05.03.17 | 11:44h. EUROPA PRESS | MADRID
También se votarán propuestas de ERC y En Comú para que el Estado pida perdón por el fusilamiento de Companys
El Congreso debatirá el próximo miércoles tres iniciativas de la oposición que apuestan por reclamar al Gobierno una reforma de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que cumplirá diez años en diciembre, para, entre otras cosas, anular las condenas de los tribunales franquistas y exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
En concreto, será la Comisión Constitucional la que vote tres proposiciones no de ley del PSOE, Esquerra Republicana y En Comú Podem, la coalición catalana que forma parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos.
La iniciativa más extensa de las que se debatirán el miércoles es la que lleva la firma del PSOE e insta al Gobierno al cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria y a poner en práctica las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder "resignificar" este espacio.
La propuesta de los socialistas se debatirá justo una semana después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimara el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.
El objetivo del PSOE es que ese templo deje de ser un lugar de "memoria franquista y nacional católica" y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
QUITAR SUBVENCIONES A ENTIDADES FRANQUISTAS
En esta línea, el PSOE aboga también, siguiendo el criterio de los expertos, por exhumar el cadáver José Antonio Primo de Rivera fundador de Falange aunque en su caso bastaría con sacarlos del altar mayor de la basílica y trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo situado junto a El Escorial.
Otra de las propuestas del PSOE es excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas.
Aunque la Ley de Memoria no lo contemplaba, los socialistas aprovechan su proposición no de ley para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
También quieren que se estudie la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana, que se establezca el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las del franquismo, y que se incluya la memoria histórica en los contenidos educativos.
FOSAS Y BANCOS DE ADN
Para revitalizar la Ley de Memoria, el PSOE exige reanudar las políticas públicas en esta materia con su correspondiente dotación económica, impulsar las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes, como la creación de bancos de ADN, y retirar símbolos y monumentos franquistas.
De su lado, las iniciativas de Esquerra y En Comú, coinciden en solicitar que se cumpla una proposición no de ley aprobada en 2008 que ya instaba al Gobierno a iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del Consejo de Guerra sumarísimo a que fue sometido Lluís Companys, presidente de la Generalitat catalana durante la II República.
Ambos solicitan también que el Estado pida perdón a los familiares de Companys, a la Generalitat y a todo el pueblo de Cataluña por su asesinato y a que se lleven a cabo todas las medidas pertinentes para la anulación de todas las condenas derivadas de Consejos de Guerra y de los tribunales de represión política celebradas durante el franquismo.
Además, como el PSOE, el texto de ERC emplaza al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley de Memoria para garantizar una reparación definitiva a todas las víctimas de la dictadura conforme a los principios consagrados por Naciones Unidas "respecto a los crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad, cometidos por la dictadura franquista".
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