- El ayuntamiento inicia la retirada de más de 360 placas de vivienda franquistas en dos distritos de la ciudad
- En dos edificios se han mostrado contrarios a la retirada de las placas, decisión que el consistorio dice “respetar”, por lo que permanecerán en sus fachadas
Operario retirando una placa.
Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona inició esta semana la retirada de un total de 367 placas de vivienda franquistas en los distritos de Gràcia (163) y Nou Barris (204), los primeros en terminar un censo al respecto. El lunes pasado se eliminó la primera de ellas en el númer0 336 en la calle Còrsega (Gràcia). Según cifras municipales, existen otros 260 distintivos en el resto de la ciudad.
Según declaró el comisionado de Memoria del consistorio, Ricard Vinyes, la ley “pasa a las administraciones la responsabilidad de sacar del espacio público la simbología franquista”. Es por eso que el ayuntamiento ha realizado censos (encargados a desempleados mediante planes de ocupación) en todos los distritos y ha comenzado a informar a las asociaciones vecinales de que se retirarán las placas. Ha habido dos que se han mostrado contrarias a la retirada de las mismas, decisión que el consistorio dice “respetar”, por lo que las placas de sus fachadas permanecerán.
Más allá de las 627 placas que hay en toda Barcelona (367 en Gràcia y Nou Barris y 260 en el resto de distritos), el consistorio no tiene constancia de ningún otro resto de simbología de la dictadura en la ciudad y, según Vinyes, la retirada habrá finalizado “en el plazo de un año”. Además, algunas de las placas que constaban en los registros municipales ya habían sido retiradas por entidades o por los propios vecinos. Por ejemplo, en Gràcia el consistorio contabilizó 395 placas franquistas en el 2007, frente a esas 163 identificadas en esta ocasión.
Otras no se podrán retirar porque, al no llevar las flechas y el yugo, no se consideran símbolo franquista según la Ley de Memoria Histórica del 2007. Ocurre con 28 de las 232 identificadas en Nou Barris, aunque según la teniente de alcalde de Ecología y concejal de Nou Barris, Janet Sanz, en este caso no ha habido ninguna comunidad de vecinos que haya expresado su disconformidad con eliminar las placas.
Según Sanz, fue una entidad de jóvenes la que instó al distrito a “liberar el espacio público” de símbolos de la dictadura, por lo que se encargó a la Asamblea de Parados de Nou Barris que realizara el censo, que estableció en 232 los símbolos restantes de los más de 700 que se creía que quedaban. “Es un deber y obligación que tenemos la ciudad y los distritos de poner fin a este elemento anacrónico e inaceptable de existencia de placas franquistas”, ha concluido.
Según el ayuntamiento, ya no quedan en el espacio público de Barcelona esculturas u otro tipo de símbolos franquistas, aunque sí hay decenas de muestras de ello en espacios privados de uso público, como iglesias y cementerios.
Ley de memoria histórica
Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso en el 2007, las administraciones públicas son las responsables de retirar los símbolos franquistas en los edificios de titularidad pública, en plazas, parques y jardines.
Por eso se retiró en el 2011 el monumento a la Victoria (apología del franquismo) del cruce entre el paseo de Gràcia y la avenida de la Diagonal. Con respecto a los edificios privados, la ley establece que, en caso de que los propietarios se opongan, la administración podrá retirarles subvenciones y ayudas públicas. Para el Gobierno municipal de Ada Colau, esta medida no es suficiente: por eso tomó la iniciativa de impulsar la eliminación de los restos de la dictadura.
Aun así, para Enric Garriga, presidente de la asociación Amical de Mauthausen, todavía queda mucho trabajo por hacer. “Desde un punto de vista legal, la Ley de Memoria Histórica dice que hay que eliminar los monumentos franquistas. Pero hay quienes incumplen la ley”, asegura. Lo dice en referencia a la polémica ocurrida el año pasado en Tortosa (Tarragona), cuando el alcalde Ferran Bel (CiU) organizó una consulta para preguntar a los ciudadanos si estaban o no a favor de mantener el obelisco de la Batalla del Ebro, el mayor monumento franquista de Cataluña. Votaron en ella un tercio de los ciudadanos de Tortosa y el 68% lo hizo a favor de mantener el obelisco fascista. El mismo alcalde era un partidario confeso de mantener el obelisco fascista y de “reinterpretarlo”.
