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“Es una cuestión de sensibilidades, de derechos humanos”
La plataforma jerezana por la Memoria Democrática ha reunido a expertos y a representantes de la Junta para debatir sobre la ley.
Los historiadores José Luis Gutiérrez Molina y Miguel Ángel Melero, y el arqueólogo Jesús Román han sido los invitados al encuentro.
En los últimos 16 años se han venido realizando intervenciones relacionadas con más de 100 víctimas y se contemplan 44 fosas cuyo mapa ha de ser actualizado, según Román.
02-12-2015 / 20:26 h.
De izquierda a derecha: Miguel Ángel Melero, José Luis Gutiérrez Molina, Jesús Román y Paco S. Múgica, en la mesa redonda celebrada en la Sala Compañía para debatir sobre la Ley de Memoria Democrática.
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“Creo que no es necesaria una ley, ya tenemos bastantes para intervenir en una fosa; hay que tener cuidado porque ésta le da todo el poder a la Administración”, ha defendido José Luis Gutiérrez Molina, historiador y uno de los participantes de la mesa redonda celebrada en la Sala Compañía para debatir sobre la Ley de Memoria Democrática en Andalucía. El debate organizado por los diferentes colectivos que integran la Plataforma jerezana por la Memoria Democrática constituida en diciembre de 2014, fue moderado por el director de lavozdelsur.es, Paco Sánchez Múgica.
En el encuentro se ha tratado la ampliación del horizonte temporal hasta el 11 de enero 1982-, el cumplimiento de la Ley estatal de Memoria Histórica, la retirada de simbología franquista del nomenclátor, así como distinciones y reconocimientos a personalidades vinculadas con el Golpe de Estado y la Dictadura.
La ley andaluza pretende ampliar la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzar el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. “Se nos pone un poco la cara colorada cuando estas personas no cuentan con subvenciones y ayudas. Creo que esta ley es necesaria”, reconocía Miguel Ángel Melero Vargas, coordinador de fosas comunes de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta. "Estamos desbordados, tenemos previstas 23 actuaciones en 2016 para atender todas las solicitudes que nos están llegando. Ojalá tuviéramos medios para intervenir incluso de oficio”, ha asegurado.
El arqueólogo Jesús Román, el último en el turno de palabra, realizó un repaso por las diferentes actuaciones llevadas a cabo en las fosas de la provincia y resaltó la importancia de los familiares y las asociaciones, “los ejes” a la hora de impulsarlas. “Es una cuestión de sensibilidades, de derechos humanos”. Además, señaló que en los últimos 16 años se han venido realizando intervenciones relacionadas con más de 100 víctimas y se contemplan 44 fosas cuyo mapa ha de ser actualizado.
Como ha recordado Gutiérrez Molina “el año que viene se cumplen 80 años del 36 y esto se considera un asunto arqueológico, pero el problema de tener cientos de cadáveres en el armario social no se habrá solucionado”. A su juicio el adjetivo "terrorista" se ajusta perfectamente al régimen franquista porque “fue un golpe de estado basado en el terror”, sin embargo, apostilla el historiador: “Las víctimas del terrorismo franquista tendrán que aceptar que son víctimas de segunda”.
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