dijous, 5 de febrer del 2009

Uno de los nuestros. Escàndol al PP de Madrid: L'Aguirregate i Los hombres de Paco. 05/02/2009.

Documento del Registro Mercantil de Madrid. Copia de la escritura de Tecnoconcret, que figura en el Registro Mercantil de Madrid, en el que se amplía en 100.000 euros el capital de la sociedad. Pablo González, hermano del vicepresidente, suscribe el 31,6% de las acciones. Lo mismo hace José Juan Caballero —cuñado de González—, a través de la firma Proyectos Ecosistemas, de la que es administrador único.
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EL 'AGUIRREGATE'

Una firma beneficiada por Ignacio González tiene de socio a su hermano

Pablo González, hermano del 'número dos' de Aguirre, adquirió en noviembre de 2008 más del 30% del capital de Tecnoconcret, concesionaria del campo de golf adjudicado por el vicepresidente.

MANUEL RICO - MADRID - 05/02/2009 07:30

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.

Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos en el dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.

Polémica adjudicación
El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.

Un cuñado del vicepresidente es dueño de otro 30% de la empresa

La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público.

En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.

Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”.

“No figuran familiares míos”
Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”.

González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.

La Comunidad dice que Tecnoconcret ya no es accionista del campo de golf

Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.

Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.

Tecnoconcret amplía capital
Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital.

De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.

Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron ayer a este diario que, “hace aproximadamente un año”, Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.

La crisis de los espías de Madrid
Descubre quién es quién en la compleja trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileño
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El juez inicia la investigación por el espionaje al 'número dos' de Aguirre

"Yo no tengo la información que tiene Rajoy", dice el portavoz del PP madrileño

EL PAÍS - Madrid - 05/02/2009

El titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el espionaje sufrido por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), número dos de Esperanza Aguirre. Sierra investigará los dossiers que destapó EL PAÍS el 20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a González durante un viaje a Colombia en 2008 y otro de un viaje a Johanesburgo ese mismo año donde se hace referencia a adjudicaciones sospechosas- y un tercer dossier, publicado posteriormente por Público, también sobre adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura de diligencias supone que hoy se ha producido la judicialización de este presunto caso de espionaje", explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El presidente de los alcaldes pedirá al fiscal que aclare si él también fue seguido

Los autores de los dossiers -desconocidos hasta el momento- podrían haber incurrido, según la denuncia que presentó en su día el vicepresidente, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel.

Además del espionaje al número dos de Aguirre, EL PAÍS ha revelado la existencia de otros seguimientos a dirigentes del PP -éstos enfrentados políticamente a Aguirre-: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada. Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de Madrid, no ante el juez, así que su caso depende de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al juzgado. O de que, en una fase más avanzada del proceso, el juez concluya que todo tiene que ver con una única trama delictiva y reclame la investigación.

En paralelo al proceso judicial prosigue el avatar político. Ayer habló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que la investigación interna iniciada por el partido sobre el espionaje político en Madrid no está cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que dure la comisión de investigación en el Parlamento regional. Lo dijo durante una visita a la sede del PP en París, y el protocolo hizo que en ese acto estuviera también el espiado Alfredo Prada en su actual condición de director del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria si es citado, aunque recalcó que la investigación que le interesa es la judicial.

En nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus palabras con ironías contra el propio PP. "Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no he visto ningún dossier", afirmó. La víspera, Rajoy había admitido que el escándalo del espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado en "muchos documentos". Sobre la comisión de investigación, Güemes avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo".

Por otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones legales" tras leer en la revista Interviú que también él fue espiado en 2007. Una portavoz municipal precisó después que acudirán a la fiscalía.

Castro dijo estar "indignado, dolorido y rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras prácticas", y añadió que en los últimos años había confesado a colaboradores y familiares que tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era una percepción de que alguien me observaba", aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que llegue "hasta las últimas consecuencias" y, aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie", aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que este tipo de prácticas, que están más cercanas al pasado más triste y oscuro de este país, habían sido erradicadas de las administraciones que gobiernan a los ciudadanos".

Información elaborada por Vera Gutiérrez Calvo, Pablo Ximénez de Sandoval y Javier S. del Moral.
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J. S. G. - Madrid - 05/02/2009

Hay una causa común en los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. La enorme preocupación sobre el funcionamiento de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje a altos cargos. Y esta inquietud ha desatado la tensión.

Nada debe quedar al azar. Por eso, el Gobierno regional ha tomado cartas en el asunto. Fuentes populares avanzaron el martes que la presidencia de la comisión recaería en un cargo próximo a Esperanza Aguirre. El escogido era Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo. Pero ayer fuentes de la Asamblea reconocieron que no está tan claro. "Sol [sede del Gobierno regional] tiene que dar la última palabra", apuntaron. Otro de los nombres que se barajan es el de David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea, uno de los hombres duros de Aguirre en el Parlamento regional.