“Desde un punto de vista moral –continúa Garriga—entendemos que este tipo de placas y símbolos son una ofensa para todos los que han sufrido el franquismo. Es propaganda y apología de algo imperdonable”. En su opinión, sin embargo, desde las últimas elecciones municipales, con la llegada a algunas ciudades españolas de nuevas fuerzas políticas, ha habido un “cambio” a este respecto. “Amical de Mauthausen promueve ‘Mai Més’, una red de memoria y prevención del franquismo a la que se están uniendo muchos municipios”, destaca.
El censo de 2010 del Memorial Democràtic (una institución pública catalana creada con el tripartito y que tiene por misión la recuperación, la conmemoración y el fomento de la memoria democrática) cifró en unos 7.700 los vestigios franquistas en toda Cataluña, con una gran proporción de placas de los edificios con el yugo y las flechas. El número ha bajado desde entonces, pero la Generalitat no sabe en qué proporción debido, dice, a una “falta de presupuesto”.
Crímenes franquistas
“Toda la simbología franquista comenzó a retirarse con la creación del Memorial Democràtic del tripartito”, rememora Enric Pubill, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics. “Para nosotros, que hemos sufrido las consecuencias de la dictadura, es un revulsivo ver todo esto”.
Para Pubill, los monumentos de la guerra son “heridas sin cerrar”. “No está claro lo sucedido porque no se ha hecho pedagogía de lo vivido. La juventud debe darse cuenta de esto y entender nuestra lucha, por qué nosotros nos hemos sentido abandonados durante 80 años: 40 de dictadura y 40 de democracia”, reivindica.
En la misma línea se posiciona Manuel Perona, presidente de la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya. “El Ayuntamiento de Barcelona está haciendo cumplir la Ley de Memoria Histórica, pero me preocupa que haya fincas que se hayan negado a la retirada de las placas de vivienda franquistas”, explica.
Perona también valora positivamente la política que se está llevando a cabo desde la Generalitat de Cataluña con la “reactivación” del Memorial Democràtic. Por último destaca la “diferencia” que marca el Gobierno municipal de Ada Colau con respecto a otros anteriores.
Desde 2015, los vecinos de Barcelona pueden acudir a las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y adherirse en ellas a la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini en un juzgado de Buenos Aires. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que se personó en la querella que presentó la Asociación AltraItàlia para denunciar los bombardeos de la aviación italiana en la ciudad entre 1937 y 1939 durante el marco de la Guerra Civil en el juzgado de instrucción 28 de la ciudad.
Operario retirando una placa.
Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona inició esta semana la retirada de un total de 367 placas de vivienda franquistas en los distritos de Gràcia (163) y Nou Barris (204), los primeros en terminar un censo al respecto. El lunes pasado se eliminó la primera de ellas en el númer0 336 en la calle Còrsega (Gràcia). Según cifras municipales, existen otros 260 distintivos en el resto de la ciudad.
Según declaró el comisionado de Memoria del consistorio, Ricard Vinyes, la ley “pasa a las administraciones la responsabilidad de sacar del espacio público la simbología franquista”. Es por eso que el ayuntamiento ha realizado censos (encargados a desempleados mediante planes de ocupación) en todos los distritos y ha comenzado a informar a las asociaciones vecinales de que se retirarán las placas. Ha habido dos que se han mostrado contrarias a la retirada de las mismas, decisión que el consistorio dice “respetar”, por lo que las placas de sus fachadas permanecerán.
