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Aparecen restos óseos de Juan Landero, jornalero asesinado por fuerzas franquistas en 1936, en una exhumación realizada en Coria del Río (Sevilla) con la participación de la dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.
El Juzgado Número 1 de Coria abre diligencias previas sobre el caso y custodia el material óseo hallado en el trabajo arqueológico.
La propia familia fue testigo del crimen, entre ellos el único hijo que continúa vivo, Miguel Landero, entonces con seis años de edad y que tiene previsto declarar la semana próxima ante la juez argentina María Servini de Cubría.
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Miguel tiene seis años cuando es testigo del asesinato de su padre, Juan Landero. Corre el otoño de 1936. Cinco falangistas, comandados por el terrateniente Luis Ramos Pau, aparecen a caballo en la finca Dehesa La Atalaya de Coria del Río (Sevilla), una zona agrícola donde familias de jornaleros viven en chozas. Secuestran a Landero, a decenas de metros detienen el paso. El miedo agarrota a Juana Zamora y sus cinco hijos, entre ellos Miguel, cuando un disparo quiebra el silencio. También la nuca de Juan Landero. El cuerpo, aún tibio, termina en una fosa. La humilde vivienda arde poco después. La familia Landero estalla. Miguel Landero Zamora, aquel niño, tiene hoy 84 años. Y acaba de recuperar los restos de su padre.
Tras el hallazgo del material óseo el Juzgado Número 1 de Coria ha abierto diligencias previas que incoará en los próximos días. La tesitura está en si el magistrado titular se declara competente para abrir investigación por crimen contra la humanidad o –como es práctica habitual en los juzgados españoles– sobresee la causa amparándose en la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos o la imposibilidad de imputar a los presuntos autores debido al tiempo transcurrido.
En el marco de la denominada Querella Argentina, además, está previsto que la juez María Servini de Cubría tome declaración a Miguel Landero en menos de una semana. La titular del Juzgado Federal 1 de Buenos Aires (República Argentina) llega a España el próximo domingo para recabar información y testimonios de víctimas de la represión en País Vasco, Madrid y Andalucía, denuncias que añadirá a la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo.
"Todos los días lo recuerdo tirado en el suelo, boca abajo"
"Con seis años vi cómo mataban a mi padre de un tiro en la cabeza. Nunca le había hecho daño a nadie". Miguel Landero intenta retener lágrimas que parten de su infancia. "Luis Ramos Pau era dueño de La Corchuela, El Sequero… le tenía sentenciado", relata. Todo porque un año antes, "en el 35, fue con un compañero a cobrar un mes que habían trabajado en la aceituna y les dijeron que para ellos no había nada. Mi padre pertenecía a la CNT, era anarquista, y lo denunció en el sindicato. Era su derecho como trabajador y les tuvo que pagar. Pero cuando estalló el movimiento vinieron a buscarlo. Era un buen padre, y un buen hombre, eso siempre me lo han recordado en Coria. Todos los días –desgarra el testimonio de Miguel– lo recuerdo tirado en el suelo, boca abajo, con esta parte de atrás de la cabeza levantada".
La muerte de Landero ejemplifica el especial ensañamiento que el terror fundacional del franquismo practica contra el campesinado andaluz. El poder oligárquico –económico, militar y eclesiástico– levantado en armas contra el Gobierno de la Segunda República deja, sólo en la provincia de Sevilla, más de 13.500 ejecutados y desaparecidos, recoge en el libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963) el historiador José María García Márquez. De estos, cita el investigador José Luis Gutiérrez Molina, un alto porcentaje "aproximado al 75% eran de clases populares, urbanas y rurales, tanto campesinos como obreros o proletarios".
La tarea de búsqueda y localización en la finca, realizada en varias fases desde 2006, sortea "dificultades económicas y reiteradas trabas burocráticas", informa el presidente de ASREMEHCO, Mariano Baquero, "desbloqueadas" este año por aportaciones privadas y la ayuda directa concedida por la dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Tras la rápida actuación de la Policía Judicial y de la Médica Forense, que ordenó el levantamiento de los restos cadavéricos, custodiados en sede judicial, esperan "que la justicia se defina rápido y no dilate su decisión" sobre un proceso seguido desde la Administración andaluza, que remitirá a la sala competente la normativa relativa a procesos de Derechos Humanos en el ámbito de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
"Estábamos a minutos de la rendición"
"Termina una pesadilla tanto tiempo abierta, una cicatriz sin cerrar en la vida de mi padre", cuenta María del Carmen Landero, nieta de Juan, hija de Miguel. Quieren, "pronto, enterrarlo dignamente", cerrar un trágico bucle iniciado hace casi 78 años. ¿Y los asesinos? La expedición la formaban el propio Ramos Pau "y otros cuatro, entre ellos uno que le decían Eduardo Melones y, dicen –recuerda Miguel–, el padre de alguien muy conocido". No trascendieron testimonios fiables sobre el resto de identidades, pero enumera apodos de "gatilleros corianos, como Marcelo, Yoyito o elNaranjita, y muchos más que hicieron barbaridades" en una localidad donde "no hubo guerra" y cuenta 223 asesinados por los golpistas.
Los responsables del trabajo técnico, la arqueóloga Elena Vera y el antropólogo forense Juan Manuel Guijo, describen la dificultad derivada de una actuación "en unámbito bastante amplio basada en testimonios orales". Hubo momentos de "desánimo" en un proceso "largo" donde "cada sondeo infructuoso era otro golpe". Los restos aparecidos, a falta de confirmación definitiva con un análisis genético, corresponden a Juan Landero. "Allí no hay constancia de restos arqueológicos ni de otro tipo de enterramiento", dice Vera. "Estábamos a minutos de la rendición, del abatimiento –resume Guijo–, entonces los terrones cercanos al camino de La Corchuela hablaron".
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