El embajador norteamericano en Madrid era consciente de que, ante la repulsa internacional por las últimas ejecuciones del franquismo, la dictadura iba a "intentar establecer que el progreso en las negociaciones de las bases [militares en España] demuestra el apoyo de EEUU al régimen de Franco en un momento de represión"
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Pese a las protestas de toda Europa y las infructuosas intercesiones del papa PabloVI, Washington asistió impertérrito, en septiembre de 1975, al fusilamiento de tres militantes del FRAP y dos de ETA, igual que no movió un dedo para impedir la ejecución del miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) Salvador Puig Antich en marzo de 1974. Eso sí, en el último año de vida de Franco, el embajador de EEUU ante la dictadura se permitió hacer una comparación siniestra entre los métodos que los verdugos aplicaron en cada caso:
"El Gobierno de España ha ejecutado a los cinco terroristas condenados, dos de ETA (separatistas vascos) y tres del FRAP (marxistas-leninistas a su manera). Fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en lugar de haber sido sometidos al garrote [vil], en un cambio presumiblemente concebido para evitar la repulsa internacional contra el método de ejecución medieval que ha sido la norma aquí (por ejemplo, la ejecución de Puig Antich en 1974)", escribió el embajador estadounidense en Madrid, Wells Stabler, el 27 de septiembre.
Stabler todavía no era embajador en España cuando el régimen ejecutó a Puig Antich, pero su antecesor, Horacio Rivero, tampoco supo calcular mucho mejor las consecuencias que tendrían para España las últimas ejecuciones de su régimen.
El 4 de marzo de 1974 Rivero redactó un informe confidencial para el Departamento de Estado que dirigía Henry Kissinger en el que subrayó que, tras el atentado de dio muerte a Carrero Blanco, "el nuevo Gobierno de Arias Navarro ha decidido demostrar su voluntad de preservar la ley y el orden. Pese a estar sometido a presiones internas, y algunas externas en forma de intervenciones por parte de los holandeses, belgas, italianosy el Mercado Común, así como peticiones de los socialistas españoles al canciller federal alemán para que intercediese, el Gobierno decidió proceder con las ejecuciones tal como lo reclamaban los tribunales militares".
"El nuevo ministro del Interior García Hernández no piensa comprometer sus relaciones con la Guardia Civil mostrando clemencia"
El embajador Rivero hizo hincapié en que "el mismo día de la ejecución, el ministro del Interior y vicepresidente, García Hernández, en una ceremonia de homenaje al policía que murió en el magnicidio del presidente Carrero Blanco, prometió que el martirio en defensa del orden público no sería en vano y que el Gobierno de España garantizaría la paz interior 'a cualquier precio'". El legado también destacó, al final de su informe, que "el nuevo ministro del Interior, obviamente, no piensa arriesgarse a comprometer las relaciones del nuevo Gobierno con la Guardia Civil mostrándose clemente en los casos que impliquen asesinatos de guardias civiles".
En ese primer informe sobre la ejecución de Puig Antich, el embajador se mostró frío y distante, aduciendo en sus conclusiones que el régimen no había recalcado su pertenencia al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) en las comparecencias públicas porque pretendía, con el ajusticiamiento,"prevenir los atracos de bancos por grupos políticos como el MIL y el movimiento de liberación vasco (ETA). Muchos atracos de bancos en el año pasado han sido cometidos con el propósito de obtener fondos para financiar esos grupos extremistas".
Sólo dos días después, Rivero enviaba otro cable al secretario de Estado constatando los "significativos disturbios estudiantiles y diversas batallas campales con la Policía en diferentes universidades, tras la ejecución del anarquista Puig Antich". Y comentaba al final: "La dureza con la que la Policía ya las Fuerzas de Seguridad están actuando frente a los disturbios en los campuses hacen un flaco favor a la imagen liberal del nuevo ministro de Educación, Martínez Esteruelas".