Más allá de las 627 placas que hay en toda Barcelona (367 en Gràcia y Nou Barris y 260 en el resto de distritos), el consistorio no tiene constancia de ningún otro resto de simbología de la dictadura en la ciudad y, según Vinyes, la retirada habrá finalizado “en el plazo de un año”. Además, algunas de las placas que constaban en los registros municipales ya habían sido retiradas por entidades o por los propios vecinos. Por ejemplo, en Gràcia el consistorio contabilizó 395 placas franquistas en el 2007, frente a esas 163 identificadas en esta ocasión.
Otras no se podrán retirar porque, al no llevar las flechas y el yugo, no se consideran símbolo franquista según la Ley de Memoria Histórica del 2007. Ocurre con 28 de las 232 identificadas en Nou Barris, aunque según la teniente de alcalde de Ecología y concejal de Nou Barris, Janet Sanz, en este caso no ha habido ninguna comunidad de vecinos que haya expresado su disconformidad con eliminar las placas.
Según Sanz, fue una entidad de jóvenes la que instó al distrito a “liberar el espacio público” de símbolos de la dictadura, por lo que se encargó a la Asamblea de Parados de Nou Barris que realizara el censo, que estableció en 232 los símbolos restantes de los más de 700 que se creía que quedaban. “Es un deber y obligación que tenemos la ciudad y los distritos de poner fin a este elemento anacrónico e inaceptable de existencia de placas franquistas”, ha concluido.
Según el ayuntamiento, ya no quedan en el espacio público de Barcelona esculturas u otro tipo de símbolos franquistas, aunque sí hay decenas de muestras de ello en espacios privados de uso público, como iglesias y cementerios.
Ley de memoria histórica
Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso en el 2007, las administraciones públicas son las responsables de retirar los símbolos franquistas en los edificios de titularidad pública, en plazas, parques y jardines.
Por eso se retiró en el 2011 el monumento a la Victoria (apología del franquismo) del cruce entre el paseo de Gràcia y la avenida de la Diagonal. Con respecto a los edificios privados, la ley establece que, en caso de que los propietarios se opongan, la administración podrá retirarles subvenciones y ayudas públicas. Para el Gobierno municipal de Ada Colau, esta medida no es suficiente: por eso tomó la iniciativa de impulsar la eliminación de los restos de la dictadura.
Aun así, para Enric Garriga, presidente de la asociación Amical de Mauthausen, todavía queda mucho trabajo por hacer. “Desde un punto de vista legal, la Ley de Memoria Histórica dice que hay que eliminar los monumentos franquistas. Pero hay quienes incumplen la ley”, asegura. Lo dice en referencia a la polémica ocurrida el año pasado en Tortosa (Tarragona), cuando el alcalde Ferran Bel (CiU) organizó una consulta para preguntar a los ciudadanos si estaban o no a favor de mantener el obelisco de la Batalla del Ebro, el mayor monumento franquista de Cataluña. Votaron en ella un tercio de los ciudadanos de Tortosa y el 68% lo hizo a favor de mantener el obelisco fascista. El mismo alcalde era un partidario confeso de mantener el obelisco fascista y de “reinterpretarlo”.
“Desde un punto de vista moral –continúa Garriga—entendemos que este tipo de placas y símbolos son una ofensa para todos los que han sufrido el franquismo. Es propaganda y apología de algo imperdonable”. En su opinión, sin embargo, desde las últimas elecciones municipales, con la llegada a algunas ciudades españolas de nuevas fuerzas políticas, ha habido un “cambio” a este respecto. “Amical de Mauthausen promueve ‘Mai Més’, una red de memoria y prevención del franquismo a la que se están uniendo muchos municipios”, destaca.
El censo de 2010 del Memorial Democràtic (una institución pública catalana creada con el tripartito y que tiene por misión la recuperación, la conmemoración y el fomento de la memoria democrática) cifró en unos 7.700 los vestigios franquistas en toda Cataluña, con una gran proporción de placas de los edificios con el yugo y las flechas. El número ha bajado desde entonces, pero la Generalitat no sabe en qué proporción debido, dice, a una “falta de presupuesto”.
