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Al Ministerio de Justicia: por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación
Esto significa que los jueces que han dictado estas vergonzosas resoluciones - en consonancia con idéntica actitud mantenida en casos similares por otros juzgados y tribunales y diversas instituciones del Estado –entienden que los delitos de torturas, perpetrados contra los querellantes y denunciantes en la causa argentina, no constituyen crímenes de lesa humanidad a pesar de que se cometían en el mismo tiempo, y en un contexto, en que se torturaba reiterada y sistemáticamente en comisarías, cárceles y cuarteles; se ejecutaba a opositores al régimen a través de sentencias dictadas por consejos de guerra sumarísimos; se producían matanzas en protestas de trabajadores y estudiantes y, en general, se reprimían generalizada y cotidianamente los derechos y las libertades de miles de personas y cientos de organizaciones.
A esta altura del devenir histórico sólo quienes han cometido los crímenes, sus cómplices y quienes con ellos se solidarizan pueden efectuar semejante afirmación.
La Audiencia Nacional ha ignorado a sabiendas la notoriedad de la verdad histórica y el preciso y detallado Auto de la jueza argentina que contextualiza las torturas como parte de la comisión sistemática y generalizada de múltiples delitos perpetrados desde las estructuras del Estado, señala a quienes con los imputados participaron en las mismas y cita extensamente dictámenes concluyentes de organismos internacionales de derechos humanos sobre la criminalidad masiva del franquismo.
Quienes promueven que un criminal se sustraiga a la acción de la justicia cometen el delito de encubrimiento; los funcionarios que dictan a sabiendas resoluciones injustas cometen el delito de prevaricación. Ambos delitos están siendo perpetrados sistemáticamente por todos aquellos funcionarios del Estado y de la Administración de Justicia que se niegan a investigar los crímenes de la tiranía y a juzgar a sus responsables.
Sin ninguna expectativa de ser escuchados, pero fieles a la memoria de los centenares de miles de víctimas del fascismo español y con el compromiso de conseguir para todos ellos verdad, justicia y reparación, exhortamos y exigimos a ese Ministerio de Justicia, y con él y a través de él, a todas las instituciones del Estado, a que sean removidos todos los obstáculos que impiden poner fin a la ignominia de la impunidad del franquismo.
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