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Manuel Martínez Gargallo también sentenció a decenas de periodistas y humoristas gráficos
EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 11 MAY 2014 - 21:26 CET449
El poeta Miguel Hernández se dirige a los soldados republicanos durante la guerra. / MAGNUM
La condena de uno de los poetas más universales de España, Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942), la firmó un juez que antes de aprobar su oposición de magistrado había sido un reconocido escritor humorístico cuyas narraciones se habían publicado en diversos medios. Manuel Martínez Gargallo firmaba sus relatos como Manuel Lázaro, según ha comprobado y demostrado el catedrático de Literatura y Lengua Española de la Universidad Juan Antonio Ríos, que ha buceado en la prensa de la época para profundizar en la identidad de este humorista que condenó a decenas de periodistas y humoristas gráficos durante el franquismo.
“Sobre la condena a Miguel Hernández se ha escrito mucho, pero nadie se había preguntado por la identidad de la persona que la ejecutó”, explica este profesor que publicará en breve el resultado de su investigación en una revista especializada de Estados Unidos. Martínez Gargallo fue un colaborador habitual de las publicaciones humorísticas hasta que, en marzo de 1931, aprobara una oposición y obtuviera la plaza de juez en Murias de Paredes, un pueblo de León, cuando apenas tenía 26 años. “La paradoja es que antes había sido un buen humorista, y luego fue capaz de condenar incluso al caricaturista que le ilustró parte de sus relatos”, afirma Ríos.
Las narraciones humorísticas de Manuel Lázaro tuvieron muchos seguidores y alcanzaron cierta fama por su “agudeza e ingenio”, según Ríos, quien considera su prosa y estilo comparable al de otros escritores como Enrique Jardiel. El profesor de la Universidad de Alicante explica que sus relatos aparecían periódicamente en publicaciones como Buen Humor, Cosmópolis, Ondas, Gutiérrez, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Cinegramas o el periódico ABC.
La crítica lo situó entre los miembros de "la otra generación del 27", entre los que también figuraban Enrique Jardiel Poncela, Rafael Sánchez Mazas o César González Ruano, entre otros. La producción literaria de García Gargallo arranca en la década de los años veinte, y tras su nombramiento como magistrado, El Heraldo de Aragón publicó una nota reveladora: “Manuel Lázaro, fino humorista, es el seudónimo de un sesudo licenciado en Derecho que respondía al nombre de Manuel Martínez Gargallo”. El tema no era un secreto, pero nadie se había detenido en desenmascarar al verdugo del poeta de Orihuela.
Según la investigación de Ríos, durante la primavera de 1939 el magistrado se pasó al bando nacional, una vez iniciada la Guerra Civil, y luego fue el juez instructor de decenas de condenas a periodistas, escritores, humoristas o fotógrafos como titular del Tribunal Especial de Prensa. “Los pormenores del proceso de Miguel Hernández se conocían pero no el detalle del personaje que ejecutó la pena contra el poeta oriolano”, asegura Ríos, quien cree que el juez y el poeta no coincidirían en Madrid antes de 1936 ya que “sus mundos eran antitéticos”. No obstante, el profesor concluye que el magistrado fue “consciente y sabía perfectamente quien era Miguel Hernández, cuando dictó la condena”.
El Heraldo publicó el 1 de mayo de 1930: “Manuel Lázaro equilibra su prosa con su ingenio y agudeza, pero cuando reapareció Manuel Martínez Gargallo y se convirtió en martillo de herejes, muchos de ellos conocidos o contertulios, el colaborador de tantas revistas y antólogo de sus propios compañeros”. Como juez no le tembló el pulso a la hora de condenar a excompañeros suyos de profesión, incluso en algún caso “fue capaz de transformar una pena inicial de 12 años en otra condena a muerte”. Y es que, como recalca el profesor de la Universidad de Alicante, “el encaje de los delitos en los diferentes artículos del Código de Justicia Miliar permitía cualquier arbitrariedad sin el riesgo de la recusación”.
Una sentencia que llegó al Supremo y al Constitucional
La condena a muerte del poeta Miguel Hernández fue injusta y su proceso estuvo plagado de irregularidades, según los familiares del escritor, que falleció en una cárcel de Alicante, en 1942 y la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. La familia de Miguel Hernández inició en 2010 una cruzada para que un tribunal democrático anulara la sentencia por la que un consejo de guerra franquista condenó a muerte al poeta en 1940. Franco le conmutó la pena a 30 años para evitar que se convirtiera en otro Lorca, pero en 1942, como consecuencia de las duras condiciones de la prisión, falleció. Los descendientes del poeta acudieron al Supremo con el objetivo de que quedara claro que aquel 28 de marzo de 1942 murió un hombre "inocente", en palabras de su nuera, Lucía Izquierdo.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, un año más tarde, en febrero de 2011 denegó la revisión de la sentencia del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. El Tribunal rechazó la petición de la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a la sentencia de fecha 18 de enero de 1940, dictada por el Consejo de guerra Permanente número 5 de Madrid contra Miguel Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.
La Sala denegó la interposición del recurso por inexistencia de los presupuestos del mismo, "según lo dispuesto en la ley de Memoria Histórica", dado que dicha condena producida por motivos políticos e ideológicos ha sido reconocida por esta ley como radicalmente injusta, y declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia jurídica.
Los familiares no se dieron por vencidos y acudieron al Tribunal Constitucional para plantear la nulidad de la condena a muerte del poeta en 1940. En un auto, del 26 de septiembre de 2012, el Alto Tribunal tampoco admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández en el que solicitaba la inconstitucionalidad de la resolución del Tribunal Supremo inadmitiendo la demanda de revisión de la sentencia que, en 1940 en un juicio sumarísimo y sin ningún tipo de garantías, condenó a muerte al inmortal poeta, según informó la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El abogado de la familia, Carlos Candela, lamentó que el Tribunal "no examine a fondo el recurso" y se limite en unas pocas frases a "manifestar la inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable de amparo", según dijo Candela.
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