- Los socialistas acusan al Gobierno de haber interrumpido la aplicación del texto aprobado en 2007
- El PSOE presenta una proposición no de ley en el Congreso para instar al Ejecutivo a recuperar las políticas públicas de reparación de la memoria
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Exhumación de una fosa en Chillón (Ciudad Real). ARMH
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir que se cumpla la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. En el texto, el PSOE afea al Gobierno la interrupción de las tareas de reparación a las víctimas del franquismo y los recortes presupuestarios en esta materia.
El escrito subraya que no fue hasta 2007 cuando el Estado alcanzó "la madurez suficiente" para "honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Los socialistas destacan el "alto grado de cumplimiento" de la norma durante los Gobiernos de Zapatero y afirman que "la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos".
Pero el PSOE señala que, desde la llegada al poder del PP, la tarea de reparación, que admite "inacabada", está además "interrumpida". "Se ha dejado de dotar presupuestariamente estas medidas, se ha suprimido la Oficina de Víctimas y se han frenado (...) las todavía escasas declaraciones individuales de reparación", enumera la proposición no de ley. El texto concluye que ni la transición ni la ley de 2007 han "cerrado todas las heridas" y reclama la "plena dignificación" de las víctimas.
Así, se presenta una listado de medidas que a juicio del principal grupo de la oposición el Ejecutivo debería aplicar sin dilación. Entre ellas,recuperar la partida presupuestaria para la aplicación de la ley –el presupuesto pasó de 6 millones de euros en 2011 a cero tras la acceder los conservadores al gobierno– y continuar con las tareas de localización y exhumación de fosas comunes –se calcula que hay más de 130.000 desaparecidos en 2.500 fosas–.
Los socialistas también reclaman la retirada de símbolos de la dictadura, tal y como establece la ley aprobada en 2007. Preguntado a este respecto en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió en mayo no haber retirado un sólo vestigio franquista desde que accedió al cargo.
Además, se insta al Ejecutivo a recuperar la Oficina de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y a garantizar el acceso a los archivos para que los represaliados durante el franquismo puedan acceder a los fondos históricos. Recientemente, el PP en el Congreso rechazó una proposición no de ley de la Izquierda Plural para permitir el acceso de los investigadores a cerca de 10.000 documentos clasificados sobre la Guerra Civil y la dictadura.
Finalmente, se pide afrontar,"de forma decidida y urgente" latransformación del Valle de los Caídos para que se convierta en un espacio para la reconciliación. Cabe recordar a este respecto que el Congreso de los Diputados reclamó en 2009 la confección de un censo de las personas allí enterradas.
Ante la dificultad de identificar a las víctimas, Ramón Jáuregui, ahora portavoz del Grupo Socialista y firmante de la proposición no de ley, y ministro de la Presidencia entre octubre de 2010 y noviembre de 2011, se comprometió a crear un grupo de trabajo y una comisión de expertos.
Esa comisión se creó el 27 de mayo de 2011 y entregó un informe el 29 de noviembre de 2011 en el que aconsejaba trasladar los restos del dictador Franco y una intervención artística en la explanada delantera del monumento en la que se recordase a todos los fallecidos. Aunque Jáuregui se comprometió en reiteradas ocasiones a actuar una vez el Gobierno tuviera en sus manos el informe, finalmente no se llevó a cabo ninguna actuación.
El escrito subraya que no fue hasta 2007 cuando el Estado alcanzó "la madurez suficiente" para "honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Los socialistas destacan el "alto grado de cumplimiento" de la norma durante los Gobiernos de Zapatero y afirman que "la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos".
Pero el PSOE señala que, desde la llegada al poder del PP, la tarea de reparación, que admite "inacabada", está además "interrumpida". "Se ha dejado de dotar presupuestariamente estas medidas, se ha suprimido la Oficina de Víctimas y se han frenado (...) las todavía escasas declaraciones individuales de reparación", enumera la proposición no de ley. El texto concluye que ni la transición ni la ley de 2007 han "cerrado todas las heridas" y reclama la "plena dignificación" de las víctimas.
Así, se presenta una listado de medidas que a juicio del principal grupo de la oposición el Ejecutivo debería aplicar sin dilación. Entre ellas,recuperar la partida presupuestaria para la aplicación de la ley –el presupuesto pasó de 6 millones de euros en 2011 a cero tras la acceder los conservadores al gobierno– y continuar con las tareas de localización y exhumación de fosas comunes –se calcula que hay más de 130.000 desaparecidos en 2.500 fosas–.
Los socialistas también reclaman la retirada de símbolos de la dictadura, tal y como establece la ley aprobada en 2007. Preguntado a este respecto en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, admitió en mayo no haber retirado un sólo vestigio franquista desde que accedió al cargo.
Además, se insta al Ejecutivo a recuperar la Oficina de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y a garantizar el acceso a los archivos para que los represaliados durante el franquismo puedan acceder a los fondos históricos. Recientemente, el PP en el Congreso rechazó una proposición no de ley de la Izquierda Plural para permitir el acceso de los investigadores a cerca de 10.000 documentos clasificados sobre la Guerra Civil y la dictadura.
Finalmente, se pide afrontar,"de forma decidida y urgente" latransformación del Valle de los Caídos para que se convierta en un espacio para la reconciliación. Cabe recordar a este respecto que el Congreso de los Diputados reclamó en 2009 la confección de un censo de las personas allí enterradas.
Ante la dificultad de identificar a las víctimas, Ramón Jáuregui, ahora portavoz del Grupo Socialista y firmante de la proposición no de ley, y ministro de la Presidencia entre octubre de 2010 y noviembre de 2011, se comprometió a crear un grupo de trabajo y una comisión de expertos.
Esa comisión se creó el 27 de mayo de 2011 y entregó un informe el 29 de noviembre de 2011 en el que aconsejaba trasladar los restos del dictador Franco y una intervención artística en la explanada delantera del monumento en la que se recordase a todos los fallecidos. Aunque Jáuregui se comprometió en reiteradas ocasiones a actuar una vez el Gobierno tuviera en sus manos el informe, finalmente no se llevó a cabo ninguna actuación.
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