dimarts, 22 de desembre del 2015

Los partidos de CyL piden a Cataluña que retorne los ‘papeles de Salamanca’ que no han acabado en manos de sus propietarios.


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Castilla y León exige la vuelta de parte de los ‘papeles de Salamanca’

Los partidos piden a Cataluña que retorne los documentos que no han acabado en manos de sus propietarios. La Generalitat insiste en que el 98% ya se han devuelto


Las primeras cajas que llegaron al Arxiu Nacional de Sant Cugat en 2006 desde Salamanca. /MARCEL.LI SAENZ
Parecía imposible un acuerdo entre los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León —PP, PSOE, Ciudadanos, Ganemos y Grupo Mixto (IU y UPL)—, pero se ha conseguido dos días después de las elecciones generales gracias a los papeles del antiguo Archivo de la Guerra Civil con sede en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica. Todos los partidos con representación en las Cortes castellanoleonesas han suscrito este martes una declaración institucional en la que piden la devolución de la documentación "indebidamente recibida" por parte de la Generalitat de Cataluña desde 2006 y la restitución a sus legítimos propietarios por haber finalizado el plazo para pedir su devolución.
La razón de que los "papeles de Salamanca" hayan sido los protagonistas de las Cortes de Castilla y León se debe a la insistencia de una asociación creada en Salamanca por un historiador polémico, Policarpo Sánchez, que considera que algunos de los documentos devueltos a la Generalitat no le corresponden. Por ello, lleva más de ocho años, por vía judicial y en los medios de comunicación, reclamando que el Gobierno catalán devuelva esos documentos. De las denuncias no se ha salvado ni el director del archivo salmantino, Manuel Melgar, que fue denunciado por Sánchez por "negar el ejercicio del derecho de acceso a los archivos públicos y de consulta de los documentos que los conforman".
El parlamentario socialista en Castilla y León Fernando Pablos ha declarado que "Salamanca debe seguir siendo referencia en el estudio sobre la Guerra Civil, por lo que esos papeles deben volver al Centro Documental de la Memoria Histórica". Fuentes de los diferentes partidos en las Cortes de Castilla y León, han recordado que una vez comprobado que algunos documentos no eran propiedad de la Generalitat, sino de particulares, se solicitó que los entregaran a sus propietarios, algo que "por el momento, no han hecho". Las mismas fuentes han recordado que en 2013 el Parlamento de Asturias aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a desarrollar las actuaciones precisas para la inmediata devolución y depósito en el Centro Documental de la Memoria Histórica de los documentos, fondos documentales y otros efectos de la Guerra Civil relacionados con Asturias que habían sido trasladados a la Generalitat por formar parte del Archivo.
Hace unos meses, fue el Ayuntamiento de Salamanca, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, el que presentó una moción en la que se pedía la devolución. Ganemos se abstuvo, aunque ahora, en las Cortes de Castilla y León, ha apoyado la declaración institucional.
Tras conocer el acuerdo aprobado en Valladolid, la Generalitat ha querido insistir en que el proceso de restitución sigue abierto y que se han localizado al 98,5% de los propietarios o sus legítimos herederos de los documentos que han retornado desde Salamanca a Cataluña,informa José Ángel Montañés. Fuentes del Departamento de Cultura que dirige Ferran Mascarell recuerdan que en julio se publicó en la prensa catalana y en la web del Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) la relación de los documentos pendientes de retornar a sus propietarios y que "desde entonces han aparecido muchas personas más". En un acto celebrado el pasado 3 de diciembre en el ANC en el que se devolvieron documentos a 39 particulares, tres empresas y una entidad, Mascarell aseguró que "la memoria es un derecho" y, tras recordar que todavía hay documentos pendientes de retornar de Cataluña que fue confiscada por las tropas franquistas tras su entrada en Cataluña, aseguró que "no hay duda de que las personas que administran el Estado lo usan como una herramienta a su servicio y no al servicio de la gente".