Los socialistas observan de reojo cualquier movimiento de sus rivales políticos y aplazan hasta hoy la designación de los tres miembros que les corresponden. Fuentes del PSOE avanzan que la portavoz del grupo, Maru Menéndez, y el portavoz adjunto, Adolfo Navarro, estarán en la comisión. También Inés Sabanés, la portavoz de IU, intervendrá junto a Miguel Reneses.
La investigación quedará así en manos de los jefes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

La oposición teme que el PP ponga trabas al desarrollo de la comisión con unas reglas que no impidan el turno de réplica. De ser así, la comisión se convertiría en un monólogo del compareciente que podría eludir las preguntas de los miembros de la comisión.
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SEGUIMIENTOS POLÍTICOS

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El consejero de Sanidad, secretario de Comunicación del PP de Madrid y yerno de Fabra ha señalado "Son como las meigas, que haberlas hailas"

CADENA SER/AGENCIAS 04-02-2009

El consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha indicado este miércoles que él no ha visto ningún informe procedente de la presunta trama de espionaje que supuestamente depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ya ha insistido en que la Comunidad de Madrid no está detrás de ellos.

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"Yo desde luego no he visto ningún informe", ha afirmado Güemes durante una entrega de premios, al ser preguntado por las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que afirmaba que se conocía la existencia de dossieres pero que él no los había visto. "Son como las meigas, que haberlas hailas", ha comentado en relación a los documentos, al tiempo que puntualizó que si existen, la Comunidad no está detrás.

"Si existen, le puedo garantizar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha elaborado, ni amparado la elaboración, ni conocido la elaboración de ningún informe relativo a nadie", ha afirmado ya ha insistido en que si ha habido o no informes, está "convencido" de que se esclarecerá en la investigación llevada a cabo en instancias judiciales y en la comisión de investigación que comenzará a funcionar el viernes en la Asamblea de Madrid.

Güemes ha garantizado que "en ambas instancias se llegará a la conclusión inequívoca y contundente de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha conocido, ni ha amparado, ni ha promovido seguimientos, ni el espionaje de nadie". "Es absolutamente falso que la Comunidad de Madrid se dedique a hacer dossieres ni investigaciones ni seguimientos", ha asegurado y reseñado que el Gobierno de la Comunidad lo que hace es "trabajar por los ciudadanos" de la región.

Así, ha matizado que lo que le interesa al Ejecutivo que lidera Esperanza Aguirre "no es con quien va a tomar café fulano o mengano, sino los intereses de los madrileños".

Fraga señala que el PP no ha cerrado investigación sino que "la ha encarrilado"
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha asegurado este miércoles que la dirección de su partido no ha cerrado la investigación abierta por el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid sino que "la ha encarrilado

Fraga ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo con el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, al ser preguntado por la decisión de la dirección del PP de suspender la investigación interna que inició la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a raíz de las informaciones difundidas sobre espionaje político en la Comunidad de Madrid.

"La han llevado a donde la tienen que llevar", ha asegurado Fraga, en referencia a la comisión de investigación sobre este asunto que se pondrá en marcha el próximo viernes en la Asamblea de Madrid.

Preguntado por el aumento del paro en 198.838 personas en enero conocido ayer, Fraga ha criticado la "absoluta incapacidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para gestionar una de las crisis "más graves" que ha tenido España.

Por su parte Juan José Güemes, consejero de Sanidad del gobierno de Esperanza Aguirre y yerno de Carlos Fabra, cree que es Rajoy quien debe dar explicaciones de la existencia de dossieres en el escándalo de los espías . El líder del PP señalo este martes que él no había visto nuinguno cuando le preguntaron por qué no actuó cuando se conoció que había informes.

Una comisión, a medida del PP
La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó este lunes la creación de una comisión de investigación por la supuesta trama de espionaje presuntamente liderada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, tal y como la presidenta regional, Esperanza Aguirre. El órgano no contará con limitación de los comparecientes a funcionarios de la Comunidad.

Fuentes populares explicaron que la comisión se extenderá hasta el 28 de febrero, con posibilidad de ampliación de un mes y que contará con cinco diputados de PP, tres del PSOE y uno de IU, en contra de la propuesta de la oposición, que requería que hubiera cuatro de PP, tres de PSOE y uno de IU.

La reunión de la Mesa celebrada finalizó con dos votaciones. La primera, referida a la creación de la comisión, que se aceptó por unanimidad de los tres Grupos Parlamentarios. No obstante, hubo una segunda votación, referida a las normas de funcionamiento, que tan sólo se aprobó con la mayoría absoluta del PP.

El funcionamiento se regirá por lo establecido en los artículos comprendidos entre el 208 y el 211 del Reglamento de la Cámara, asemejándose al funcionamiento de una comisión ordinaria, según afirmaron fuentes parlamentarias.
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