierno socialista. "Nunca los equipos directivos nos habíamos sentido tan despreciados en nuestro trabajo y sometidos a las presiones como lo ha hecho esta Consejería de Educación". Esta contundente declaración resume la "insoportable situación" que denuncia el 90% de los directores de la provincia de Valencia reunidos ayer en asamblea.
Los directores han asistido con "sorpresa" y "perplejidad" a la incapacidad de la Administración educativa -que dirige el consejero Alejandro Font de Mora- para poner los recursos humanos necesarios en los centros. "Vemos con sorpresa cómo llegan profesores de Filosofía o Geografía de la bolsa de interinos, ¡y no tienen la capacitación en inglés!", se quejaron algunos directores.
Los departamentos más afectados son el de Inglés y Filosofía. Se dan casos, como el de un instituto del distrito de Algiròs, en Valencia, donde "el profesor está tres horas parado, por si se le necesita en Ciudadanía, donde no hace falta porque el de Filosofía habla perfectamente inglés". Pero, explica su director, "no se le pueden asignar horas para dar clases de inglés en 1º de Bachillerato, porque la consejería no autoriza otro grupo, pese a que hay 37 alumnos en clase".
Dimisión del 'conseller'
Pero lo más "grave", sostiene otro director de Valencia, es que "los equipos directivos estamos sufriendo las presiones por arriba -de la Administración educativa y la Inspección- y por abajo -de los claustros docentes, que nos están obligando a reelaborar los horarios- porque no están conformes con la distribución que les ha tocado".
Muchos directores reunidos ayer solicitaron "la dimisión del conseller Font de Mora", al que consideran responsable máximo -junto con el presidente Camps- de poner el sistema educativo "contra las cuerdas". Y de hacerlo en una comunidad que acumula 14 puntos de fracaso escolar más en los 13 años de Gobierno del PP, en los que ha pasado del quinto puesto por arriba a liderar el ranking autonómico de peores resultados académicos, sólo por delante de Ceuta, Melilla y Baleares.
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Insumisión frente a la "Citizenship'
Los 21 miembros del secretariado del Sindicat de TReballadors de l"Ensenyament del País Valencià (STEPV), mayoritario en la enseñanza pública, se exponen a una sanción después de que ayer se autoinculparan ante la Consejería de Educación por alentar la "insumisión" de los centros contra la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) y promover que se dé en las dos lenguas oficiales. El sindicato instó en junio a los institutos de Secundaria a que en el impreso de la matrícula ofrecieran la posibilidad de que el alumno pudiera optar por dar la clase en valenciano o castellano, como el resto de materias. La estrategia buscaba sortear el veto del PP, que ha planteado el boicot a una materia que considera "un adoctrinamiento socialista". Los dirigentes del STEPV afirmaron que "se sienten responsables" de la decisión de muchos centros que ya han comunicado a la inspección que darán la clase "en valenciano o en castellano", haciendo "uso de su autonomía docente" y "de acuerdo a su plan lingüístico".
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Suspenso masivo en Ciudadanía
Los directores de instituto dicen que serán estrictos con el cumplimiento de la ley y darán las clases en inglés, pero advierten que los alumnos no aprobarán porque no entienden el idioma
Maite Ducajú, Valencia
Los participantes en la Asamblea de Directores de Institutos de Educación Secundaria de Valencia y Provincia, celebrada ayer en el Luis Vives, mostraron su preocupación ante el problema que va a suponer para el expediente académico de los alumnos de segundo de la ESO la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, como ordena la norma emitida por la conselleria.
Los directores consideran que el nivel de estos estudiantes no es competente -4,1 en inglés, según las pruebas diagnósticas de la Conselleria de Educación- para recibir y captar los contenidos en esta lengua extranjera por lo que advirtieron de que puede darse un suspenso masivo si no demuestran la aptitud necesaria en la materia. "Nosotros debemos ser estrictos con el cumplimiento de la ley y, si se nos ordena que demos en inglés, debemos hacerlo" subrayó una responsable de IES durante la asamblea.
Así, y como la mayoría de directores son partidarios de que se imparta en las lenguas oficiales de la Comunitat: valenciano o castellano, pero son conscientes de que deben respetar los mandatos de la conselleria, animan a los padres a que sean ellos los que presenten recursos en contra de dar la Ciudadanía en inglés y con el fin de que sus hijos puedan adquirir los conocimientos y aprobar.
