Galicia, radiografía de un exterminio.

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ALEJANDRO TORRÚS

En Galicia no hubo Guerra Civil entre 1936 y 1939. Pero sí un exterminio sistemático de la población fiel a la República. En tan sólo tres años fueron asesinados 4.699 ciudadanos gallegos. Siete de cada diez (3.233) fueron ejecutados en los llamados paseos franquistas. El resto, 1.466, fueron asesinados mediante la ejecución de una sentencia a muerte, según los datos del proyecto Nomes e Voces. Un auténtico exterminio en una zona donde la Guerra no duró más de unos días.

"Lo que pasó en Galicia es una prueba de que el golpe tenía una intención exterminadora, pues no era para nada necesario. (...) En Galicia no hubo matanzas de curas y hacendados. Lo que sí hubo fue muchas muertes controladas, instigadas o toleradas por las autoridades militares", explica Federico Cocho, autor de Guerra civil. Que pasou en Galicia e en España (Xerais) en una entrevista a El Mundo.

Con Galicia bajo el control del bando franquista desde los primeros momentos del golpe militar, "los perpetradores y sus seguidores a nivel local comienzan a demostrar que éste lleva aparejada una inusitada violencia", según recoge el informe de Nomes e Voces. Así, en los primeros meses de la Guerra Civil fueron asesinados en Galicia los cuatro gobernadores civiles, los alcaldes de cinco de las siete ciudades gallegas y los 26 de las poblaciones más importantes. Fueron ejecutadas también las máximas autoridades militares gallegas que se opusieron al golpe, los civiles más activos en la defensa de la legalidad y aquellos con cierta relevancia social en determinadas comunidades como maestros, médicos, farmacéuticos y abogados. En total, 4.699 ciudadanos asesinados.

Ejemplos de casi todos ellos se encuentran entre las denuncias que esta semana han presentado una decena de familiares de hombres y mujeres de desaparecidos durante la dictadura, vinculados a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ante el cónsul de la República Argentina en Vigo, Roberto Gudiño dentro de la llamada Querella argentina.

El abuelo y el tío abuelo de Esther García, una de las denunciantes, formaban parte de aquellos gallegos que no esperaban la "inusitada violencia" desplegada por los seguidores del golpe contra ellos. Manuel Díaz González, médico de O Incio (Lugo) y primer alcalde de la República en dicha localidad, y su hermano José Díaz, elegido en las últimas elecciones nuevo alcalde del municipio, creyeron que a pesar del golpe militar no debían huir de la localidad porque de nada se les podía imputar. Estaban equivocados. "Los falangistas de O Incio empezaron con las amenazas a la familia. Nadie daba crédito de lo que estaba pasando. Un día apareció muerto el perro de mi tío y ya decidieron los hermanos que tenían que escapar", cuenta a Público Esther García, que explica que finalmente los dos hermanos fueron capturados y trasladados a la prisión de Monforte de Lemos, donde ofrecieron a Manuel partir al frente como médico de los nacionales: "Yo no soy veterinario, no curo animales", contestó Manuel, según relata Esther.

A partir de ese momento comenzó el particular infierno de Manuel. Fue sacado de la cárcel en un paseo nocturno aunque consiguió escapar herido refugiándose en casa de un "amigo suyo de derechas", el famacéutico de Sarria Antonio Peña. "Allí fue apresado por la conocida cuadrilla de falangistas de Layosa. Le fueron atadas las manos a una soga prendida de la cola de un caballo y fue arrastrado durante varios kilómetros hasta llegar a la entrada de O Incio. Al llegar allí, aún con vida y consciente, fue asesinado. Luego le amputaron un dedo para robarle la alianza", prosigue Esther.

Era el 11 de septiembre de 1936. En los primeros cinco meses de 1936 fueron asesinados en Galicia un promedio de 14,25 personas por día, mientras que a finales de 1939 la cifra de ejecuciones había descendido a 0,7 al día. Un día después, el 12 de septiembre, aparecieron en la cuneta de la carretera N-634, en un lugar conocido como voltas de Prado, cinco cadáveres. Uno de ellos tenía seis dedos en una mano. Así identificaron los vecinos a Bruno Martínez, tío abuelo de Miguel Freire, investigador de la ARMH que ha denunciado este caso ante la Justicia argentina.

"Estaban acusados de haber hecho frente a las tropas sublevadas, es decir, de oponerse al alzamiento nacional. (...) No eran ni sindicalistas exaltados, ni agitadores políticos, sólo habían tenido la mala suerte de haber participado en asociaciones sindicales y políticas", cuenta Miguel a Público, que añade que "la represión y el terror continuó cebándose en las familias de estas personas, que tuvieron que padecer acoso y humillaciones, el incendio y saqueo de sus casas y las burlas e insultos cuando los primeros de noviembre llevaban flores a las sepulturas donde se habían enterrado a sus familiares asesinados".

En octubre de este 1936 fue también asesinado Julio Sanz Martín, enfermero-practicante en la Marina. Su nieta, Elvira Sanz, lo denuncia ante la Justicia argentina. "Mi abuelo tenía 34 años. El 22 de octubre de 1936 fueron unos hombres a su casa, donde vivía con su mujer y sus dos hijos, y dijeron que se lo llevaban a un juicio. Al día siguiente, el 23 octubre, apareció el cadáver en una cuneta de San Juan de Ouces. Su muerte quedó anotada en el Registro Civil causada por una "hemorragia intensa".

El único motivo por el cual Julio Sanz pudo ser asesinado es "publicar algunos artículos sobre reivindicaciones laborales" en diversas revistas y "estar afiliado a Izquierda Republicana". Como Julio, la represión en el estamento militar en Galicia afectó a 140 marinos ejecutados, así como al almirante Antonio Azarola Gresillón; el general de división Enrique Salcedo y el gobernador militar de Galicia Rogelio Caridad Pita.

El asesinato selectivo o indiscriminado no fue la única vía de represión. Con el objetivo de destruir una sociedad civil, plural y organizada fueron condenados a cadena perpetua 1.597 ciudadanos y 1.981 fueron sentenciados a diferentes penas de prisión inferiores. En total, 28.234 víctimas gallegos sufrieron algún tipo de persecución judicial por las nuevas autoridades militares. "Es imposible la cuantificación o estimación sobre otras formas de coerción o violencia: desde los encarcelamientos y torturas hasta las rapas y purgas de mujeres que se perpetran con idéntica escenificación en todo el territorio gallego y, a diferencia de las otras tipologías represivas, estaban diseñadas para su exhibición pública", señala la investigación de Nomes e Voces.

Así, en la Galicia de la Guerra Civil pueden ser perseguidos y exterminados desde un líder comunista local a un simpatizante de un sindicato que busca mejorar sus condiciones económicas pasando por la "burguesía progresista que a través del socialismo, el republicanismo o el galeguismo aspiran a consolidar el liberalismo democrático". "No se trata, pues, de un ataque a una posible revolución de tipo soviético —sin ninguna base documental—, sino de acabar con un sistema en el que cobra el protagonismo principal la participación ciudadana en un escenario tendente a la modernidad y el progreso", concluye la investigación de Nomes e Voces.