Crímenes franquistas
“Toda la simbología franquista comenzó a retirarse con la creación del Memorial Democràtic del tripartito”, rememora Enric Pubill, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics. “Para nosotros, que hemos sufrido las consecuencias de la dictadura, es un revulsivo ver todo esto”.
Para Pubill, los monumentos de la guerra son “heridas sin cerrar”. “No está claro lo sucedido porque no se ha hecho pedagogía de lo vivido. La juventud debe darse cuenta de esto y entender nuestra lucha, por qué nosotros nos hemos sentido abandonados durante 80 años: 40 de dictadura y 40 de democracia”, reivindica.
En la misma línea se posiciona Manuel Perona, presidente de la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya. “El Ayuntamiento de Barcelona está haciendo cumplir la Ley de Memoria Histórica, pero me preocupa que haya fincas que se hayan negado a la retirada de las placas de vivienda franquistas”, explica.
Perona también valora positivamente la política que se está llevando a cabo desde la Generalitat de Cataluña con la “reactivación” del Memorial Democràtic. Por último destaca la “diferencia” que marca el Gobierno municipal de Ada Colau con respecto a otros anteriores.
Desde 2015, los vecinos de Barcelona pueden acudir a las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y adherirse en ellas a la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini en un juzgado de Buenos Aires. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que se personó en la querella que presentó la Asociación AltraItàlia para denunciar los bombardeos de la aviación italiana en la ciudad entre 1937 y 1939 durante el marco de la Guerra Civil en el juzgado de instrucción 28 de la ciudad.
Según declaró el comisionado de Memoria del consistorio, Ricard Vinyes, la ley “pasa a las administraciones la responsabilidad de sacar del espacio público la simbología franquista”. Es por eso que el ayuntamiento ha realizado censos (encargados a desempleados mediante planes de ocupación) en todos los distritos y ha comenzado a informar a las asociaciones vecinales de que se retirarán las placas. Ha habido dos que se han mostrado contrarias a la retirada de las mismas, decisión que el consistorio dice “respetar”, por lo que las placas de sus fachadas permanecerán.
Más allá de las 627 placas que hay en toda Barcelona (367 en Gràcia y Nou Barris y 260 en el resto de distritos), el consistorio no tiene constancia de ningún otro resto de simbología de la dictadura en la ciudad y, según Vinyes, la retirada habrá finalizado “en el plazo de un año”. Además, algunas de las placas que constaban en los registros municipales ya habían sido retiradas por entidades o por los propios vecinos. Por ejemplo, en Gràcia el consistorio contabilizó 395 placas franquistas en el 2007, frente a esas 163 identificadas en esta ocasión.
Otras no se podrán retirar porque, al no llevar las flechas y el yugo, no se consideran símbolo franquista según la Ley de Memoria Histórica del 2007. Ocurre con 28 de las 232 identificadas en Nou Barris, aunque según la teniente de alcalde de Ecología y concejal de Nou Barris, Janet Sanz, en este caso no ha habido ninguna comunidad de vecinos que haya expresado su disconformidad con eliminar las placas.
Según Sanz, fue una entidad de jóvenes la que instó al distrito a “liberar el espacio público” de símbolos de la dictadura, por lo que se encargó a la Asamblea de Parados de Nou Barris que realizara el censo, que estableció en 232 los símbolos restantes de los más de 700 que se creía que quedaban. “Es un deber y obligación que tenemos la ciudad y los distritos de poner fin a este elemento anacrónico e inaceptable de existencia de placas franquistas”, ha concluido.
Según el ayuntamiento, ya no quedan en el espacio público de Barcelona esculturas u otro tipo de símbolos franquistas, aunque sí hay decenas de muestras de ello en espacios privados de uso público, como iglesias y cementerios.
Ley de memoria histórica
Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso en el 2007, las administraciones públicas son las responsables de retirar los símbolos franquistas en los edificios de titularidad pública, en plazas, parques y jardines.