Muchos de los responsables de los centros destacaron otras carencias en el comienzo de curso como la falta de profesores en algunas materias, de docentes para alumnos con necesidades especiales o la obligación que han impuesto algunos de los inspectores de Educación de que modifiquen los horarios en menos de quince días. "La polémica de Ciudadanía es una cortina de humo para no acabar dando bien esta materia y tapar otros problemas" afirmaron.
Por su parte, el rector de la universitario de València, Francisco Tomás, consideró ayer que la forma de impartir la asignatura de Ciudadanía en la Comunitat, con dos profesores -uno de Filosofía o Geografía e Historia y otro de inglés para vehicular los contenidos- "introduce elementos de confusión para el estudiante".ç
Tomás, que contestó a Levante-EMV sobre las consultas recibidas pro algunos institutos, aseguró que "los políticos deben responder de sus actos" a la vez que reclamó que "la enseñanza y universidad sean objeto de un pacto de Estado para evitar que se modifiquen cada vez que cambia el Gobierno".
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Ara
Comunitat Valenciana
Educació
EpC
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EU cuestiona el rasero con la concertada
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NEUS CABALLER
Se muestran "atónitos" ante la "instrumentalización" de Ciudadanía
Los directores de 115 institutos de Secundaria, de los 133 que hay en la provincia de Valencia, denunciaron ayer el "caos insoportable" y las "dificultades para aplicar las diferentes normativas -contradictorias, muchas de ellas, ambiguas y publicadas con los horarios ya cerrados- creadas por la Generalitat" en su huida hacia adelante por mantener su versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship), pese a que existen dos autos de suspensión cautelar parcial de la orden del Gobierno de Francisco Camps, dictados en julio por el Tribunal Superior de Justicia.
Los directores, reunidos en asamblea en el veterano instituto Lluís Vives, de Valencia, denunciaron en público las "diferentes" y "caóticas situaciones" que se viven a diario en los centros valencianos desde el día de la apertura del curso, el 16 de septiembre, debido a "las diversas formas de presión que ejerce la Consejería de Educación". Y apuntaron en esas formas de presión desde las visitas diarias de inspectores interrumpiendo la clase hasta la manera misma en que la consejería aborda la carencia de profesores de Educación para la Ciudadanía cualificados para dar la clase en inglés. "Hemos constatado", confirmó un portavoz de la Asociación Profesional de Directores de Secundaria, "que a la mitad de los centros donde la consejería se comprometió a enviar un profesor itinerante se les ha denegado. Y si llega no sabe inglés". Los directores asisten "atónitos" a la "instrumentalización que ha hecho la consejería de esta materia" y "al daño hecho la escuela pública".
El pronunciamiento se sucede un día después de que un tercio de los inspectores (pertenecientes a la asociación profesional de referencia) rechazara hacer de "comisarios políticos", en abierta referencia a las instrucciones de "abrir expediente disciplinario" a quien no dé la clase en inglés.La sensación de orfandad administrativa por parte de los directores de Secundaria de Valencia supera cualquier expresión de malestar hecha pública por padres, madres, alumnos, docentes y claustros desde que empezó el curso y se agudizó el pulso de la Generalitat del PP con el Gobierno socialista. "Nunca los equipos directivos nos habíamos sentido tan despreciados en nuestro trabajo y sometidos a las presiones como lo ha hecho esta Consejería de Educación". Esta contundente declaración resume la "insoportable situación" que denuncia el 90% de los directores de la provincia de Valencia reunidos ayer en asamblea.
Los directores han asistido con "sorpresa" y "perplejidad" a la incapacidad de la Administración educativa -que dirige el consejero Alejandro Font de Mora- para poner los recursos humanos necesarios en los centros. "Vemos con sorpresa cómo llegan profesores de Filosofía o Geografía de la bolsa de interinos, ¡y no tienen la capacitación en inglés!", se quejaron algunos directores.
Los departamentos más afectados son el de Inglés y Filosofía. Se dan casos, como el de un instituto del distrito de Algiròs, en Valencia, donde "el profesor está tres horas parado, por si se le necesita en Ciudadanía, donde no hace falta porque el de Filosofía habla perfectamente inglés". Pero, explica su director, "no se le pueden asignar horas para dar clases de inglés en 1º de Bachillerato, porque la consejería no autoriza otro grupo, pese a que hay 37 alumnos en clase".
