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El monumento que da la bienvenida a la capital y que separa el distrito de Moncloa de la zona universitaria vulnera la Ley de Memoria Histórica, pero la burocracia y el reparto de las competencias administrativas dificultan enormemente su reforma
El juego del ‘tú la llevas’ y la costumbre de pasar el muerto al otro se imponen en Madrid a la hora de la gestión de las cuestiones más polémicas. Ocurre con el Arco de la Victoria, situado en las cercanías de la plaza de Moncloa, en una de las principales entradas a la capital. Un monumento muy fotografiado pero del que nadie quiere hacerse cargo por su naturaleza franquista.
En un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, trabaja para cambiar el nombre de algunas calles en aplicación de la Ley de la Memoria histórica, el monolito parece haber quedado en un segundo plano a pesar de que posee “insignias y una placa conmemorativa de exaltación de la sublevación militar y de la Dictadura”, algo que la norma rechaza expresamente en su artículo 15.
El Ayuntamiento no se ha acordado de este monumento en su aplicación de la ley, a pesar de ser uno de los baluartes de la victoria franquista en la Batalla de la Ciudad Universitaria. "A los ejércitos aquí victoriosos / la inteligencia, que siempre es vencedora / da y dedicó este monumento", reza la inscripción en latín que luce en su frontispicio noroeste. Llama la atención este olvido cuando una de las calles cuyo nombre va a ser cambiado en aplicación de la ley se llama, precisamente, Avenida Arco de la Victoria, y acaba en el monolito.
Pero lo más llamativo es que, en medio del marasmo competencial, ninguna institución ni organismo público de Madrid tiene del todo clara su función en cuanto al enorme armatoste que da la bienvenida a la ciudad y que sostiene simbología y emblemas de la dictadura. La Comunidad se lava las manos, mientras que el Ayuntamiento rechaza de pleno que la gestión sea de su competencia. Ni la Concejalía de Moncloa, ni la Universidad Complutense, ni el Consorcio Urbanístico, ni Patrimonio… quieren saber nada. La respuesta es que su gestión compete al Consorcio Regional de Transportes, sociedad pública dependiente de la Comunidad de Madrid.
Es el organismo que gestiona el transporte público, con sus autobuses, metros y trenes, el que tiene la tutela del arco de triunfo. “Cuando se construyó el intercambiador de Moncloa, se creó un convenio entre la Ciudad Universitaria y la propia comunidad”, señala un portavoz de la consejería de transportes, para explicar el por qué de esta asignación. Asegura, además, que el monumento está bajo su dominio, aunque únicamente se centran en que “las infraestructuras estén bien conservadas”. “Limpiamos las pintadas que aparecen en sus paredes, aunque es verdad que de vez en cuando. Somos de la opinión de que no es razonable gastar mucho dinero de la Comunidad para que al día siguiente cuatro subnormales hayan vuelto a pintarlo”, afirma este portavoz.
Nadie quiere aplicar la ley
Aun así, desde el consorcio aseguran que trabajan para “devolver la gestión de este monumento al Ayuntamiento de Madrid” y, añaden que, a pesar de esto, esta institución no tiene, "ni por asomo" la potestad de aplicar la Ley de Memoria Histórica en el monolito.
"El conjunto de trabajadores del consorcio salvaguarda y vela porque la arquitectura esté en buenas condiciones, pero nada más", recalca el portavoz, pero asegura que aunque el arco esté bajo su dominio, "esto no es óbice para que el Ayuntamiento cambie la nomenclatura" o ponga en tela de juicio su funcionamiento o aplicación para adaptarlo a la legislación.
Hasta que se decidan las instituciones de la capital, este enorme monumento, algo deteriorado y sucio y que ya no se puede visitar, mantendrá tanto su nombre como sus insignias, sin que nadie pueda hacer nada fuera de su competencia.
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