- "En la Transición, los jueces y fiscales de la dictadura siguieron ahí", sostiene Ariel Dulitzky, experto de la ONU
- "Es injusto eliminar la partida para la Ley de Memoria Histórica", apunta Jasminka Dzumhur, miembro del grupo de trabajo de Naciones Unidas
- Ambos coinciden en señalar que el Gobierno no entró en detalles sobre el Valle de los Caídos o sobre la Ley de Amnistía, una norma preconstitucional
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Ariel E. Dulitzky, miembro del grupo de trabajo de la ONU. IBON URÍA
Ariel E. Dulitzky y Jasmika Dzumhur forman parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas que ha visitado España a lo largo de la última semana y que este lunes ha presentado las conclusiones preliminares de su informe. Dulitzkyes director del Consultorio de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin (EEUU), y Dzumhurocupa en la actualidad el cargo de Defensora del Pueblo en Bosnia Herzegovina.
Tras hacer público el avance de los resultados de su recorrido por varias ciudades españolas y de sus encuentros con víctimas, activistasy autoridades, los enviados de la ONU han mantenido sendas charlas coninfoLibre en las que abordan cuestiones como la reparación de la memoria, las medidas del Gobierno, actitud de la Justicia española o el futuro del Valle de los Caídos.
Las consecuencias del franquismo
"En España hubo 40 años de dictadura, a diferencia de otros países en los que ha habido regímenes muy violentos durante 5 o 10 años", explica Dulitzky. El experto sostiene que la prolongada duración de la dictadura motivó que "el temor perdurara en los años tempranos de la democracia" y añade otro factor: "El paso de la dictadura a la democracia no alteró todos los poderes del Estado. Especialmente en el Poder Judicial, los jueces de la dictadura siguieron ahí, y también los fiscales". En definitiva, Dulitzky apunta que tanto en la sociedad como en las instituciones la cuestión de la memoria no se ha abordado hasta que no se ha producido un cierto "recambio generacional".
Así, no fue hasta que "un Gobierno de determinado signo político que estaba dispuesto a avanzar", prosigue, cuando se llegó a la situación actual de la causa memorialista. Una reivindicación aún con poca trayectoria en comparación a la de otros países y que se enfrenta a varios problemas. El primero, coinciden ambos, la avanzada edad de muchos de los integrantes de los movimientos civiles. El segundo, apunta Dzumhur, un deficiente acceso a la información que impide que muchas familias conozcan dónde están los restos de sus seres queridos.
¿El compromiso del Gobierno?
Tanto Dulitzky como Dzumhur señalan que la Ley de Memoria Históricano era perfecta, pero que suponía un claro paso adelante. Sin embargo, dos años después de la llegada al poder del PP la partida presupuestaria para exhumaciones y tareas de reparación se ha quedado a cero. "No cabe duda de que hay crisis, pero es injusto eliminar una línea presupuestaria tan importante por completo", se queja Dzumhur. "La falta de financiación es una medida completamente problemática", insiste Dulitzky.
Frente a la sitaución de bloqueo y desatención actual, la propuesta de Naciones Unidas pasa por la creación de "una institución estatal que centralice todas las políticas del Estado en materia de desaparición forzada", dice Dulitzky, organismo que también podría abarcar más cuestiones. Esta entidad, ahonda Dzumhur, sería la encargada de "exhumar e identificar" los restos de las víctimas, una tarea que, indica, ahora desarrollan "un número importante de expertos que necesitan ser coordinados".
La institución sería también la encargada de abordar elementos como lagestión de una base de datos centralizada sobre las víctimas, la elaboración de un mapa de fosas y el acceso de los interesados a toda la información disponible.
Y pese a que, tal y como denuncian las asociaciones de memoria histórica, la situación no es favorable a sus reivindicaciones en la actualidad, Dulitzky señala que "con respaldo institucional se puede avanzar". El jurista se detiene en los ejemplos de Andalucía, Cataluña y Euskadi, donde los Gobiernos regionales han abordado por diversas vías la labor de restaurar la memoria: "Cuando hay impulso institucional, hay cambios. Modelos como el de Andalucía demuestran que hay posibilidades", concluye. Y al tiempo, constata una realidad: que el trato a las víctimas "depende altamente del partido político gobernante en cada lugar"
Una Justicia sin memoria
Pero para llegar a la completa restauración de la memoria de las víctimas de la dictadura, explican los expertos, deben superarse algunos obstáculos no menores. Uno es el de la Justicia, que mantiene en vigor la aplicación una Ley de Amnistía preconstitucional: "Las autoridades no nos explicaron el por qué de la norma y aunque no cuestionamos la independencia judicial, hay que atender a tres claves", enfatiza Dzumhur.
