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Pico Reja entregó 1.786 cuerpos. Pero la tarea no termina ahí. Las víctimas del franquismo exigen que los trabajos arqueológicos continúen para buscar a los asesinados por el franquismo. Y una marcha ciudadana, este sábado, ha señalado el siguiente punto donde meter pico y pala: Monumento, la mayor fosa común del cementerio de San Fernando (Sevilla) con más de 2.600 cadáveres sobre el papel. Hay que abrir “la fosa del horror”, sostienen. Permitir que la tierra siga contando “la verdad”.
La reclamación ciudadana –secundada por decenas de personas– llega apenas diez días después que todas las administraciones anunciaran un acuerdo para repetir en esa tumba ilegal la fórmula de Pico Reja. El pacto entre Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento hispalense promete un máximo de cuatro años para culminar la tarea con un presupuesto estimado de 1,8 millones de euros. Pero las víctimas desconfían del pacto. O más bien de su cumplimiento.
“Lo queremos ver y lo queremos ver ya, que no haya demoras”, incidía Juan Valencia, de la Asamblea Memorialista de Gavidia. De ahí la “campaña” organizada por el Colectivo Memorialista de la Provincia de Sevilla –que culmina el próximo 14 de junio, día oficial de las víctimas del franquismo en Andalucía– para estar “vigilantes” y exigir el fin de la “paralización” de las políticas públicas sobre Memoria Histórica que aplican, según denuncian, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla (gobernadas por el PP).
La experiencia en Pico Reja –uno de los mayores enterramientos colectivos exhumados en Europa Occidental– constata la necesidad de las víctimas de rescatar a los desaparecidos. De aplacar la desmemoria, demandan, en una región que suma un tercio de la represión golpista en toda España y supera al terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas: 50.000 víctimas civiles asesinadas en 900 fosas comunes, según las cifras actualizadas por el Gobierno de Juanma Moreno (PP), como desveló elDiario.es Andalucía.
“Una herida social”
“Esta fosa –de Monumento– fue utilizada entre septiembre de 1936 y enero de 1940, se estima que hay sepultados unos 7.500 cuerpos de los cuales más de 2.600 pertenecen a víctimas de la represión”, ha contextualizado el historiador Manuel Velasco Haro. Para abrir la tumba ilegal es preciso “arrancar a las administraciones públicas las obligaciones que les corresponden” aunque subraya la dificultad creciente ante “el intento de desmantelar en todo el Estado las políticas de Memoria por parte de los sectores más reaccionarios”.
“Sus verdugos y sus herederos pensaron que ocultando a nuestros familiares en la fosa del horror caerían en el olvido y sus crímenes seguirían impunes, pero se han equivocado, porque no vamos a descansar hasta que todas las víctimas del fascismo sean sacadas de las fosas y las cunetas”, en palabras de Ana Sánchez, familiar de una de las víctimas del golpe de Estado de 1936 durante el acto celebrado a pie de fosa. “Quien realmente ha abierto las fosas han sido los familiares y colectivos de Memoria”, secunda Paqui Maqueda.
“El alcalde –de Sevilla– habló de despilfarro y ya se está comiendo sus palabras”, dice la activista en relación al acuerdo entre instituciones. “Porque esto es una herida social y aquí hay personas de Sevilla y sus pueblos y de otras provincias y países”, ha continuado en el acto celebrado en Monumento.
Ahí, justo encima de la fosa común, ha leído un manifiesto el escritor y colaborador de elDiario.es Isaac Rosa. “La magnitud del genocidio perpetrado por el franquismo fue una monstruosidad” y la violencia de Estado ejerció una “arquitectura y pedagogía del terror” que sepultó “la verdad junto a los cadáveres”, ha referido. “La democracia española tiene una deuda que aún no está saldada” y yace en “las más de 100.000 víctimas del franquismo aún desaparecidas”, incidió.
Modelo Rajoy
El Gobierno local del PP pregona que las competencias para abrir las fosas comunes son “impropias” de un Ayuntamiento, como informó este periódico. Y que se implicaría si las administraciones responsables –aludiendo a Gobierno central y Junta de Andalucía– ponían en marcha algún proyecto. Como es el caso con el acuerdo a cuatro bandas que incluye a Diputación. El pico y la pala están en el tejado municipal y la tierra del cementerio de San Fernando, en espera.
El Ayuntamiento de Sevilla calca hasta la fecha el ‘modelo Rajoy’: cero euros y olvido a las víctimas del franquismo. El PP ha dejado sin presupuesto a la Memoria Democrática y el nuevo alcalde, José Luis Sanz, habla de “despilfarro” en el asunto. El bloqueo ha llevado incluso a quitar el dinero ya acordado en las partidas del año 2023 para abrir la fosa de Monumento y desviarlo para otras obras.
“No es despilfarro” sino “cumplir la ley” y “un deber moral”, corrigen al alcalde desde Colectivo Memorialista de Sevilla. “Una cuestión de Derechos Humanos y de justicia”, en palabras de Rogelia Beltrán, descendiente de víctimas de la represión fascista e integrante de la Asamblea de la Memoria de Gines. La Memoria no implica “abrir viejas heridas” y sí cumplir con personas que “tienen derecho a saber dónde están sus familiares”. “Muchos compañeros nos han dejado sin poder cumplir su sueño”, han lamentado.
Los familiares de las víctimas afean una embestida que genera la “paralización absoluta” de estas políticas públicas. Y ponen cartas sobre la mesa: el Gobierno local del PP ha “desmantelado” la Oficina Municipal de Memoria y el proyecto del Centro memorialista en La Ranilla, no convoca el Consejo Local Sectorial de la Memoria y hasta ha frenado la recogida de muestras genéticas para identificar los restos humanos extraídos de la fosa de Pico Reja.
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