El PSOE vuelve a pedir en el Congreso la reconversión del Valle de los Caídos en un espacio para la «cultura de la reconciliación» y de«reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura», y deje ser un lugar de «memoria franquista y nacional-católica».
En una proposición no de ley firmada por el diputado Ramón Jáuregui, el PSOE reclama al Gobierno que se afronte de forma «decidida y urgente» las recomendaciones del informe de los expertos, que proponíaexhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos al lugar que designara la familia. El informe también pedía que los restos de José Antonio Primo de Rivera fueran reubicados dentro de la propia basílica para estar en igualdad de condiciones con las demás víctimas de la contienda enterrados en el recinto.
La iniciativa de los socialistas reclama ahora al Ejecutivo que recupere el presupuesto para aplicar lo dispuesto en la ley de Memoria Histórica, en especial los gastos de localización y exhumación de las fosas y la identificación de los cadáveres de las personas víctimas de la represión.«Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes», señala la iniciativa socialista.
Retirada de símbolos
Insiste en que el Gobierno debe impulsar la retirada de los símbolos o monumentos que honran la memoria de los vencedores, «en el convencimiento de que los símbolos y monumentos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio». También reclama que se envíe al Congreso en un plazo máximo de seis meses una reforma legal para que puedan optar a la nacionalidad española aquellos que quedaron excluidos con la legislación vigente. Los socialistas también instan al Gobierno a que revise la normativa en materia de archivos para garantizar el acceso a todos los fondos históricos, "ajustándolos a los estándares internacionales".
Por último, propone la recuperación de la oficina de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como órgano de coordinación de las políticas de recuperación de la memoria histórica, y continuar la expedición de las declaraciones de nulidad de pleno derecho de las sentencias emanadas de los «tribunales ilegítimos».
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