La primera, señala, que la norma es previa a la aprobación de la Constitución de 1978. La segunda, que la Carta Magna establece en su artículo décimo el reconocimiento a normas internacionales que entran en conflicto con la Ley de Amnistía. Y que, por tanto, la Justicia Española debería legislar de acuerdo a ese tablero de juego internacional. "¿Si hay un conflicto entre normas y un dilema en su aplicación, por qué ningún juez ha mandado un caso al Tribunal Constitucional?", cuestiona la experta. "No tengo una respuesta, porque hemos preguntado y las autoridades españolas no nos la han dado", lamenta.
Símbolo del pasado
Entre las visitas a las que han asistido, el grupo de expertos de Naciones Unidas hace una mención expresa a la realizada al Valle de los Caídos, sobre cuya existencia preguntaron a las autoridades españolas... sin recibir respuesta. "Lo visitamos, pero no tuvimos una explicación sobre la pervivencia del Valle", señala Dulitzky, quien plantea preguntas que surgen sobre el lugar: "¿A quién se rinde homenaje? ¿Cuáles son los únicos nombres que aparecen? ¿De quién es la memoria en España?", enumera.
En esta misma línea, reclama que el Gobierno aborde un debate serio sobre el futuro del polémico monumento: "Hay que afrontar el hecho de que hay 35.000 personas enterradas allí. Es parte del proceso de saldar deudas pendientes con la sociedad española. Y no se trata de reabrir heridas: es que las heridas no han sido cerradas, la herida todavía está presente", explica. En este terreno, los enviados de la ONU proponen que las recomendaciones emitidas en 2011 por un Comité de Expertos sean tenidas en cuenta como base a la hora de decidir qué hacer con el lugar.
Presión internacional
Por último, los miembros del grupo de trabajo de la ONU dan su visión sobre la causa abierta en Argentina, sobre la que reconocen no haber preguntado directamente al Ejecutivo, ya que está referida a delitos de torturas que están más allá del mandato del grupo. Sin embargo, consideran que "hay un deber de cooperar con otros países, y si no se coopera, que se invetigue y juzgue aquí", dice Dulitzky.
El experto concluye con un mensaje de esperanza para los familiares de los represaliados por la dictadura: "Cuando las puertas de la justicia argentina estaban cerradas, vinieron a España y se juzgaron delitos. Gracias a esto, hoy hay cientos de personas detenidas. Ojalá la querella argentina sirva para abrir espacios en la Justicia española, y ojalá sean verdad las declaraciones del Fiscal General del Estado, que no hay necesidad de que Argentina investigue porque lo hará España. Ojalá".
Tras hacer público el avance de los resultados de su recorrido por varias ciudades españolas y de sus encuentros con víctimas, activistasy autoridades, los enviados de la ONU han mantenido sendas charlas coninfoLibre en las que abordan cuestiones como la reparación de la memoria, las medidas del Gobierno, actitud de la Justicia española o el futuro del Valle de los Caídos.
Las consecuencias del franquismo
"En España hubo 40 años de dictadura, a diferencia de otros países en los que ha habido regímenes muy violentos durante 5 o 10 años", explica Dulitzky. El experto sostiene que la prolongada duración de la dictadura motivó que "el temor perdurara en los años tempranos de la democracia" y añade otro factor: "El paso de la dictadura a la democracia no alteró todos los poderes del Estado. Especialmente en el Poder Judicial, los jueces de la dictadura siguieron ahí, y también los fiscales". En definitiva, Dulitzky apunta que tanto en la sociedad como en las instituciones la cuestión de la memoria no se ha abordado hasta que no se ha producido un cierto "recambio generacional".
Así, no fue hasta que "un Gobierno de determinado signo político que estaba dispuesto a avanzar", prosigue, cuando se llegó a la situación actual de la causa memorialista. Una reivindicación aún con poca trayectoria en comparación a la de otros países y que se enfrenta a varios problemas. El primero, coinciden ambos, la avanzada edad de muchos de los integrantes de los movimientos civiles. El segundo, apunta Dzumhur, un deficiente acceso a la información que impide que muchas familias conozcan dónde están los restos de sus seres queridos.
¿El compromiso del Gobierno?