Por eso se retiró en el 2011 el monumento a la Victoria (apología del franquismo) del cruce entre el paseo de Gràcia y la avenida de la Diagonal. Con respecto a los edificios privados, la ley establece que, en caso de que los propietarios se opongan, la administración podrá retirarles subvenciones y ayudas públicas. Para el Gobierno municipal de Ada Colau, esta medida no es suficiente: por eso tomó la iniciativa de impulsar la eliminación de los restos de la dictadura.
Aun así, para Enric Garriga, presidente de la asociación Amical de Mauthausen, todavía queda mucho trabajo por hacer. “Desde un punto de vista legal, la Ley de Memoria Histórica dice que hay que eliminar los monumentos franquistas. Pero hay quienes incumplen la ley”, asegura. Lo dice en referencia a la polémica ocurrida el año pasado en Tortosa (Tarragona), cuando el alcalde Ferran Bel (CiU) organizó una consulta para preguntar a los ciudadanos si estaban o no a favor de mantener el obelisco de la Batalla del Ebro, el mayor monumento franquista de Cataluña. Votaron en ella un tercio de los ciudadanos de Tortosa y el 68% lo hizo a favor de mantener el obelisco fascista. El mismo alcalde era un partidario confeso de mantener el obelisco fascista y de “reinterpretarlo”.
“Desde un punto de vista moral –continúa Garriga—entendemos que este tipo de placas y símbolos son una ofensa para todos los que han sufrido el franquismo. Es propaganda y apología de algo imperdonable”. En su opinión, sin embargo, desde las últimas elecciones municipales, con la llegada a algunas ciudades españolas de nuevas fuerzas políticas, ha habido un “cambio” a este respecto. “Amical de Mauthausen promueve ‘Mai Més’, una red de memoria y prevención del franquismo a la que se están uniendo muchos municipios”, destaca.
El censo de 2010 del Memorial Democràtic (una institución pública catalana creada con el tripartito y que tiene por misión la recuperación, la conmemoración y el fomento de la memoria democrática) cifró en unos 7.700 los vestigios franquistas en toda Cataluña, con una gran proporción de placas de los edificios con el yugo y las flechas. El número ha bajado desde entonces, pero la Generalitat no sabe en qué proporción debido, dice, a una “falta de presupuesto”.
Crímenes franquistas
“Toda la simbología franquista comenzó a retirarse con la creación del Memorial Democràtic del tripartito”, rememora Enric Pubill, presidente de la Associació Catalana d’Expresos Polítics. “Para nosotros, que hemos sufrido las consecuencias de la dictadura, es un revulsivo ver todo esto”.
Para Pubill, los monumentos de la guerra son “heridas sin cerrar”. “No está claro lo sucedido porque no se ha hecho pedagogía de lo vivido. La juventud debe darse cuenta de esto y entender nuestra lucha, por qué nosotros nos hemos sentido abandonados durante 80 años: 40 de dictadura y 40 de democracia”, reivindica.
En la misma línea se posiciona Manuel Perona, presidente de la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya. “El Ayuntamiento de Barcelona está haciendo cumplir la Ley de Memoria Histórica, pero me preocupa que haya fincas que se hayan negado a la retirada de las placas de vivienda franquistas”, explica.
Perona también valora positivamente la política que se está llevando a cabo desde la Generalitat de Cataluña con la “reactivación” del Memorial Democràtic. Por último destaca la “diferencia” que marca el Gobierno municipal de Ada Colau con respecto a otros anteriores.
Desde 2015, los vecinos de Barcelona pueden acudir a las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) y adherirse en ellas a la causa contra los crímenes del franquismo que instruye la jueza María Servini en un juzgado de Buenos Aires. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que se personó en la querella que presentó la Asociación AltraItàlia para denunciar los bombardeos de la aviación italiana en la ciudad entre 1937 y 1939 durante el marco de la Guerra Civil en el juzgado de instrucción 28 de la ciudad.
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