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Los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo remitieron un escrito al alcalde de la capital
Por Ernesto Gutiérrez - Canarias Semanal
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La pasada semana, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzoreclamaba por escrito al alcalde de Las Palmas de G.C., Juan José Cardona, la apertura de la fosa común del cementerio capitalino. Enterramiento en el que se estima que podrían encontrarse los restos de entre 50 y 60 personas asesinadas por el franquismo. Entre ellas, el que fuera alcalde del desaparecido municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega, y el sindicalista vinculado a dicho ayuntamiento Francisco González Santana. Otra de los “desaparecidos” que puede estar enterrado en la fosa común es el periodista Manuel Fernández, asesinado a golpes en el Campo de Concentración de La Isleta por haber escrito artículos contra los generales golpistas.
Los miembros de la plataforma efectúan esta reclamación después de que la jueza Ana Isabel De Vega Serrano, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas, desestimara a finales del 2012 la demanda presentada por el colectivo el 21 de noviembre con idéntico objetivo.
"Aunque estamos pendientes de la resolución del Recurso de Apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para la apertura de dicha fosa común -manifestóFrancisco González, nieto del sindicalista fusilado- consideramos muy importante que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se implique y se posicione para recuperar unos restos con el objetivo de darles una digna sepultura".
"No podemos permitir -añadió González - que en una democracia haya cuerpos de demócratas enterrados como perros en fosas comunes, pozos o cunetas. Por ello pensamos que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, tiene una deuda moral con un municipio donde asesinaron a su alcalde, al secretario municipal, al inspector jefe de la policía local y a otros miembros de su corporación".
La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo considera, igualmente, que es competencia municipal autorizar y facilitar los medios para proceder a la exhumación de los restos que se encuentran en la fosa del citado cementerio.
Para justificar su solicitud, los miembros de este colectivo se remiten al Auto de Competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se refiere en su Fundamento Jurídico Tercero a que "los derechos de las víctimas de violaciones de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario gozan hoy de amplio reconocimiento". Citando, entre otros, los "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", donde "se proclama, como derecho de los afectados por tal clase de acciones criminales, entre otros, el de acceso a una reparación adecuada, que comprenda "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad", así como la "búsqueda de […] los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos, si fuera necesario, y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de las victimas…", para concluir que "huelga decir que esos derechos, según los mismos textos, tienen como contrapartida, el deber de los Estados de procurar de manera efectiva su satisfacción".
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