Tanto Dulitzky como Dzumhur señalan que la Ley de Memoria Históricano era perfecta, pero que suponía un claro paso adelante. Sin embargo, dos años después de la llegada al poder del PP la partida presupuestaria para exhumaciones y tareas de reparación se ha quedado a cero. "No cabe duda de que hay crisis, pero es injusto eliminar una línea presupuestaria tan importante por completo", se queja Dzumhur. "La falta de financiación es una medida completamente problemática", insiste Dulitzky.
Frente a la sitaución de bloqueo y desatención actual, la propuesta de Naciones Unidas pasa por la creación de "una institución estatal que centralice todas las políticas del Estado en materia de desaparición forzada", dice Dulitzky, organismo que también podría abarcar más cuestiones. Esta entidad, ahonda Dzumhur, sería la encargada de "exhumar e identificar" los restos de las víctimas, una tarea que, indica, ahora desarrollan "un número importante de expertos que necesitan ser coordinados".
La institución sería también la encargada de abordar elementos como lagestión de una base de datos centralizada sobre las víctimas, la elaboración de un mapa de fosas y el acceso de los interesados a toda la información disponible.
Y pese a que, tal y como denuncian las asociaciones de memoria histórica, la situación no es favorable a sus reivindicaciones en la actualidad, Dulitzky señala que "con respaldo institucional se puede avanzar". El jurista se detiene en los ejemplos de Andalucía, Cataluña y Euskadi, donde los Gobiernos regionales han abordado por diversas vías la labor de restaurar la memoria: "Cuando hay impulso institucional, hay cambios. Modelos como el de Andalucía demuestran que hay posibilidades", concluye. Y al tiempo, constata una realidad: que el trato a las víctimas "depende altamente del partido político gobernante en cada lugar"
Una Justicia sin memoria
Pero para llegar a la completa restauración de la memoria de las víctimas de la dictadura, explican los expertos, deben superarse algunos obstáculos no menores. Uno es el de la Justicia, que mantiene en vigor la aplicación una Ley de Amnistía preconstitucional: "Las autoridades no nos explicaron el por qué de la norma y aunque no cuestionamos la independencia judicial, hay que atender a tres claves", enfatiza Dzumhur.
La primera, señala, que la norma es previa a la aprobación de la Constitución de 1978. La segunda, que la Carta Magna establece en su artículo décimo el reconocimiento a normas internacionales que entran en conflicto con la Ley de Amnistía. Y que, por tanto, la Justicia Española debería legislar de acuerdo a ese tablero de juego internacional. "¿Si hay un conflicto entre normas y un dilema en su aplicación, por qué ningún juez ha mandado un caso al Tribunal Constitucional?", cuestiona la experta. "No tengo una respuesta, porque hemos preguntado y las autoridades españolas no nos la han dado", lamenta.
Símbolo del pasado
Entre las visitas a las que han asistido, el grupo de expertos de Naciones Unidas hace una mención expresa a la realizada al Valle de los Caídos, sobre cuya existencia preguntaron a las autoridades españolas... sin recibir respuesta. "Lo visitamos, pero no tuvimos una explicación sobre la pervivencia del Valle", señala Dulitzky, quien plantea preguntas que surgen sobre el lugar: "¿A quién se rinde homenaje? ¿Cuáles son los únicos nombres que aparecen? ¿De quién es la memoria en España?", enumera.
En esta misma línea, reclama que el Gobierno aborde un debate serio sobre el futuro del polémico monumento: "Hay que afrontar el hecho de que hay 35.000 personas enterradas allí. Es parte del proceso de saldar deudas pendientes con la sociedad española. Y no se trata de reabrir heridas: es que las heridas no han sido cerradas, la herida todavía está presente", explica. En este terreno, los enviados de la ONU proponen que las recomendaciones emitidas en 2011 por un Comité de Expertos sean tenidas en cuenta como base a la hora de decidir qué hacer con el lugar.
Presión internacional
Por último, los miembros del grupo de trabajo de la ONU dan su visión sobre la causa abierta en Argentina, sobre la que reconocen no haber preguntado directamente al Ejecutivo, ya que está referida a delitos de torturas que están más allá del mandato del grupo. Sin embargo, consideran que "hay un deber de cooperar con otros países, y si no se coopera, que se invetigue y juzgue aquí", dice Dulitzky.
El experto concluye con un mensaje de esperanza para los familiares de los represaliados por la dictadura: "Cuando las puertas de la justicia argentina estaban cerradas, vinieron a España y se juzgaron delitos. Gracias a esto, hoy hay cientos de personas detenidas. Ojalá la querella argentina sirva para abrir espacios en la Justicia española, y ojalá sean verdad las declaraciones del Fiscal General del Estado, que no hay necesidad de que Argentina investigue porque lo hará España. Ojalá".
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