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Después de 13 meses de completo parón, el gabinete Urkullu retoma los trabajos sin fecha aun para empezar a retirar los símbolos de la dictadura.
Eudel y el propio Ejecutivo ya recomendaron en octubre de 2012 la retirada de todos los vestigios que recuerdan y ensalzan la dictadura pero no se ha hecho nada.
El PNV acusó a finales de octubre a Rajoy de incumplir la Ley de Memoria histórica que obliga a retirar escudos, insignias y placas franquistas y Gallardón respondió que había retirado el 90% de los vestigios de la dictadura.
Aitor Guenaga - Bilbao
La obligación legal de retirar los símbolos que ensalzan la dictadura no termina de cumplirse en Euskadi. 13 meses después de que la comisión técnica formada por miembros de Eudel, de Aranzadi y del propio Ejecutivo vasco elevara su informe técnico -en el que se recomendaba la retirada de los escudos, insignias, placas y demás restos de la dictadura franquista- no han empezado los trabajos, ni se han retirado los vestigios.
El informe, de 20 páginas, desarrollaba el catálogo de vestigios elaborado por la dirección de Derechos Humanos del anterior Gobierno, en manos entonces de Inés Ibáñez de Maeztu. La comisión constató que, pese a la retirada de símbolos franquistas tras la elección de los primeros ayuntamientos democráticos en 1979, el catálogo del Ejecutivo socialista reveló la "pervivencia de símbolos de esa naturaleza en los municipios vascos". Para subsanar esta situación y cumplir la ley, la comisión planteaba una serie de recomendaciones a las instituciones públicas que pretendían "servir como modelo de actuación" para la "retirada de la simbología de la dictadura franquista en Euskadi". El Gobierno de Urkullu, que cumplirá el próximo 17 de diciembre un año, ha mantenido un contacto con responsables de Eudel hace un par de semanas para "retomar" este asunto, según han confirmado fuentes de la dirección de Víctimas y Derechos Humanos, que encabeza Monika Hernando.
Hernando tomó posesion de su cargo en febrero pasado y, desde entonces, la retirada de los vestigios franquistas no ha estado entre las "prioridades" del gabinete nacionalista, según admiten en fuentes gubernamentales. Entre otros asuntos, la secretaria general de Paz y Convivencia -de la que depende orgánicamente Hernando- ha estado volcada en la elaboración del Plan de Paz aprobado por el Ejecutivo el pasado martes. En este documento, de 86 páginas y que consiga más de 19,2 millones de euros de presupuesto para los cuatro años, el tema de los vestigios franquistas no se menciona.
Debate en el Congreso
El pasado 30 de octubre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró en el Congreso, a preguntas del PNV, que casi el 90% de los vestigios franquistas en lugares públicos ya ha sido retirado, como establece la Ley de Memoria Histórica, y que los que aún permanecen es porque exigen procedimientos largos y costosos. El ministro respondía asi a la pregunta del diputado del PNV Emilio Olabarria, quien había acusado al Ejecutivo de no cumplir la Ley de Memoria Histórica que obliga a la retirada de este tipo de símbolos franquistas.
"La existencia de 1.300 vestigios franquistas en el Estado español acreditan una actitud insumisa" respecto a la ley, le espetó Olabarria, que considera que las excepciones vinculadas al valor "pretendidamente artístico o sacramental" de dichos símbolos no justifican su pervivencia. El diputado del PNV argumentó entonces que el PP no está en la tesitura de prescindir de 800.000 eventuales votantes enmarcados en un "franquismo nostálgico y residual" que siguen votando al Partido Popular por ligeros gestos simbólicos, como apuntan los sociólogos.
¿Y qué pasa en Euskadi? La voluntad del Ejecutivo es retomar el tema, aunque no se prevé que se empiece a actuar hasta 2014, según fuentes gubernamentales. El plan para actuar ya está redactado por la comisión técnica y en el se incluyen las recomendaciones para actuar, en coordinación con los municipios donde persista este tipo de simbología, tanto en el callejero municipal y en las placas de las viviendas, como en los denominados "símbolos singulares". En ese apartado se encuentran los dos enormes escudos situados en la fachada del edificio de la Agencia Tributaria, en la plaza Moyúa de Bilbao, y el de la Subdelegación del Gobierno en Vitoria. El plan recuerda también el escudo de gran tamaño situado en el interior de la Catedral Nueva de la capital alavesa, que está en el acceso al Museo Diocesano de Arte Sacro, "apoyado por la Diputación Foral de Álava".
La comisión recomienda la "retirada" del escudo de la Hacienda española, pese a estar "incluido en los catálogos de interés cultural del Gobierno vasco", admite, "teniendo en cuenta el impacto social que genera su presencia en el espacio público, al suponer una "exaltación de los enfrentrados". La comisión subraya que debe "prevalecer una valoración ética de su presencia pública sobre los valores esteticos que pudiesen argumentarse para defender su mantenimiento, optándose por la retirada". Sobre el escudo de la Subdelegación del Gobierno, se recomienda "su retirada, sin más consideraciones técnicas al respecto, al cumplirse los requisitos legales necesarios" y sobre el escudo de la Catedral de Vitoria plantea su "retirada y su traslado a un museo que se considere adecuado".
Sobre la designación de hijos adoptivos o predilectos a Franco, se recomienda "revocar todos los acuerdos de concesión de Medallas de Oro, de nombramientos como hijos adoptivos o predilectos de todos los personajes vinculados a la dictadura franquista.
Evitar su destrucción
Todas estas actuaciones van a necesitar una dotación presupuestaria que por el momento se desconoce y, de momento, no aparece ni en el Plan de Paz, ni se concreta en los Presupuestos de 2014. La comisión pone un ejemplo de lo presupuestado en el Ayuntamiento de Basauri. El arquitecto de Basauri, José Ignacio Salazar formó parte de la comisión técnica, junto a un técnico de la direccion de Patrimonio del Ejecutivo vasco, el secretario del consistorio de Santurtzi, el secretario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el historiador Aitor González de Langarica. En Basauri se cifró en 5.708,49 euros lo que costaría la retirada de 115 placas del Instituto Nacional de la Vivienda franquista, 27 placas de calles y 53 placas de casas y el suministro y la colocación de 53 nuevos rótulos.
En cualquier caso, el catálogo de vestigios elaborado por el anterior Ejecutivo ya apuntaba que aunque se proceda a su retirada, "nunca debería llevarse a cabo su destrucción, porque representan una herramienta de trabajo para el investigador, quien es, en definitiva, el encargado de divulgar lo sucedido en aquella etapa".
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