Dimisión del 'conseller'
Pero lo más "grave", sostiene otro director de Valencia, es que "los equipos directivos estamos sufriendo las presiones por arriba -de la Administración educativa y la Inspección- y por abajo -de los claustros docentes, que nos están obligando a reelaborar los horarios- porque no están conformes con la distribución que les ha tocado".
Muchos directores reunidos ayer solicitaron "la dimisión del conseller Font de Mora", al que consideran responsable máximo -junto con el presidente Camps- de poner el sistema educativo "contra las cuerdas". Y de hacerlo en una comunidad que acumula 14 puntos de fracaso escolar más en los 13 años de Gobierno del PP, en los que ha pasado del quinto puesto por arriba a liderar el ranking autonómico de peores resultados académicos, sólo por delante de Ceuta, Melilla y Baleares.
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Insumisión frente a la "Citizenship'
Los 21 miembros del secretariado del Sindicat de TReballadors de l"Ensenyament del País Valencià (STEPV), mayoritario en la enseñanza pública, se exponen a una sanción después de que ayer se autoinculparan ante la Consejería de Educación por alentar la "insumisión" de los centros contra la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) y promover que se dé en las dos lenguas oficiales. El sindicato instó en junio a los institutos de Secundaria a que en el impreso de la matrícula ofrecieran la posibilidad de que el alumno pudiera optar por dar la clase en valenciano o castellano, como el resto de materias. La estrategia buscaba sortear el veto del PP, que ha planteado el boicot a una materia que considera "un adoctrinamiento socialista". Los dirigentes del STEPV afirmaron que "se sienten responsables" de la decisión de muchos centros que ya han comunicado a la inspección que darán la clase "en valenciano o en castellano", haciendo "uso de su autonomía docente" y "de acuerdo a su plan lingüístico".
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Suspenso masivo en Ciudadanía
Los directores de instituto dicen que serán estrictos con el cumplimiento de la ley y darán las clases en inglés, pero advierten que los alumnos no aprobarán porque no entienden el idioma
Maite Ducajú, Valencia
Los participantes en la Asamblea de Directores de Institutos de Educación Secundaria de Valencia y Provincia, celebrada ayer en el Luis Vives, mostraron su preocupación ante el problema que va a suponer para el expediente académico de los alumnos de segundo de la ESO la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, como ordena la norma emitida por la conselleria.
Los directores consideran que el nivel de estos estudiantes no es competente -4,1 en inglés, según las pruebas diagnósticas de la Conselleria de Educación- para recibir y captar los contenidos en esta lengua extranjera por lo que advirtieron de que puede darse un suspenso masivo si no demuestran la aptitud necesaria en la materia. "Nosotros debemos ser estrictos con el cumplimiento de la ley y, si se nos ordena que demos en inglés, debemos hacerlo" subrayó una responsable de IES durante la asamblea.
Así, y como la mayoría de directores son partidarios de que se imparta en las lenguas oficiales de la Comunitat: valenciano o castellano, pero son conscientes de que deben respetar los mandatos de la conselleria, animan a los padres a que sean ellos los que presenten recursos en contra de dar la Ciudadanía en inglés y con el fin de que sus hijos puedan adquirir los conocimientos y aprobar.
Muchos de los responsables de los centros destacaron otras carencias en el comienzo de curso como la falta de profesores en algunas materias, de docentes para alumnos con necesidades especiales o la obligación que han impuesto algunos de los inspectores de Educación de que modifiquen los horarios en menos de quince días. "La polémica de Ciudadanía es una cortina de humo para no acabar dando bien esta materia y tapar otros problemas" afirmaron.
Por su parte, el rector de la universitario de València, Francisco Tomás, consideró ayer que la forma de impartir la asignatura de Ciudadanía en la Comunitat, con dos profesores -uno de Filosofía o Geografía e Historia y otro de inglés para vehicular los contenidos- "introduce elementos de confusión para el estudiante".ç
Tomás, que contestó a Levante-EMV sobre las consultas recibidas pro algunos institutos, aseguró que "los políticos deben responder de sus actos" a la vez que reclamó que "la enseñanza y universidad sean objeto de un pacto de Estado para evitar que se modifiquen cada vez que cambia el Gobierno".
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Ara
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Educació
EpC
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EU cuestiona el rasero con la concertada
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