Otros dos días más tarde, el 8 de marzo, el embajador enviaba un nuevo informe confidencial en el que se mostraba ya alarmado por "la ola de manifestaciones e intentos de protestas en varias universidades españolas" que, "según un profesor de la Universidad de Madrid, constituyen un nivel de fermento contestatario muy superior a cualquier cosa que él haya visto en los últimos siete años".
El embajador habla de "tensiones en el Gabinete de Arias Navarro" y de "confrontación con la Iglesia"
Ese análisis mucho más completo de la situación habla de los "rumores de tensiones dentro del Gabinete de Arias Navarro sobre la decisión de ejecutar a Puig y [el polaco Heinz] Chez, complicadas por la tensión adicional de la actual confrontación con la Iglesia" (a causa de las ejecuciones, ya que Pablo VI se dirigió personalmente a Franco en tres ocasiones para pedirle clemencia). "El nuevo ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, que al principio de su mandato fue conocido como un importante aperturista, al parecer estaba pensando en dimitir, igual que el ministro de Justicia, Ruiz Jarabo (...) quien está en una posición vulnerable y puede ser convertido por el Gobierno en chivo expiatorio llegado el momento".
"La aparentemente fría y clínica decisión del Gobierno de ejecutar sin vacilación dos de las tres penas de muertes pendientes ha ofendido a muchos en los sectores moderados y liberales, que tienden a verlo como un acto brutal y sin sentido de represalia, incongruente con la política de moderación y tolerancia sugerida por el discurso de Arias del 12 de febrero", continúa el cable del embajador. "Este resentimiento se ha agudizado aún más por el sentimiento generalizado de que la pena de muerte en sí misma y el método de imponerla (garrote) suponen un paso atrás al periodo menos humano que muchos españoles quieren creer que ha sido dejado atrás en la progresiva asimilación de los valores de Europa occidental; por el malestar de los grupos de la abogacía, políticamente influyentes, ante el persistente intervencionismo de los militares en el sistema judicial, y por la sospecha --por irracional que sea-- entre muchos catalanes de que la ejecución de Puig fue una salvajada política dirigida contra su región y sus pretensiones separatistas".
Rivero examina después las "indicaciones de que el Gobierno, al optar por una rápida ejecución [de los reos], estuvo profundamente influido por lo que consideraba una lección de los juicios de Burgos en 1970, en concreto que la vacilación del Gobierno y la muestra final de clemencia en ese momento había perturbado gravemente al Ejército, la Policía y sus aliados conservadores, sin lograr apaciguar a la oposición o incluso le dio mayores oportunidades para la agitación interna y en el extranjero".
La dictadura "estaba poco preocupada sobre una posible reacción dura en Estados Unidos"
La conclusión final del embajador es reveladora: "...el nuevo Gobierno [franquista] estaba poco preocupado sobre una posible reacción dura en Estados Unidos, del que creen que comparte su grave preocupación ante el terrorismo y está cada vez más inclinado a reanudar la práctica de la pena de muerte para hacerle frente".
Año y medio más tarde, su sucesor Stabler explicaría en el cable citado que la forma de presentar por TVE las noticias sobre las cinco ejecuciones de 1975, y la construcción informativa del Telediario, evidenciaban un claro intento del régimen franquista por "intentar establecer que el progreso en las negociaciones de las bases [militares en España] demuestra el apoyo de EEUU al régimen de Franco en un momento de represión".
El 29 de septiembre, dos días después de ese cable, el embajador Stabler admitía en otra misivaque "la predecible reacción negativa en el extranjero [a las ejecuciones] quizá ha excedido hasta las expectativas más sombrías. Al ignorar las peticiones del Vaticano, del Parlamento Europeo de Estrasburgo, de la Comisión Europea en Bruselas y de los países y los líderes europeos individualmente, el Gobierno español ha dañado inconmensurablemente la campaña de Arias en busca de una mayor aceptación" internacional.
Sin embargo, el embajador también reconoció a Kissinger que los "analistas locales están ya sugiriendo que el punto de vista del régimen es que mientras cuente con el respaldo de Estados Unidos no tiene que preocuparse por todo lo demás".
Y así era.
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