El Constitucional zanja un bronco litigio que se arrastraba desde la Transición al avalar la restitución de documentos confiscados a la Generalitat
Manifestación en Salamanca contra el traslado de los papeles. / EFE
Se acabó. Ni expolio ni ilegalidad. El Tribunal Constitucional ha puesto fin a un áspero litigio, atascado desde la Transición, con un fallo que puede sintetizarse en una simple frase: los papeles de Salamanca son de Cataluña. En consecuencia, allí seguirán. La sentencia del alto tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la ley que amparó la devolución de los documentos a la Generalitat y disipa todas las esperanzas de las instituciones castellanoleonesas sobre su retorno a Salamanca. “No nos encontramos ante un supuesto de expoliación y debemos señalar que no le corresponde a este tribunal decidir acerca de la oportunidad del mantenimiento de los documentos originales en el archivo frente a la restitución de los fondos documentales incautados a sus propietarios originales. Tal decisión le corresponde adoptarla al legislador”, sostiene el fallo, del que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps.
Lo cierto es que nunca unos papeles —a estas alturas ya de valor histórico y sentimental— desataron tal belicismo político. Se manifestaron, a favor y en contra de la salida y la llegada, miles de personas en Cataluña y Salamanca. Se veía como un atentado contra la unidad de España, en un lado, y una agresión a Cataluña, en el otro. Se reivindicó durante tanto tiempo que dio lugar a que una formación política defendiese una cosa y la contraria (el PSOE se opuso al traslado en 1989 y Manuel Fraga Iribarne defendió la devolución en el Congreso en 1980). Se crearon sucesivas comisiones de expertos para pronunciarse sobre el tema. Y cuando ya parecía irremediable, se valló la calle para impedir la salida de los documentos (un portavoz municipal anunció que llegarían “al borde del abismo, sin caer en el precipicio”).
Finalmente, 500 cajas fueron sacadas a las seis de una mañana de enero de 2006, rodeadas de fotógrafos, policías, oscuridad y alguna voz exaltada que insultó a los pobres funcionarios que les tocó en mala hora tener que empujar el carrito con los papeles. Para ese día, la calle del archivo ya había sido rebautizada por el alcalde, Julián Lanzarote (PP), como calle del Expolio. Ha de puntualizarse que en 2011, el mismo Lanzarote, a punto de dejar la alcaldía y más conciliador, ordenó que recobrase su antiguo nombre de Gibraltar.
Ayer, su sucesor en el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, se distanció de aquellos tonos apocalípticos y dijo que “acatarán” la sentencia pese a que los documentos trasladados a Cataluña “no cumplen los requisitos establecidos en la propia ley para su devolución”, informa Efe. Desde la primera salida, se han entregado más documentos conforme eran evaluados por técnicos y, en segunda instancia, una comisión mixta (Estado-Generalitat).
La ley que ampara la devolución fue aprobada en 2005 por el Gobierno socialista —e incluyó la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica sobre la estructura del archivo— para dar cobertura al retorno a Cataluña de todos aquellos documentos confiscados por las tropas de Franco tras la conquista de Barcelona en enero de 1939. El material (se estimó en 3.500 sacas), perteneciente a la Generalitat, organizaciones políticas, sindicales y culturales, además de particulares, se trasladó a Salamanca, donde las tropas sublevadas habían creado en 1937 una delegación dedicada a clasificar y custodiar la documentación que requisaban.
Este departamento se consolidó al finalizar la guerra y se convirtió en un potente arsenal de munición informativa para reprimir y castigar a quienes habían apoyado a la República, con más de 3,5 millones de fichas de españoles. Su espúrea misión solo concluyó tras la muerte de Franco. En 1979 todo el material pasó a formar parte de la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, que en 1999 se emancipó y se convirtió en el Archivo General de la Guerra Civil. Los primeros antecedentes sobre las demandas de papeles expoliados datan de la Transición, aunque vivieron un periplo guadianesco hasta que finalmente la administración socialista de Zapatero decidió restituir el material en medio de una visceral movilización política del PP.
El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León acudieron a todas las instancias judiciales que pudieron para tratar de revertir la devolución. Sucesivos fallos avalaron la posición del Gobierno. Hace un año el Tribunal Supremo dio la razón al Ministerio de Cultura, que se había negado a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el edificio donde está el archivo (el Colegio de San Ambrosio). Esta petición tenía como finalidad proteger la integridad del archivo e impedir la salida de documentación.
También la Audiencia Nacional avaló a finales de 2008 el envío de documentos y rechazó la petición del Ayuntamiento de Salamanca para anular la orden del Ministerio de Cultura para entregar los documentos a la Generalitat. Además, consideró que la ley era conforme a la Carta Magna, una decisión que coincide con la resolución conocida ayer del Constitucional. “Me pregunto para qué ha servido toda esta actuación torticera contra algo aprobado por las Cortes y cuánto ha pagado el contribuyente para sostener estos fallos que todos han sido a favor del Estado”, recriminó ayer Rogelio Blanco, exdirector general de Archivos, que presidió la comisión mixta que acordaba los documentos que debían ser devueltos y de los que permanece una copia en Salamanca.
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