Esperaba una instrucción gubernamental para proceder al cumplimiento de la ley y este mismo lunes la recibirá de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Su responsable, Fernando Martínez López, remitirá a primera hora de la mañana una carta al hermano mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, para que proceda “a la mayor brevedad” a la exhumación y traslado de los restos del golpista Queipo de Llano, responsable del fusilamiento de más de 45.000 personas en Sevilla durante el levantamiento fascista de 1936. También de los de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra. Ya solo es cuestión de tiempo que se acabe con la ignominia de todos aquellos que los glorificaron.
El Gobierno invoca en la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el artículo 38.3 de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, que establece que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”. Del mismo modo, recuerda que el artículo 35.5 señala que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. Y eso es precisamente lo que demanda el Ejecutivo a los responsables de la Basílica, una vez que la norma fue publicada la semana pasada en el BOE. Una ley que, como consta en el preámbulo, “pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana”.
Queipo de Llano fue uno de las mayores responsables de la brutal represión franquista y bajo sus órdenes fueron asesinadas más de 45.000 personas, muchas de ellas fusiladas en los lienzos de la muralla árabe que aún se conserva junto a la Basílica de la Macarena, a pocos metros de la lápida bajo la que está enterrado. Difícil olvidar así el horror de sus crímenes y el oprobio que supone su presencia en un lugar público, pese a que la hermandad en ocasiones ha defendido que gracias al sanguinario militar se pudo construir la Basílica y que ese fue el motivo por el que fue enterrado allí, junto a su esposa.
Francisco Bohórquez, auditor de guerra, era quien firmaba cada una de las sentencias de muerte, y su cuerpo yace en la zona del antepresbisterio del templo oculto bajo unas alfombras.
Fernando Martínez recuerda al hermano mayor de la Macarena que el objeto de la ley incluye “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978”. Y que con el mismo propósito, pretende promover “la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, así como a adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales”.
En ese mismo mandato se inscriben también, recuerda la carta, “las previsiones relativas a símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, es decir, aquellos que exaltan, personal o colectivamente, la sublevación militar y la dictadura franquista, a sus dirigentes, a los participantes en el sistema represivo o a las organizaciones que sustentaron el régimen posterior a la guerra”.
Los restos mortales del golpista Gonzalo Queipo de Llano, uno de los más sanguinarios durante la Guerra Civil reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena y su presencia en el recinto religioso ha sido objeto de un amplio debate social en los últimos años. Así que, tal y como consta en la comunicación al hermano mayor, “como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, es obligado poner fin a esta situación”.
“La Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena desempeña -prosigue la carta de Martínez- un indudable papel referencial, tanto en la ciudad de Sevilla como en el resto del territorio nacional. En su condición de hermano mayor, las declaraciones públicas recogidas por los medios de comunicación son expresión inequívoca tanto de respeto hacia las disposiciones legales vigentes como de compromiso con su cumplimiento”. De ahí que el secretario de Estado de Memoria Democrática declare en su escrito no tener duda “de que la observancia de las normas establecidas en la Ley 20/2022, de 20 de octubre, inspirada en los principios del Derecho Internacional Humanitario, se inscribe adecuadamente en los criterios de funcionamiento de la entidad que usted representa”.
El Gobierno agradece de antemano la “buena disposición” del hermano mayor para “facilitar al máximo y a la mayor brevedad posible la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos” de Gonzalo Queipo de Llano y pone a la secretaría de Estado, dependiente del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a disposición de la Hermandad para cualquier duda o consulta que tenga a bien formular para el cumplimiento de una ley que, recuerda, “fomenta la cohesión y solidaridad de la ciudadanía y las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”.
Se acabará así para siempre con una polémica que dura años sin que ningún gobierno de la Junta de Andalucía haya mostrado contundencia alguna sobre el asunto, ni siquiera tras la aprobación en 2017 de su propia ley de Memoria Histórica y Democrática. Un texto que ya establecía que en su artículo 32.4 que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”. La Hermandad defendía que, tal y como estaba dictada la ley andaluza y sin un posterior reglamento no pesa sobre ella ninguna obligación de sacar los restos del militar, si bien siempre mantuvo que el columbario proyectado en la Basílica podía ser en el futuro una posible solución al enterramiento del general golpista si lo aceptase la familia.
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