justicia en la puerta de la audiencia LoQueSomosRedacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2014
La “Querella Argentina” avanza día a día, el fiscal Ramiro González pide que se cite a indagatoria a 15 ex funcionarios de la dictadura franquista, entre ellos figuran cinco ex ministros del dictador.
El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 ex funcionarios del gobierno del dictador y genocida Francisco Franco, en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estado español y que lleva adelante la juez federal María Servini de Cubría en base al principio de “justicia universal”. González sugirió también a la jueza evaluar “la viabilidad” de abrir una investigación para que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en la Argentina para los casos que eventualmente existieran en España.
El fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo. Además, pidió librar orden de detención y extradición para tomar declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas, María Flor de Lis Díaz Carrasco.
La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía. González solicitó a la magistrada librar un exhorto a España para que se remita “copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento” del ex Presidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.
Las medidas fueron sugeridas en un extenso dictamen elaborado tras una visita a España junto con la jueza, donde se tomaron declaraciones testimoniales y se recopiló información. “Los acontecimientos materia de investigación consisten en hechos atroces de lesa humanidad/genocidio entre los que se encuentran torturas, homicidios, desapariciones forzadas de personas y sustracción de menores, privación ilegal de la libertad calificada por la imposición de torturas y demás ilícitos que se desprenden de las presentaciones efectuadas habrían tenido ocasión, de manera aproximada, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977″, sostuvo González.
El 15 de junio de 1977 fueron las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas en España desde el 16 de febrero de 1936, recordó el fiscal. González pidió la declaración indagatoria por existir “estado de sospecha” del ex ministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del ex vicepresidente Licinio de la Fuente, del ex ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del ex de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual. También del ex ministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del capitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del ex juez Antonio Troncoso de Castro y de siete policías más: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.
Además, estimó que “se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores” denunciados en la causa.
“Habría que solicitar al Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora”, consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas.
Pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para “conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima” el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover “junto a miles de personas” y obtener “información al respecto”.
Algunas “perlas” de estos nuevos imputados:
Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)
Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.
También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.
- Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)
Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.
- Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)
Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.
- José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)
A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.
- Alfonso Osorio García (Santander, 1923)
Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.
- Antonio Troncoso de Castro (Vitoria, 1941)
Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.
Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.
También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).
- Carlos Rey González
Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.
* TELAM